February 18, 2021
De parte de Sare Antifaxista
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“Los cambios que está generando la 4ª revolución industrial está dejando de lado a la economía vasca”

“Esto me lleva a la necesidad de reivindicar el sindicalismo y solidaridad de clase como herramienta para mejorar condiciones de trabajo, romper con la dinámica de sueldos de miseria y encadenamiento de contratos temporales intercalados con el desempleo”

“Hay que limitar la temporalidad. Esto se lleva diciendo en cada reforma laboral, al menos desde 2002, pero haciendo lo contrario”

“El hecho de tener como moneda el euro, implica que no hay soberanía monetaria alguna”

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Endika Alabort, economista y miembro de CNT, ante la situación de crisis económica que atraviesa la economía, explica con detalle lo que ocurre. Afirma que hay dinero para garantizar pensiones públicas, pero ante los cambios del Pacto de Toledo señala que “quien firma y afirma que hay que trabajar hasta los 67 años tiene una vida laboral muy plácida y económicamente desahogada”. Entiende que la “lluvia de millones” que llegará de Bruselas es como un regalo envenenado y recuerda que “los cambios que está generando la 4ª revolución industrial está dejando de lado a la economía vasca”, dado que los gobiernos solo apoyan a un puñado de empresas. Aventura que en los próximos años aumentará el paro y la precariedad, con la que los empresarios hacen negocio. Por lo que le lleva a remarcar “la necesidad de reivindicar el sindicalismo y solidaridad de clase como herramientas para mejorar las condiciones de trabajo, romper con la dinámica de sueldos de miseria y encadenamiento de contratos temporales intercalados con el desempleo”.

Tengo algo más que una sensación: las crisis económicas se suceden con menor cadencia entre ellas. En 2008 explotó la anterior y hasta 2015 no nos dijeron que empezaba la recuperación, aunque para muchas personas no ocurrió así, siguieron en crisis. ¿A qué es debido? ¿El capitalismo/neoliberalismo está en crisis y necesita retomarlas para eliminar o reducir derechos laborales y salariales a quienes son fuerza de trabajo para aumentar la precariedad y dotarse de mano de obra barata y mal pagada?

En los últimos 150 años se han registrado 14 recesiones económicas y muchos más estallidos financieros, que han impactado en la denominada economía real, por lo que se puede concluir que la inestabilidad económica es la característica más notable de este sistema. Sin embargo, desde la crisis del petróleo, a comienzos de la década de 1970, comenzó una dinámica de la que no se ha salido a día de hoy. La capacidad de generar beneficios mediante la producción de productos y servicios no financieros ha ido cayendo con los años; la alternativa de los grandes capitales ha sido la salida neoliberal, con la financiarización de la economía en la que los mercados financieros son los que marcan la deriva del resto de sectores de la economía.

Debido a que los mercados financieros son por naturaleza más inestables y propensos a cracks bursátiles y crisis, han arrastrado al resto de la economía a esta dinámica. Esa es la razón principal por la que durante los últimos años, las recuperaciones económicas han sido más débiles y sólo han sido para la parte más privilegiada de la sociedad. Así se entiende la extensión de la precariedad a cada vez más trabajadores y trabajadoras, lo que antes era una característica del mercado laboral de los jóvenes, se hace general.

Desde mi punto de vista no creo que el capitalismo (como sistema) esté en crisis, ni tampoco su actual fase neoliberal. Simplemente sigue con sus ciclos, sólo que ahora más cortos. Si tomamos los datos macroeconómicos para Euskal Herria peninsular, la Gran Recesión de 2008 parece que se supera en 2015; pero si lo tomamos desde la perspectiva del empleo (temporalidad, salarios reales, etc..), todavía seguimos sin recuperar los niveles previos al 2007, esto es, la clase trabajadora ha seguido en crisis pese al crecimiento económico de 2015-2019. Esto es la clave para entender que en la actual fase: aunque haya crecimiento económico, este será acaparado por el capital.

Nos encontramos ante una crisis multisistémica en la que el capitalismo está buscando cualquier recoveco para obtener plusvalía; y mientras pueda obtenerlo, seguirá con los ciclos de crisis-crecimiento-crisis, solo que cada vez a un ritmo más acelerado, tal como hemos visto en los últimos 20 años. Realmente esto no es sostenible ni económica, ni social, ni ecológicamente, pero mientras puedan seguir obteniendo beneficios (de la forma que sea), van a seguir tirando para adelante.

La crisis económica actual, derivada de la pandemia, muestra un inicio virulento. Hego Euskal Herria cerró con 64.400 activos menos en 2020 sobre el inicio de la anterior en 2008; hay más personas en paro 138.500 personas en 2020 frente a 117.700 personas en 2008 y un 13,5% de los hogares cuentan con todos sus miembros en paro, según datos INE. ¿Tendremos crisis para largo? ¿Los ERTEs están anestesiando el paro que llegará y crecerá como ocurrió con la anterior crisis?

No hay economista que pueda hacer predicciones exactas a medio o largo plazo, como mucho se pueden realizar acercamientos. En este sentido hay que analizar qué salida ha tomado la economía de la CAV y Nafarroa ante la Gran Recesión de 2008: un aumento del sector servicios no avanzados (comercio y hostelería, sobre todo), y retroceso de la industria. Los ERTEs han servido para detener (por el momento) los despidos, pero en los sindicatos ya estamos viendo cual es el siguiente paso que están tomando las empresas: EREs y próximamente concursos de acreedores. Además, con la Reforma Laboral no derogada de 2012, las empresas van a poder alegar causas económicas, pese a que hayan tenido beneficios en 2019 y los vayan a tener en 2021 (y hasta en 2020), eso de que se “prohibía despedir” ha sido sobre todo un elemento que podrá valer para la batalla por el relato en el parlamento, pero no para el mundo del trabajo. En resumen, lo más probable es que el paro vaya aumentando durante este año y parte del siguiente.

Aún así, la precarización de las condiciones laborales, junto a una menor cobertura de las prestaciones por desempleo pueden que haga parecer que no hay tanto desempleo, ya que se podría maquillar con subempleo, esto es, con contratos de trabajo temporales y muchos de ellos a tiempo parcial. De esta manera, la tasa de desempleo podría no ser tan alta, pero los trabajos que se realizarán no darán para poder llevar una vida digna.

Hego Euskal Herria tenía fortaleza económica cuando la Industria era más fuerte, pero estamos perdiendo esos amarres a marchas forzadas. ¿La terciarización de la economía podrá mantener el futuro de este pueblo?

Si atendemos a los datos, la desindustrialización ha avanzado en el periodo 2008-2020, reflejándose en la caída de empleo en el sector industrial. Esta es una tendencia que lleva en marcha más de 40 años: según Jon Bernat Zubiri Rey y Lluís Rodriguez Algans, la industria de la CAV ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto en 1977, a un 29% en 2007; situándose en el 24% en 2018, y el empleo industrial ha ido reduciéndose de manera imparable, de 423.000 empleos en 1975, a 274.000 en 1986, y a 188.000 en marzo de 2019. ¿Qué se ha hecho para sustituir estos empleos industriales? Profundizar en el sector servicios, sobre todo en comercio y hostelería. 

Eso ya es un problema en sí, porque ni los sectores desarrollados son estratégicos, ni la calidad del empleo es la misma. Cuando desde los diferentes gobiernos se habla de terciarización de la economía, se habla del investigación y desarrollo, de empresas de ingeniería, etc… algo que está lejos de la realidad que vivimos.

La propuesta que está sobre la mesa es que trabajemos en trabajos basura (mal pagados) o en trabajos de mierda (trabajos que sociablemente no sirven para nada), tal como lo define David Graeber. Y esto es insostenible socialmente a largo plazo.

¿Crees que hay una renovación adecuada del tejido industrial a la vista del cierre y destrucción de empleo en sectores altamente industrializados?

Es difícil apuntar hacia donde debe ir la industria, pero lo que queda claro es que si los centros de decisión de la misma se encuentran fuera de nuestro territorio, la dirección la van a marcar esos centros. Esto lleva a tener que competir entre centros de trabajo de una misma empresa o grupo de empresas, generalmente desde el punto de vista del coste (laboral). La consecuencia directa de esta situación es un aumento de los ritmos de trabajo y control salarial y flexibilización laboral, lo que repercute negativamente en los y las trabajadoras, y por extensión, en el resto del tejido productivo: ya sea porque la industria auxiliar tiene que aceptar los precios que le impone la empresa que contrata, o porque al disminuir la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, afecta al consumo en nuestro territorio. Por otro lado tenemos industrias que aún mantienen un pequeño margen de autonomía (muy pequeño, a decir verdad). Pero estas empresas industriales con sede en Euskal Herria son muy dependientes de los mercados internacionales.

Los cambios que se están dando en el sector industrial, la industria 4.0 o 4ª revolución industrial, en la que a todo se le añade la palabra “Smart”, tiene su base en las empresas tecnológicas que escapan al control de los Estados e incluso de la Unión Europea. Esto último lo ha desarrollado de forma contundente el periodista Ekaitz Cancela. No se está abordando ni en Euskal Herria ni a nivel europeo la falta de soberanía tecnológica y la dependencia que tiene la industria de unas pocas empresas. Por otro lado, se están desarrollando proyectos para la modernización del tejido industrial (en la CAV, ayudas en los programas Basque Industry, 4.0 e Industria Digitala, entre otros), pero la percepción es que no hay una robusta política industrial que aborde la problemática e implante soluciones, sino que hay una red de herramientas que va a servir de ayuda a ciertas empresas industriales.

Desde el punto de vista del empleo y peso en la economía, está claro que el sector va a ir a menos; la inserción de la industria vasca en la Unión Europea la convierte en dependiente de las decisiones que se tomen fuera del territorio, dejándola en una posición de mayor debilidad; y los cambios que está generando la 4ª revolución industrial está dejando de lado a la economía vasca.

Como economista, ¿hasta cuándo tendremos crisis económica? ¿Qué se debe hacer para salir de la misma y que favorezca a todas las personas? ¿La única salida es inyectar a las multinacionales recursos públicos que llegarán de la UE, que provienen de los impuestos que aportan las personas? ¿Crees que al final la Clase Trabajadora va a pagar estas ayudas, como ha ocurrido con la anterior crisis con los bancos, que no han devuelto en torno a 62.000 millones?

Como decía antes, no soy muy amigo de dar fechas concretas. Si la Gran Recesión nos trajo una década perdida, está crisis en la que el covid19 ha sido un factor detonante (que no la única causa), va a durar más, ya que no habíamos salido de la anterior. Lo más probable es que sea de mayor intensidad que la Gran Recesión, y se alargue durante toda esta década que estrenamos, con algún que otro altibajo (debido a la inyección financiera del Next Generation).

La salida que se ha buscado ha sido el Plan Next Generation, con el que se pretende renovar la economía y adecuarla a los retos medioambientales que tenemos encima. Si bien hay voces que lo consideran un avance frente a las políticas austericidas de los años 2009-2012, la realidad es que se ha comprado tiempo, nada más. No está claro cómo se va a vehiculizar este dinero para generar cambios en la estructura económica hacia un capitalismo verde, y menos en el caso del Reino de España, visto el habitual funcionamiento acaparador de las élites económicas.

Hay que contextualizar lo que supone ese plan. En el periodo 2021-2027, se van a recibir las ayudas europeas, pero también desde Madrid se va a enviar dinero a Bruselas. Tal como ha calculado Stuart Medina, de la Red MMT, en este periodo, se van a dirigir a Bruselas 52.126 millones de euros. En resumen, entre lo que entra y lo que sale, el Reino recibirá sobre 20.500 millones de euros, un 4,1% del los gastos de todas las administraciones en un año del Reino, ya que los otros 67.300 millones se van a devolver con intereses. Por lo que hay que poner en cuarentena toda expectativa positiva sobre lo que va a suponer ese “maná” caído de Bruselas.

Pero por otro lado está la letra no tan pequeña del acuerdo, algo que ya se subrayaba en junio de 2020. En el mismo se hablaba de la condicionalidad de aplicar reformas, si bien estas no se negociaron en 2020, básicamente porque si no, el plan no hubiera salido adelante. La Comisión Europea ya ha dejado claro qué líneas se han de seguir: para empezar, ahondar en la reforma laboral y en la del sistema de pensiones. A esto hay que añadir que, pasado un tiempo, lo más probable es que se vuelva a exigir la estabilidad presupuestaria y de déficit público.

En conclusión, se ha comprado tiempo pero se va a pagar con intereses. Y a quien le va a tocar pagar va a ser, como no, a la clase trabajadora, empezando por sus pensiones y condiciones de trabajo, de eso no hay duda alguna.

¿Hay alguna otra alternativa? Con la correlación de fuerzas actual en el seno de la UE, no lo creo. A pesar de ello, si escapamos de la visión ortodoxa (neoliberal) de la economía, y desde una visión reformista hasta una transformadora, hay propuestas factibles. Por ejemplo, una de ellas pasa por recuperar la soberanía monetaria (propuesta de la Teoría Monetaria Moderna); dentro de las visiones heterodoxas de la economía hay propuestas y alternativas para probar. Sin embargo, el problema no es qué propuestas sean factibles y más ajustadas a la realidad, sino que la visión ortodoxa de la economía que se aplica se debe más a una cuestión de clase.

¿Qué habría que hacer para evitar que solo la élite económica obtenga más beneficios, incluso en tiempos de crisis, mientras que cada vez más parte den la Clase Trabajadora tiene que vivir en la miseria? Porque los datos son inapelables: los ricos aumentan sus fortunas y la Clase Trabajadora sufre más paro y pobreza.

No es fácil. La vía parlamentaria hace tiempo que demostró sus límites a la hora de redistribuir la riqueza: no vivimos en la época en la que el gobierno de un estado-nación puede imponer altos impuestos y ofrecer un Estado del Bienestar a su ciudadanía. Las reformas neoliberales han limitado la capacidad de los gobiernos para tomar medidas fuertemente socialdemócratas y la globalización económica ha socavado la soberanía de estas instituciones políticas.

Pese a esto, hay un pequeño margen para mejorar en lo que corresponde a la fiscalidad y control de ciertos aspectos de la economía.

Sin embargo, en mi opinión, hay que profundizar en diferentes vías. La organización en el mundo del trabajo, mediante sindicatos independientes de los partidos políticos y de la financiación estatal, es una de las claves; pero para ello deben de dejar de lado posiciones corporativistas y visiones reduccionistas de lo que es la clase trabajadora. Hay que ver al sindicalismo como lo que es: un organismo económico de clase, tal como lo definía Joan Peiró. Es por ello que no debe verse como un objetivo en sí, sino como una herramienta al servicio de la clase trabajadora. Con todo, hay cuestiones que en la actualidad quedan fuera del ámbito del sindicato (aunque en otras épocas no fuese así). Hablo, entre otros, del pujante movimiento de asociaciones de arrendatarias de viviendas, de cooperativismo transformador, de las luchas feministas anticapitalistas, … si todos estos toman como base la autogestión, el apoyo mutuo y la independencia de los partidos políticos e instituciones, se puede articular una respuesta ante la condena a la miseria que nos están llevando. Cada uno de los movimientos necesita de los demás para poder avanzar, esa es una de las claves.

Aun así, existe una necesidad imperiosa de coordinarse a nivel global, más allá de nuestras fronteras. Esto hace siglos que lo ha puesto en marcha el Capital, acelerado con la globalización del siglo XX. Ese sería otra de las claves.

¿Quiere decir que sin la puesta en marcha de estas dinámicas no se puede mejorar? No, a pesar de que estaremos condenadas a luchas de resistencia. Un ejemplo: si una multinacional cierra un centro de trabajo en Iruñea, se puede resistir en ese centro, y hasta en un momento, ocuparla, si es que hay el apoyo social suficiente. Pero para intentar resistir mejor, necesitamos de la solidaridad internacional en donde otros centros de trabajo de la misma multinacional esté implantada, para empezar.

Hace unos años se confirmó un nivel elevado de fraude fiscal y elusión fiscal en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. ¿Se reduce o aumenta? ¿Crees que se necesitan más inspectores o controles para evitar esa merma de recursos?

Si analizamos la recaudación, el peso mayoritario se centra en los impuestos indirectos (siendo el IVA el impuesto estrella) y en ciertos impuestos directos (principalmente el IRPF), mientras que el impuesto sobre sociedades aporta sobre el 8% de la recaudación. En el caso de Bizkaia, el fraude detectado supone más del 5% de la recaudación anual (el 5,46% en 2019), y se constata un ligero aumento durante los últimos años. Hay que señalar que, del fraude detectado, sobre el 70% corresponde a irregularidades en la tributación del IVA. ¿Qué significa esto? Que los esfuerzos por aflorar el fraude se centran sobre todo en los autónomos y PYMES, y no en las grandes empresas ni en los grandes patrimonios. Hay que constatar que la legislación de la CAV ofrece grandes ventajas fiscales a estos dos grupos, y la ingeniería financiera que estos utilizan para pagar menos (o ningún) impuestos socavan las arcas públicas, tal como denunció el gabinete de estudios del sindicato ELA a comienzos de febrero.

Queda claro que no hay una voluntad política real para reforzar las plantillas inspectoras. Para poder hacer frente al gran fraude y elusión fiscal, hacen falta equipos de trabajo especializados que pongan el foco en grandes fortunas y multinacionales, que es donde realmente se hace daño a la recaudación; controlar a autónomos y micropymes es muy fácil. Añadido a esto, habría que coordinar las diferentes agencias tributarias del Reino de España y de la Unión Europea, para empezar a poner cerco a este fraude. Estos son dos cuestiones que deberían ponerse en marcha desde ya, pero tampoco hay que ser ingenuas y pensar que con estas medidas se atajaría el problema. Tras todo esto, está el trasfondo en el que las clases trabajadoras somos las sostenedoras de la Administración, mientras que el Capital paga poco o nada. Y para ello hace falta más que este bloque de medidas, pero sería un inicio.

Otro tema duradero y polémico durante los últimos años es el futuro de las pensiones. ¿Estás de acuerdo en elevar la edad de jubilación? ¿La pensión pública está garantizada? ¿Las medidas del Pacto de Toledo reducirán las pensiones de los futuros pensionistas?

El problema de sostenibilidad del sistema de pensiones es fundamentalmente un problema político, más que económico. ¿Qué razones se dan para tener que cotizar 40 años y hasta los 67 años? Pues que “se vive mucho”, así de sencillo, eso es lo que el Fondo Monetario Internacional ha trasladado (los años que se cobran pensiones sin estar empleadas). Es indignante tener que trabajar más años, hasta los 67, cuando hay capacidad de sobra para poder retirarse a los 60 o antes. Quién firma y afirma que hay que trabajar hasta los 67 tiene una vida laboral muy plácida y económicamente desahogada; si preguntamos a nuestras personas más cercanas, a partir de los 60 generalmente trabajar cada vez cuesta más, y se paga muy caro en salud. Esto sin hablar ya de trabajos física y psicológicamente agotadores…

Los poderes económicos del Reino de España llevan al menos desde mediados de la década de los 90 hablando de la inminente quiebra del sistema de pensiones público, y partidos políticos han comprado esa falacia, pese a que muchos no lo expliciten en público.

Miren Etxezarreta habla del falso mito de la quiebra de las pensiones públicas, que existe una crisis construida por los poderes fácticos que está perjudicando, y que aún puede perjudicar mucho más, a la población. Desmonta los seis mitos fundamentales de este ataque al sistema de pensiones públicas: “el presupuesto de las pensiones debe estar equilibrado”, afirmación puramente ideológica; “vivir más años supone un problema social”, cuando lo importante es la capacidad de generar riqueza; “relacionar el número de trabajadores con la capacidad de financiamiento”, “no hay dinero”, cuando la riqueza ha crecido en las últimas décadas (otra cosa es su distribución entre el trabajo y el capital); “las pensiones públicas en el Reino de España son demasiado generosas”, cuando el 68,4% de las personas jubiladas vive en el umbral de la pobreza…

Las reformas del Pacto de Toledo, que, para que no se nos olvide, es una comisión formada por parlamentarios, han comprado la idea promovida desde las patronales y los servicios de estudios de entidades financieras, con un claro interés de captar parte del pastel de las pensiones públicas. Como medida para fomentar las pensiones privadas, EPSVs, etc… han ido implementando reformas dirigidas a la reducción de la pensión que se va a percibir, ya sea mediante el aumento de los años cotizados necesarios para acceder a la pensión completa y el aumento de la edad de jubilación. Esto lo veremos en los próximos años.

Un sistema de pensiones público que asegure una vida digna es totalmente factible. Pero asegurarlo y mejorar el actual, va a ser un hueso duro de roer. De hecho, esto no deja de ser otro arista de conflicto en la lucha de clases, en la que estos años nos vamos a jugar mucho: nuestro futuro.

Con la elevada precariedad existente, ¿en qué futuro se queda la Clase Trabajadora, sobre todo las personas más jóvenes para completar las cotizaciones durante más de tres décadas?

Pues a corto plazo soy bastante pesimista en este aspecto; no obstante, la parte positiva es que no es una cuestión técnica ni hay una imposibilidad de cambiar el sistema de pensiones. Lo cierto es que miro las vidas laborales de nuestras mayores, cotizando casi 40 años, y veo las de nuestra generación, totalmente precaria y que sin poder cotizar tres décadas con contratos temporales, intercalando paro y jornadas a tiempo parcial… lo veo extremadamente complicado, por no decir imposible.

Esto me lleva a la necesidad de reivindicar el sindicalismo y solidaridad de clase como herramienta para mejorar condiciones de trabajo, romper con la dinámica de sueldos de miseria y encadenamiento de contratos temporales intercalados con el desempleo. La necesidad de organizarse en el trabajo. También hay que tener en cuenta que la precariedad hace más difícil organizarse sindicalmente; es ahí donde el sindicalismo ha de proveer una visión en conjunto, superando el corporativismo de empresa: no es suficiente mejorar en un convenio colectivo si este deja de lado a las personas subcontratadas. Sería ir a la raíz del sindicalismo, alejado de la política de pacto social que tanto daño nos ha hecho.

Aún así, soy consciente de la dificultad que supone lo que reivindico; también que como he dicho anteriormente, el sindicalismo no es la solución para todo. Necesitamos tender puentes entre los diferentes movimientos sociales transformadores para poder dar una respuesta a este ataque. Y coordinarnos a nivel trasnacional, con todas las dificultades y retos que esto supone.

¿Crees que se deben derogar las últimas reformas laborales del PSOE y PP para garantizar una cierta seguridad en el mercado laboral?

Hace poco hablaba con un compañero abogado de CNT, y me comentaba que la última reforma laboral que se firmó con ciertos derechos blindados para los trabajadores fue en 1976, justo después de los sucesos del 3 de marzo y con una conflictividad laboral notable. Los empresarios se opusieron a la misma. Desde entonces, cada reforma laboral han supuesto pasos hacia atrás para nuestros derechos. Y se han realizado más de 50.

La derogación de las reformas laborales de Rodríguez Zapatero y de Rajoy son una mínima medida. Da igual que el gobierno más progresista del mundo diga que técnicamente no se puede, eso es una mera excusa para no abordar los problemas que ha generado. También hay que señalar que antes de 2010 el mundo laboral no era la panacea, pero lo que se ha legislado desde entonces ha sido salvaje.

Por un lado, hay que limitar la temporalidad. Esto se lleva diciendo en cada reforma laboral, al menos desde 2002, pero haciendo lo contrario. Hay que imposibilitar encadenar contratos temporales y limitar el uso de los contratos por circunstancias de la producción, los cuales en un 99% se firman en fraude de ley; esto a la empresa le sale muy barato. Tras 6 meses trabajando en un sitio, en la gran mayoría de los casos la empresa ya sabe si un trabajador o trabajadora es apta para el trabajo, por lo que no tiene sentido seguir con contratos temporales. Limitar la subcontratación (prohibirla) es otra de las claves para acabar con la precariedad en cadena, teniendo que contratar directamente a los y las trabajadoras.

Por otro lado, abaratar el despido no ha generado empleo, es más, lo que ha generado es una mayor rotación de trabajadores y trabajadoras. Habría que establecer que el derecho de opción en caso de despido improcedente ,estuviese en manos del trabajador y no de la empresa, como está actualmente legislado. Y por otro, aumentar las indemnizaciones por despido, para que despedir no sea política de empresa.

También deberían endurecerse las causas por las que las empresas pueden tomar medidas contra las condiciones de trabajo de sus plantillas o despedirlas. Actualmente, si nos centramos en causas económicas, tienen barra libre, pudiendo despedir aun teniendo beneficios.

Y por último, pero no menos importante, dotar de herramientas para acabar con los falsos autónomos. La legislación actual es clara, pero no se aplica porque, por un lado, Inspección de Trabajo tiene una falta estructural de plantilla (este problema es flagrante en la CAV), y por otro, no se protege al trabajador o trabajadora que denuncia. Recuperar los salarios de tramitación previos a la Reforma de 2012 es un mínimo.

Hasta aquí he citado unas pocas medidas, que en realidad son muy tibias. Aquí estamos dejando de lado las problemáticas que generan los grupos de empresas y otras muchas más que podrían considerarse como contrarreformas laborales, por ejemplo, establecer vías para la cooperativización de empresas. Sólo con las pocas medidas que he planteado, se podría avanzar bastante para limitar la precariedad.

Por último, hemos visto un fuerte retroceso de la economía mundial, más en Hego Euskal Herria y en el Estado español, pero la economía china ha crecido. ¿Qué nos diferencia con la economía china?

La gran ventaja, aparte de su tamaño, las podemos centrar en las políticas industriales que han aplicado y las instituciones económicas que han servido de colchón frente al golpe económico de la pandemia. Aún así, es algo muy complejo de analizar y de resumir en varios párrafos. A pesar de esto, sin ser un experto en la economía china se pueden hacer varias lecturas. 

Por un lado, tienen una política industrial que cada vez gira más hacia la soberanía tecnológica. Tras el gran salto industrializador de los años 80 y 90, en la que captaron tecnología occidental, en los últimos años han ido desarrollando una infraestructura tecnológica propia; los vetos de Trump a ciertas empresas están reforzando esa dinámica. Por otro lado, cuentan con un gran banco de propiedad estatal, que durante el confinamiento, en vez de exprimir a los pequeños negocios, concedió una moratoria, posibilitando el repunte tras el cierre.

No se pueden comparar las economías de Euskal Herria ni del Reino de España con China, esto es algo evidente, tanto en magnitud económica como territorial y poblacional. Pero sí se pueden extraer lecciones. Elementos básicos serían la dirección que ha tomado la política industrial en China, el peso de la tecnología, la soberanía monetaria y la visión de soberanía tecnológica que están desarrollando. Nuestro territorio, ya sea por ser muchísimo menores en recursos y capacidades, o por seguir haciendo lo de siempre, dependiendo de tecnologías estadounidenses, no está apuntando hacia esa dirección. Por otro lado, tras el proceso de privatización de Kutxabank, no hay una gran entidad financiera pública que pueda servir de apoyo a esas políticas ni para hacer frente a la paralización de la economía que ha supuesto la irrupción del covid19 y las medidas para paliarlo. Y valga la redundancia, el hecho de tener como moneda el euro, implica que no hay soberanía monetaria alguna.

Estos serían sólo tres elementos de diferencia, y además, son fundamentales. 




Fuente: Sareantifaxista.blogspot.com