March 27, 2021
De parte de SAS Madrid
140 puntos de vista


Consultoras de género y agentes de igualdad han detectado un aumento significativo de empresas sin formación ni trayectoria que ofrecen servicios relacionados con el nuevo nicho de mercado surgido al calor de dos decretos de octubre de 2020. Piden que se regule el sector y se vigile la competencia desleal para garantizar la calidad de las políticas de igualdad.

Profesionales de la consultoría de género y agentes de igualdad de oportunidades denuncian la proliferación de empresas o entidades no especializadas que ofrecen servicios relacionados con políticas de igualdad en empresas.

Se trata, indican, de un efecto derivado de la aprobación de dos decretos en octubre de 2020. Se trata, por una parte, del Real Decreto 901/2020 que regula los planes de igualdad y modifica la normativa sobre registro de cada plan de igualdad, publicado el 13 de octubre en el Boletín Oficial del Estado y que entró en vigor el 14 de enero de 2021. El texto regula los planes de igualdad y establece que a partir del 7 de marzo de 2021 estos planes serán obligatorio en las empresas de más de 100 y hasta 150 personas en plantilla, mientras que a partir del 7 de marzo de 2022 los planes de igualdad serán obligatorios para todas las empresas de 50 o más personas en plantilla —las empresas de más de 150 personas en plantilla deben tenerlo desde el 7 de marzo de 2020—.

A este decreto se suma el 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, publicado en la misma fecha y que entra en vigor el 14 de abril de 2021, y que supone la creación de auditorías salariales para garantizar el establecimiento de sistemas de clasificación profesional y la transparencia retributiva.

La Asociación Profesional de Consultoría de Género (APCG) y la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes y Promotoras de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO), han sido testigos de cómo “al calor de la consolidación de un nuevo nicho de mercado” han surgido empresas para ofrecer servicios en estos ámbitos “sin tener conocimientos especializados, solvencia técnica necesaria ni trayectoria”.

Ante ello, estas dos organizaciones han hecho público un manifiesto con el que buscan recabar apoyos antes de dirigir sus demandas a los ministerios competentes: Educación, Trabajo e Igualdad. Las peticiones de estas entidades pasan por una regulación y dignificación de la profesión para “impedir el intrusismo, la precarización y la devaluación de la misma”.

Ana María Julián Edo, presidenta FEPAIO, explica que la regulación de los planes de igualdad, largamente esperada en su sector, “hace que este mercado sea muy apetitoso para empresas que antes se dedicaban a multiasesoramiento”. Se trata de empresas que realizan todo tipo de servicios —como contabilidad o limpieza— y que ahora añaden a su oferta el diseño de planes de igualdad. “Es como si para hacer un plan de riesgos laborales llamáramos a nuestro contable”, lamenta. 

Por eso, una de las propuestas recogidas en el manifiesto es la de crear un título habilitante que acredite a estas especialistas, las agentes de igualdad. Se trataría de una titulación universitaria, explica Julián Edo, con contenidos específicos que vendría a unificar la situación actual, en la que estas trabajadoras llegan a especializarse a través de diferentes tipos de másteres. “Impedir el intrusismo es garantizar el rigor de esos trabajos técnicos”, justifica. El objetivo último sería “que se llegue a un punto de madurez como pasa con los de riesgos laborales o los de energía renovable”.

Sello de homologación

Además de la demanda de requerir una titulación para agentes y consultoras de igualdad —existe una tercera pata de profesionales en el sector que son las promotoras de igualdad, campo que sí cuenta con una titulación específica a través de un ciclo superior de Formación Profesional—, las entidades que firman el manifiesto ven necesario crear un sistema público de homologación de consultorías y de agentes de igualdad que garantice la calidad y la necesaria homogeneidad del sector y que permita generar un censo profesional que sirva de referencia cuando se requiera de un servicio tan especializado.

Ana Fernández de Vega, presidenta de la asociación APCGénero que agrupa a estas profesionales, aclara que aun no han definido cómo sería esa homologación. Pero sí tienen referencias: “Un modelo podría ser el de Emakunde, en el País Vasco, que tiene una certificación de modo que las empresas que lo tengan puedan elaborar políticas públicas de igualdad y ofrecer servicios de igualdad al sector privado”, explica, donde lo básico sería “que se requiera una formación mínima y que esta formación sea de una institución de reconocido prestigio, pública, porque con este intrusismo la formación también se convierte en un servicio de mercado y hay infinidad de oferta formativa respaldada por estas empresas no especializadas”.

APCGénero y FEPAIO también piden que se aborde la competencia desleal por parte de las grandes empresas multi-consultoría. La presidenta de FEPAIO explica que los precios de estas empresas son tan bajos que “revientan el mercado”, lo que puede tener el efecto perverso de expulsar a la especialistas para, después, aumentar e imponer los precios. Por eso el manifiesto incluye otra petición: la de revisar las condiciones de licitación en esta materia mediante mecanismos de control que eviten la precarización laboral.

Un problema de concepto  

El sector de la consultoría de género o consultoría de igualdad y la profesión de agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres viene desarrollándose en los últimos 30 años de la mano de mujeres que, con sus estudios y el enfoque feminista, han permitido poner en pie un amplio campo de conocimiento teórico y práctico, constituyéndose en referentes para la definición y desarrollo de las Políticas de Igualdad, aseguran las entidades, que califican este trabajo como “complejo”, ya que debe aterrizar en políticas concretas los mandatos contenidos en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre otras directrices.

Fernández de la Vega teme que la irrupción de grandes empresas multiconsultoría, despachos de abogados o entidades más pequeñas multiservicios que ofrecen servicios sin especialización desvirtúe “las reivindicaciones del feminismo que se articulan a través de las políticas de igualdad“. El peligro de este intrusismo, doce es “tender a normalizar un espejismo de igualdad que no avance hacia la transformación real”.

“Si desproveemos las políticas públicas y las actuaciones de igualdad en el sector privado y civil de este trabajo de conceptualización y experiencia de los movimientos feministas corremos el peligro de vaciarlas de sentido y que sean un mero trámite”, indica.

Enlace relacionado ElsaltoDiario.com 26/03/2021.




Fuente: Sasmadrid.org