April 13, 2022
De parte de ANRed
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El medio utilizado por Marcelo D鈥橝lessandro, actual ministro de Seguridad y Justicia del gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta, fue el del reconocimiento facial para la b煤squeda de personas pr贸fugas y fue realizado en el marco de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). Tras una investigaci贸n llevada adelante por el juez porte帽o Roberto Andr茅s Gallardo a partir de un amparo presentado por el Observatorio de Derecho Inform谩tico Argentino (ODIA), el magistrado suspendi贸 las actividades del programa y estudia si el accionar fue una acto masivo de vigilancia social. Entre las personas investigadas est谩n desde Alberto Fern谩ndez hasta referentes de organismos de derechos humanos y sociales, como Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Eduardo Belliboni, Juan Grabois, Myriam Bregman. Pero tambi茅n hay dirigentes de Cambiemos, como Elisa Carri贸 y Patricia Bullrich, adem谩s de jueces, fiscales, periodistas y empresarios. Por ANRed.


En una resoluci贸n emitida este martes 12 de abril, el juez porte帽o Roberto Andr茅s Gallardo, suspendi贸 el sistema de reconocimiento facial por su uso irregular. As铆 lo explic贸 en dicha resoluci贸n: 芦no puedo pasar por alto las circunstancias puestas en mi conocimiento relativas a la discordancia entre los registros de la Consulta Nacional de Rebeld铆as y Capturas (CoNaRC) y los datos biom茅tricos que migraron desde el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) hacia el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA芦.

芦Resulta al menos alarmante la excesiva discordancia cuantitativa que se advierte entre el listado de personas suministrado por la CoNaRC, donde est谩n registradas todas las personas declaradas en rebeld铆a, con capturas, averiguaci贸n de paradero y/o comparendos y las peticiones de datos biom茅tricos efectuadas por el GCBA. La cuesti贸n no encuentra frontera en simplemente divergencias cuantitativas. El mayor asombro encuentra lugar al repasar las personas incluidas en los listados que consignan los datos biom茅tricos extra铆dos por el Gobierno local芦, ampli贸 el juez Gallardo.

Entre las personas investigadas por Marcelo D鈥橝lessandro, ministro de Seguridad y Justicia del gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta, con la excusa de buscar pr贸fugos de la justicia, se encuentran Alberto Fern谩ndez, Cristina Fern谩ndez de Kirchner, sus hijos M谩ximo y Florencia; el hombre fuerte del Grupo Clar铆n, H茅ctor Magnetto; Estela de Carlotto, Eduardo Belliboni, Sergio Berni, el camarista Roberto Boico, los fiscales Gabriela Boqu铆n, Carlos Stornelli y Franco Picardi; Myriam Bregman, Alejandro Bulgheroni, Patricia Bullrich, Viviana Canosa, Elisa Carri贸, Eduardo Constantini, Wado de Pedro, Nicol谩s del Ca帽o, Eduardo Elsztain, Jos茅 Luis Espert, Dolores Etchevehere, Eduardo Feinmann, An铆bal Fern谩ndez, Marcos Galper铆n, Alejandra Gils Carb贸, Juan Grabois, el Jefe de la Polic铆a Federal, Juan Carlos Hern谩ndez; el oficial desaparecido de la Polic铆a de la Ciudad, Arshak Karhanyan, Axel Kicillof, Andr茅s 鈥淓l Cuervo鈥 Larroque, Ricardo L贸pez Murphy, Facundo Manes, Sergio Massa, Javier Milei, Esmeralda Mitre, Gerardo Morales, Joaqu铆n Morales Sol谩, Pablo Moyano, el asesor presidencial Juan Manuel Olmos, Hebe de Bonafini, Jorge P茅rez Companc, el presidente del BCRA Miguel Pesce, N茅stor Pitrola, Julio Piumato, Mariano Recalde, Paolo Rocca, Carlos Rosenkrantz, el empresario fabricante de vacunas contra el Covid-19 Hugo Sigman, Gustavo Sylvestre, la jueza del Tribunal Superior porte帽o In茅s Weinberg, el diputado Emiliano Yacobitti, y Ra煤l Zaffaroni, entre otras figuras.


Difundimos denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaci贸n social que interviene en el caso:

El ministerio de Seguridad de la Ciudad busc贸 informaci贸n biom茅trica de 7 millones de personas de manera ilegal

Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la b煤squeda de pr贸fugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permit铆a s贸lo abordar un universo de poco m谩s de 40.000 personas. La Justicia suspendi贸 el uso del mecanismo y orden贸 una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia. En los 煤ltimos tres a帽os, el Gobierno de la Ciudad busc贸 los datos biom茅tricos de m谩s de 7,5 millones de personas, algo que la ley no le permite.

Esa operatoria se realiz贸 en el marco de las tareas de b煤squeda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). El convenio le autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a trav茅s de c谩maras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. Pero ese universo de personas buscadas contiene un n煤mero mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres, lo que implica una extralimitaci贸n en esas tareas de identificaci贸n.

Por eso entendemos que el gobierno porte帽o debe explicar cu谩les son las razones por las cuales decidi贸 consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas. Tambi茅n reclamamos a la Justicia la suspensi贸n del mecanismo de reconocimiento facial as铆 como una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar tareas de vigilancia masiva e inteligencia. La ley de la Ciudad y la resoluci贸n que implementa el mecanismo de reconocimiento facial solo le permite al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos de quienes integran la lista de pr贸fugos (CONARC) y de aquellas personas sobre las que autoridades judiciales de la Ciudad, de la Justicia Nacional o de poderes judiciales provinciales le solicitan tareas de investigaci贸n y prevenci贸n.

El convenio con el ReNaPer, firmado en 2019 por el Gobierno nacional anterior, a cargo de Mauricio Macri, y el de la Ciudad, habilit贸 a la Polic铆a de la Ciudad el acceso a los datos biom茅tricos, como las fotos y otra clase de informaci贸n de personas buscadas. Ese material es incorporado a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 c谩maras que est谩n en Ciudad cuyas im谩genes llegan al Centro de Monitoreo Urbano que el Ministerio de Seguridad y Justicia porte帽o tiene en el barrio de Chacarita.

Entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedi贸 ampliamente lo autorizado por aquel convenio, cuya implementaci贸n nadie control贸. Obtuvo as铆 de manera ileg铆tima informaci贸n sobre los datos registrados en el ReNaPeR equivalentes a la mitad de la poblaci贸n total del AMBA. Por la cantidad de b煤squedas es imposible que puedan estar vinculadas con el registro de pr贸fugos o a requerimientos de la Justicia, ya que fueron solicitados datos de m谩s de 6.000 personas por d铆a en promedio. Por esas razones resulta urgente y necesario determinar y conocer cu谩l fue el uso y destino de los datos biom茅tricos utilizados en todas aquellas b煤squedas, y es indispensable tambi茅n una explicaci贸n de los motivos detr谩s de todo este proceso.

驴C贸mo nos enteramos? Toda esta informaci贸n surgi贸 por la investigaci贸n judicial a partir de una denuncia del Observatorio de Derecho Inform谩tico Argentina (ODIA), de la que el CELS es parte. En 2020, ODIA inici贸 una acci贸n de amparo en la que puso en discusi贸n la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la CABA. La presentaci贸n se帽alaba que ese sistema funciona con programas que realizan una comparaci贸n de caracter铆sticas biom茅tricas de dos rostros y que la mayor铆a de ellos 鈥減resentan sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia鈥. Tambi茅n consideraron que el Gobierno de la Ciudad no hab铆a realizado una evaluaci贸n de impacto del sistema sobre la privacidad de las personas.

Desde el CELS nos presentamos como parte en este proceso colectivo, y consideramos, en l铆nea con lo que hab铆a planteado ODIA, que el sistema aumenta de manera innecesaria y desproporcionada el riesgo de arbitrariedades. Y se帽alamos la debilidad y ausencia de mecanismos para controlar ese flujo de informaci贸n.

En el marco del proceso judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a cargo del amparo, Andr茅s Gallardo, dispuso algunas medidas para decidir sobre la suspensi贸n del sistema mientras contin煤a el tr谩mite del juicio. En febrero de 2022 realiz贸 una constataci贸n en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicit贸 a la CONARC el listado de personas buscadas.

Luego le solicit贸 al ReNaPeR la lista de personas, con nombre, apellido y DNI, cuyos datos biom茅tricos hayan migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad. En funci贸n de este 煤ltimo pedido, se constat贸 que la Polic铆a de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas. Esta tarde el juez Gallardo allan贸 el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porte帽o en Barracas. Adem谩s, orden贸 periciar los equipos que se utilizaron para procesar la informaci贸n proveniente del ReNaPer.

Solicitamos que el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA explique p煤blicamente por qu茅, para qu茅 y c贸mo la Polic铆a a su cargo realiz贸 b煤squedas de datos biom茅tricos de 7,5 millones de personas en los 煤ltimos tres a帽os, cuando no existe ninguna normativa o regulaci贸n que les permita hacerlo.





Fuente: Anred.org