April 8, 2022
De parte de SAS Madrid
210 puntos de vista

Michael llegó a España el 31 de octubre de 2019, solicitando protección internacional por la lgtbifobia sufrida en su Colombia natal. Es portador de VIH y asegura que se encontró de bruces con todas las barreras que uno se encuentra cuando llega a este país. Hasta cuatro meses estuvo sin recibir tratamiento, un tiempo en el que su carga viral aumento. “Yo llegué acá con la ilusión de llegar a un país que me iba a acoger en el que iba a poder rehacer mi vida. En mi país no tenía acceso al tratamiento”. Sin embargo, esa ilusión se convirtió en una montaña de trámites. Primero: conseguir un empadronamiento. Segundo: una cita para solucionar su situación administrativa. “Me dieron la cita para el 10 de diciembre y hasta el 23 no conseguí empadronarme. Si no es por la intervención de la asociación Kif-Kif yo no hubiera conseguido atención sanitaria”.

Michael explica su caso ante un centenar de personas de diferentes colectivos concentradas frente al Ministerio de Sanidad en el Día Mundial de la Salud. Con pancartas y carteles en contra de la exclusión sanitaria, han venido a entregar un manifiesto que ha sido refrendado por más de 300 organizaciones y 1.400 profesionales sanitarios. Piden que el Gobierno ponga fin definitivamente a la exclusión sanitaria en la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Por el momento, su anteproyecto perpetúa esta situación, ya que exige una estancia mínima de 90 días en el Estado para tener derecho a asistencia sanitaria gratuita. 

“Conseguí que me atendieran a partir del 17 de enero. ¿Qué hace esto? Que comience a estar inmunodeprimido y que pueda caer en la etapa sida. Mi vida corre un riesgo. No pude tener un tratamiento adecuado a mi estado actual hasta cuatro veces después de haber llegado a España”, explica Michael. En 2012 el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomarla, pero aún no lo ha hecho al 100%. 

Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Esta norma establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. Las Comunidades Autónomas hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia. Hoy, con el nuevo anteproyecto de ley, queda fijado este requerimiento.

“Llevo dos años y medio aquí y aún no tengo tarjeta sanitaria, todavía no puedo ir a la farmacia a reclamar mi medicación”

“Todas esas trabas no solo están complicándote todo el proceso migratorio, sino que también están poniendo en riesgo tu vida. Porque, aparte del VIH, esto genera una depresión, un estado de ansiedad… Llevo dos años y medio aquí y aún no tengo tarjeta sanitaria, todavía no puedo ir a la farmacia a reclamar mi medicación”, continúa Michael, que sujeta el micrófono hoy para poner cara a las cifras que manejan las organizaciones.

Poner cara a la exclusión

Hasta 5.000 casos ha documentado la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, REDER, desde 2018, y consideran que estos son solo la punta del iceberg. Entre ellos el de Desirée Dávila, que llegó hace cuatro años desde Venezuela y acaba de reagrupar a sus dos hijas, de cinco y siete años. Las niñas no tienen acceso a la sanidad y, si alguna vez se ponen malas, ya le han dicho que en urgencias recibirá una factura. Factura que, posiblemente, no pueda costear. “Las he tratado de incluir y me han dicho que no y que tengo que esperar tres meses. Tras los tres meses tendremos que esperar la cita para que tramiten su permiso”, explica Dávila a El Salto. 

La Comunidad de Madrid, donde residen Dávila y sus hijas, ha llevado hasta el extremo el acceso condicionado a la sanidad, mediante la creación de Unidades de Tramitación que empezaban a funcionar en noviembre de 2021. Estas siete oficinas tramitan el derecho a la asistencia sanitaria de todas las personas en situación irregular y de todas las que han solicitado protección internacional. Así, estos migrantes se ven desplazados de los cauces generales hasta oficinas que están actuando como cuellos de botella. Desde el colectivo Yo Sí Sanidad Universal denuncian que algunas están dando citas para octubre.

“Necesito llevar a mis dos hijas al médico porque ya no tenemos ningún tipo de medicina y no puedo hasta que pasen este tiempo de “turista”. Están faltas de vacunas también”

“Lo cierto es que necesito llevarlas al médico porque ya no tenemos ningún tipo de medicina y no puedo hasta que pasen este tiempo de “turista”. Están faltas de vacunas también”, explica Desirée quien no entiende que, ahora mismo, a ella la puedan atender y a sus hijas no, con tan temprana edad. “Insisto: el derecho es para todo el mundo, coticemos o no coticemos. Pero más me agobia el hecho de que yo cotizo y no me las incluyan a ellas, que son mis hijas”, remarca.

Ascendentes reagrupados

Además, añaden desde los colectivos sociales en lucha, este anteproyecto mantiene a otro grupo de personas en el limbo. Este es el caso de las y los ascendientes reagrupados; personas con permiso de residencia que han sido reagrupados desde sus países de origen por sus hijos e hijas, a quienes la ley de extranjería exige un seguro privado. Personas mayores, dependientes, que sus hijos e hijas traen aquí para cuidar y no tienen acceso a la sanidad.

“En el caso de mi padre, le diagnosticaron fibrosis pulmonar idiopática y el coste de su tratamiento es de 2.500 euros mensuales. No tengo medios para pagarlo, ni recursos. Ni teniendo dos trabajos”

Así se encuentra Alejandra, parada de larga duración, quien reagrupó a sus padres, de 84 y 77 años, desde Venezuela hace dos años. Para ser atendidos les piden un seguro médico. Seguro que no cubre la medicación. “En el caso de mi padre, le diagnosticaron fibrosis pulmonar idiopática y el coste de su tratamiento es de 2.500 euros mensuales. No tengo medios para pagarlo, ni recursos. Ni teniendo dos trabajos”. Su madre sufre de trombosis y también necesita medicamentos. Calcula que entre los dos tendría que pagar 3.000 euros al mes por los medicamentos y el seguro médico. “Mi angustia sobrepasa los límites”, zanja.

“Están a punto de cumplirse diez años desde que el PP impuso la exclusión sanitaria y son muchos años. Creemos que el momento es ahora, cuando el ministerio está todavía negociando el texto de un nuevo anteproyecto de ley que intente mejorar esta situación”, explica Pablo Iglesias, portavoz de REDER y de Médicos del Mundo. Los colectivos tienen esperanzas en ello. “Lo único que sabemos es que en la cuestión de las personas reagrupadas el ministerio tiene planes de incorporarlas a la nueva legislación, no sabemos todavía en qué términos”, adelanta Iglesias.

“Creemos que es importante que se recupere la lógica previa a 2012 y que se garantice que toda persona que vive en este país, independientemente de su situación administrativa y sin exigir un tiempo mínimo de instancia, pueda acceder a la atención sanitaria en condiciones de igualdad”

“Pero, fuera de eso, no tenemos constancia en que vayan a rectificar y creemos que es importante que se recupere la lógica previa a 2012 y que se garantice que toda persona que vive en este país, independientemente de su situación administrativa y sin exigir un tiempo mínimo de instancia, pueda acceder a la atención sanitaria en condiciones de igualdad”, concluye.

Sin control del embarazo

Valentina está embarazada de seis meses. Asegura que acaba de abandonar Colombia con su pareja por el conflicto armado que se vive en el país. Llegaron en febrero a España “en busca de protección ya que nuestro país lastimosamente no nos la puede brindar”.

“Me encuentro con seis meses de embarazo y desde que llegamos de Colombia no he recibido ningún control. Me he dirigido a centros de salud y ha sido imposible porque me piden el empadronamiento de tres meses”

“Me encuentro con seis meses de embarazo y desde que llegamos de Colombia no he recibido ningún control. Tengo un embarazo avanzado y no sé cómo estará mi bebé, no sé en qué condiciones está, si estamos realmente bien. Me he dirigido a centros de salud y ha sido imposible porque me piden el empadronamiento de tres meses”, explica ante la gente concentrada en favor del retorno de una sanidad universal.

Raquel González, del colectivo Yo Sí Sanidad Universal, ve una ventana de oportunidad en este momento. “Pensamos que hay una oportunidad de volver a lo que había antes de 2012, primero por quien está en el gobierno y segundo porque ya es una ley. Desde 2012 se lleva regulando la materia con reales decretos y, en teoría, esta ley debería estar más reflexionada y consensuada”. 

Por otro lado, González habla de un consenso a nivel científico y a nivel social, plasmado con los cuantiosos apoyos recabados mediante el manifiesto, en el que firman desde sociedades médicas como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyc), además de ONG y colectivos sociales. “Conforme más tiempo pase es más difícil recuperar la situación previa a 2012”, advierte. 

“Es un derecho, no se está pidiendo nada más. Como persona migrante, como persona seropositiva, no veo el cambio entre Latinoamérica y España en este sentido. Siento que esto tiene que acabar y tiene que acabar ya. No solamente por mí, sino por todas las personas que vienen detrás, con familias, con hijos, con enfermedades terminales que vienen buscando una alternativa y una posibilidad de sobrevivir, de revivir aquí”, concluye Michael, mientras una fuerte ovación eleva sus demandas hasta las ventanas del ministerio, alguna de ellas abierta.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (07/04/2022).




Fuente: Sasmadrid.org