January 4, 2023
De parte de SAS Madrid
655 puntos de vista

La desinformaci贸n medi谩tica y la propaganda pol铆tica alertan sobre un problema inexistente. Hay 180 veces m谩s posibilidades de ser desahuciado que de encontrarte con alguien dentro de tu casa.

Ocho proposiciones de ley, ocho proposiciones no de ley y dos mociones. Esas son las cifras de la presencia del fen贸meno de la okupaci贸n en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura. En todos los casos, excepto en uno (una proposici贸n no de ley presentada por el PSOE), con las derechas y la ultraderecha como protagonistas. De sus filas han salido tambi茅n decenas de preguntas relativas a este fen贸meno, como esta que hizo Teodoro Garc铆a Egea el 29 de enero de 2021: 鈥溌縇e preocupa al vicepresidente segundo el bienestar de alg煤n espa帽ol que no sea un okupa?鈥.

Esta abultada presencia de la okupaci贸n en la actividad parlamentaria ha quedado perfectamente reflejada en las grandes cabeceras, televisiones y emisoras nacionales, intensificada adem谩s con el goteo constante de declaraciones de figuras pol铆ticas como Isabel D铆az Ayuso, Pablo Casado o Santiago Abascal. As铆, como demuestra este art铆culo de La Marea, en Antena 3 se ha llegado a dedicar espacio informativo a la okupaci贸n todos los d铆as de una semana, exceptuando el domingo.

El resultado de todo ello se puede observar en el bar贸metro del CIS del pasado mes de octubre, en el que la okupaci贸n de viviendas aparece como uno de los principales problemas del pa铆s seg煤n la propia ciudadan铆a. Al tratarse de una pregunta abierta, su mera menci贸n ya sugiere una relevancia notoria, pero la realidad es que se encuentra a la altura de la 鈥渧iolencia de g茅nero鈥 o 鈥渓a falta de confianza en los/las pol铆ticos/as y las instituciones鈥, ambas situadas, como la okupaci贸n, entre las 40 primeras respuestas, repetidas por un 1% de los encuestados y las encuestadas.

Parece dif铆cil huir de la idea de que el movimiento okupa est谩 poniendo en peligro el acceso a la vivienda, pero un simple vistazo a la realidad demuestra que los datos no justifican la omnipresencia pol铆tica y medi谩tica de esta alarma social, que tantos beneficios genera al sector de la seguridad, sobre todo si se compara con su ant铆tesis: los desahucios.

Seg煤n datos del CGPJ, en 2021, 41.359 familias fueron desahuciadas en Espa帽a. Durante ese mismo a帽o, el INE recogi贸 un total de 230 delitos de allanamiento, que es el tipo legal en el que encajan la gran mayor铆a de los bulos enarbolados desde las televisiones m谩s vistas y las emisoras de radio m谩s escuchadas del pa铆s. 230 allanamientos de morada frente a 41.359 expulsiones por impagos. O lo que es lo mismo, hay 180 veces m谩s posibilidades de ser desahuciado que de salir a comprar el pan y encontrarte con alguien dentro de tu casa. Adem谩s, y pese a la insistencia medi谩tica en confundir allanamiento y okupaci贸n, se trata de dos actividades muy diferentes.

Desde sus inicios, el movimiento okupa ha tenido como objetivo 鈥減ropiedades vac铆as de bancos鈥, en las que se entraba para provocar 鈥渦na situaci贸n de reclamo de alquiler social鈥 que recuperase el derecho fundamental a una vivienda digna para aquellas familias vulnerables a las que se hab铆a negado el acceso a un techo. Lo cuenta Paco Morote, portavoz de la PAH, en conversaci贸n con CTXT: 鈥淟o llam谩bamos nuestra 鈥榦bra social鈥欌. Por lo tanto, el delito al que mejor se ajustan las acciones de los y las okupas es el de usurpaci贸n. Seg煤n el C贸digo Penal, la usurpaci贸n se comete cuando alguien ocupa sin autorizaci贸n 鈥渦n inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada鈥. Es decir, casas vac铆as de forma permanente. Ni el hogar de una se帽ora que ha ido a comprar el pan ni la segunda residencia vacacional de una familia de clase media. Eso, sencillamente, no es okupaci贸n.

Adem谩s, si ocurriese algo parecido, el desalojo ser铆a inmediato. De hecho, al tratarse de un delito penal de tipo flagrante 鈥渘i siquiera har谩 falta un desalojo, porque la detenci贸n del allanador provocar谩 que recuperes el inmueble. De forma inmediata鈥, aclara el magistrado Diego 脕lvarez.

En cuanto a la supuesta desprotecci贸n de los propietarios y las propietarias ante un caso de okupaci贸n real 鈥搑ecordemos: siempre que se emplee ese t茅rmino ser谩 en referencia a una usurpaci贸n de un inmueble deshabitado鈥, tanto Paco Morote como Carlos Castillo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, afirman a CTXT que existen herramientas legales suficientes para asegurar que ning煤n particular vea, indefenso, c贸mo su propiedad le es arrebatada. La opini贸n de ambos se suma a la de muchos profesionales de la judicatura, como Joaquim Bosch o el ya mencionado Diego 脕lvarez.

Es el propio Castillo quien abre el sendero para entender por qu茅 en algunos casos la okupaci贸n se alarga en el tiempo e incluso termina por permitir que los okupas consigan quedarse a vivir ah铆. 鈥淪igue habiendo viviendas okupadas porque los tribunales deben ponderar, por mandato europeo y de nuestra propia Constituci贸n, los intereses que entran en juego en un caso de usurpaci贸n: el inter茅s de un banco en volver a dejar una vivienda vac铆a durante a帽os contra el inter茅s de una familia con menores de tener un hogar en el que desarrollar sus vidas鈥, explica el abogado. Y, de nuevo, insiste en la existencia de instrumentos legales para evitar que la okupaci贸n se alargue en el tiempo cuando, en lugar de un gran propietario, la casa es de una familia que vive all铆: 鈥淓n un caso como el que suele salir en las noticias, de una familia vulnerable a la que le okupan la vivienda, no hay que ponderar nada y esa gente se va a la calle en el momento鈥.

Otras corrientes desinformadoras apuntan a una supuesta permisividad del Gobierno de coalici贸n, que estar铆a conspirando para convertir Espa帽a en un pa铆s en el que cualquier persona puede entrar en tu casa y dejarte en la calle. No obstante, la l铆nea de acci贸n del Ejecutivo es bien diferente, y qued贸 patente en el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, una moratoria de los desahucios que entr贸 en vigor para reducir el impacto de la pandemia de la covid-19. En 茅l, se insta a la judicatura a tener en cuenta, incluso en una coyuntura de emergencia sanitaria y econ贸mica, las circunstancias de quien okupa solo en los casos de viviendas de grandes tenedores; por el contrario, si es una casa de un particular, aunque est茅 en desuso, se puede decretar el desalojo de forma directa.

En definitiva, tanto los datos oficiales como la tendencia legisladora ponen en evidencia que, en una mayor铆a aplastante de los casos, los delitos de usurpaci贸n no perjudican a ning煤n peque帽o propietario.

Ni delincuentes ni vividores: familias vulnerables expulsadas del derecho a una vivienda digna

鈥淟o que hay que dejar bien claro es que la okupaci贸n no es el problema, sino el s铆ntoma. El problema son las condiciones de acceso a la vivienda鈥. La frase se repite en varias ocasiones durante la conversaci贸n telef贸nica con Paco Morote, que parece cansado de tener que luchar constantemente contra las mentiras de los medios de comunicaci贸n.

Espa帽a cuenta con uno de los parques de vivienda p煤blica m谩s pobres de toda la Uni贸n Europea. Mientras que la media continental de pisos sociales est谩 en el 9,3%, en nuestro pa铆s ese porcentaje cae hasta un raqu铆tico 2,5% sobre el total de casas habitadas.

Para entender el impacto de estas cifras en la vida real de la ciudadan铆a, este informe de la Fundaci贸n 鈥榣a Caixa鈥: solo el 68% de los j贸venes entre 30 y 34 a帽os pueden emanciparse en el Estado espa帽ol; en Francia, con casi un 17% de vivienda social, este n煤mero asciende hasta el 96%.

Adem谩s, existe un sesgo de clase que reviste de odio al pobre (aporofobia) la campa帽a de criminalizaci贸n de la okupaci贸n: casi el 80% de las familias pertenecientes al quintil de menos ingresos debe realizar un sobreesfuerzo econ贸mico para pagar el alquiler. El dato es demoledor. Ocho de cada diez hogares en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica no pueden hacer frente a los gastos residenciales con la holgura que deber铆an.

Una vez expuesta la precaria situaci贸n del sector inmobiliario en Espa帽a, un estudio llevado a cabo por Obra Social Barcelona sirve como colof贸n para desmontar el estigma sobre el movimiento okupa. Con 626 hogares encuestados y 39 entrevistas realizadas a lo largo y ancho de Catalunya, la investigaci贸n ofrece una imagen n铆tida de las caracter铆sticas promedio de las personas que okupan.

Una amplia mayor铆a de ellas (75%) aseguran que su okupaci贸n se debe a no poder acceder a una vivienda o haber sufrido un desahucio, y de hecho el 80% de los encuestados busc贸 otra opci贸n habitacional antes de okupar. De ellos, seis de cada diez solicitaron, sin 茅xito, el acceso a una vivienda social. Si Espa帽a contase con un parque de vivienda p煤blica ya no abundante, sino m铆nimamente equiparable a la media europea, una proporci贸n muy elevada de estas usurpaciones no habr铆an tenido lugar.

Con respecto al perfil personal, en m谩s de la mitad de los casos se trata de familias con menores. Y, del segmento de edad con mayor representaci贸n (36-45 a帽os), un 72% se encuentra a cargo de personas en situaci贸n de dependencia.

La instrumentalizaci贸n del miedo a la okupaci贸n como herramienta xen贸foba cae por su propio peso al comprobar que el 73% de los encuestados cuenta con pasaporte espa帽ol. Y por si el mantra de la inmigraci贸n irregular quisiera hacer acto de presencia aqu铆, otro dato: seis de cada diez migrantes sin papeles (solo conforman un 3% de las respuestas) afirman vivir tambi茅n con personas dependientes. Es decir, en la mayor铆a de los casos, tener un hogar supone una cuesti贸n de vida o muerte.

Por 煤ltimo, y solo para confirmar lo que ya adelantaron tanto Paco Morote como Carlos Castillo, m谩s de cuatro de cada cinco viviendas okupadas en Catalunya (82%) pertenecen a grandes propietarios 鈥揺ntidades financieras, filiales inmobiliarias de entidades financieras, fondos de inversi贸n, entidades como la Sareb y personas jur铆dicas titulares de una superficie habitable de m谩s de 1.250m2鈥. Entre estas okupaciones destacan las de pisos propiedad de bancos, que representan 7 de cada 10.

Demostrada la falsedad de la alarma social, y de la monstruizaci贸n de lo que, en realidad, son familias desesperadas por encontrar un techo, cuesta entender tanta insistencia medi谩tica y pol铆tica. Al menos, hasta que se observa desde la perspectiva que sugiere el abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid: se trata de un 鈥渁rtefacto ideol贸gico鈥 perfectamente 煤til para las ultraderechas y las derechas, porque en 茅l encajan muy bien sus principales enemigos, 鈥渆l colectivo LGTBI, las personas racializadas, las clases bajas y el activismo de todo tipo鈥.

La burbuja de las alarmas

La batalla ideol贸gica se mezcla, adem谩s, con los intereses econ贸micos del sector de la seguridad en el hogar, que disfruta de una burbuja inmensa que ha colocado a Espa帽a como primer Estado de la Uni贸n Europea y cuarto del mundo en n煤mero de alarmas. Este negocio mueve alrededor de 2.000 millones de euros en nuestro pa铆s, y su crecimiento anual alcanz贸 el 12,3% en 2021. Han surgido incluso grupos con evidentes tendencias neonazis que utilizan la violencia para sacar r茅dito del p谩nico social sembrado.

A pesar de que muchos de los ataques se dirijan directamente contra la actividad gubernamental del PSOE, el partido predominante de la coalici贸n no solo se muestra impasible, sino que lleva meses boicoteando la Ley por el Derecho a la Vivienda, una medida firmada en el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos al inicio de la legislatura y cuya aprobaci贸n ha sido exigida por Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en la en茅sima amonestaci贸n a Espa帽a por el estado del derecho a la vivienda.

En su lugar, lo que se ha hecho desde el grupo parlamentario socialista es registrar, sin consulta previa a su socio de gobierno, una reforma de la LECrim para permitir los desalojos expr茅s tambi茅n en usurpaciones, ci帽茅ndose con una precisi贸n sorprendente al discurso de las ultraderechas. Adem谩s, seg煤n Carlos Castillo, 鈥渓a propuesta del PSOE es una barbaridad a nivel jur铆dico, no tiene pies ni cabeza鈥.

En este art铆culo, Roger Tudas Vilardell busc贸 una explicaci贸n a todo esto, y se pregunt贸 si el motivo es que reducir los beneficios de los arrendadores afectar铆a directamente a las personas encargadas de aprobar esta legislaci贸n. Los resultados hablan por s铆 solos. Mientras que solo el 5,4% de la poblaci贸n posee viviendas en alquiler, esta cifra asciende hasta el 33,3% entre los diputados de Ciudadanos, al 30,8% en Vox, al 22,7% en el PP y al 17,5% en el PSOE, lo que triplica la proporci贸n de la ciudadan铆a general. Unidas Podemos tambi茅n supera la media, aunque m谩s ligeramente, con un 9,1%. 

Fondos buitre y exministros socialistas. La presi贸n que no cesa

Detr谩s de toda esta deriva neoliberal hay una presi贸n incesante del lobby de la vivienda, encabezado por ASVAL, que representa los intereses de fondos buitre como Blackstone y cuenta con fuertes conexiones con el partido de Pedro S谩nchez. Esta asociaci贸n est谩 presidida por Joan Clos, exministro socialista y exalcalde de Barcelona. Teniendo a esta figura en cuenta, se entienden mejor las denuncias de Ada Colau que apuntaban a 鈥減resiones del sector inmobiliario鈥 (por cercan铆a geogr谩fica y por su condici贸n de activista de la vivienda, es una voz a tener en cuenta).

De hecho, El Confidencial afirm贸 que la elecci贸n de Raquel S谩nchez como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acercaba al PSC la toma de decisiones en el sector de la vivienda, lo que hace que Clos tenga 鈥渕ejor entrada que nunca鈥 a la hora de conseguir reformas m谩s favorables al lobby de especuladores que dirige.

Lo que tenemos por delante

En un contexto tan favorable, y con la colaboraci贸n manifiesta del centroizquierda, la guerra cultural solo puede seguir hacia adelante. Adem谩s, la crisis econ贸mica y energ茅tica amenazan con empujar a la pobreza a sectores enormes de la poblaci贸n. As铆 las cosas, el objetivo es ensanchar a煤n m谩s los m谩rgenes de la criminalizaci贸n y seguir alineando la opini贸n p煤blica con los intereses de los grandes propietarios.

Carlos Castillo advierte sobre el caballo de batalla utilizado para este prop贸sito. 鈥淟a 煤ltima deriva que est谩 habiendo, y que tiene mucho que ver con ASVAL y este tipo de lobbies, es hablar de 鈥榠nquiokupaci贸n鈥. Esto es, equiparar a un okupa con un inquilino que te deja de pagar la renta. El objetivo de este discurso es confundir a las personas precarizadas que no pueden asumir subidas del alquiler o que no pueden pagar el alquiler durante x meses con la figura ya completamente denostada y criminalizada del okupa. O dar un paso m谩s e intentar generar todo lo contrario a lo que pide la ONU, es decir, establecer una legislaci贸n que permita a los propietarios desalojar de forma r谩pida y sin garant铆as a los inquilinos鈥, cuenta antes de rematar: 鈥淪i empezamos a generar la idea de que un 鈥榠nquiokupa鈥 es aquella persona que te deja de pagar el alquiler y que merece el desalojo inmediato, yo ma帽ana le puedo subir a mi inquilino 500鈧 de alquiler y, si no los acepta, la jurisdicci贸n me va a permitir mandarle a la calle y poner la vivienda en alquiler de nuevo o dejarla vac铆a a la espera de un mejor ciclo econ贸mico鈥.

AUTOR: Diego Delgado

Enlace relacionado Ctxt.es 02/01/2023.




Fuente: Sasmadrid.org