February 25, 2021
De parte de Portal Libertario OACA
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La propuesta de reforma de la ley auton贸mica de salud p煤blica de Galicia, la ley 8/2008 del 10 de julio, que est谩 en tr谩mite por v铆a de urgencia en el parlamento gallego, supondr谩 un antes y un despu茅s en caso de ser finalmente aprobada. Su entrada en vigor habilitar谩 a la Xunta para que pueda restringir e incluso suspender derechos y libertades fundamentales recogidos en la constituci贸n espa帽ola sin necesidad de una emergencia sanitaria, as铆 como tampoco de un estado de alarma, de excepci贸n o de sitio. A continuaci贸n exponemos las principales consecuencias de esta ley.

En el plano econ贸mico las medidas preventivas que esta ley contempla afectan a restricciones como la suspensi贸n del ejercicio de actividades o el cierre de empresas o de sus instalaciones, adem谩s de la incautaci贸n o inmovilizaci贸n de productos. Entre estas medidas tambi茅n est谩n las limitaciones de aforo y de los horarios de apertura o cierre de establecimientos, a lo que cabe a帽adir otro tipo de regulaciones acerca de c贸mo deben desarrollarse las relaciones en el 谩mbito laboral as铆 como de cara al p煤blico (distancia social, el uso de mascarilla, otras medidas, etc.). No es definido el criterio en funci贸n del que se tomar铆an estas decisiones m谩s all谩 de la existencia de indicios o simples sospechas. Se trata de una vulneraci贸n del derecho de propiedad, del derecho al trabajo y a la libre empresa recogidos en los art铆culos 33, 35 y 38 de la constituci贸n. Tambi茅n rompe con el principio de seguridad jur铆dica del art铆culo 9 de la constituci贸n, algo que, dicho sea de paso, es la t贸nica general en este texto legislativo.

Asimismo, la ley habilita a las autoridades auton贸micas para imponer la obligaci贸n de suministrar datos personales para la identificaci贸n de las personas o asistentes a actividades y eventos de naturaleza social, lo que afecta a todas las reuniones entre personas en todos los 谩mbitos debido a la falta de concreci贸n de la propia norma. Esto incluir铆a encuentros entre familiares, amigos, vecinos, compa帽eros de trabajo, amantes, etc. Juntamente con esto la ley hace una menci贸n expresa a los establecimientos abiertos al p煤blico, y consecuentemente los servicios que pueda prestar una empresa, tal y como podr铆a ocurrir en el caso de bodas, comidas, cenas, fiestas, banquetes, etc., as铆 como comercios de todo tipo, lo cual exigir铆a la identificaci贸n de todos los asistentes con la recogida de sus datos personales y de contacto. Sin embargo, no son definidos los mecanismos que ser铆an utilizados para gestionar y almacenar la informaci贸n recabada, y asegurar que no recibiese ning煤n uso diferente al establecido por la propia ley. Adem谩s, tal y como estipula la ley, la administraci贸n auton贸mica podr谩 ordenar a los ciudadanos la prestaci贸n de servicios personales sin ning煤n tipo de contraprestaci贸n, as铆 como reservarse cualquier otra medida que considere oportuna y que no es especificada.

En el 谩mbito sanitario la ley habilita a la Xunta para imponer medidas de car谩cter preventivo que impliquen el reconocimiento, tratamiento, hospitalizaci贸n o control de las personas a partir de meras sospechas. No es concretado ni determinado qui茅n y c贸mo se hace una evaluaci贸n de los posibles riesgos para la salud p煤blica que habiliten la aplicaci贸n de las medidas contempladas. Estas medidas incluyen el control de personas enfermas con su aislamiento en su domicilio, internamiento en centro hospitalario, o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin. Esto 煤ltimo, el internamiento forzoso, abre la puerta a la creaci贸n de centros de internamiento que perfectamente podr铆an desembocar en la aparici贸n de campos de concentraci贸n. Se trata de una disposici贸n que viola el derecho a la libertad personal recogido en el art铆culo 17 de la constituci贸n, adem谩s del derecho a la tutela judicial efectiva del art铆culo 24. Seg煤n las leyes en vigor en el Estado espa帽ol nadie puede ser encerrado contra su voluntad sin haber cometido delito alguno. Cabe a帽adir que estas disposiciones significan la restricci贸n de la libertad de residencia y de circulaci贸n recogida en el art铆culo 19 de la constituci贸n.

Juntamente con este tipo de medidas la ley contempla la posibilidad de someter a las personas enfermas al tratamiento que las autoridades consideren adecuado en contra de la voluntad del paciente, lo que implica el uso de la fuerza f铆sica o de medios qu铆micos para ejecutar este tipo de medidas. Estas disposiciones son una violaci贸n de la autonom铆a del paciente recogida en la ley 41/2002 del 14 de noviembre, as铆 como en el convenio internacional de biomedicina de Oviedo de 1997 y en la declaraci贸n de Par铆s de 2005 sobre biomedicina y experimentaci贸n asumida por la UNESCO. Todo esto se complementa con otras medidas coercitivas que incluyen el control de quienes est茅n o hayan estado en contacto con personas enfermas, lo que puede conllevar cuarentenas en su domicilio o en otro lugar adecuado para tal fin. El criterio utilizado en estos casos es el de la mera sospecha.

En general, la reforma planteada por el PP implica una permanente vulneraci贸n de la autonom铆a del paciente. Un ejemplo m谩s de esto es su sometimiento a observaci贸n o a medidas de vigilancia de su estado de salud, as铆 como al examen m茅dico o a pruebas diagn贸sticas tanto en casos de personas que puedan presentar s铆ntomas compatibles con la enfermedad transmisible de la que se trate, como de personas de las que existan indicios por los que puedan suponer, a juicio de las autoridades, un riesgo de transmisi贸n de la enfermedad. En ning煤n caso se concreta con claridad el criterio que conducir谩n las intervenciones m茅dico-sanitarias. Tampoco hay una definici贸n y clarificaci贸n de lo que se entiende por riesgo inminente y extraordinario, lo que dota a las autoridades de un elevado grado de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones, y por tanto facilita la arbitrariedad. Tampoco es definido un criterio claro acerca de c贸mo diferenciar a las personas enfermas de las personas sanas, ni mucho menos las pruebas o procedimientos en funci贸n de los que establecer dicha distinci贸n. Asimismo, la posibilidad de imponer medidas profil谩cticas, como tratamientos o la vacunaci贸n obligatoria, son contempladas en esta ley, lo que, una vez m谩s, supone una flagrante vulneraci贸n de la autonom铆a del paciente y de los principios 茅ticos que definen los c贸digos deontol贸gicos de la medicina. Con todo esto se violan las leyes y convenios internacionales antes citados.

La mencionada reforma contempla la posibilidad de establecer controles a escala masiva sobre zonas geogr谩ficas concretas mediante el establecimiento de la limitaci贸n o restricci贸n de la circulaci贸n y movilidad de las personas en aquellas 谩reas consideradas zonas afectadas que, a juicio de las autoridades, requieran medidas sanitarias de control. Esto tambi茅n incluye lugares o espacios concretos dentro de dichas 谩reas, adem谩s del establecimiento de toques de queda a trav茅s de restricciones horarias a la circulaci贸n, lo que constituye una vulneraci贸n del art铆culo 19 de la constituci贸n. Adem谩s, estas medidas tambi茅n incluyen los cierres perimetrales y la restricci贸n, e incluso suspensi贸n, del derecho de reuni贸n recogido en el art铆culo 21 de la constituci贸n. De esta forma la ley permite restringir las reuniones tanto en espacios p煤blicos como privados entre personas no convivientes. La ley no especifica con claridad el criterio para establecer este tipo de medidas como tampoco es especificada su temporalidad, raz贸n por la que podr铆an convertirse en medidas permanentes.

En otro lugar la reforma contempla el uso de nuevas tecnolog铆as para el control de la poblaci贸n. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la creaci贸n y desarrollo de sistemas de informaci贸n y aplicaciones para dispositivos m贸viles para disponer de datos con los que rastrear a las personas a trav茅s de la identificaci贸n de contactos. Entre estas medidas tambi茅n est谩 la monitorizaci贸n de los movimientos de los usuarios de estas aplicaciones gracias a la geolocalizaci贸n, adem谩s de la identificaci贸n de personas que sean consideradas un riesgo para la salud p煤blica. La ley no establece en ning煤n caso los mecanismos mediante los que ser铆a tratada y almacenada la informaci贸n recabada, lo que atenta contra el derecho a la intimidad de las personas recogido en el art铆culo 18 de la constituci贸n.

Para implementar esta ley se contemplan tres medidas fundamentales. La primera de ellas es la posibilidad de someter a un mando 煤nico a todos los funcionarios de las diferentes administraciones, incluidas las polic铆as, que adoptar铆an as铆 la condici贸n de autoridad sanitaria para la ejecuci贸n de las disposiciones que recoge la ley. Cabe apuntar que algo as铆 habilitar铆a a funcionarios que nada tienen que ver con el 谩mbito sanitario para tomar decisiones muy graves sobre los derechos y libertades fundamentales.

La segunda es un r茅gimen sancionador que establece multas que ascienden hasta los 600.000 euros para aquellas personas que incumplan las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias contempladas en esta ley. Estas sanciones se dividen en tres categor铆as (leves, graves y muy graves), pero en ning煤n caso es establecido un criterio claro que diferencie el grado de gravedad de las infracciones. En cualquier caso la propia ley manifiesta una clara y evidente naturaleza represiva al ser objeto de castigo el ejercicio de derechos fundamentales recogidos en la constituci贸n. Huelga decir que la palabra sanci贸n aparece en 79 ocasiones en este texto legal.

Y la tercera es la supresi贸n del procedimiento administrativo. Con ella queda eliminada la tramitaci贸n de expediente, lo que elimina la audiencia ante un juez y, por tanto, el derecho a la defensa. De esta manera el juez se limita a ratificar las medidas de la administraci贸n, y se regresa as铆 a una situaci贸n semejante a la que exist铆a durante el franquismo con las sanciones de plano, que consist铆an en multas que la administraci贸n impon铆a sin expediente previo y sin audiencia. En este caso con el agravante de que la supresi贸n del procedimiento administrativo no s贸lo afecta al proceso sancionador sino tambi茅n a la suspensi贸n de derechos y libertades fundamentales.

La ley no s贸lo restringe sino que suspende los derechos fundamentales y las libertades p煤blicas. Sin embargo, la restricci贸n o suspensi贸n de estos derechos y libertades son competencia del gobierno central junto al Congreso seg煤n los casos dispuestos por la propia constituci贸n. Estos son, a efectos de suspensi贸n, los estados de excepci贸n y de sitio (art. 55 CE), y, a efectos de restricci贸n, los estados de alarma (art. 116 CE y la ley org谩nica 4/1981 del 1 de junio). Los derechos y libertades que esta ley suspende, o restringe significativamente, de forma ordinaria y sin ninguna limitaci贸n temporal, son la libertad personal (art. 17 CE), la libertad de culto e ideol贸gica al restringir el derecho de reuni贸n (art. 16 CE), el derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (art. 18 CE), la libertad de residencia y circulaci贸n (art. 19 CE), el derecho de reuni贸n (art. 21 CE), el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), el derecho a la propiedad (art. 33 CE), el derecho al trabajo (art. 35 CE) y la libertad de empresa (art. 38 CE). Esto significa que la Xunta asumir铆a unos poderes que no le corresponden, lo que en la pr谩ctica es un golpe de Estado.

Adem谩s de lo antes expuesto la ley produce gran inseguridad jur铆dica al basar en meras sospechas la mayor铆a de las medidas que contempla. Tampoco define un criterio claro para la aplicaci贸n de estas medidas, y brinda as铆 a las autoridades un elevado nivel de discrecionalidad en la toma de decisiones, lo que conllevar铆a, asimismo, la implantaci贸n de la arbitrariedad como norma general en el trato de las autoridades con la poblaci贸n. A esto hay que a帽adir la indeterminaci贸n de muchas medidas que son contempladas, e igualmente la indefinici贸n de conceptos que son utilizados para adoptar estas medidas como son los de riesgo y urgencia, y que se prestan a una valoraci贸n subjetiva. Esta ley abre as铆 la puerta al establecimiento de un r茅gimen de terror en el que toda la poblaci贸n estar铆a a merced de unas autoridades provistas de poderes extraordinarios que podr铆an utilizar discrecionalmente y sin restricci贸n alguna, y cuya 煤nica limitaci贸n ser铆an los medios materiales y organizativos de los que dispusiesen. En nombre de la salud p煤blica son suspendidos de forma permanente los derechos y libertades fundamentales, lo que no s贸lo contraviene el ordenamiento constitucional sino tambi茅n cualquier principio del derecho natural.

A tenor de todo lo hasta ahora expuesto la mencionada ley puede ser considerada con toda justicia una declaraci贸n de guerra contra la sociedad, contra sus derechos y contra sus libertades, lo que exige una respuesta popular firme y contundente contra las instituciones que impulsan esta iniciativa, as铆 como contra sus responsables pol铆ticos. Una respuesta que exige la m谩xima vehemencia y determinaci贸n en todos los 谩mbitos, y muy especialmente contra quienes traten de aplicarla si finalmente es aprobada y entra en vigor.

(NOTA: este art铆culo fue publicado el 19 de febrero de 2021. El 23-F de este mismo a帽o 2021 esta propuesta de reforma fue aprobada en el parlamento de Galicia. Es el momento de que la sociedad gallega se ponga en pie y luche contra este atropello sin precedentes)

Esteban Vidal

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Fuente: Portaloaca.com