Con la confusión en Myanmar, los reportajes de la prensa se han centrado en el contexto inmediato de la disputa electoral.

[1][2]
Mientras caía la noche en Yangon esta semana, en la ciudad resonaba
el
eco de los vecinos golpeando cazuelas y sartenes y los
conductores haciendo sonar sus cláxones: ruidos para alejar a los
malos espíritus. En Mandalay, los trabajadores sanitarios se unieron
en formación, con sus caras con máscaras iluminadas por los flashes
de los teléfonos. Cantaron el himno del levantamiento de 1988, Kabar
Makyay Bu, su título una promesa de una lucha sin fin contra el
régimen militar: «no estaremos satisfechos hasta el fin del mundo».
Mientras crecían las noticias de arrestos esta semana, los
activistas y líderes estudiantiles hacían llamamientos a tomar las
calles. Los militares se movilizaron cerrando Facebook –un medio
clave de comunicación en Myanmar– mientras algunos amigos seguían
haciendo circular mensajes sobre protestas, manifestaciones y otras
formas de resistencia. Un amigo consiguió hacerme llegar esto:
«resistiremos tanto como podamos».

Al
principio las noticias llegaron con lentitud, disminuyendo, para
luego acelerarse con rapidez: el lunes por la mañana, los militares
de Myanmar daban un golpe de estado. En una serie de redadas a
primera hora de la mañana, los militares detuvieron a la líder
civil de facto
de Myanmar, Aung San Suu Kyi, las figuras más destacadas de su
gabinete y su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), y un
número creciente de artistas y activistas que no forman parte del
gobierno o del LND. Varias horas más tarde, los militares usaron su
red de televisión para declarar un estado de emergencia de un año
durante el cual gobernaría el general Min Aung Hlaing –el
comandante en jefe del ejército–. El golpe se produjo horas antes
de que el nuevo parlamento elegido del país se reuniese por primera
vez tras las elecciones de noviembre de 2020, que la LND había
ganado aplastantemente.

Las
especulaciones sobre un golpe habían crecido antes de desvanecerse.
Durante meses, el partido político apoyado por el ejército, el
Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (PUSD), había planteado
dudas sobre las recientes elecciones, alegando unos 90.000 casos de
fraude electoral relacionados con las listas de votos y los
documentos identificativos de los votantes. Los partidos políticos
que representan a los principales grupos étnicos min0ritarios
también plantearon objeciones. Antes de las votaciones, la Comisión
Electoral de la Unión (CEU) canceló las elecciones en partes de la
región de Bago, así como en los estados de Kachin, Kayin, Mon, Shan
y Rakhine –todas ellas áreas de minorías étnicas en las que,
según la CEU, el conflicto armado impedía unas elecciones libres y
justas–. El 26 de enero, un portavoz del ejército llegó a avisar
de un posible golpe si las alegaciones sobre las elecciones no eran
atendidas. Dos días más tarde, la CEU rechazó las alegaciones del
ejército. La ONU y varias embajadas occidentales expresaron entonces
su preocupación, tras lo que pareció que el ejército retiraba su
amenaza, prometiendo defender la constitución de 2008 y «actuar
conforme a la ley». El respiro fue leve. A primera hora del lunes,
mientras el golpe seguía adelante, se cortaban los servicios de
teléfono e internet, las tiendas echaban el cerrojo, cerraban bancos
y aeropuertos y algunos periodistas se escondían.

Amigos
y familia describen una atmósfera tensa: preñada de posibilidades,
pero también amenazante. Tal como amenazó un general anterior en
1988, «El ejército no tiene tradición de disparar al aire. El
ejército dispara a matar» (Y mataron a miles
en esa ocasión). Un familiar, con el que hablé esta semana tras
repetidos intentos desde Tailandia, me dijo que no querían hablar
demasiado –solo que al haber cerrado algunas tiendas, estaban
preocupados por si pudiese ser difícil comprar comida–. Un amigo
implicado en actividades políticas me dijo que estaba en fuga, pero
seguro. Algunos de nuestros amigos han sido arrestados, me
explicaron. Otros han pasado a la clandestinidad a medida que el
círculo de gente detenida se extiende en la sociedad civil y las
artes. «Es un sentimiento muy doloroso», me dijeron. Los
trabajadores sanitarios muy pronto dieron un paso adelante. En las
primeras horas tras el golpe, empleados de hospitales de todo el país
hicieron llamamientos a la desobediencia civil masiva, que ellos
empezaron con una
serie de paros laborales. El grupo de Facebook del Movimiento
de Desobediencia Civil consiguió cien mil miembros poco después
de su lanzamiento, antes de que el ejército cerrase Facebook. Aún
así, las expectactivas de agitación en los próximos días son
altas.

Llegaron
declaraciones de solidaridad desde Tailandia. El Movimiento
Progresista, un grupo prominente en las recientes protestas en
Tailandia, hizo pública una declaración
condenando los golpes como una “plaga” en Tailandia y Myanmar.
Hacían un llamamiento a un futuro en el que «el poder pertenezca
realmente al pueblo». El Sindicato de Estudiantes de Ciencias
Políticas de la Universidad de Chulalongkorn también publicó una
declaración
haciendo un llamamiento a un inmediato regreso a un gobierno civil en
Myanmar. En el norte de Tailandia, se pudieron ver en los medios
sociales pancartas
con eslóganes de protesta escritos en birmano: «La dictadura debe
morir, larga vida al pueblo». En el noreste de Tailandia, activistas
por la democracia fueron más directos con su campaña #SaveMyanmar,
quemando
una efigie de Min Aung Hlaing en las calles. Myanmar también fue
invitada
formalmente (de forma irónica) a la muy elogiosa #MilkTeaAlliance,
que une informalmente a jóvenes activistas en Hong Kong y Tailandia.

En
los campos rohingya en Bangladesh, la situación es menos clara.[3]
Algunos rohingya creen básicamente que Aung San Suu Kyi ha recibido
lo que se merece: como una cobarde que traicionó
a los rohingya cuando más lo necesitaban. Otros son más generosos.
El poeta rohingya Mayyu Ali hizo
un llamamiento
a la solidaridad contra el ejército, recordando las luchas de 1988.

Con
la confusión en Myanmar, los reportajes de la prensa se han centrado
en el contexto inmediato de la disputa electoral. Los primeros
análisis sugerían
poco más que que los militares, insultados y alarmados por su
resultado electoral, estaban reafirmando su poder de la única forma
que saben. Buena parte del debate –demasiada– ha apuntado a la
presunta racionalidad
o irracionalidad de los movimientos de Min Aung Hlaing,
especulando sobre sus maquinaciones secretas y orgullo electoral
herido. Desgraciadamente, esta conjetura psicologista es muy típica
de los presupuestos de los observadores liberales, que utilizan un
modo de análisis individual, de arriba a abajo, mirando a palacio, y
excluyendo los factores estructurales.

Cuatro
líneas de análisis podrían sugerir un enfoque más productivo.

Primera,
el golpe se puede decir que es una sorpresa. Desde una cierta
perspectiva, el ejército no necesitaba dar un golpe. Ya tiene un
poder político y económico considerable, a pesar de haber permitido
que tomase forma un gobierno formalmente civil en 2011 tras décadas
de gobierno militar directo. En la dispensa posterior a 2011, el
ejército se reservó una cuarta parte de los asientos en el
parlamento, lo suficiente para frenar cualquier enmienda a la
constitución de 2008, que se escribió fundamentalmente para
proteger su posición. Tres ministros clave siguieron bajo exclusivo
control militar, incluido incluso el principal cuerpo administrativo
del país hasta que fue nominalmente colocado bajo control civil a
finales de 2018.
Y lo que quizá sea más importante: la estatura económica del
ejército ha crecido sustancialmente desde principios de los 90,
cuando un cambio dirigido hacia una economía de mercado hizo que
generales, sus compinches, y compañías poseídas por los militares
empezasen a tener posiciones cada vez más fuertes en el sector
privado.

He
defendido
(con Stephen Campbell) que esta dispensa se puede entender mejor no
como una democratización, sino como una diarquía civil-militar en
la que se mezcla liberalismo y autoritarismo. En 2015, de manera
crucial, los generales dependían menos del control político formal
para ejercer el poder una vez habían apuntalado su estatura
económica. De ahí su disposición a aceptar –incluso promover–
un mínimo de democracia liberal, que enriqueció aún más a los
generales cuando las compañías occidentales estuvieron más
dispuestas a invertir. Argumentos más generales sugieren que un
pacto
de élites en evolución, o bloque
hegemónico, uniendo a la LND y al ejército se ha demostrado
mutuamente beneficioso, sobre todo económicamente.

En
la medida en que estas afirmaciones explican la retirada cualificada
del ejército del poder político formal, deben ahora ser
reexaminadas. No está en juego necesariamente una repentina
autonomía de lo político, como si el ejército se aferrase al poder
político aislado de su fuerza económica. Pero la relación precisa
entre la política y la economía es posible que deba ser reevaluada.
De manera notable, los generales reclaman ahora poder político desde
una posición de dominio económico. Al mismo tiempo, la economía de
Myanmar está en declive desde hace varios años. Se pueden encontrar
cifras de fuerte crecimiento económico tras el periodo posterior a
2011 y hasta aproximadamente 2017, cuando la crisis de los rohingya y
el resurgimiento de los conflictos en los estados de Kachin y Shan
ayudaron a producir un marcado declive económico. Como señalaba un
informe
de 2019: “Los turistas occidentales que hacen grandes gastos se
mantuvieron alejados en bloque, preocupados por los abusos de
derechos humanos. El papeleo burocrático estaba atascando los
negocios y la inversión, y el país sigue siendo una pesadilla
logística […]. Está claro que la Liga Nacional por la Democracia
de Aung Suu Kyi estaba crónicamente mal preparada para el gobierno y
ha fracasado estrepitósamente en el control de la economía.”

De
ahí una posibilidad: el bloque hegemónico posterior a 2011 en su
momento fue capaz de enriquecer tanto a las élites civiles como
militares, pero con una racionalidad económica cada vez menor, la
lógica mutua del pacto ya no se mantenía. Sería difícil elevar
este factor por encima de los demás –al menos en este punto–
pero podría ser fácilmente uno de los factores, y uno importante,
que hizo más precario el acuerdo en su momento simbiótico. La idea
central no tiene por qué ser controvertida: la dispensa posterior a
2011 fue simplemente histórica.[4] Cuando cambiaron las condiciones
materiales, también lo hicieron las relaciones de fuerza que las
nutrían.

Una
segunda línea de análisis es que si el golpe provoca alguna
sorpresa dado el gran poder que ya tenían los militares, es también
poco sorprendente precisamente por esa misma razón: ya estaba claro
que, en última instancia, es el ejército el que manda. El golpe
simplemente codifica, ya que las afianza, las relaciones de poder
existentes. Esta posición podría ser la más obvia desde la
perspectiva de las zonas fronterizas de Myanmar, donde grupos étnicos
minoritarios han estado sometidos a brutales campañas de
contrainsurgencia durante décadas. Como dice
Saw Kwe Htoo Win, vicepresidente de la Unión Nacional Karen, «No
importa si el ejército escenifica un golpe o no, el poder ya está
en sus manos. Para nosotros, las nacionalidades étnicas, ya sea que
la LND esté en el poder o que los militares tomen el poder, nosotros
seguimos sin formar parte de ello. Nuestros pueblos son los que
seguirán sufriendo de este chauvinismo».

Esta
perspectiva tiene otro ángulo. El supuesto relevo entre apertura
política y apertura económica –el tema favorito de los think-tank
transicionistas– ya no parece tan claro. Por el contrario, vemos
una transición capitalista de décadas entretejida con una variedad
de formas políticas, de la dictadura a la diarquía y de nuevo a la
dictadura. Incluso una breve vistazo a los vecinos de Myanmar –China,
Tailandia, Singapur– subraya la realidad de que el capitalismo
difícilmente garantiza la democratización.

Vemos
aquí una cierta configuración del poder burgués. Tanto en Myanmar
como en la Gran China, por ejemplo, un aparato de estado centralizado
–el ejército por un lado, una burocracia de partido-estado por
otro– ha gobernado una tensa relación con diferentes fracciones de
la burguesía, algunas de las cuales son políticamente liberales y
más conectadas con el capital occidental. ¿Qué significa romper
esta alineamiento? En Myanmar, el ejército ya no tendrá el mismo
acceso al capital occidental. De todas formas, la larga transición
capitalista de Myanmar estuvo siempre alimentada mucho más por
capital del este y el sudeste de Asia, desde su intermitente sector
de la confección a sus crecientes agroindustrias y formas mayores de
extracción de recursos (en concreto petróleo y gas, específicamente
las reservas de gas offshore
que ahora fluyen a Tailandia –y los oleoductos-gasoductos duales
que van a Yunnan, China–). Así, de muchas maneras diferentes, las
condiciones centrales para la acumulación de capital siguen en
marcha, aunque la burguesía liberal del país se enfrente a una
mayor exclusión de sus despojos. La agricultura de semisubsistencia
seguirá erosionando vastas áreas rurales de Myanmar y las tierras
montañosas fronterizas mientra el trabajo precario de bajos salarios
se extiende en los centros urbanos.[5]

Pero
incluso las perspectivas de inversión china no están del todo
claras, aunque presumiblemente estarán sujetas a menos
interrupciones que los más endebles proyectos occidentales. Por un
lado, la respuesta muda del gobierno chino al golpe –tomando nota
de una “remodelación
del gabinete“– refleja una tendencia continuada a considerar
la agitación política como una cuestión de asuntos internos. La
inversión china fue siempre considerable durante los años de la
dictadura militar de Myanmar. Desde el lado chino, no hay razón para
esperar ninguna duda seria a comprometerse con la nueva dictadura
militar. Por otro lado, el gobierno de la LND había conseguido
desarrollar relaciones muy fuertes con China, y el ejército de
Myanmar había visto desde hacía mucho a China como alguien que
apoyaba la insurgencia en las fronteras con China de Myanmar, desde
los más de cuarenta años de rebelión del Partido Comunista de
Birmania a los grupos armados que surgieron a su estela. Hay alguna
posibilidad (aunque ligera) de que la supuesta dependencia de
facto de los
militares de China ya no esté enteramente garantizada.
Independientemente, China ya ha invertido con fuerza en diversos
grandes proyectos de infraestructura, desde la presa de Myitsone en
el norte de Myanmar –que China puede presionar a los militares para
que se reaunde– al Corredor Económico China-Myanmar en el oeste de
Myanmar, parte de la Iniciativa del Cinturón y la Carretera (BRI por
sus siglas en inglés, Belt and Road Innitiative). Presumiblemente,
el gobierno chino intentará impulsar estos proyectos
independientemente del liderazgo político en Myanmar. Esta relación
solo se vería amenazada si el ejército de Myanmar se moviese para
cortar lazos con China (muy improbable), más que al contrario.

La
tercera línea de análisis ya ha salido: el punto de vista desde las
fronteras. La discusión sobre las alegaciones de fraude de las
elecciones por parte del ejército –vistas ampliamente como algo
sin base– han eclipsado en gran manera que la CEU simplemente
canceló las elecciones en muchas áreas con minorías étnicas. El
problema es la relación de las tierras de frontera con el conflicto,
el capital y las transformaciones políticas en las últimas décadas.
Desde los 90, el capitalismo de frontera en amplias áreas
fronterizas de Myanmar –inversión en minería, madera y
agroindustrias como las plantaciones de aceite de palma,
principalmente de capitalistas tailandeses, chinos y de las tierras
bajas de Myanmar– ha
incorporado a élites económicas y políticas de las minorías
étnicas a la transición capitalista de Myanmar, acabando en
gran manera con la amenaza existencial al estado de Myanmar de grupos
armados étnicos. Se puede argumentar que esta fue la dinámica
decisiva que hizo posible las reformas políticas y económicas del
periodo posterior a 2011.

¿Es
posible que, con tanto foco sobre la disputa electoral del ejército,
se cierna un desmoronamiento más amplio de la trayectoria política
y económica de Myanmar? Si la incorporación de las tierras
fronterizas étnicas mediante el capitalismo de frontera terminó en
última instancia con las amenazas existenciales al estado de
Myanmar, entonces el desapoderamiento en estas tierras fronterizas
–una ruptura con esa dinámica de incorporación– sugiere un
potencial cierre de un ciclo histórico que apuntaló la posibilidad
misma de un estado mediante una larga transición capitalista.
Mientras avanzaba el golpe, aparecieron reportajes sobre choques
militares en los estados de Shan
y Kayin,
en el este de Myanmar –señalando un posible retorno a un conflicto
abierto–. Por otra parte, dejando de lado la cancelación de las
elecciones, sería un error sobreestimar el grado con el que las
minorías étnicas, a parte de sus élites políticas y económicas,
se han sentido empoderadas en primer lugar. Además, la extracción
de recursos y la agroindustria en las tierras fronterizas –ejes del
capitalismo de frontera– hacen frente a pocas amenazas en el
contexto del golpe, al estar más conectadas con fracciones militares
que con fracciones de la burguesía liberal de la clase dirigente de
Myanmar. La dinámica inclusiva que dirigen parece que va a
continuar.

Cuarta,
hay que añadir que Aung San Suu Kyi parece haber fracasado,
decisivamente, en su intento de construir y mantener relaciones con
el ejército. Como es bien sabido, Suu Kyi se presentó
en la Corte Internacional de Justicia en La Haya para defender a
Myanmar de los cargos de genocidio cometidos por el ejército contra
los rohingyas de Myanmar. Observadores externos vieron su aparición
como un movimiento oportuno –aunque cínico– para defender al
ejército de la condena internacional y así ganar el favor de los
generales. Su objetivo, en última instancia, era construir
relaciones lo suficientemente fuertes con el ejército como para que
su partido pudiese obligar a aceptar enmiendas a la constitución de
2008 que sacasen más completamente al ejército de la política
formal. En cambio, se encuentra una vez más prisionera de los
militares.

Las
razones de su fracaso serán debatidas
ad nauseam. Las
discusiones hasta la fecha sugieren de manera superficial que el
ejército simplemente se sintió celoso de su continuada popularidad
y éxito electoral. Se dice que ella “los
superó“, por ejemplo, en los medios sociales cuando hubo que
dar voz al sentimiento anti-rohingya. Hacen falta análisis más
sofisticados. Provisionalmente, sin embargo, cabe destacar que la
fascinación por las relaciones civil-militares (léase: relaciones
Suu Kyu-Min Aung Hlaing) abstraídas de fuerzas políticas y
económicas mayores, a menudo se reduce a la vieja observación de
palacio que reduce la política a la personalidad, la estructura a la
contingencia individual. Lo importante no es que los líderes no
importen, sino simplemente que incluso cuando líderes hacen
historia, no es bajo condiciones que ellos mismos escojan. La era de
psicoanalizar las intrigas de palacio se ha terminado. Llega la era
de la resistencia. Y no estaremos satisfechos hasta el fin del mundo.

Notas

[1]
Véanse también artículos anteriores de Soe Lin Aung para el blog
de Chuang: “Notes
on a Factory Uprising in Yangon” y “Three
Theses on the Crisis in Rakhine.” Su artículo en formato largo
sobre la historia moderna de Myanmar en relación con el capitalismo,
el “socialismo”, China y el horizonte cambiante del comunismo
aparecerá en el número 3 de la revista
Chuang.

[2]
Véase el próximo artículo de Elliot Prasse-Freeman y Tani Sebro en
Georgetown Journal
of International Affairs,
“The View of the Coup from the Camp.”

[3]
Una formulación que debo a Ko Leik Pya.

[4]
Un conjunto de fenómenos sobre los que me extenderé con más
detalle en mi historia más larga de la transición capitalista de
Myanmar en el tercer número de la revista Chuang.

Fuente:
https://chuangcn.org/2021/02/until-the-end-of-the-world-notes-on-a-coup/

Traducción de Carlos Valmaseda para: http://espai-marx.net/?p=9089