May 14, 2022
De parte de Nodo50
171 puntos de vista

  • Ecologistas en Acci贸n muestra su preocupaci贸n por el manifiesto en el que trece  comunidades y las dos ciudades aut贸nomas piden salvaguardar el urbanismo ilegal, recuerda que los tribunales s贸lo anulan el planeamiento si es ilegal, y califica de falso e irresponsable el discurso que confronta la protecci贸n del territorio, con el desarrollo socioecon贸mico.

Recientemente se ha conocido el manifiesto eufem铆sticamente denominado 鈥楶or la seguridad jur铆dica del planeamiento territorial y urban铆stico鈥 acordado por trece comunidades y las dos ciudades aut贸nomas. Entre los firmantes se encuentran, en representaci贸n de la Junta de Andaluc铆a,  Andr茅s Guti茅rrez Istria, Secretario General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenaci贸n del Territorio, y Mar铆a del Carmen Compagni Morales, Directora General de Ordenaci贸n del Territorio y Urbanismo.

El texto reclama modificaciones de la Ley de Suelo y Rehabilitaci贸n estatal para evitar la nulidad radical de los instrumentos de planeamiento o urban铆sticos por parte de los tribunales, por lo que llaman defectos formales u omisi贸n de informes. Adem谩s, pretenden limitar la acci贸n popular, es decir, el control ciudadano del urbanismo, y responsabiliza a la Red Natura 2000 de limitar el progreso de los municipios. Ecologistas en Acci贸n 鈥搊rganizaci贸n que se ha visto obligada a recurrir numerosos planes que han sido anulados por sentencias judiciales, en diferentes comunidades aut贸nomas鈥 discrepa del contenido del manifiesto. Lamenta que se aliente el discurso falso y populista de que el desarrollo socioecon贸mico en los pueblos solo se alcanza por el desarrollo del sector inmobiliario destruyendo su patrimonio natural, cultural y paisaj铆stico. Este modelo especulativo ya ha demostrado ser letal para la econom铆a, el empleo y el medio ambiente.

Habr铆a que recordar a estos 15 gobiernos auton贸micos que el planeamiento urban铆stico se anula porque es ilegal.

Ayuntamientos y gobiernos regionales desestiman casi sistem谩ticamente las alegaciones que se presentan durante la tramitaci贸n de los planes urban铆sticos, que advierten del incumplimiento de la legalidad. En ocasiones, ignoran los informes t茅cnicos o se omiten informes sectoriales llamados a asegurar la protecci贸n ambiental o la disponibilidad de agua para atender a la nueva poblaci贸n, y no se garantiza el respeto a las reservas de suelo protegido y que el plan sea econ贸micamente viable y sostenible. El resultado es que se plantean planes insostenibles, tremendamente impactantes y sobredimensionados, ignorando la protecci贸n del litoral, del dominio p煤blico hidr谩ulico o de los espacios protegidos. Son estos motivos los que hacen que los tribunales declaren nulos (ilegales) los planes urban铆sticos.

Ecologistas present贸 ALEGACIONES JUR脥DICAS  al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Suelo y Rehabilitaci贸n Urbana, en las que se demuestra que no s贸lo es innecesaria esta propuesta, ya que la jurisprudencia ya contempla la nulidad parcial en muchos casos, sino que incrementar谩 la inseguridad jur铆dica.

La acci贸n popular es un derecho ciudadano.

Las limitaciones que se reclama en el manifiesto supondr铆an un retroceso sin precedentes en el derecho ciudadano de control del urbanismo. Un derecho reconocido en toda la legislaci贸n urban铆stica como instrumento para 鈥渋ncentivar la defensa del r茅gimen urban铆stico, propiciando su observancia鈥. Ecologistas en Acci贸n insiste en que las personas f铆sicas o jur铆dicas que recurren los instrumentos de planeamiento urban铆sticos no son las responsables de la nulidad de los mismos. Si ayuntamientos y gobiernos no aprobasen planes que vulneran la legalidad vigente, ni se recurrir铆an, ni se anular铆an.

Esta medida antidemocr谩tica podr铆a abrir la puerta a cambios similares con la acci贸n p煤blica reconocida por la Ley de Costas, la Ley del Patrimonio Hist贸rico Espa帽ol o la Ley de Parques Nacionales. Esta propuesta pretende privar a la ciudadan铆a de los mecanismos procesales para la defensa de intereses p煤blicos colectivos.

Son inconcebibles los ataques de los gobiernos auton贸micos a la Red Natura 2000, cuando fueron los que la propusieron.

La Red Natura 2000 es una red ecol贸gica europea de 谩reas de conservaci贸n de la biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservaci贸n de la naturaleza en la Uni贸n Europea, y, bien gestionada, puede ser una herramienta muy positiva para el desarrollo de las poblaciones. La Red Natura 2000 en Andaluc铆a incluye 198 espacios protegidos, con 2,59 millones de hect谩reas terrestres, un 29,6% de su superficie. Dentro de esta red el suelo tiene diferentes grados de protecci贸n, hay espacios protegidos, hay terrenos agr铆colas y suelos urbanos. Lo que ha determinado el Tribunal Constitucional es la imposibilidad de reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables en la Red Natura 2000. En un contexto de exceso de edificaci贸n en nuestro pa铆s y de descenso de poblaci贸n, no es admisible seguir planteando m谩s urbanizaciones en suelos protegidos. Es una falacia achacar a esta red europea la responsabilidad de obstaculizar el desarrollo de los municipios. De acuerdo al informe Beneficios econ贸micos de la Red Natura en Espa帽a (2019), elaborado por el Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica, los beneficios econ贸micos estimados de la Red Natura 2000 ascienden a 9.805 millones de euros al a帽o. Es decir, 7,5 veces m谩s de lo que cuesta mantenerla. Si adem谩s se tiene en cuenta el valor econ贸mico del carbono almacenado en la Red Natura 2000 y se considera sus efectos positivos sobre la regulaci贸n del clima, el beneficio econ贸mico de la red asciende hasta los 43.661 millones de euros al a帽o, que equivale al 3,6% del PIB de Espa帽a.

Proponer la modificaci贸n de la ley para permitir la urbanizaci贸n de la Red Natura 2000 es un aut茅ntico desprop贸sito. Las comunidades aut贸nomas deben abandonar el discurso falso que confronta conservaci贸n de la naturaleza con desarrollo socioecon贸mico y tener en cuenta que cada euro invertido en la Red Natura 2000 proporciona un beneficio bruto de al menos 22 euros.

Alternativas a un manifiesto irresponsable.

Ecologistas en Acci贸n entiende que las comunidades aut贸nomas deber铆an centrar su actividad en mejorar la calidad de los planes y de las tramitaciones administrativas para que no incumplan la legislaci贸n vigente. Adem谩s, deber铆a articularse una verdadera justicia cautelar que evitar谩 la ejecuci贸n de planes no consolidados y as铆 impedir da帽os a terceros, una vez que son anulados.

No resulta razonable que planeamientos urban铆sticos anulados en primera instancia prosigan su ejecuci贸n o que, para conseguir su paralizaci贸n, se impongan fianzas millonarias a los recurrentes, como sucedi贸 en el caso de Marina Isla de Valdeca帽as, en C谩ceres.

Ecologistas en Acci贸n lamenta que en un momento como el actual, en el que la comunidad cient铆fica 鈥揳 trav茅s del IPCC鈥 demanda a las autoridades pol铆ticas de cada pa铆s un alto grado de compromiso para llevar a cabo el esfuerzo de mitigaci贸n clim谩tica que la sociedad requiere, en el Estado espa帽ol esos representantes tan solo planteen consolidar las ilegalidades urban铆sticas y la construcci贸n en las zonas m谩s valiosas de nuestro territorio. Nunca la clase pol铆tica estuvo tan alejada de las necesidades reales de una sociedad.




Fuente: Ecologistasenaccion.org