Presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas anunció que evalúan marcha nacional hacia Lima por retrasos en el proceso judicial e insuficiente apoyo de las autoridades para el acceso a la justicia y reparación de las víctimas.

Por Wilson Chilo, corresponsal en Cusco

El Poder Judicial amplió por cuatro meses la investigación en los casos de esterilizaciones forzadas a mujeres, en su mayoría indígenas, perpetradas durante el régimen de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. Las víctimas no solo reclaman celeridad, sino también resolver las deficiencias del sistema de justicia que les impide acceder a la verdad y reparaciones.

Rute Zúñiga Cáceres, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) indicó a Wayka que están coordinando la convocatoria de una asamblea para evaluar acciones frente a las demoras en la investigación. «Ya es demasiado, están pisando nuestros derechos, nos están victimizando. Nosotras nos vamos a organizar en una marcha nacional hacia la ciudad de Lima”, informó.

La presidenta de AMPAEF también cuestionó el papel que viene cumpliendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en su compromiso de acompañamiento y búsqueda de justicia para las sobrevivientes y sus familiares. «No se abastecen, tenemos que gastar nuestro dinero para ir al Cusco, viajar dos a tres horas [para brindar nuestras declaraciones], es dificultoso para las compañeras”, comenta.

SOLO 4 ABOGADOS PARA MÁS DE MIL CASOS

Yudith Conto Cantero del área legal de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) refiere que a nivel nacional hay denuncias penales, carpetas fiscales y procesos en situación de investigación que las víctimas de esterilizaciones forzadas de comunidades alto andinas afrontan con falencias y dificultades.

La abogada indica que desde el Ministerio de Justicia solo se ha destinado para Cusco a 4 defensores que dan asistencia legal a los 1321 casos registrados en la región.

“A lo descrito hay que agregar, que las compañeras no se sienten seguras porque no conocen a su abogado. No conocen qué proceso se está haciendo, no se les da la información ni en qué etapa de investigación están y por qué se recaba su testimonio”, señala.

Según Yudith Conto, las víctimas de esterilizaciones forzadas también desconocen la fecha exacta para sus declaraciones o se les reprograma a última hora. Al respecto, menciona que se ha alcanzado una queja al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) y al Ministerio de Justicia sobre este tema.

FALTA DE ACCESO A INTERNET

A esta problemática también se suma la falta de acceso a internet y a las nuevas tecnologías de comunicación para las denunciantes. Según Conto, las víctimas afrontan dificultades para dar sus declaraciones virtuales y a movilizarse desde sus comunidades hacia la capital de la provincia en búsqueda de conexión internet.

“Esta situación les genera un gasto extra en su economía, son pasajes de ida y vuelta, cubrir su alimentación e incluso algunas tienen que quedarse a dormir en la intemperie o plaza del lugar por los escasos recursos que tienen”, indica.

Así también lo describe Rute Zúñiga sobre las dificultades que afrontan las sobrevivientes. “No tenemos internet adecuado y celulares modernos, nuestras compañeras que son campesinas, no tienen estudios superiores para que ellas puedan manejar el celular y no hay internet para que puedan declarar en sus procesos. Tienen que bajar una a dos horas desde sus comunidades hacia el pueblo para suplicar quien puede dar acceso a internet”, denuncia.

HERIDAS QUE NO CIERRAN

Doris Huayllparimachi Quehuarucho (54) pertenece a la provincia de Anta y es una de las sobrevivientes. Ella tenía 25 años cuando asistió a la posta de su provincia por un resfrío y terminó siendo esterilizada sin su consentimiento. Solo recuerda que le pusieron una bata verde y luego despertó en el Centro de Salud de Anta.

—Cuando desperté me habían cortado, no me avisaron, ni capacitaron en nada, como a animales nos han cargado a cinco mujeres más a la posta, nos han encerrado, las traían en camillas y las metían en un salón, la portera nos encerró con candado. En tiempos de Fujimori era así, nos trataron como animales—, narra.  

Su esposo la estuvo buscando y recién a las nueve de la noche la encontró sin poder caminar. Tras el reclamo de su pareja, solo atinaron a decirle «querías que tu esposa esté pariendo como chancho y cuy», cuenta.

Luego de más de veinte años, Doris junto a Rute Zúñiga reclaman que el actual gobierno de Pedro Castillo cumpla con el compromiso que anteriores gestiones no han logrado resolver: una reparación integral para las víctimas a nivel nacional.

América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”. Ligero repunte de casos: Cataluña y Andalucía registran más de mil casos en las últimas 24 horas (14/12/2020). Cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina [Video] “Dos poetas libertarios del Cusco: Ana Berta Vizcarra y René Ramírez Lévano” por Pavel Ugarte Perú: represión en Cusco y asesinato de un dirigente indígena Las listas de espera vuelven a dispararse en Galicia con demoras de más de un año en algunos hospitales (10/04/2023). 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