April 11, 2022
De parte de Avispa Midia
2,300 puntos de vista

La discriminaci贸n, racismo y exclusi贸n que sufren los pueblos originarios en Am茅rica Latina por un contexto pol铆tico y social 鈥榗onvulso鈥, violan los derechos y propician victimizaci贸n individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.

El estudio 鈥溌ues es tortura!鈥, promovido y coordinado por la Organizaci贸n Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Ind铆genas y Tortura en Am茅rica Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, M茅xico y Nicaragua. 

En los 煤ltimos a帽os se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia poblaci贸n ind铆gena en pro de la implementaci贸n de megaproyectos de desarrollo tur铆stico, hidroel茅ctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales. 

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La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparici贸n forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detenci贸n arbitraria y la violencia sexual con base en el g茅nero, para mencionar algunas.

鈥淓fectivamente, con este informe se ha podido demostrar c贸mo la tortura tiene un impacto m谩s all谩 de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el 谩mbito pol铆tico-organizativo de los pueblos y comunidades鈥.

Este estudio se enfoc贸 en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como 鈥渃aldo de cultivo鈥 que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, pol铆ticas y econ贸micas a trav茅s de la militarizaci贸n, el endurecimiento de las pol铆ticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos ind铆genas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo hist贸rico y la usurpaci贸n de sus territorios ancestrales.

En Am茅rica Latina habitan 58,2 millones de personas ind铆genas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la poblaci贸n total, seg煤n la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018. 

Por ello, analizaron el contexto de los siete pa铆ses donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalizaci贸n, la estigmatizaci贸n y las amenazas contra los l铆deres y las lideresas ind铆genas; en el contexto de detenci贸n o c谩rcel y a trav茅s de actos de violencia sexual y con base al g茅nero, en especial en contra de las mujeres ind铆genas. 

Una anciana ind铆gena Ach铆. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

Despojo 

El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y se帽alan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables. 

鈥淓n estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protecci贸n conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios ind铆genas sin consulta previa, primando los intereses econ贸micos y comerciales鈥. 

Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidaci贸n y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisi贸n, espiritualidad y reproducci贸n social y cultural.

Las mujeres tambi茅n se enfrentan a altos 铆ndices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efect煤an en el contexto de la detenci贸n a trav茅s de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.

A esto se le suma la represi贸n estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en Am茅rica Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente. 

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El caso de la criminalizaci贸n, estigmatizaci贸n y detenci贸n de defensores de derechos humanos ind铆genas se repite en todos los pa铆ses de la regi贸n latinoamericana. La investigaci贸n registr贸 el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecuci贸n laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura f铆sica y psicol贸gica mientras est谩n privados de libertad. 

鈥淟a c谩rcel se presenta como un entorno torturante que, en s铆 misma, afecta de manera espec铆fica a las personas ind铆genas, no solo por las deficientes condiciones de detenci贸n, pero tambi茅n por la falta de consideraci贸n de los elementos espec铆ficos que respeten al m谩ximo posible sus tradiciones y cosmovisi贸n en el marco de la privaci贸n de libertad鈥. 

Discriminaci贸n

La regi贸n cuenta con una gran diversidad ling眉铆stica y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugu茅s, franc茅s e ingl茅s) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o m谩s pa铆ses. Al mismo tiempo, es la regi贸n con mayores desigualdades en el mundo, seg煤n CEPAL. 

Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos 铆ndices de discriminaci贸n por razones de g茅nero, etnia, lengua y clase que dificultan m谩s el acceso a la justicia. 

鈥淟a clasificaci贸n social en 鈥榬azas鈥, algunas de ellas 鈥榮uperiores鈥 a otras鈥, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidaci贸n de los Estados-naci贸n con el prop贸sito de imponerse pol铆ticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios鈥.

En Am茅rica Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, pol铆ticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibici贸n absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos ind铆genas.

Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos ind铆genas. La investigaci贸n del Grupo de Trabajo y Frayba se帽ala que en Guatemala se forj贸 un modelo que racializ贸 al sujeto 鈥渋ndio鈥, despoj谩ndolo de su condici贸n de sujeto de derecho, el cual deb铆a ser 鈥渃ivilizado o civilizada鈥 para su integraci贸n a la sociedad en general y para ser considerado 鈥渃iudadano鈥 o 鈥渃iudadana鈥. 

Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso hist贸rico de construcci贸n del Estado se caracteriz贸 por la dominaci贸n de la minor铆a mestiza-criolla y la exclusi贸n de los ind铆genas del aparato estatal. 

A pesar de que la Constituci贸n de 1991 reconoci贸 los derechos colectivos de los pueblos ind铆genas como fundamentales en Colombia, no existe una transformaci贸n real de las precarias condiciones de vida de los pueblos ind铆genas, como tampoco la superaci贸n de la desigualdad. 

Mientras, en Nicaragua, los pueblos ind铆genas del Pac铆fico, el centro y el norte resisten los procesos de dominaci贸n y de asimilaci贸n cultural forzada, impuestos desde la colonizaci贸n espa帽ola por el Estado nacional, y que tienen como com煤n denominador su invisibilizaci贸n, la negaci贸n de sus identidades, tradiciones e historia.

En el caso de las poblaciones ind铆genas y afrodescendientes de la Costa Caribe 鈥揷uya extensi贸n constituye la mitad del territorio nacional nicarag眉ense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonizaci贸n interna.

En M茅xico se repite el mismo patr贸n con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos ind铆genas, particularmente en lo relativo a la autonom铆a y libre determinaci贸n, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminaci贸n estructural que existe desde la 茅poca colonial. 

En este contexto, la tortura en la c谩rcel, por ejemplo, 鈥渟e caracterizan por la fabricaci贸n de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a trav茅s de tortura, aprovech谩ndose de la marginaci贸n, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas ind铆genas detenidas鈥. 

鈥淓l racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a trav茅s de sus diversos sistemas econ贸micos, pol铆ticos, sociales y jur铆dicos y ha tra铆do consigo la marginaci贸n, exclusi贸n e invisibilizaci贸n pol铆tica y social de los pueblos originarios鈥. 

Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetizaci贸n de la poblaci贸n entre 15 y 24 a帽os de edad es del 98,2%, un 8% de la poblaci贸n total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento a煤n no es universal: el 7% de la poblaci贸n no tiene acceso al agua potable (m谩s de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.

Protesta en Brasilia contra proyectos legislativos que vulneran el reconocimiento de las tierras ind铆genas. Foto:APIB

Leyes

En general, los derechos de las personas ind铆genas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.

En M茅xico, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarizaci贸n juega un papel fundamental; y ha sido una de las problem谩ticas que ha desatado mayor preocupaci贸n en derechos humanos. 

鈥淯na guerra directa entre c谩rteles de la droga y el gobierno federal ha tra铆do consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia鈥. 

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Por ello, organismos internacionales, como el Comit茅 contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupaci贸n de la seguridad p煤blica recaiga en las autoridades militares. 

Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las pol铆ticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consider贸 como un problema de soberan铆a nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalizaci贸n contra el ejercicio de los derechos culturales. 

El informe tiene registro de la creaci贸n de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos. 

El pueblo Mapuche en Chile tambi茅n enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisi贸n preventiva a varios de sus l铆deres y lideresas. 

En este tenor son comunes la falsificaci贸n y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.

En Colombia, la poblaci贸n ha vivido un largo conflicto armado que data de la d茅cada de los a帽os 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y econ贸mica. 

A esto se le agrega la din谩mica del paramilitarismo que, aunado al narcotr谩fico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.

El caso nicarag眉ense tiene antecedentes de d茅cadas de abuso y discriminaci贸n, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democr谩tica y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en 谩reas rurales contra campesinos e ind铆genas por parte el Ej茅rcito. 

Mientras, los pueblos ind铆genas en Guatemala han pasado por 茅pocas hist贸ricas que han marcado su existencia, condici贸n y situaci贸n de desarrollo social, econ贸mico y pol铆tico. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y cr铆menes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales. 

鈥淎 ello se a帽adieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado鈥.

Protecci贸n 

La falta de investigaci贸n, juzgamiento y sanci贸n a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan da帽os inmateriales, morales o psicol贸gicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.

Las recomendaciones de la investigaci贸n justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevenci贸n y erradicaci贸n de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos ind铆genas.

El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones espec铆ficas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en espec铆fico al Comit茅 contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT). 

En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los est谩ndares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminaci贸n como uno de los prop贸sitos b谩sicos de la definici贸n de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representaci贸n de j贸venes, mujeres y hombres. 

Las organizaciones solicitan una elaboraci贸n de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos ind铆genas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevenci贸n, protecci贸n y reparaci贸n por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.

Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formaci贸n de personas ind铆genas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.

El estudio de 120 p谩ginas documenta que la tortura contra los pueblos ind铆genas ha sido una pr谩ctica generalizada en Am茅rica Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales). 

鈥淟os pueblos ind铆genas la perciben como una forma de exterminio y extinci贸n de sus pueblos. De tal manera, los pueblos ind铆genas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto pol铆tico y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que act煤an intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos ind铆genas鈥.




Fuente: Avispa.org