July 1, 2021
De parte de Avispa Midia
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En portada: Aspectos de las obras para el megaproyecto del “tren maya”. Foto de Serapaz

Ejidatarios de Don Samuel, División del Norte, Haro, Escárcega y Miguel Alemán, en el estado de Campeche, integraron un frente para denunciar extorsiones y amenazas por parte la empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar lo correspondiente al pago por derechos de vía para el proyecto “tren maya”.

En conferencia de prensa, realizada el pasado 2 de junio, Mariana Elena Hernández del ejido Don Samuel comentó que se integraron en grupo de ejidos en la defensa de sus derechos humanos y su territorio “para protegernos, con el fin de apoyarnos, dialogar, de compartirnos información. Estamos aquí para denunciar actos de corrupción, extorsión, engaños y fraudes por parte de la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fonatur”.

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Hernández señaló que desde que inició el proceso, la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V., “se acercó, sin darnos información clara. Los ejidos y las autoridades de buena fe dejaron entrar y escuchar lo que nos traía el proyecto. Hasta ahí solamente nos comentaban que habría derrama económica, que pronto iniciarán los trabajos y nosotros nos quedamos a la espera de esta información, que hasta la fecha no es clara. No tenemos el alcance de los impactos sociales, ambientales, culturales que nos trae el proyecto, tampoco tenemos un diseño de lo que es el tren, las vías como el diseño final. Los comisariados fueron presionados para firmar convenios”.

En comunicado de prensa, l@s ejidatarios señalaron que “el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de nuestras comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades aunque la forma de operar fue la misma en términos generales”.

L@s denunciantes comentaron que se presentó una persona en las comunidades identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, quien en todos los casos buscó obtener autorización de las autoridades.

“Levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, hasta el momento no se ha entregado copia a los ejidatarios”, señala el comunicado de prensa.

Entre otras irregularidades, l@s ejidatarios señalaron la entrega de cheques a representantes ejidales, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos.

“El representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa”, denuncia el comunicado.

Amenazas e intimidaciones

Lilia Hernández Vázquez, comisariada ejidal de Don Samuel, Escárcega y Enrique Collí Canché, ex comisariado ejidal de Miguel Alemán, relataron que fueron extorsionados y amenazados por la empresa Barrientos y Asociados. Incluso, en ambos casos, destacaron que una persona acompañante de la empresa les intimido con el uso de arma de fuego.

Fotograma de la conferencia de prensa donde ejidatarios denunciaron a la empresa Barrientos y Asociados.

Sarah, del ejido Candelaria, sostuvo que en su caso, contrario a lo que aseguran el gobierno federal, Fonatur y ONU-Hábitat, el ejido surgió antes que las vías férreas. “Nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron a nosotros. Han pasado más de 70 años desde que esas vías operan y el gobierno federal nunca nos ha cuestionado nuestras viviendas”, señaló durante conferencia de prensa.

Apuntó que el año pasado presentaron dos demandas de amparo. “La primera en contra del mal llamado ‘proceso de reubicación consensuada’, por medio del cual pretenden desalojarnos, y la segunda en contra de las vías del tren, por el riesgo a nuestra seguridad que implicará para nosotros el paso del tren a alta velocidad”.

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L@s denunciantes explicaron que estas dos demandas siguen en espera de respuesta en los juzgados. Por ello, han recibido amenazas y presiones por parte de diversos actores políticos para desistir de continuar con dicha estrategia legal.

“Como hemos señalado previamente, nuestra comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías y, a pesar de ello, insisten en desalojarnos y nos hostigan argumentando que somos invasores”, afirma el documento.

Por su parte, Leticia Cruz apuntó que no conocen a cuántos ejidatarios han afectado y tampoco cuánto se ha pagado por derecho de vía. “Al haber un proceso indebido, tampoco tenemos información con el que nosotros podamos responder ahorita, o con el que nos hubiera gustado negociar en su momento”, detalló sobre la falta del avalúo a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), tal y como lo exige la Ley Agraria para conocer el monto del pago a recibir.

“Esa etapa nunca se vivió”, denuncia Cruz sobre que la empresa tampoco respetó los pagos de acuerdo al INDAABIN. “Tampoco se puede saber en cuánto se pagaron, no ha habido caminamientos por parte de Fonatur, ni por parte de la Procuraduría Agraria, ni de las autoridades locales, ni mucho menos Barrientos”.

L@s denunciantes señalaron en diversas ocasiones el aumento de la inseguridad, pues denuncian “se ha incrementado en nuestras comunidades, pues varias personas en nuestros ejidos han sido amenazadas e intimidadas, incluso a través de la presencia del Ejército Mexicano.”

Frente a esta situación, anunciaron que han tomado medidas como la constitución de la Unión de Comisarios Ejidales, a través de la cual decidirán conjuntamente los temas relacionados con el proyecto del “tren maya” que afecten sus territorios.

“No negociaremos de forma individual con ninguna empresa o entidad del gobierno, sino que de ahora en adelante, en caso de que se retomen las negociaciones, éstas deberán ser con el bloque de ejidos”, concluye la misiva en la cual también señalaron la falta de respuesta a sus denuncias presentadas ante la Fiscalía del estado de Campeche y ante la Fiscalía General de la República.

A pesar de la falta de respuesta a sus denuncias, l@s denunciantes señalaron que algunos ejidos han recibido visita por parte de representantes de la Procuraduría Agraria y de Fonatur. Sin embargo, de acuerdo a los testimonios de personas afectadas, la información que los funcionarios brindan es insuficiente y poco clara.

“Pareciera ser que la apuesta de las autoridades es generar división y conflicto al interior de los ejidos. Sobre todo, queremos saber ¿por qué sigue apareciendo con ellos gente de Barrientos y Asociados a pesar de todas las denuncias públicas y penales que hemos presentado en su contra?”, concluye el comunicado.

“Experiencia” en bienes ejidales

De acuerdo al periódico La Jornada en una nota publicada el dos de enero del año 2020, “el gobierno mexicano celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la región”.

Planeación de las rutas del megaproyecto “tren maya” en la península de Yucatán.

Entre los contratos entregados, destaca la adjudicación directa a Barrientos y Asociados, “empresa a la que se comprometieron 62 millones 408 mil pesos por ‘trabajos técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya’”.

Según la nota del periódico de circulación nacional, el nombre de Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, Director de Barrientos y Asociados, “aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”.

Acorde al portal de la empresa, “en el año 2007 un grupo de consultores y profesionales en los temas agrarios y de la construcción, con amplia experiencia en la gestión, concertación y negociación de bienes ejidales afectados por variables de tipo jurídico-legal, manejo de propietarios, comunidades, y resolución de conflictos para el éxito de dichos proyectos, se unen para conformar un conjunto multidisciplinario con ideas innovadoras.”

Barrientos y Asociados destaca que los integrantes de la empresa cuentan con más de 12 años de experiencia en concertación y negociación de bienes ejidales, proyectos ambientales y construcción de obras civiles. Además presume de trabajar con empresas constructoras y múltiples gobiernos municipales y estatales en México.

Para la empresa, dentro de sus habilidades a destacar se encuentran “la persuasión, concentración, conciliadores, negociadores, comunicación, liderazgo, además del entendimiento y tratamiento de conflictos político-sociales en el medio rural. Conocimiento y dominio de la materia agraria y la propiedad privada y el Compromiso Social”.

Hace un año, el dos de junio del 2020, Andrés Manuel López Obrador, durante el Banderazo de inicio de obra del “tren maya” en Maxcanú, Yucatán, señaló que “Tiene que haber un cambio de actitud en las empresas dedicadas a la construcción, que cumplan, que sean responsables, que se acabe el influyentismo en la entrega de las obras, que no haya sobornos, que no haya moche, que no haya corrupción, que podamos tener una relación transparente, honesta, entre las empresas y el gobierno.”

L@s ejidatarios señalaron en el comunicado difundido recientemente que solicitan respetuosamente una respuesta por parte del presidente. “Somos personas indígenas mayas que hemos habitado estas comunidades y ejidos del estado de Campeche desde hace décadas; tenemos derecho a vivir en paz y con seguridad. Tenemos el derecho constitucional a que se nos garantice un medio ambiente sano; a que se respeten nuestros sistemas normativos internos o denominados usos y costumbres, así como nuestro derecho a la información, participación y consulta; tenemos derecho a vivir con bienestar y dignidad, como cualquier otra persona en México”.




Fuente: Avispa.org