May 13, 2022
De parte de ANRed
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Entrevista a Gustavo Franquet de la Gremial de Abogados y defensor de Facundo Molares, periodista y militante político, quien comenta la decisión de la justicia argentina al hacer lugar al pedido de extradición por el Estado Colombiano. «Ahora vamos a apelar a la Corte Suprema como corresponde, porque es lo que establece la ley y después obviamente si la Corte confirma este fallo, le vamos a plantear ya ahí no como abogado defensor, aunque también, pero ya como lo plantea todo el mundo, organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, populares, reclamarle al gobierno argentino que sobran las razones por las cuales no puede ser extraditado Facundo Molares a Colombia, porque no es justo, porque quienes lo piden no tienen legitimidad, porque lo hacen con ánimo de revanchismo y con la voluntad de poner en riesgo su vida, de matarlo y porque además, encima lo quieren someter como mínimo a un juicio en ausencia que no corresponde». Por Mario Hernández


–Gustavo es el abogado de Facundo Molares. Finalmente, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, tristemente célebre por su rol nefasto en el caso de Santiago Maldonado y otros casos de criminalización de la pobreza y la protesta social, falló contra el periodista y militante político, Facundo Molares, en un juicio de extradición solicitado por el Estado de Colombia. ¿Qué nos podés comentar sobre la situación que atraviesa Facundo?

-La verdad que hay mucho para decir. Nosotros hicimos un alegato con mi compañero Eduardo Soares, fuimos dos abogados defensores que estuvimos casi cuatro horas en el alegato, desmenuzando, digamos, esta cuestión en términos jurídicos, respecto al pedido de Colombia.

Lo concreto es, para ser lo más sintético posible, en Colombia como todos sabemos, hubo un conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano que duró más de 50 años y que, por supuesto, llevó a que se cometieran por parte del Estado colombiano en los sucesivos gobiernos innumerables crímenes. Incluso hubo varios intentos de llegar a acuerdos de paz, uno muy conocido que se dio en la década de los 80/90, donde las FARC hicieron un acuerdo con el gobierno de ese momento, de Betancourt. Dejaron las armas, armaron un partido que se llamaba Unión Patriótica, se presentaron a elecciones y fueron asesinados 6.000 militantes de la Unión Patriótica, dos candidatos a presidente, senadores, diputados. Bueno una masacre. Después continuó la guerra civil interna, más de 50 años donde las FARC se constituyeron en una fuerza beligerante. Y finalmente se llegó a un acuerdo político, como no pudo ser de otra manera. Es la única manera de intentar llegar a la paz y solucionar estos conflictos tan graves llegando a acuerdos políticos.

No hay manera, como le dijimos en su momento al juez, ustedes saben perfectamente como jueces, como fiscales, que el derecho penal no soluciona estos problemas, de ninguna manera. A estos problemas, que son políticos, sociales, problemas de reivindicaciones de nación, como en el caso de la nación mapuche, vasca, problemas de territorio, problemas políticos y sociales muy grandes que llegan a estos extremos. Es una fantasía. Ningún problema social se resuelve por el derecho penal y menos este tipo de problemas tan graves.

Entonces, se llegó a un acuerdo político, el acuerdo político incluye una amnistía para los miembros de las FARC, por todos los delitos que puedan haber cometido siendo parte de las FARC, hasta la firma del tratado de paz de fines de 2016 y para el caso de las fuerzas del Estado que puedan haber cometido delitos, no una amnistía, pero sí un tratamiento penal favorable.

Se construyó en Colombia a partir de eso, para tener en cuenta y respetar en primer lugar también los derechos de las víctimas, la Jurisdicción especial para la paz que es la que tiene la exclusividad para analizar los casos y aplicar la amnistía pero teniendo en cuenta los derechos de las víctimas, o sea, el reconocimiento por parte de las personas que sean juzgadas como responsables ante las víctimas, del reconocimiento, tratar de buscar formas de reparación.

Y además, en todos los casos en los cuales se compruebe, la comisión de crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad, entonces ahí no corresponde la amnistía pero sí se estableció un régimen de sanciones penales diferente al común digamos, al ordinario y con distintas medidas, buscando la justicia de reparación, restaurativa y no buscando la sanción penal que no resuelve nada.

La cuestión es que de pronto ese proceso de paz tiene muchísimos enemigos en Colombia, el gobierno actual, entre otros. En su momento se hizo un plebiscito en el marco del proceso de paz, donde el gobierno actual, que en ese momento estaba en la oposición, militó y llamó a votar contra el proceso de paz, obtuvieron la mayoría, si bien fue parejo, la sociedad colombiana se manifestó dividida. Pero construyeron una mayoría.

Después, intervino la Corte constitucional de Colombia, el Congreso y la amnistía se reformuló, tomando en cuenta lo que la población había expresado mayoritariamente, se modificaron algunas cuestiones del acuerdo, para finalmente avanzar y se firmó el acuerdo de paz. Pero los enemigos de la paz, los enemigos del proceso de paz, no solamente están, sino que están en el gobierno en este momento y además están en gran medida en los miembros, en la estructura del Poder judicial que durante años había sido construido, formado y entrenado para combatir al comunismo, las FARC, las guerrillas, etc.

Ese Poder judicial, esos fueros penales ordinarios, contrariando la exclusividad que tiene la Jurisdicción especial para la paz, para investigar y eventualmente sancionar los delitos cometidos durante la confrontación interna, lanza un pedido de captura contra Facundo Molares y también lanza un pedido de extradición.

Ellos se enteran que Facundo había sido detenido en Bolivia. Facundo se fue en el año 2016 de Colombia, una vez terminado el proceso, él había sido, en el año 2003 se había sumado a las FARC, como internacional había combatido, había militado dentro de las FARC. Cuando se termina el proceso de paz está durante unos cuantos meses en un campamento de desmovilización. Y finalmente decide que terminado el conflicto de esa manera volverse a Argentina, se va de Colombia, empieza a trabajar como periodista, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y después viene a Argentina donde está como un año.

Vuelve a Bolivia cuando se anunciaba el golpe contra Evo Morales y ahí en el golpe es herido, detenido y acusado. Finalmente cuando el golpe es derrotado, el pueblo boliviano vuelve a votar y elige a sus autoridades actuales, entonces ahí es liberado Facundo con un estado de salud muy delicado. Es traído en un avión de la presidencia por su estado de salud a Argentina. Acá sigue tratamientos en hospitales públicos, en el Hospital Posadas. Va a visitar a su papá a fines del año pasado, en Trevelin, cerca de Esquel, en Chubut. Y lo detiene la Policía Federal, lo pone a disposición del juez Otranto por un pedido de extradición de Interpol, originado en un pedido de captura de un juzgado del fuero penal ordinario de Colombia.

Nosotros lo que decíamos, que ese fuero penal no tiene ningún tipo de competencia para estos casos, porque además se lo acusa de delitos cometidos como miembro de las FARC en 2010/11, o sea, que son claramente dentro de la amnistía y dentro de la competencia exclusiva de la jurisdicción exclusiva, de la Jurisdicción especial para la paz de Colombia. Eso fue lo que lo que le manifestamos al juez, incluso durante el proceso antes de llegar al juicio, le habíamos pedido al juez específicamente que se dirigiera a la Jurisdicción especial para la paz como juez argentino, pidiéndole a la Jurisdicción especial para la paz que explicara la situación de Facundo Molares respecto a la Jurisdicción especial para la paz, que se expidiera la Jurisdicción especial para la paz. El juez Otranto se negó a hacerlo, dijo que esas son cuestiones internas de Colombia y que no correspondía que él hiciera ese pedido.

Ahora, ha dicho que sí, que para él, el fuero penal ordinario de Colombia tiene la competencia para pedir la captura y la extradición de Facundo. Además de eso, se agrega la cuestión de delitos políticos, se agrega la cuestión humanitaria por peligro de muerte, se agrega la cuestión del juicio en ausencia que se lleva adelante en Colombia, una serie de cuestiones más que fueron rechazadas por el juez.

-Gustavo, las organizaciones que integran la Coordinadora por la libertad de Facundo Molares, sostienen que es una pena de muerte encubierta, ¿por qué?

-En enero de este año, la Corte constitucional de Colombia declaró, porque es una potestad que tiene, lo ha hecho en ocasiones anteriores por distintas razones estructurales, cuestiones importantes de graves violaciones de derechos en Colombia, el “Estado de cosas inconstitucionales”, que es justamente eso, una declaración en la cual la Corte constitucional de Colombia dice: ‘acá están sucediendo violaciones de derechos masivas y estructurales y, por lo tanto, existe un estado de cosas inconstitucionales’. Declaró en este caso en enero de este año, el estado de cosas inconstitucional, justamente porque entiende que el Estado colombiano está violando el acuerdo de paz, porque no garantiza la seguridad de los ex guerrilleros, porque ya van 400 muertos, hay desaparecidos, hay heridos y, además, hay una necesidad de los ex movilizados de las FARC de justamente no poder reintegrarse a la sociedad como estaba previsto en el acuerdo, porque en realidad están las 24 horas del día preocupados por salvarse para que no los maten. Están más preocupados por sobrevivir que por reintegrarse al trabajo, al campo. Entonces declaró el estado de cosas inconstitucionales, cosa que fue ratificado por los distintos informes de los veedores de Naciones Unidas.

–Inclusive actualmente está amenazado de muerte el candidato presidencial Petro y su vicepresidenta Francia.

-Exactamente, no hay que olvidarse que además Petro también fue amnistiado, porque en su momento mucho antes de las FARC, creo que fue miembro del M19 y también se hizo un acuerdo, se reintegraron a la vida civil, parlamentaria, pero también fue miembro del M19, y fue amnistiado.

Eso permanece en Colombia porque el grado de violencia que existe en política en Colombia es extremadamente alto, y no ha desaparecido tampoco. Además que obviamente él siente que siempre están permanentemente preocupados por boicotear los procesos de paz, porque entiende que la única razón de la guerra y del exterminio del enemigo, sobre todo si el enemigo pertenece a los sectores populares, humildes y ellos se paran desde los poderosos de Colombia, ya los conocemos.

Además, ha sido más de una vez declarado como un narco estado. Hace unos días vimos a un coronel del Ejército declarando ante la Jurisdicción especial por la paz, diciendo cómo en su momento ellos secuestraban y mataban gente inocente, pero quiero decir, arbitrariamente, capturaban gente y la mataban nada más que para hacer estadística, números.

-Sí, los falsos positivos, los llamados falsos positivos.

-El coronel declaró que a él lo mandaron a un lugar donde la Comandancia del Ejército entendía que había pocas bajas del enemigo y lo mandaron y dijeron ‘bueno, usted debe producir bajas del enemigo ahí, vaya’. Entonces se armó una estructura en la cual se secuestraban campesinos, los fusilaban, decían que eran de las FARC, y los anotaban como bajas del enemigo y estaban todos contentos.

En ese contexto entonces, ahora lo que sucede es que están matando a los ex combatientes, a los ex guerrilleros, a los desmovilizados. Lo que dijo el juez argentino al respecto, dijo lo mismo que dijo el presidente colombiano. ‘Bueno pero tampoco son tantos’. El presidente colombiano cuando salió la declaración del estado de cosas inconstitucional, de la Corte constitucional, diciendo que están matando, están haciendo peligrar el proceso de paz y además están violando el acuerdo de paz porque el Estado no protege a los desmovilizados. El presidente de Colombia dijo bueno pero en definitiva en los anteriores procesos de paz hubo muchos más muertos. Ahora hay muertos sí, hay 500 muertos, y siguen creciendo las cifras, porque además está creciendo la cifra. Crece exponencialmente, geométricamente, cada día crece más. Y el juez Otranto dijo exactamente eso, bueno si tomamos en cuenta que en Colombia los guerrilleros eran 13.000 y ahora hay recién 500 muertos, tampoco es tan grave. Es un poco como se hablaba en la pandemia, cuántos muertos hacen falta para que consideremos grave la situación, parece ser que con 500 muertos al juez Otranto no se le mueve un pelo.

–Gustavo, porque ya se nos va el programa, ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de la defensa de Facundo Molares?

-El proceso de extradición en Argentina está regido en tres etapas. La primera etapa es administrativa, quiere decir cuando el pedido de extradición entra por la Cancillería. La Cancillería entendió que no había nada objetable en el pedido de extradición de Colombia, cosa que por supuesto es una barbaridad, porque además Argentina ha dicho públicamente y oficialmente muchas veces que hay que defender el proceso de paz en Colombia, entonces de permitir entrar está extradición es una barbaridad.

El segundo lugar es la parte judicial, el proceso judicial consiste en este juicio que ha llevado adelante el juez Otranto y la apelación en los casos de extradición se hace directamente a la Corte, así que nosotros ahora vamos a apelar directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a tardar unos cuantos meses, conteste, en el caso de que confirme el fallo de Otranto, entonces la cuestión pasa otra vez a la presidencia de la Nación, al ministerio de Relaciones Exteriores y ahí la decisión final de extradición la toma el Poder Ejecutivo.

Entonces, nosotros ahora vamos a apelar a la Corte Suprema como corresponde, porque es lo que establece la ley y después obviamente si la Corte confirma este fallo, le vamos a plantear ya ahí no como abogado defensor, aunque también, pero ya como lo plantea todo el mundo, organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, populares, reclamarle al gobierno argentino que sobran las razones por las cuales no puede ser extraditado Facundo Molares a Colombia, porque no es justo, porque quienes lo piden no tienen legitimidad, porque lo hacen con ánimo de revanchismo y con la voluntad de poner en riesgo su vida, de matarlo y porque además, encima lo quieren someter como mínimo a un juicio en ausencia que no corresponde.





Fuente: Anred.org