February 2, 2021
De parte de La Haine
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Espa├▒a vendi├│ material antidisturbios para reprimir la ola de protesta global que dej├│ muertos y heridos en varios pa├şses

El Gobierno justifica la exportaci├│n de material militar a distintos pa├şses cuestionados por las actuaciones de sus cuerpos de seguridad. En el listado figuran los Antidisturbios de Chile y Per├║, acusados de violaciones a los derechos humanos por sus actuaciones represivas contra manifestantes. Tambi├ęn hubo ventas de cartuchos lacrim├│genos a T├║nez.

Haykal Rachdi ten├şa 21 a├▒os. El pasado 18 de enero, agentes de la Polic├şa de T├║nez le lanzaron un bote de gas lacrim├│geno a corta distancia. Haykal participaba en la ola de protestas sociales que durante las ├║ltimas semanas atraves├│ ese pa├şs. La muerte lleg├│ siete d├şas despu├ęs a causa de las heridas. Otro joven, Aymen Mahmoudi, tuvo m├ís suerte: hoy se recupera de las graves heridas provocadas en la cara por otro bote lacrim├│geno. 

Los nombres de Haykal y Aymen figuran en un reciente comunicado de Amnist├şa Internacional que denuncia, precisamente, la mala utilizaci├│n de ese tipo de armamento por los cuerpos policiales. En el caso de T├║nez, las miradas se dirigen tambi├ęn a Espa├▒a: seg├║n consta en una respuesta escrita del Gobierno enviada al diputado de EH Bildu Jon I├▒arritu, este pa├şs vendi├│ cartuchos lacrim├│genos a la Polic├şa tunecina en 2019 por un importe de 85.176 euros. 

No fue el primer negocio de ese tipo con el Gobierno de T├║nez. En 2018, fabricantes espa├▒oles hab├şan conseguido que el Ejecutivo de este pa├şs les permitiese exportar “artificios de luz y sonido y botes de humo por valor de 183.076 euros”, seg├║n recordaba I├▒arritu en su pregunta.

El diputado de EH Bildu intent├│ que el Ejecutivo explicase “c├│mo valor├│ el riesgo de que pudiera contribuir al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones en un marco de impunidad en ese pa├şs“. Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a ampararse en su pol├ştica de secretismo sobre la venta de armas para no dar ninguna explicaci├│n concreta sobre dicha valoraci├│n.

“No deber├şan exportarse armas a ning├║n Estado donde puedan ser utilizadas para conculcar los derechos humanos“, afirma I├▒arritu a P├║blico. En ese contexto, el diputado vasco considera que existe una “doble vara de medir” por parte del Estado espa├▒ol. “En este asunto priman los intereses econ├│micos”, lament├│.

Tales intereses primaron, adem├ís, en un contexto global sumamente relevante: T├║nez es tan solo un ejemplo de los pa├şses agitados por una gigantesca ola de protesta social que naci├│ antes de que llegara la pandemia y que consigui├│ mover a millones de personas en lugares tan distantes como Hong-Kong, Colombia, Chile o, incluso, la Francia de los Chalecos Amarillos.

En cuesti├│n de meses la ola se hizo tsunami y contagi├│ a distintos continentes. El hartazgo social era, m├ís all├í de cualquier frontera, el com├║n denominador de esas movilizaciones. La respuesta fue, en todos los casos, de car├ícter esencialmente represivo: ah├ş est├ín los muertos en Colombia, los ojos arrancados por balas de goma en Chile o las vidas perdidas en las calles de T├║nez.

En la respuesta remitida a I├▒arritu, el Gobierno se├▒ala adem├ís que las seis licencias de exportaci├│n a Per├║ concedidas en 2018 y 2019 englobaban concretamente “despieces para la fabricaci├│n de artificios lacrim├│genos, cartuchos propulsores y postas de goma”.

El caso de Per├║ resulta problem├ítico. El art├şculo 20 del C├│digo Penal de ese pa├şs exime a las Fuerzas Armadas y a la Polic├şa de rendir cuentas “en caso de causar lesiones o muerte”, denunciaba el diputado de EH Bildu. Al igual que en otros casos, el Gobierno espa├▒ol no aclara cu├íles han sido los par├ímetros seguidos para permitir igualmente que se vendiese material represivo a ese pa├şs latinoamericano.

El pasado 9 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determin├│ que durante las protestas registradas en Per├║ en el mes de noviembre se produjo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza” por parte de la Polic├şa. El informe establece adem├ís que la Polic├şa dispar├│ perdigones y cartuchos de gas lacrim├│geno “de manera indiscriminada y a corta distancia”. Hubo dos muertos y cientos de heridos. 

Seg├║n reflejan los informes oficiales sobre venta de armas que elabora la Secretar├şa de Estado de Comercio, Colombia es otro de los pa├şses latinoamericanos sacudidos por protestas sociales que tambi├ęn compr├│ material militar a Espa├▒a.

En 2019 hubo negocios por 8,8 millones de euros en “munici├│n de artiller├şa y de armas ligeras y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricaci├│n espa├▒ola”, mientras que el a├▒o anterior se registraron ventas por 11,0 millones de euros en “repuestos para mantenimiento de obuses de artiller├şa, munici├│n de artiller├şa, repuestos para veh├şculos blindados de fabricaci├│n estadounidense y espa├▒ola, y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricaci├│n espa├▒ola”.

Alberto Est├ęvez, portavoz de AI sobre comercio de armas y material de seguridad, sostiene que “si Espa├▒a quiere exportar gas lacrim├│geno a T├║nez, pese a su historial de uso desproporcionado de la fuerza, o a Per├║, cuya Polic├şa y Fuerzas Armadas han causado la muerte de m├ís de 150 personas durante protestas en los ├║ltimos 20 a├▒os, puede hacerlo, pero tambi├ęn podr├şa suspender la entrega del material y condicionarlo a que los polic├şas reciban formaci├│n sobre el uso de la fuerza y se adopten medidas para acabar con la impunidad, procesando a los responsables de torturas, malos tratos y homicidios ileg├ştimos o efectuando reformas legislativas”.

Un polic├şa peruano dispara contra manifestantes durante las protestas de noviembre. ÔÇö Aldair Mej├şa / EFE

“En el caso de Per├║, por ejemplo, eso pasar├şa por derogar la Ley de Protecci├│n Policial, que viola el derecho internacional y deja una puerta abierta a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por la Polic├şa Nacional y las Fuerzas Armadas”, subray├│ Est├ęvez. Precisamente, en noviembre pasado AI pidi├│ al Gobierno espa├▒ol que no concediera nuevas autorizaciones de exportaci├│n de material antidisturbios, suspendiera los env├şos de las autorizaciones concedidas y revocase la autorizaci├│n de las licencias no ejecutadas. “La pregunta del mill├│n es qu├ę ha hecho la Junta Interministerial que regula la venta de armas, porque sus actas son secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968″, a├▒adi├│ el portavoz de AI. 

El lanzamiento de gas lacrim├│geno por parte de los cuerpos policiales de Per├║ y T├║nez figura en un informe que este lunes ha dado a conocer Amnist├şa y en el que se analiza la utilizaci├│n de ese tipo de armamento en diferentes pa├şses. “El constante uso indebido de gas lacrim├│geno por parte de la Polic├şa en todo el mundo es temerario y peligroso, y a menudo causa lesiones e incluso la muerte de manifestantes pac├şficos“, advirti├│ Patrick Wilcken, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de AI.

Grilletes para Chile

Del mismo modo, el informe enviado por el Ejecutivo permite establecer que se exportaron “grilletes de doble cierre (esposas normales)” con destino a los Carabineros de Chile, severamente cuestionados por la represi├│n desatada contra las protestas surgidas en octubre de 2019.

En un informe publicado a finales de ese a├▒o, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos denunci├│ “un elevado n├║mero de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile, entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasion├│ muertes il├şcitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias”.

Tras advertir que “el control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva”, subrayaba que “algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio”. 

Con esos datos sobre la mesa, el Gobierno espa├▒ol defendi├│ que la autorizaci├│n de la venta de grilletes a los Carabineros se produjo “antes del comienzo de los disturbios locales”.

I├▒arritu tambi├ęn hab├şa preguntado sobre las salvaguardas adoptadas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnolog├şas de Doble Uso (JIMMDU), ├│rgano encargado de la concesi├│n de licencias de exportaci├│n, en el caso de los sensores y c├ímaras t├ęrmicas vendidas a la Polic├şa y al “sector de la investigaci├│n” de la Rep├║blica Popular China. Tambi├ęn se refiri├│ a las armas peque├▒as y municiones exportadas a Filipinas en 2019 por m├ís de 8 millones de euros.

En el caso de China, el Ejecutivo asegura que “fueron evaluados los productos por los expertos del Ministerio del Interior de Espa├▒a y, debido a las caracter├şsticas de los mismos, no se detect├│ que pudieran darse desv├şos a usos no deseados”, aleg├│ el Gobierno.

Respecto a las exportaciones de armamento a Filipinas ÔÇôdonde, seg├║n denunci├│ Naciones Unidas en junio pasado, se han cometido “graves violaciones a los derechos humanospor parte de las Fuerzas de SeguridadÔÇô, el Gobierno argumenta que “cada operaci├│n a este destino es analizada detenidamente” y que se tienen en cuenta el “respeto a los Derechos Humanos”, la “situaci├│n interna” del pa├şs y el “riesgo de desv├şo” del material exportado, “adem├ís de exigir unas estrictas garant├şas de uso final”.

“Criterio de precauci├│n”

Sin embargo, el oscurantismo oficial en torno a esas autorizaciones provoca serias dudas entre los organismos de defensa de los derechos humanos. No en vano, el portavoz de AI reclam├│ que el Gobierno “prepare ya una nueva ley sobre esta cuesti├│n que recoja las normas internacionales y se adopte un criterio de precauci├│n en la autorizaci├│n de venta de este material a pa├şses en los que, como Irak, Chile, Bolivia o L├şbano, se han producido manifestaciones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en 2019 y 2020″.

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Fuente: Lahaine.org