October 15, 2021
De parte de Avispa Midia
213 puntos de vista


Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a trav茅s  de la Polic铆a Nacional y las Fuerzas Militares, 鈥渆s similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y t茅cnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno鈥, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 pa铆ses quienes conformaron La Misi贸n de Observaci贸n Internacional por Garant铆as a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misi贸n SOS Colombia).

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Apegados en art铆culo 37 de la Constituci贸n Pol铆tica de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participaci贸n ciudadana inici贸 un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que contin煤an hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioecon贸mica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

鈥淒esde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del pa铆s. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas鈥, document贸 en su Informe la Misi贸n SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iv谩n Duque, mandatario de este pa铆s, ha sido desde la doctrina militar, destacando el 鈥渁ctuar de la Polic铆a Nacional y las Fuerzas Militares como instituci贸n, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una pol铆tica definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas鈥, a ellos se sumaron, 鈥減aramilitares y personas civiles armadas鈥, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misi贸n se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicaci贸n alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistem谩tica del Estado colombiano ha recurrido al 鈥渉omicidio selectivo de las v铆ctimas, quienes regularmente eran personas j贸venes que estaban participando activamente en las marchas鈥, as铆 mismo, 鈥渓a desaparici贸n forzada fue una pr谩ctica sistem谩tica鈥 contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares tambi茅n recurrieron a la 鈥渢ortura sexual contra las mujeres y la poblaci贸n LGTBIQA+; esta situaci贸n obedece a un patr贸n mis贸geno y patriarcal que se emple贸 para causar terror en las personas manifestantes鈥, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma 鈥渓a utilizaci贸n de armamento, municiones no permitidas, as铆 como la manipulaci贸n de municiones para causar un da帽o e impacto mayor sobre la salud y la vida鈥, destaca este informe.

De acuerdo con la informaci贸n obtenida por la misi贸n, Colombia ocupa el segundo lugar en Am茅rica Latina, con mayor n煤mero de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, s贸lo superado por Brasil. Adem谩s, 195 mil efectivos de la Polic铆a Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado 鈥淧lan Colombia鈥, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. 鈥淭ras Estados Unidos, es el segundo pa铆s del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar鈥, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misi贸n exigi贸 a los Estados Unidos, y a cualquier pa铆s que brinda armamento militar o material antidisturbios, 鈥 la suspensi贸n de ventas comerciales o donaciones de tal armamento鈥. Tambi茅n a la Uni贸n Europea, 鈥渟e le exige la suspensi贸n de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del C贸digo de conducta de la UE en materia de exportaci贸n de armas鈥.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misi贸n, destaca que se abstengan a 鈥渁utorizar inversiones destinadas a la fuerza p煤blica en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democr谩tica鈥.

El saldo

Las y los integrantes de la misi贸n recibieron m谩s de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas v铆ctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron m谩s de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destac贸 que Colombia, por segundo a帽o consecutivo, es el pa铆s con mayor n煤mero de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta b谩sica, intervenci贸n y financiaci贸n estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producci贸n nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matr铆cula cero en la educaci贸n superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan tambi茅n reivindicaciones como la implementaci贸n del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de l铆deres y lideresas ind铆genas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misi贸n tambi茅n lanz贸 una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de se帽alamiento, persecuci贸n, amenazas, criminalizaci贸n y ataques contra manifestantes, l铆deres/as de las protestas.

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Tambi茅n que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protecci贸n adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, adem谩s, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a trav茅s del cual, el Gobierno Nacional imparti贸 medidas represivas para el restablecimiento del orden p煤blico.

Nueva jornada

El Comit茅 Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilizaci贸n ciudadana en todo el pa铆s para el pr贸ximo mi茅rcoles 20 de octubre.




Fuente: Avispa.org