January 4, 2022
De parte de CNT C贸rdoba
1,936 puntos de vista

El 9 de mayo de 1997 CCOO, UGT y la CEOE llegaron a un acuerdo que se traslad贸 al Gobierno de Aznar  y que se tradujo en el Real Decreto Ley 8/1997. Se dec铆a en la exposici贸n de motivos de ese Decreto-ley que el que pomposamente se calificaba de 鈥淎cuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo鈥 pretend铆a alcanzar 鈥una mejora del funcionamiento del mercado de trabajo que permita responder conjuntamente a los graves problemas del paro, la precariedad y la alta rotaci贸n del empleo鈥. 鈥淓n el mencionado Acuerdo interconfederal se reconoce expl铆citamente que el contexto actual se caracteriza por la alta tasa de desempleo existente en nuestro pa铆s鈥, 鈥渁s铆 como por la temporalidad鈥 鈥測 rotaci贸n de la contrataci贸n laboral que tiene graves efectos sobre la poblaci贸n trabajadora, el crecimiento econ贸mico, el funcionamiento de las empresas y el sistema de protecci贸n social鈥. 鈥淎simismo se indica en el Acuerdo interconfederal que la actual tasa de desempleo juvenil鈥 鈥渁conseja la adopci贸n de medidas espec铆ficas para este colectivo que, por una parte, posibiliten recibir o complementar la formaci贸n adquirida y aplicar dichos conocimientos a trav茅s de los contratos de formaci贸n y pr谩cticas y, de otra parte, permitan que puedan incorporarse al mercado laboral en t茅rminos de mayor estabilidad que hasta ahora鈥.

Estos encomiables objetivos trataban de lograrse -entonces como ahora- dando nueva redacci贸n, entre otros, a los art铆culos 11 y 15 del Estatuto de los Trabajdores, que eran 鈥搚 siguen siendo- los dedicados a los contratos formativos y a los contratos temporales.

 Adem谩s, para el logro de esa meta, la disposici贸n adicional primera del citado Real decreto-ley 8/1997 creaba un denominado 鈥淐ontrato para el fomento de la contrataci贸n indefinida鈥, cuyo n煤mero 4 establec铆a que 鈥Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinci贸n sea declarada improcedente, la cuant铆a de la indemnizaci贸n a la que se refiere el art铆culo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisi贸n a los efectos del despido disciplinario previstos en el art铆culo 56 del mismo texto legal, ser谩 de treinta y tres d铆as de salario por a帽o de servicio, prorrate谩ndose por meses los per铆odos de tiempo inferior a un a帽o y hasta un m谩ximo de veinticuatro mensualidades鈥. Esto es, quince a帽os antes de que la reforma laboral del PP rebajara la indemnizaci贸n en caso de despido improcedente de 45 a 33 d铆as por a帽o trabajado, ya CCOO, UGT y CEOE, con el Gobierno Aznar, hab铆an abierto la brecha: para los colectivos sujetos a ese contrato, los empresarios pod铆an despedir alegando la existencia de causas objetivas, aunque ello no se acreditara, dando lugar a una indemnizaci贸n rebajada.

Hoy, casi un cuarto de siglo m谩s tarde, el Real decreto-ley 32/2021 sigue hablando en su propio t铆tulo de 鈥渓a garant铆a de la estabilidad en el empleo y la transformaci贸n del mercado de trabajo鈥 y se lamenta en su exposici贸n de motivos de 鈥los graves problemas de nuestro mercado de trabajo: el desempleo y la temporalidad鈥, junto al 鈥elevado nivel de rotaci贸n laboral de una parte considerable de las plantillas鈥, lo que 鈥impide la cualificaci贸n permanente y la vinculaci贸n profesional de las personas鈥 y habla de 鈥impulsar, en el marco del di谩logo social, la reforma del mercado laboral espa帽ol para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales, de manera que permita corregir las debilidades estructurales, con la finalidad de reducir el desempleo estructural y el paro juvenil鈥.

  Como puede verse, el sonsonete es el mismo y los art铆culos que constituyen el meollo de esta reforma que no reforma nada son los mismos que se modificaron en 1997 y, muy particularmente, los art铆culos 11 y 15, que siguen regulando los contratos formativos y temporales. Es decir, que si es que no somos capaces de eliminar de nuestra realidad social a estos par谩sitos, instrumentos del poder, dentro de otro cuarto de siglo volveremos a ver publicarse nuevas leyes que limiten los derechos de la gente trabajadora y cuya exposici贸n de motivos ser谩 un corta y pega de esta.

Pero antes de comparar el texto de la presente reforma laboral del PSOE-UP con la del PP de 2012, conviene destacar el flagrante incumplimiento del acuerdo de Gobierno y de las promesas electorales de ambos partidos, que hablaron en sus campa帽as y pactaron entre s铆 y con otros partidos, como Bildu, el “derogar la reforma laboral”. Ahora, sin embargo, han optado por retocar lo que ellos dicen que son los aspectos m谩s lesivos de aquella reforma, pero sin modificar la regulaci贸n en materia de indemnizaciones por despido, que fue sin duda la cuesti贸n m谩s “lesiva” de todas las introducidas por el PP.

  A este prop贸sito, hay que recordar que, hasta 2012, el despido improcedente (esto es, sin justificaci贸n o ilegal) daba lugar a dos tipos de indemnizaci贸n. Una primera de 45 d铆as por a帽o trabajado y que, siendo proporcional a la duraci贸n de la relaci贸n de trabajo, era la esencial para quienes hab铆an disfrutado de una relaci贸n laboral duradera, indemnizaci贸n que el PP rebaj贸 a 33 d铆as por a帽o (esto es, la redujo en un 26,67%).

  Adem谩s, ese despido generaba una indemnizaci贸n que era conocida como salarios de tr谩mite y que era el equivalente a lo dejado de percibir entre el d铆a del despido ilegal y la fecha en que el magistrado de lo social pronunciaba la sentencia declarando esa ilegalidad y que, en el caso de contratos de corta duraci贸n, sol铆a ser mucho mayor que la otra indemnizaci贸n, porque ese pronunciamiento judicial se demoraba con frecuencia meses, por lo que beneficiaba ante todo a los precarios (j贸venes y mujeres en particular), indemnizaci贸n que el PP elimin贸 de ra铆z, perjudicando en especial a estos dos colectivos que se hallan en mayor medida precarizados.

  Por tanto, este aspecto de la reforma laboral del PP, eje de la huelga general de 2002 y de las dos que se realizaron en 2012, y que perjudic贸 ante todo a los sectores m谩s empobrecidos de la clase trabajadora, hoy es respetado por PSOE-UP. Por eso, despedir a quien reclame el cumplimiento de sus derechos sigue siendo hoy lo mismo de libre y barato que con el PP. Y es que la regulaci贸n del despido es el meollo de la legislaci贸n laboral, porque sin garant铆as frente al despido empresarial, todos los derechos que sobre el papel se puedan tener frente al empresario son pura entelequia, sobre todo en las peque帽as empresas y sobre todo por los sectores m谩s desprotegidos y precarios.

  As铆, “el gobierno m谩s progresista” de la historia se comporta en esto como “el gobierno m谩s reaccionario y corrupto de la historia de Espa帽a”. Esa conducta que traiciona los intereses de la fracci贸n m谩s necesitada de la clase trabajadora no puede sino implicar la percepci贸n de que izquierda y derecha son lo mismo, que es el fundamento 煤ltimo del crecimiento de la ultraderecha, con lo que al mal de la expropiaci贸n consentida de los derechos laborales se suma la promoci贸n indirecta del fascismo.

  Pero estos pactos no son nuevos para CCOO y UGT. Y es que bien se puede comprender que unas organizaciones como estas que est谩n por entero ausentes de los lugares de trabajo y que son mantenidas merced a la respiraci贸n asistida que les proporcionan las inyecciones de dinero del poder p煤blico y la propaganda que se les facilita desde el engranaje medi谩tico, puedan incurrir en toda clase de cambalaches y supercher铆as sin que ello trascienda. S贸lo as铆, por ejemplo, se puede entender que CCOO convocara tres huelgas generales contra un gobierno (como hizo CCOO con el PSOE en 1988, 1992 y 1994), siendo secretario general Antonio Guti茅rrez, pero que seguidamente ese mismo Antonio Guti茅rrez pasara a ser diputado por este partido entre 2004 y 2011, llegando a votar reformas de seguridad social tan “lesivas” para los intereses de la clase trabajadora como las que se contuvieron en la ley 40/2007, que elev贸 el per铆odo m铆nimo para causar derecho a la jubilaci贸n de 4.700 a 5.475 d铆as o la contenida en la ley 27/2011, que elev贸 la edad de jubilaci贸n a los 67 a帽os. O se podr铆a hablar de Jos茅 Mar铆a Fidalgo, que pas贸 de secretario general de CCOO a colaborar con la FAES de Aznar, uno de los m谩s vehementes think tanks de la extrema derecha y a participar como tertuliano con el ultra Carlos Herrera en la COPE, la emisora de los curas. O se podr铆a hablar de c贸mo esos sindicatos dieron su visto bueno a esas reformas introducidas por virtud del Decreto-ley 8/1997 o de las leyes 40/2007 y 27/2011 (v茅anse las exposiciones de motivos de esas normas), en una carrera desenfrenada y que parece no tener fin hacia la m谩s abyecta degeneraci贸n que, por el momento, ha culminado en este Real Decreto-ley.

  En fin, ya ha quedado claro que lo de UP es pura palabrer铆a, que la cr铆tica a la casta era tan s贸lo el c铆nico resentimiento de unos j贸venes intelectuales que se cre铆an con el derecho de participar en el reparto del pastel que se deriva de formar parte de las instituciones y que, logrado esto, para ellos ha pasado a la historia el acceso a la vivienda, la pobreza energ茅tica y la laboral, que afecta cada d铆a m谩s a la gente que incluso llega a tener un contrato de trabajo, las leyes que restringen las libertades, la pertenencia a una organizaci贸n militar criminal como la OTAN, la p茅rdida de la soberan铆a del estado que es consecuencia de ser miembros de la Uni贸n Europea y otra serie de tratados internacionales que convierten la capacidad de decisi贸n de los estados (soberan铆a popular) en un reclamo para incautos y, en fin, el car谩cter asimismo antidemocr谩tico de un poder del estado, como el judicial, que hace y deshace a su antojo, interpretando las leyes de forma arbitraria, lo que convierte al sistema en su conjunto en una oligarqu铆a regida por grandes empresas y jueces a su servicio.




Fuente: Cordoba.cnt.es