February 2, 2021
De parte de La Haine
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Espa帽a vendi贸 material antidisturbios para reprimir la ola de protesta global que dej贸 muertos y heridos en varios pa铆ses

El Gobierno justifica la exportaci贸n de material militar a distintos pa铆ses cuestionados por las actuaciones de sus cuerpos de seguridad. En el listado figuran los Antidisturbios de Chile y Per煤, acusados de violaciones a los derechos humanos por sus actuaciones represivas contra manifestantes. Tambi茅n hubo ventas de cartuchos lacrim贸genos a T煤nez.

Haykal Rachdi ten铆a 21 a帽os. El pasado 18 de enero, agentes de la Polic铆a de T煤nez le lanzaron un bote de gas lacrim贸geno a corta distancia. Haykal participaba en la ola de protestas sociales que durante las 煤ltimas semanas atraves贸 ese pa铆s. La muerte lleg贸 siete d铆as despu茅s a causa de las heridas. Otro joven, Aymen Mahmoudi, tuvo m谩s suerte: hoy se recupera de las graves heridas provocadas en la cara por otro bote lacrim贸geno. 

Los nombres de Haykal y Aymen figuran en un reciente comunicado de Amnist铆a Internacional que denuncia, precisamente, la mala utilizaci贸n de ese tipo de armamento por los cuerpos policiales. En el caso de T煤nez, las miradas se dirigen tambi茅n a Espa帽a: seg煤n consta en una respuesta escrita del Gobierno enviada al diputado de EH Bildu Jon I帽arritu, este pa铆s vendi贸 cartuchos lacrim贸genos a la Polic铆a tunecina en 2019 por un importe de 85.176 euros. 

No fue el primer negocio de ese tipo con el Gobierno de T煤nez. En 2018, fabricantes espa帽oles hab铆an conseguido que el Ejecutivo de este pa铆s les permitiese exportar “artificios de luz y sonido y botes de humo por valor de 183.076 euros”, seg煤n recordaba I帽arritu en su pregunta.

El diputado de EH Bildu intent贸 que el Ejecutivo explicase “c贸mo valor贸 el riesgo de que pudiera contribuir al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones en un marco de impunidad en ese pa铆s“. Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a ampararse en su pol铆tica de secretismo sobre la venta de armas para no dar ninguna explicaci贸n concreta sobre dicha valoraci贸n.

“No deber铆an exportarse armas a ning煤n Estado donde puedan ser utilizadas para conculcar los derechos humanos“, afirma I帽arritu a P煤blico. En ese contexto, el diputado vasco considera que existe una “doble vara de medir” por parte del Estado espa帽ol. “En este asunto priman los intereses econ贸micos”, lament贸.

Tales intereses primaron, adem谩s, en un contexto global sumamente relevante: T煤nez es tan solo un ejemplo de los pa铆ses agitados por una gigantesca ola de protesta social que naci贸 antes de que llegara la pandemia y que consigui贸 mover a millones de personas en lugares tan distantes como Hong-Kong, Colombia, Chile o, incluso, la Francia de los Chalecos Amarillos.

En cuesti贸n de meses la ola se hizo tsunami y contagi贸 a distintos continentes. El hartazgo social era, m谩s all谩 de cualquier frontera, el com煤n denominador de esas movilizaciones. La respuesta fue, en todos los casos, de car谩cter esencialmente represivo: ah铆 est谩n los muertos en Colombia, los ojos arrancados por balas de goma en Chile o las vidas perdidas en las calles de T煤nez.

En la respuesta remitida a I帽arritu, el Gobierno se帽ala adem谩s que las seis licencias de exportaci贸n a Per煤 concedidas en 2018 y 2019 englobaban concretamente “despieces para la fabricaci贸n de artificios lacrim贸genos, cartuchos propulsores y postas de goma”.

El caso de Per煤 resulta problem谩tico. El art铆culo 20 del C贸digo Penal de ese pa铆s exime a las Fuerzas Armadas y a la Polic铆a de rendir cuentas “en caso de causar lesiones o muerte”, denunciaba el diputado de EH Bildu. Al igual que en otros casos, el Gobierno espa帽ol no aclara cu谩les han sido los par谩metros seguidos para permitir igualmente que se vendiese material represivo a ese pa铆s latinoamericano.

El pasado 9 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determin贸 que durante las protestas registradas en Per煤 en el mes de noviembre se produjo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza” por parte de la Polic铆a. El informe establece adem谩s que la Polic铆a dispar贸 perdigones y cartuchos de gas lacrim贸geno “de manera indiscriminada y a corta distancia”. Hubo dos muertos y cientos de heridos. 

Seg煤n reflejan los informes oficiales sobre venta de armas que elabora la Secretar铆a de Estado de Comercio, Colombia es otro de los pa铆ses latinoamericanos sacudidos por protestas sociales que tambi茅n compr贸 material militar a Espa帽a.

En 2019 hubo negocios por 8,8 millones de euros en “munici贸n de artiller铆a y de armas ligeras y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricaci贸n espa帽ola”, mientras que el a帽o anterior se registraron ventas por 11,0 millones de euros en “repuestos para mantenimiento de obuses de artiller铆a, munici贸n de artiller铆a, repuestos para veh铆culos blindados de fabricaci贸n estadounidense y espa帽ola, y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricaci贸n espa帽ola”.

Alberto Est茅vez, portavoz de AI sobre comercio de armas y material de seguridad, sostiene que “si Espa帽a quiere exportar gas lacrim贸geno a T煤nez, pese a su historial de uso desproporcionado de la fuerza, o a Per煤, cuya Polic铆a y Fuerzas Armadas han causado la muerte de m谩s de 150 personas durante protestas en los 煤ltimos 20 a帽os, puede hacerlo, pero tambi茅n podr铆a suspender la entrega del material y condicionarlo a que los polic铆as reciban formaci贸n sobre el uso de la fuerza y se adopten medidas para acabar con la impunidad, procesando a los responsables de torturas, malos tratos y homicidios ileg铆timos o efectuando reformas legislativas”.

Un polic铆a peruano dispara contra manifestantes durante las protestas de noviembre. 鈥 Aldair Mej铆a / EFE

“En el caso de Per煤, por ejemplo, eso pasar铆a por derogar la Ley de Protecci贸n Policial, que viola el derecho internacional y deja una puerta abierta a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por la Polic铆a Nacional y las Fuerzas Armadas”, subray贸 Est茅vez. Precisamente, en noviembre pasado AI pidi贸 al Gobierno espa帽ol que no concediera nuevas autorizaciones de exportaci贸n de material antidisturbios, suspendiera los env铆os de las autorizaciones concedidas y revocase la autorizaci贸n de las licencias no ejecutadas. “La pregunta del mill贸n es qu茅 ha hecho la Junta Interministerial que regula la venta de armas, porque sus actas son secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968″, a帽adi贸 el portavoz de AI. 

El lanzamiento de gas lacrim贸geno por parte de los cuerpos policiales de Per煤 y T煤nez figura en un informe que este lunes ha dado a conocer Amnist铆a y en el que se analiza la utilizaci贸n de ese tipo de armamento en diferentes pa铆ses. “El constante uso indebido de gas lacrim贸geno por parte de la Polic铆a en todo el mundo es temerario y peligroso, y a menudo causa lesiones e incluso la muerte de manifestantes pac铆ficos“, advirti贸 Patrick Wilcken, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de AI.

Grilletes para Chile

Del mismo modo, el informe enviado por el Ejecutivo permite establecer que se exportaron “grilletes de doble cierre (esposas normales)” con destino a los Carabineros de Chile, severamente cuestionados por la represi贸n desatada contra las protestas surgidas en octubre de 2019.

En un informe publicado a finales de ese a帽o, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos denunci贸 “un elevado n煤mero de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile, entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasion贸 muertes il铆citas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias”.

Tras advertir que “el control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva”, subrayaba que “algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio”. 

Con esos datos sobre la mesa, el Gobierno espa帽ol defendi贸 que la autorizaci贸n de la venta de grilletes a los Carabineros se produjo “antes del comienzo de los disturbios locales”.

I帽arritu tambi茅n hab铆a preguntado sobre las salvaguardas adoptadas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnolog铆as de Doble Uso (JIMMDU), 贸rgano encargado de la concesi贸n de licencias de exportaci贸n, en el caso de los sensores y c谩maras t茅rmicas vendidas a la Polic铆a y al “sector de la investigaci贸n” de la Rep煤blica Popular China. Tambi茅n se refiri贸 a las armas peque帽as y municiones exportadas a Filipinas en 2019 por m谩s de 8 millones de euros.

En el caso de China, el Ejecutivo asegura que “fueron evaluados los productos por los expertos del Ministerio del Interior de Espa帽a y, debido a las caracter铆sticas de los mismos, no se detect贸 que pudieran darse desv铆os a usos no deseados”, aleg贸 el Gobierno.

Respecto a las exportaciones de armamento a Filipinas 鈥揹onde, seg煤n denunci贸 Naciones Unidas en junio pasado, se han cometido “graves violaciones a los derechos humanospor parte de las Fuerzas de Seguridad鈥, el Gobierno argumenta que “cada operaci贸n a este destino es analizada detenidamente” y que se tienen en cuenta el “respeto a los Derechos Humanos”, la “situaci贸n interna” del pa铆s y el “riesgo de desv铆o” del material exportado, “adem谩s de exigir unas estrictas garant铆as de uso final”.

“Criterio de precauci贸n”

Sin embargo, el oscurantismo oficial en torno a esas autorizaciones provoca serias dudas entre los organismos de defensa de los derechos humanos. No en vano, el portavoz de AI reclam贸 que el Gobierno “prepare ya una nueva ley sobre esta cuesti贸n que recoja las normas internacionales y se adopte un criterio de precauci贸n en la autorizaci贸n de venta de este material a pa铆ses en los que, como Irak, Chile, Bolivia o L铆bano, se han producido manifestaciones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en 2019 y 2020″.

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Fuente: Lahaine.org