March 12, 2021
De parte de El Libertario
81 puntos de vista


Lupa por la Vida (Proyecto de Registro y Memoria)
 
Los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron m谩s letales que la COVID-19 durante el a帽o 2020. Un total de 2853 personas fueron v铆ctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado venezolano. Graves violaciones a los derechos humanos que pudieran constituir cr铆menes de lesa humanidad. Cuerpos policiales venezolanos asesinaron a 2853 personas. La mayor铆a de las v铆ctimas fueron j贸venes de sectores populares, entre 18 y 30 a帽os de edad, lo que indica un patr贸n de discriminaci贸n que pone en riesgo la vida de los j贸venes.

Este hecho, junto a la exclusi贸n de este sector etario en el acceso a  otros derechos como el de educaci贸n y trabajo entre otros, da cuenta  de la creciente migraci贸n forzada de j贸venes buscando protecci贸n en otros Estados. En un pa铆s que ha perdido el bono demogr谩fico este  patr贸n de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el pa铆s. Ni el supuesto confinamiento 鈥渙bligado鈥 debido a la cuarentena decretada por el ejecutivo nacional por la aparici贸n de la pandemia del Coronavirus fren贸 el accionar de los cuerpos policiales y militares.

Estos datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando el Programa Venezolano de Educaci贸n Acci贸n en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigaci贸n Gumilla. La ONG Provea y el Centro Gumilla (perteneciente a los jesuitas en Venezuela),  iniciaron desde el a帽o 2019 un proceso de contralor铆a social a la violencia institucional policial y militar y cuya consolidaci贸n nos ha permitido presentar formalmente esta iniciativa con el nombre de Lupa por la Vida, construcci贸n de una memoria colectiva en materia de ejecuciones extrajudiciales.

Una pol铆tica de Estado que promueve la impunidad

El monitoreo ha permitido determinar que las miles de v铆ctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una pol铆tica de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisi贸n de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administraci贸n de justicia, por parte del proyecto pol铆tico oficialista.

Los funcionarios act煤an con plena libertad dada la certeza de que su conducta no ser谩 investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gesti贸n p煤blica. En los pocos casos que se investigan las instituciones act煤an con discriminaci贸n.

El pasado 21 de agosto de 2020 funcionarios de la Polic铆a Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andr茅s Eloy Nieves Zacar铆as y V铆ctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicaci贸n que mantiene un perfil de apoyo al gobierno de Nicol谩s Maduro. Para alivio de los familiares de las v铆ctimas, el Ministerio P煤blico actu贸 r谩pido y cuatro d铆as despu茅s fueron detenidos los 6 funcionarios presuntamente responsables del crimen.

Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Lim贸n en Caracas, Arqu铆medes Ram贸n Mart铆nez, Andri Narv谩ez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Y谩帽ez. Esta 煤ltima v铆ctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunci贸 lo ocurrido y exigi贸 una investigaci贸n. 48 horas despu茅s de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento com煤n: las v铆ctimas estaban vinculadas al proyecto pol铆tico oficial, y aunque fueron v铆ctimas de la letalidad policial sus familiares contaron con el acceso a la justicia lo que define un patr贸n discriminatorio que depende de la vinculaci贸n a la facci贸n de Poder y, hace de la justicia un ejercicio discrecional.

En Venezuela la mayor铆a de la poblaci贸n no cuenta con el padrinazgo pol铆tico y, por tanto, est谩n excluidas del acceso al derecho a una investigaci贸n para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales. Para ellas, por ahora, solo est谩 garantizada la impunidad. Casi siempre se maneja la versi贸n de 鈥減resunto enfrentamiento鈥 y en consecuencia el Ministerio P煤blico no act煤a con las investigaciones que deber铆a realizar, violando recurrentemente el debido proceso.

Y es que en la mayor铆a de los asesinatos perpetrados por la fuerza p煤blica, por la v铆a del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir  de que se trata  de ejecuciones extrajudiciales. De hecho, se constata el manejo de los falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en Am茅rica Latina como falsos positivos, que no es otra cosa que un montaje de la escena del crimen en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra polic铆as y militares cuando en realidad, en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.

Por ejecuci贸n se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la v铆ctima. Y son extrajudiciales  en cuanto que suceden en un pa铆s donde constitucionalmente no existe la pena de muerte, y el funcionario, violentando el debido proceso que implicar铆a el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona.

Los datos recabados reflejan que eso constituye el patr贸n que hist贸ricamente concentra el mayor n煤mero de fallecimientos por violaci贸n al derecho a la vida. Ello en s铆 mismo es un dato relevante, toda vez que supone que la acci贸n de los cuerpos de seguridad del Estado est谩 dirigida a ocasionar la muerte. Este patr贸n se ha complejizado a tal nivel que dentro del grupo de v铆ctimas es posible identificar desde (1) quienes fallecen por problemas personales o en el 谩mbito de la vida privada que sosten铆an con funcionarios de los cuerpos de seguridad (abriendo espacio al sub patr贸n 鈥渁buso de poder鈥); (2) otros por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistem谩ticamente para 鈥渁cabar鈥 con la vida de j贸venes bajo el paragua de la 鈥減rofilaxia social鈥, donde la versi贸n institucional suele ser la de enfrentamiento posicionando en el discurso que las v铆ctimas se trataba de peligrosos criminales.

Estados con m谩s casos durante el 2020

Los estados en los que la poblaci贸n sufri贸 con mayor rigor la violencia institucional de polic铆as y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Aragua, Bol铆var, Lara, Carabobo y Miranda. En todo el 2020 el estado Zulia fue el que registr贸 m谩s muertes con 667, seguido de  Aragua con 297, luego aparece Bol铆var con 269 muertes y Lara con 193. En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versi贸n de enfrentamiento.

Una de los casos que m谩s impact贸 a la opini贸n p煤blica en el estado Carabobo fue el asesinato de Daniel Alexander L贸pez Ram铆rez (28), un m茅dico integral comunitario, director del ambulatorio de Bucaral en el municipio Guacara. Fue asesinado durante un operativo mixto realizado en la poblaci贸n de Guacara. La versi贸n oficial indic贸 que L贸pez Ram铆rez era miembro de una agrupaci贸n delictiva y habr铆a muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanizaci贸n Tesoro del Indio, municipio Guacara, en busca de presuntos delincuentes. La informaci贸n fue desmentida por los familiares de L贸pez quienes indicaron que el m茅dico se encontraba all铆 porque hab铆a sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compa帽eros. La familia de L贸pez asegur贸 que el m茅dico no se enfrent贸 a la comisi贸n policial.

Mayo fue el mes donde polic铆as y militares actuaron con mayor letalidad. 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la circulaci贸n de personas en la v铆a p煤blica era mucho menor, pero los operativos violentos contra la poblaci贸n no se detuvieron Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los polic铆as y militares asesinaron a 1.091 personas.


Nivel de letalidad de los cuerpos policiales y militares
FAES, los m谩s letales

La Polic铆a Nacional Bolivariana (PNB) principalmente a trav茅s de su cuerpo 茅lite las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) es el cuerpo policial m谩s letal. Durante 2020, la PNB fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total. Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Cient铆ficas Penales y Criminal铆sticas (CICPC) con 593 casos, lo que equivale al 17,52% del total. En los dos 煤ltimos a帽os en el debate p煤blico se ha opacado la responsabilidad de este organismo en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el pa铆s. El se帽alamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del pa铆s es el cuerpo de seguridad que m谩s atenta contra el derecho a la vida.

Las polic铆as estadales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalente a 25,71%. Llama la atenci贸n la letalidad de la polic铆a del estado Zulia responsable de 262 asesinatos, Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 359 casos en su gran mayor铆a responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Llama la atenci贸n el significativo incremento en el n煤mero de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participaci贸n de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Este resultado corresponde al cada vez m谩s creciente proceso de militarizaci贸n de las labores de seguridad ciudadana. Las polic铆as municipales por su parte, fueron responsables de 134 presuntas ejecuciones. Estas polic铆as, que est谩n definidas como polic铆as principalmente de car谩cter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.

En el caso espec铆fico de las FAES, una investigaci贸n especial del diario Tal Cual destaca que utilizaron los mismos procedimientos, fueron similares los objetivos y las denuncias de los familiares y vecinos id茅nticas a las de 2019. Por otro lado, su principal centro de operaciones son las barriadas donde habitan los pobres en las ciudades y pueblos de Venezuela y algunas 谩reas rurales. Adem谩s, en 2020 los diferentes medios de comunicaci贸n reflejaron las denuncias de 103 personas, cuyos familiares o vecinos aseguraron  que hab铆an sido detenidos vivos, pero luego aparecieron muertos.

En cuanto a n煤meros de ejecuciones a este cuerpo 茅lite de la PNB se le atribuyen, en total, 635 muertes, para un 22.26%, con las constantes de que la abrumadora mayor铆a de las personas muertas son hombres, que eran personas j贸venes, el promedio de edad era de 28,39 a帽os, tomando en cuenta que se pudo conocer la edad de 228 de los muertos. En los 462 supuestos enfrentamientos se produjo la muerte de 3 agentes de las FAES.
 

驴D贸nde qued贸 la reforma policial?

En un estudio elaborado en el a帽o 2006 por la Comisi贸n Nacional para la Reforma Policial se se帽al贸 que un indicador de la letalidad policial es la desproporci贸n entre bajas policiales-militares y de civiles. Es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no se reporten muertes en las filas de los 贸rganos de la fuerza p煤blica durante los llamados 鈥渆nfrentamientos鈥. Ello, seg煤n la CONAREPOL, 鈥減ermite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura鈥. Organizaciones de derechos humanos como Provea ha advertido reiteradamente que el sostenido incremento en el n煤mero de v铆ctimas de violaci贸n al derecho a la vida bajo el patr贸n de ejecuciones extrajudiciales, encuentra explicaci贸n parcial en el aumento de la actuaci贸n violenta y letal de los cuerpos policiales, entendidas en muchos casos como un indicador de 鈥渆ficiencia policial鈥, advertidamente o no amparados en una perspectiva de 鈥渕ano dura鈥.

Fortalecer la visi贸n militarista y las pr谩cticas de 鈥渕ano dura鈥, debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democr谩ticos para avanzar en la adopci贸n de pol铆ticas p煤blicas, que ayuden a superar los altos 铆ndices de violencia y criminalidad en el pa铆s. Y tal cual como lo apuntara el Papa Francisco estas ejecuciones extrajudiciales 鈥渟e trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos鈥.

Doctrina de la seguridad nacional por encima de los derechos de ciudadanos

El gobierno insiste en amplificar la visi贸n del enemigo externo e interno -propia de la doctrina de seguridad nacional y en reforzar la l贸gica belicista y la estigmatizaci贸n y criminalizaci贸n de distintos actores sociales para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primac铆a de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos.

Esta militarizaci贸n de la seguridad ciudadana conlleva graves riesgos para las garant铆as personales toda vez que implica la ocupaci贸n militar del territorio nacional para la 鈥渄efensa鈥 contra un 鈥渆nemigo interno鈥 que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes pol铆ticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro. Seg煤n ha dicho la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos 鈥渓os gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las 煤ltimas d茅cadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garant铆a de los derechos humanos, dejaron como legado una situaci贸n de permanente reproducci贸n de la violencia鈥.

El concepto de seguridad ciudadana, desde una visi贸n democr谩tica y respetuosa de los derechos humanos, es la superaci贸n de la visi贸n autoritaria y militarista que marc贸 la actuaci贸n de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuaci贸n 鈥揹urante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional. Continuar el camino del autoritarismo erosionar谩 a煤n m谩s el Estado de Derecho y generar谩 m谩s violaciones de derechos humanos y sufrimientos a la ciudadan铆a. Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares.

En una pr贸xima entrega presentaremos el balance de los dos primeros meses de este 2021 en los cuales las proyecciones indican que el patr贸n sistem谩tico de ejecuciones extrajudiciales se ha mantenido en todo el pa铆s, haciendo menci贸n especial al operativo llevado a cabo en la parroquia La Vega de Caracas, a principios del mes de enero, en el cual se registraron 23 muertes a manos de los cuerpos policiales.

Al conformarse en el pa铆s una estructura institucional favorable a la impunidad adquieren cada vez mayor importancia y necesidad la actuaci贸n de mecanismos de investigaci贸n independientes que contribuyan a que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. De tal manera que la labor que vienen realizando la Misi贸n de Determinaci贸n de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la exhortaci贸n de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU de la disoluci贸n de las FAES y el primer pronunciamiento de  la Fiscal铆a de la Corte Penal Internacional que considera que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido cr铆menes de lesa humanidad constituyen esperanza del logro de justicia.

Las autoridades siguen sin dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales de protecci贸n de derechos humanos, persisten en mantener una pol铆tica de seguridad que no respeta el derecho a la vida y otros derechos humanos, no se investiga ni sanciona a los autores materiales y a las cadenas de mando de los responsables de las miles de presuntas ejecuciones. Polic铆as y militares actuando al margen de la Constituci贸n y la ley generan mayor sufrimiento en la poblaci贸n venezolana, incrementan la inseguridad y auspician el incremento de la violencia.

Ver video del Informe 2020 de Lupa por la Vida:


 

*** El texto completo en .pdf del Informe de Lupa por la Vida est谩 disponible en https://provea.org/wp-content/uploads/securepdfs/2021/03/Balance-2020-Lupa-por-la-Vida-F.pdf.

[Tomado de https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/derecho-a-la-vida/lupa-por-la-vida-policias-y-militares-asesinaron-a-2853-personas-en-venezuela-durante-2020-4.]





Fuente: Periodicoellibertario.blogspot.com