October 8, 2021
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Por segundo año consecutivo el plan más ambicioso del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se plasma en los Presupuestos sin esperar al debate parlamentario ni a un acuerdo con los agentes sociales. 

Hablamos del plan de Escrivá para crear un macrofondo de pensiones complementarias de empresa gestionado por empresas privadas y avalado por el Estado. Se trata de una de las más polémicas recomendaciones del Pacto de Toledo, que lleva a la generalización de los planes de empresa, un sistema de previsión complementario público-privado negociado en el corazón de las empresas con participación de los sindicatos que Escrivá quiere que llegue al 80% de la población activa, a 13 millones de trabajadores, en 2030. 

Al igual que en los presupuestos de 2021, la apuesta de Escrivá por este macrofondo gestionado por bancos y fondos privados se plasmó en más trabas fiscales a los planes privados individuales de pensiones y más facilidades a los planes de empresa

Al igual que en los presupuestos de 2021, la apuesta de Escrivá por este modelo se plasmó en más trabas fiscales a los planes privados individuales de pensiones y más facilidades a los planes de empresa. Tanto entonces como ahora, esta penalización de los planes individuales y la potenciación de los colectivos de empresa no ha venido acompañada de ningún tipo de explicación sobre los planes del Gobierno con respecto a este macrofondo destinado a cambiar, al menos en los sueños de Escrivá, la mentalidad ahorradora de la población española.

En las cuentas de 2021, el Gobierno bajó de 8.000 a 2.000 euros el tope de aportaciones deducibles para los planes individuales. Y para 2022, lo volverá a bajar hasta los 1.500 euros. Entre las razones de estas reducciones, el Gobierno aduce que los privilegios fiscales de los planes individuales son “regresivos” ya que los suelen disfrutar las rentas más altas y la terminan pagando todos los contribuyentes. Sin embargo, en ambos presupuestos se potenciaron al mismo tiempo con más ventajas fiscales los planes colectivos de empresa, que tampoco están al alcance de toda la población y que, según denuncian las plataformas de pensionistas, suponen uno de los mayores ataques al sistema público de pensiones de los últimos años. En estos presupuestos, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción subirán de los 8.000 euros a los 8.500 euros.

Estas medidas contrastan con la falta de información y concreción de la segunda parte de la ronda de negociación con los agentes sociales, después del pacto firmado el 1 de julio, que debería resolver los aspectos más controvertidos de las propuestas del Ministerio: el funcionamiento del principio que reemplazará al derogado factor de sostenibilidad  —que reducía la pensión a medida que aumentaba la esperanza de vida— y el macrofondo de planes de pensiones de empresa avalado por el Estado y gestionado por los grandes bancos y fondos privados.

El plan de Escrivá supone una derivación de cotizaciones del sistema público a fondos privados y solo puede traducirse en un sistema público de pensiones más débil y deficitario, señala el portavoz de la Coespe

Para Ramón Franquesa, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones(Coespe), el plan de Escrivá supone una derivación de cotizaciones del sistema público a fondos privados y solo puede traducirse en un sistema público de pensiones más débil y deficitario: “Si ya tiene dificultades para pagar a los pensionistas actuales, si se recorta porque una parte se va a sistemas privados va a haber todavía más dificultades”. Este economista señala que la apuesta de Escrivá es la de los fondos de inversión que “quieren superar la crisis actual alimentando el sistema financiero con los recursos que tienen los Estados con las jubilaciones”. 

De fondo, un modelo de previsión social y de ahorro privado que nunca ha terminado de cuajar. En España, apenas el 16% de la población tiene un plan privado de pensiones, una cifra equivalente al 13% del PIB, unos 118.000 millones de euros. Muy poco comparado con los 20 billones de dólares que tiene la población estadounidense en pensiones privadas, casi el 96% del PIB del país. En Holanda, el conjunto de planes privados supone el 180% del PIB.

“Dado que los trabajadores no confían en los fondos privados de pensiones se les quiere obligar pasar lo público a manos público-privadas y dar paso, a partir de ahí, a lo que sí puede ser una quiebra del sistema”, explican desde las plataformas de pensionistas

“Dado que los trabajadores no confían en los fondos privados de pensiones se les quiere obligar pasar lo público a manos público-privadas y dar paso, a partir de ahí, a lo que sí puede ser una quiebra del sistema”, explica Franquesa en rueda de prensa. Según su análisis, compartido por el movimiento pensionista, el sistema público de pensiones no es insostenible, aunque hay fuertes intereses que quieren que así sea. Por ello, piden una auditoría pública y transparente que arroje luz sobre qué ha pasado con los cientos de miles de millones de euros que salieron de la hucha de la Seguridad Social. 

El 16 de octubre en Madrid

Mientras se tramitan los presupuestos y se agota el tiempo antes de la fecha límite del 31 de diciembre para presentar la segunda ronda de la reforma de las pensiones, las plataformas de pensionistas vuelven a la calle con la primera gran movilización presencial después de la pandemia. “No hay debate público de qué se traen entre manos. Por eso hacemos una movilización preventiva, por eso nos movilizamos, para que lo público siga siendo público”, resume Franquesa.

Desde todas las comunidades autónomas se están preparando autocares, apunta Conchita Rivera, también portavoz de la Coespe, para llegar a Madrid el 16 de octubre y participar en una manifestación que comenzará frente al Congreso y terminará en la Puerta del Sol. “Vamos a ir a Madrid desde todos los rincones para que este Gobierno derogue el 0,25%, que todavía no lo ha derogado [sino que lo ha suspendido durante cinco años] y no vamos a permitir que el factor de sostenibilidad solo cambie de nombre. También pedimos que se deroguen las reformas laborales y una auditoría de la Seguridad Social”, dice Rivera.

“Estamos peleando por lo básico, la mayoría de las pensiones en Andalucía está por debajo de los mil euros, no hay derecho a que muchísimas mujeres de este país estén cobrando 400 euros de pensión no contributiva”, dicen desde las plataformas de pensionistas desde Andalucía

Entre los motivos de preocupación sobre el futuro de las pensiones públicas también figura la propuesta recogida en el pacto de pensiones de julio de crear una Agencia Estatal de la Seguridad Social en el plazo de seis meses, es decir, antes de final de año. “Es la pista de despegue de la privatización, agiliza y permite que el patrimonio pase a manos privadas. Aunque veremos si se aprueba, ERC ya ha dicho que no apoya la medida y no tienen mayoría para hacerlo”, apunta Franquesa.

Desde Andalucía, Antonio Baena, portavoz de las plataformas de pensionistas, extiende los motivos que le llevarán a Madrid el 16 de octubre: “Nuestro grito es contra la pobreza, por la subsistencia. Nos están recortando la sanidad y esto trae muerte… Estamos peleando por lo básico, la mayoría de las pensiones en Andalucía está por debajo de los mil euros, no hay derecho a que muchísimas mujeres de este país estén cobrando 400 euros de pensión no contributiva. Por eso estaremos en la calle el 16… y el 22 y el 25”.




Fuente: Elsaltodiario.com