David Vázquez / por Causa
La Industria del Control Migratorio (ICM) es un conglomerado de empresas que hace negocio con las políticas migratorias y se financia por completo con dinero público. En España, una de sus grandes beneficiarias es Clece, filial de ACS, empresa presidida por Florentino Pérez y con un repertorio de productos y servicios diversificado. ACS entra de lleno en dos de los negocios más lucrativos de la ICM: los perímetros fronterizos, el sector que genera más gasto público, y la detención y expulsión de migrantes, en el que la empresa provee servicios de seguridad y gestión. Entre 2014 y 2019, el gobierno de España adjudicó a Clece más de 5,5 millones de euros por los servicios de alimentación, limpieza y vigilancia interna de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, según se extrae de los más de 1.700 contratos públicos del ámbito migratorio analizados por la Fundación por Causa.
Ni Clece ni el Ministerio del Interior, principal responsable de estos centros, responden para aclarar cuántos contratos públicos para control migratorio fueron adjudicados a esta empresa en total. A esta falta de transparencia se suma el veto del Gobierno al acceso de los periodistas a estos centros de detención de migrantes, que han sido objeto de múltiples denuncias por malos tratos, hacinamiento e insalubridad.
Clece tuvo unos ingresos 1.504 millones de euros en 2018 y tiene su mira puesta sobre todo en Portugal y Reino Unido, donde su negocio creció por encima del 15% ese año, según sus últimas cuentas de resultados. Sus principales intereses están hoy lejos de Ceuta y Melilla, aunque estos durante años fueron lo suficientemente poderosos como para que la empresa ingresara dinero regularmente por trabajar en los CETI, lugares cuyas condiciones de vida han denunciado instituciones como el Defensor del Pueblo o el Consejo de Europa en reiteradas ocasiones.
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Fuente: Grupotortuga.com
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