May 23, 2021
De parte de Indymedia Argentina
228 puntos de vista

A trav茅s de un proyecto de ley, una legisladora nacional solicit贸 levantar los secretos impuestos en los archivos del Estado con el fin de proceder a la investigaci贸n para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos que sufrieran los pueblos originarios.

08/05/2021

鈥淟as violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios no han sido investigadas debidamente y contin煤an impunes, entre otras causas, por el secreto impuesto por el mismo Estado para acceder a los documentos que impide cualquier investigaci贸n seria que pueda derivar en el debido esclarecimiento de los hechos o, con m谩s raz贸n, en la reparaci贸n de las v铆ctimas o sus familiares鈥, fundamenta la diputada nacional, Mabel Luisa Caparr贸s (FdT), para pedir la desclasificaci贸n de toda la documentaci贸n sobre hechos de violencia de la Rep煤blica Argentina contra pueblos ind铆genas desde 1870.

El Fuerte Federaci贸n en la Provincia de Buenos Aires fue fundado el 27 de diciembre de 1827 por el comandante Bernardino Escribano, en la l铆nea de frontera trazada por el gobierno para proteger el territorio de los ataques de los ind铆genas y fue el origen de la actual ciudad de Jun铆n.

Sin embargo, 鈥渟i la historia la escriben los que ganan鈥︹ -como dice el trovador- es probable que pueda conocerse en el futuro que fue verdaderamente lo que pas贸 en el fort铆n local y quienes fueron en realidad los hombres detr谩s de los nombres que llevan muchas calles de la ciudad, algo que hasta ahora permanece en secreto.

El proyecto de Ley de Caparr贸s pide la desclasificaci贸n y que se quite el car谩cter de reservado y/o secreto sobre la totalidad de los archivos y de la documentaci贸n vinculada con el accionar de las fuerzas armadas y las fuerzas federales de seguridad contra los pueblos originarios dentro del actual territorio nacional, desde 1870 hasta la actualidad.

Y adem谩s solicita 鈥渁 los archivos nacionales, archivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a adoptar medidas para facilitar a los integrantes de los pueblos originarios y a sus organizaciones representativas, el acceso a la informaci贸n que requieran鈥.

FUNDAMENTOS

En los fundamentos del proyecto, la legisladora hace menci贸n a una iniciativa parlamentaria presentada por la actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI), Dra. Mar铆a Odarda, en 2019, donde refer铆a que 鈥渁 150 a帽os de la mal denominada 鈥楥onquista del desierto鈥, y algunos menos de las matanzas del 鈥楪ran Chaco鈥, no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal informaci贸n y documentaci贸n argumentando el car谩cter de 鈥楽ecreto de Estado鈥 o cualquier otra clasificaci贸n de seguridad que impida el conocimiento de la historia que involucra a nuestros pueblos originarios, cercenando de este modo el derecho de la sociedad toda a conocer su propio pasado鈥.

Para Caparr贸s 鈥渦no de los temas a煤n pendientes de inclusi贸n en la agenda p煤blica, es la carencia de respuestas en relaci贸n a las violaciones a los derechos humanos fundamentales de las que han sido v铆ctimas los pueblos originarios, generadas desde el propio accionar estatal鈥.

鈥淓s obligaci贸n del Estado Nacional, levantar el velo sobre los archivos de las Fuerzas involucradas, perpetrados bajo discursos justificatorios que hoy resultan jur铆dicamente insostenibles, moralmente repudiables y 茅ticamente inaceptables鈥, puntualiza la diputada.

Menciona entre otros antecedentes el Art铆culo 2 del Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), suscripto y ratificado por nuestro pa铆s en el a帽o 2000, donde se expresa que: 鈥淟os gobiernos deber谩n asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participaci贸n de los pueblos interesados, una acci贸n coordinada y sistem谩tica con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad鈥︹.

El Art铆culo 12 establece que: 鈥淟os pueblos interesados deber谩n tener protecci贸n contra la violaci贸n de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos鈥.

En sentido concordante, la Declaraci贸n Universal de los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, votada favorablemente por nuestro pa铆s en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas durante el a帽o 2007, revela en su Art铆culo 7 que: 鈥淟as personas ind铆genas tienen derecho a la vida, la integridad f铆sica y mental, la libertad y la seguridad de la persona. Los pueblos ind铆genas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no ser谩n sometidos a ning煤n acto de genocidio ni a ning煤n otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de ni帽os del grupo a otro grupo鈥.

Caparr贸s, que es representante del distrito de Tierra del Fuego e Islas, en el Congreso, destaca en su presentaci贸n la jerarqu铆a constitucional a la Convenci贸n para la Sanci贸n y Prevenci贸n del Genocidio, donde se establece que: 鈥淟as partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar鈥 (Art铆culo 1), aclarando que: 鈥淪e entiende por genocidio cualquiera de los actos, perpetrados con la intenci贸n de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 茅tnico, racial o religioso, como la matanza de miembros del grupo o la lesi贸n grave a la integridad f铆sica o mental de los miembros del grupo鈥.

Un antecedente muy cercano al presente proyecto es el Decreto Nacional 4/10, a trav茅s del cual se orden贸 la desclasificaci贸n de todos los archivos de las Fuerzas Armadas comprendidos en el per铆odo de 1976 a 1983. Entre sus considerandos, el citado decreto argumentaba que: 鈥淢antener clasificaciones de seguridad [鈥 relativas al accionar de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado resulta contrario a la pol铆tica de memoria, verdad y justicia que el Estado argentino viene adoptando desde el a帽o 2003鈥.

Puntualizaba, en ese caso, que 鈥渓a informaci贸n y/o documentaci贸n clasificada con car谩cter no p煤blico no estuvo destinada a la protecci贸n de intereses leg铆timos propios de un Estado democr谩tico, sino que, por el contrario, sirvi贸 como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto鈥.

El principal objeto de la desclasificaci贸n consiste, precisamente, en 鈥渄esburocratizar鈥 el avance de las causas judiciales en curso o a ser propuestas, dado que hasta ahora los jueces se han visto obligados a solicitar el dictado de un decreto presidencial con el mero fin de acceder a los documentos, para reci茅n as铆 poder usarlos como pruebas. La presente propuesta pretende eliminar dicha instancia, permitiendo a los jueces que puedan usar y disponer de los referidos archivos sin los engorrosos procedimientos que requiere la desclasificaci贸n.

Finalmente, la legisladora considera que 鈥渓a desclasificaci贸n de los archivos arrojar谩 luz respecto de los diferentes procedimientos en que intervinieran las diferentes fuerzas en los operativos relacionados con la represi贸n a nuestros pueblos originarios. Nos proponemos brindar una herramienta efectiva que abra las puertas de los archivos hacia los familiares y descendientes de las v铆ctimas de cr铆menes de lesa humanidad pertenecientes a pueblos ind铆genas, quienes indiscutiblemente guardan un inter茅s leg铆timo por acceder a ellos鈥.

Fuente: https://semanariodejunin.com.ar/nota/18280/genocidio-indigena-se-sabra-alguna-vez-lo-que-paso-en-la-region/




Fuente: Argentina.indymedia.org