Rebelión
– 16/01/2021
Traducido
para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Introducción
de los editores
Mientras
las facciones de la élite política estadounidense se enfrentan a
los últimos días de la presidencia Trump, es inevitable sentir que
aflora una sonrisa de ironía. Desde la intromisión en los procesos
electorales –ya sea mediante el soborno legalizado (léase
lobbying), la inhabilitación y el pucherazo en casa– hasta la
interferencia letal en el exterior, incluyendo operaciones violentas
de cambio de régimen, guerras y otros ataques abiertos y encubiertos
en tierras extranjeras, la élite estadounidense, la clase
capitalista bajo los estandartes Republicano y Demócrata participa
regularmente en actividades similares y a menudo más nefastas.
Mientras
los soldados que combaten en primera línea suelen verse atormentados
durante años por los horrores que han presenciado en las
interminables guerras dirigidas por el gobierno de EEUU –por no
mencionar a los cientos de miles que han sido mutilados o perdieron
la vida– la élite política estadounidense no se distingue por
sufrir trastorno de estrés postraumático, tal vez porque se siente
demasiado lejos del escenario bélico. Los acontecimientos del 6 de
enero en Washington (el asalto al Capitolio) han dejado a las
facciones con el gusto de su propia medicina.
A
pesar de ello, el presidente electo Joe Biden no parece sentirse
afligido por ninguna de las decisiones que tomó en el pasado y, más
bien, suele alardear de algunas que causaron enormes sufrimientos. En
esta serie exclusiva de artículos que repasan las posturas de Biden
en política exterior, su autor, Kuzmarov, se centra en algunos de
los esqueletos del armario político de Biden.
Cuando
Biden se presentó por primera vez para el Senado, en 1972, se
presentó como una paloma contraria a la guerra de Vietnam y llegó a
apoyar una proposición de ley para prohibir todas las operaciones
encubiertas. Sin embargo luego se dejó llevar por los vientos
políticos de la época y se transformó en un halcón
neoconservador. Tras evitar su reclutamiento por causas médicas, se
burló de los manifestantes contra la guerra de Vietnam de la
Universidad de Syracusa y posteriormente declaró al Comité de
Inteligencia del Senado en 1976 que “no se hacía ilusiones
respecto a las intenciones soviéticas y su potencial mundial”. Más
adelante, coincidió con el senador Daniel Patrick Moynihan en que “el aislamiento era una plataforma ingenua y peligrosa sobre la que
basar nuestra política exterior o la comunidad de inteligencia que
debe servir a dicha política”.
Estas
declaraciones no sorprendieron a nadie si se considera que uno de los
principales mentores políticos de Biden fue W. Averell Harriman, el
coordinador del Plan Marshall y padre de la Guerra Fría (1). En la
década de los 80, Biden respaldó el incremento de los fondos para
la inteligencia y la contrainteligencia, después de que Jimmy Carter
hubiera intentado recortar el personal de la CIA un 33 por ciento.
Tras la invasión de Granada y el bombardeo de Libia ordenados por la
Administración Reagan, Biden declaró que “Reagan hizo lo
correcto” y que “no cabe duda de que Gadafi se merecía una
respuesta contundente como esta”, respectivamente. En la década de
los 90, Biden fue el principal defensor de la guerra de los Balcanes,
y en 2002 desempeñó un importante papel para conseguir que el
Senado apoyase la guerra preventiva en Irak. Según sus propias
palabras, él es liberal solo en lo relativo a los derechos y
libertades civiles, en otros asuntos afirma ser “en realidad
bastante conservador”. (2)
Con
esta serie de artículos, nuestro objetivo sacar a la luz algunas de
las políticas de asuntos exteriores corruptas, asesinas y fracasadas
que Biden ha respaldado y que pueden darnos una idea de lo que
podemos esperar de su presidencia. En último término, esperamos que
sirvan de inspiración para que algunas personas decidan trabajar por
un cambio político desde la base.
☠
La historia olvidada de cómo Joe Biden contribuyó a
reforzar la guerra contra las drogas en Colombia
Al
presidente electo Joe Biden no tiene fama de reservado o modesto. A
lo largo de toda su carrera política ha difundido información o se
ha jactado de cosas que en realidad deberían haberle avergonzado.
Un
buen ejemplo de ello es el Plan Colombia, un programa antidrogas
presupuestado en 1.300 millones de dólares iniciado por la
Administración Clinton en 1999, del cual alardeó Biden hace un año,
cuando afirmó que él fue “el tipo que lo elaboró [siendo
presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado]” (3).
Cinco
años más tarde, Biden aseguró en una columna de opinión del New
York Times que el Plan Colombia estaba contribuyendo a “transformar
Colombia en un reino de seguridad, gobernanza y derechos humanos” y “evitando que se convirtiera en un Estado fallido” (4)
(un tema que volvió a tratar en octubre de 2020 en el diario
colombiano El Tiempo . Pero el análisis de Biden no coincide con
la realidad de la mayoría de los colombianos.
Desde
que el Plan Colombia se puso en marcha hasta el presente, el ejército
colombiano, financiado y envalentonado por Estados Unidos, ha
asesinado a miles de civiles alegando que muchos de ellos eran
guerrilleros, lo que se conoce como el escándalo de los “falsos
positivos”.
Durante
ese mismo periodo, más de siete millones de colombianos se han
desplazado huyendo de la guerra. “Este coste humano no entraba
en los cálculos políticos de Joe Biden”, afirma John
Lindsay-Poland, autor de un influyente libro sobre el Plan Colombia
(5).
El
Plan Colombia aprovechó anteriores programas antinarcóticos de
Estados Unidos, fuertemente militarizados. Estos programas se
diseñaron no solo para combatir a los narcotraficantes sino también
para asistir al gobierno colombiano en su prolongada lucha contra las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, un grupo
guerrillero de izquierdas. Stan Goff, antiguo oficial de las Fuerza
Especiales en Colombia declaró que:
“Se
nos decía, y al público estadounidense también, caso de decirle
algo, que se trataba de un entrenamiento antinarcóticos. El
entrenamiento que yo dirigía era cualquier cosa menos eso. Se
parecía mucho más a la aplicación actualizada de la doctrina
contrainsurgente estilo Vietnam. Se nos advertía que eso es lo que
deberíamos hacer, y se nos aconsejaba que, si alguien preguntaba,
dijéramos que era una formación antinarcóticos” (6).
Cuando
la Oficina de Administración y Presupuesto propuso extraer 100
millones del Plan Colombia para dedicarlos al tratamiento de
toxicómanos estadounidenses, el zar de la droga del presidente Bill
Clinton, el general retirado Barry McCaffrey, se aseguró de que la
propuesta fuera rechazada.
En
su lugar, se consideró apropiado destinar 400 millones de dólares
para la compra de 30 helicópteros Black Hawk, fabricados por United
Technologies de Connecticut [ahora parte de Raytheon Co.] y
144 millones de dólares al entrenamiento y equipamiento de dos
nuevos batallones antinarcóticos.
El
Plan incluía también el entrenamiento de 75.000 soldados
colombianos en academias militares de EEUU. Además, se les
proporcionó bombas dirigidas por láser con utilización de
inteligencia en tiempo real para localizar, bombardear y matar a
dirigentes de las FARC acusados de narcotráfico (7).
Biden,
la Guerra contra las Drogas y el Plan Colombia
Biden
desempeñó un papel esencial en la aprobación del Plan Colombia por
el Senado, para lo cual invocó la antigua aunque retorcida doctrina
imperialista de EE.UU.: “por el bien de nuestros hijos y del
hemisferio entero… ofreceremos a Colombia una oportunidad de luchar
para evitar convertirse en un narcoestado” (8).
El
respaldo de Biden a la Guerra contra las Drogas se remonta a su
primera campaña por el Senado en 1972, cuando comprobó que podía
agradar a las masas con un lenguaje duro. En un mitin, Biden proclamó
que “cuando damos con el traficante, debemos ser con él más
rigurosos que con cualquier otro elemento de la delincuencia. Debemos
actuar sin piedad”. (9)
Una
vez elegido, Biden exigió una mayor presión sobre Turquía y el
sudeste asiático para detener el cultivo de adormidera y el uso de
satélites espías para localizar los cargamentos de heroína. (10)
Fruto
de una educación de clase media en los 40 y los 50, Biden siempre se
mostró hostil hacia el movimiento contracultural, que recurría a la
marihuana y otras drogas que alteran la conciencia como un modo de
rebelión contra la sociedad.
Biden
ha admitido que “en la época en que el movimiento [de los
60] estaba en su apogeo, yo estaba casado, estudiaba Derecho y
vestía chaquetas deportivas. Lo que veis es un tipo de clase media…
No me gustan los chalecos antibalas ni las camisas de colores”. (11)
En
los 80, Biden se embarcó en la Guerra contra las Drogas con el mismo
celo que su máximo exponente, Ronald Reagan. Como presidente del
Comité Judicial del Senado, contribuyó a la aprobación de dos
leyes que establecían la sentencia mínima obligatoria para los
delitos relacionados con las drogas y otra más que ampliaba las
penas por producción y tráfico de marihuana, que proporcionaban a
los agentes federales un poder casi ilimitado para incautar bienes a
ciudadanos particulares (12).
Posteriormente,
Biden fue coautor de dos leyes antidrogas en 1986 y 1988 que imponían
sentencias más estrictas para el crack de cocaína en relación con
la cocaína en polvo e impulsó las penas de prisión para los
toxicómanos (13).
Uno
de los anuncios de la campaña de Biden de aquella época consideraba
a los narcotraficantes “asesinos potenciales” a los que había
que perseguir “como perseguimos a los asesinos” (14). El comercio
de drogas, según él, constituía una amenaza para la seguridad
internacional “tan grande como cualquier cosa que estén fabricando
los soviéticos”, por lo que debería tratarse como un “problema
de defensa nacional” que requería soluciones militares (15).
Esta
posición explica el apoyo posterior de Biden al Plan Colombia.
En
abril de 2000 Biden viajó a Colombia y se reunió con el presidente
Andrés Pastrana y el embajador de EE.UU. en Colombia, Curtis W.
Kamman, a la vez que asistía a operaciones militares en el sur de
aquel país. Luego preparó un informe para el Comité de Asuntos
Exteriores del Senado en el que urgía al Congreso a “aprobar lo
antes posible la solicitud de fondos suplementarios del presidente
Clinton” basada en que Colombia era “el origen de muchas
de las drogas que envenenan a nuestro pueblo” (16).
Este
lenguaje recordaba la retórica exagerada que caracterizó a Harry J.
Anslinger, director de la Oficina Federal de Narcóticos desde 1929 a
1962, que impulsó el aumento de la Guerra de EEUU contra las Drogas.
El
informe de Biden especificaba que “la crisis de seguridad en
Colombia justificaba que EEUU adoptara las medidas adecuadas” y
que “las guerrillas tenían una fuerte presencia en el sur de
Colombia y un papel significativo en la protección de las
operaciones de narcotráfico” que Estados Unidos debía
detener. (17)
Consecuencias
del Plan Colombia
En
la práctica, el Plan Colombia hizo poco para mitigar la corrupción
relacionada con las drogas o detener el narcotráfico, como Biden
había asegurado que haría. Un informe de diciembre de 2020
publicado por el representante Demócrata por Nueva York Eliot Engel,
presidente saliente del Comité de Asuntos Exteriores, especificaba
que el Plan Colombia fue “un fracaso en la lucha antidroga, pero
un éxito en la contrainsurgencia”,(18)
Esta
última afirmación es discutible si consideramos las atrocidades
contra los derechos humanos perpetradas por las fuerzas policiales y
militares fortalecidas por la asistencia estadounidense. En todo
caso, el informe Engel saca a la luz el hecho previamente oscurecido
de que el objetivo central del Plan Colombia era combatir a las FARC.
Las
FARC fueron catalogadas de narcoguerrilla a principios de los años
80, aunque no estaban directamente implicadas en la fabricación o el
tráfico de cocaína, sino que se limitaban a cobrar impuestos sobre
los beneficios de la coca producida en sus dominios. De hecho, los
principales cárteles del narcotráfico estaban en su mayoría
aliados con el gobierno y contra las FARC, cuya ideología deploraban
ya que las FARC defendían la redistribución de la tierra
(19).
Los
oficiales del ejército colombiano trabajaban codo con codo con
Carlos Castaño, jefe paramilitar colombiano e informante de la CIA.
Castaño afirmaba que el 70 por ciento de los ingresos de su grupo
(denominado Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, una facción de
facto del ejército colombiano que realizó del 70 al 80 por ciento
de los asesinatos a civiles) provenía de las drogas.
Castaño
estaba próximo al poderoso cártel de narcotraficantes Henao-Montoya
y fue imputado por el Departamento de Justicia de EE.UU. en
septiembre de 2002 acusado de traficar más de 17 toneladas de
cocaína. (20)
Las
AUC han sido incluidas en la lista de organizaciones terroristas del
Departamento de Estado por su papel en el asesinato en agosto de 1999
del presentador y activista colombiano Jaime Garzón, quien defendía
la paz con las guerrillas izquierdistas. (21) Las AUC también
participaron en el asesinato de docenas de sindicalistas a instancias
de los ricos terratenientes y los directivos de las corporaciones
estadounidenses, como Drummond Co. de Alabama, que
contribuyeron a transformar Colombia en el cuarto mayor exportador
mundial de carbón.
El
informe de Biden al Senado reconocía el problema de los
paramilitares pero hacía hincapié en que el clima de derechos
humanos solo mejoraría si se ampliaba el Plan Colombia. Biden era
especialmente partidario de ayudar a la policía nacional colombiana,
que en 2004 estuvo implicada en una de las mayores denuncias de
narcotráfico de la historia cuando un coronel de la misma, Danilo
López, fue acusado de actuar como sicario del cártel de la droga
del Valle Norte. (22)
En
los diez años posteriores a la salida de la presidencia de Bill
Clinton, el gobierno de EEUU dedicó 10.000 millones de dólares a la
lucha contra la droga mediante el Plan Colombia, que Biden continuó
apoyando como vicepresidente. A pesar de ello, en 2016 Colombia
seguía siendo “el líder mundial en producción de coca”. (23)
El
senador Demócrata por Minnesota Paul Wellstone propuso en 1999 una
alternativa al Plan Colombia que habría retirado 225 millones de
dólares de ayuda militar para dedicarlos a programas nacionales de
tratamiento de toxicómanos. Sostenía que “llevamos años y años
haciendo lo mismo y dedicar más soldados y más armas a la lucha
contra la droga no servirá para derrotar a la fuente de los
narcóticos ilegales”.
Biden
se alzó inmediatamente en la defensa del presidente Clinton en el
Senado, afirmando que el Congreso “causaría un torbellino” si el Plan Colombia “no conseguía contraatacar a los
narcotraficantes”, y que el presidente colombiano Andrés
Pastrana era “la mejor apuesta”. (24)
Sin
embargo, el principal semanario colombiano, Semana, denunció a
Pastrana por “ceder ante las presiones y consentir el
oportunismo y la hipocresía de los oficiales de EEUU” así
como por aceptar la “asistencia” estadounidense, que no
era sino una “receta para la destrucción, la guerra indefinida
y el endeudamiento”.(25)
Su
sucesor, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) figuraba en un
informe de la Agencia de Inteligencia para la Defensa como
colaborador del cártel de Medellín y se encuentra en arresto
domiciliario mientras el Tribunal Supremo del país investiga, entre
otros delitos, su papel en la creación de los escuadrones de la
muerte paramilitares junto con su hermano Santiago.
En
un ensayo publicado en la primavera-verano de 2000 por Covert Action
Magazine, el periodista Mark Cook observaba que la política
estadounidense para Colombia en los años 90 estuvo dirigida por un
notable número de veteranos de la guerra sucia en El Salvador en los
años 80. Entre ellos se incluye al subsecretario para Asuntos
Políticos del Departamento de Estado Thomas Pickering, que había
justificado las matanzas de civiles cuando era embajador en El
Salvador en 1984, y el subsecretario de Estado adjunto Peter Romero,
quien creía que la “solución de El Salvador” podía servir como
modelo para Colombia (26).
La “solución de El Salvador” implicaba actividades
paramilitares y de escuadrones de la muerte, así como terrorismo con
la autorización del Estado (27). Biden conocía todo esto, pues
había respaldado el envío de fondos a los escuadrones de la muerte
y su entrenamiento en los años 80. A pesar de que habitualmente se
oponía a la política exterior de Reagan en Centroamérica, Biden
declaró “era necesario enviar equipamiento militar estadounidenses
a la región (América Central)”.(28)
Aparte
de El Salvador, a comienzos del siglo XXI Colombia también recordaba
a Vietnam, con la presencia de asesores militares, puestos de escucha
de alta tecnología, defoliación aérea, lanchas fluviales y ataques
con helicóptero en las áreas rurales (29).
Guerra
química ☠
Uno
de los aspectos menos conocidos y más dañinos del Plan Colombia fue
el programa de defoliación aérea, que expulsó a los campesinos de
las zonas controladas por las FARC y abrió camino para megaproyectos
en beneficio de las corporaciones multinacionales.
Estas
fumigaciones empleaban glifosato, el principio activo del herbicida
Roundup, fabricado por Monsanto, una de las compañías que producían
el Agente Naranja utilizado en la guerra de Vietnam, en
concentraciones 100 veces superiores a las permitidas en Estados
Unidos. Aunque el Departamento de Estado sostenía que no era más
tóxico “que la sal común, la aspirina o la cafeína”, un
estudio de 2015 de la Organización Mundial de la Salud descubrió
que el glifosato es “causa probable de cáncer”.(30)
Gonzalo
de Francisco, asesor de seguridad nacional colombiano, comparaba el
programa de fumigación con la quimioterapia, que a veces “termina
matando al paciente”.(31) Según Elsa Niva, agrónoma
colombiana de la Red de Acción contra los Plaguicidas, en solo dos
meses, la fumigación con plaguicidas causó trastornos gástricos o
dermatológicos a 4.289 colombianos y mató a 178.377 criaturas,
incluyendo reses, caballos, cerdos, perros, patos, gallinas y peces.(32)
Un
número desconocido de campesinos murieron por deshidratación,
fiebre y otros males, y miles fueron desplazados, algo que ya se
sabía de antemano que ocurriría cuando el primer paquete del Plan
Colombia apoyado por Biden incluía 15 millones de dólares para “el
reasentamiento de emergencia y el programa de empleo para personas
desplazadas por la Ofensiva del programa del sur de Colombia”.(33)
Cuando
el periodista Hugh O’Shaughnessy visitó la comunidad indígena
Cofan de Santa Rosa de Guamuez observó que sus plantaciones de piña
estaban atrofiadas y resecas a causa de la fumigación química y que
las bananeras habían quedado reducidas a palos ennegrecidos. Los
niños tenían bajo peso y sufrían de problemas respiratorios y
dolor estomacal.(34)
Un
agente de salud local de Putumayo, donde habían llegado miles de
campesinos desplazados, recordaba que la pulverización “volvía
todo amarillo, no dejaba una sola hoja verde en los árboles. Había
muchos animales muertos, monos muertos, aves muertas, y estanques de
acuicultura con miles de peces muertos flotando”.(35)
Un
grupo de agricultores interpuso una demanda judicial colectiva en la
que alegaban que DynCorp de Falls Church, Virginia –una compañía
conectada con la CIA que ganó un contrato de cinco años por valor
de 170 millones de dólares para llevar a cabo las fumigaciones–
provocó graves problemas de salud (fiebre alta, vómitos, diarreas,
problemas dermatológicos) y la destrucción de los cultivos
comestibles y el ganado de unos 10.000 residentes en la región
limítrofe con Ecuador. Además, la toxicidad del fumigante causó la
muerte de cuatro niños de corta edad, todo ello, evidentemente,
hechos que Biden había ignorado (36).
Piratas
beneficiados
Los
principales beneficiados del Plan Colombia fueron los grandes
contratistas de defensa, que aportaron a Joe Biden más de 436.000
dólares más que a Trump durante la campaña electoral de 2020. En
la época en que se aprobó dicho plan, un asesor del Congreso afirmó
que “todos los piratas, todos los bandidos, todos los que quieren
hacer dinero aprovechándose de la guerra, están en Colombia”.(38)
Entre
estos piratas están Monsanto, Bell y Sikorsky
(fabricante de los helicópteros Black Hawk) y el gigante de la
energía Enron (vinculado con la CIA), propietario de
Centragas, un sistema de distribución de gas natural de 574
kilómetros en el norte de Colombia.
Otro
de los piratas fue la compañía Occidental Petroleum, con
sede en Los Ángeles, que posee participaciones de control del
yacimiento petrolero de Caño Limón y del gasoducto que discurre
hasta Coveñas desde la frontera venezolana.
Resulta
que el vicepresidente Al Gore, que también apoyó el Plan Colombia,
poseía acciones familiares por más de 500.000 dólares en la
compañía petrolera Occidental, que contribuyó con al menos 250.000
dólares en la campaña Clinton-Gore (39). El fundador de la
compañía, Armand Hammer, ha sido uno de los mayores benefactores de
la carrera política de Al Gore y de la de su padre, el senador Al
Gore Sr.(40)
Durante
la campaña presidencial de 2020, Occidental donó 12.765 dólares al
candidato Biden, puede que en parte para premiar su apoyo al Plan
Colombia.(41)
En
junio de 2001, se escuchó en un tribunal colombiano que una empresa
de seguridad estadounidense que trabajaba para Occidental Petroleum
había desempeñado un papel fatídico en un desastroso ataque contra
las FARC, cuando “dirigió los cañones de un helicóptero hacia
un grupo de civiles por error, matando a 18 personas”.(42)
Este
es un magnífico ejemplo del nexo entre las grandes corporaciones, el
ejército colombiano, la intervención de EEUU y los abusos a
derechos humanos –que se intensificaron bajo una política que el
nuevo presidente supuestamente “liberal” se enorgullece de haber
contribuido a elaborar.
Qué
podemos esperar del presidente Biden
Si
el pasado puede servir de indicación, Biden probablemente continuará
la guerra de EEUU contra las drogas y el extenso programa de
asistencia a Colombia, que alcanzó los 448 millones de dólares en
2020, la cifra más alta en nueve años.
Durante
la campaña, Biden catalogó a Colombia como la “piedra angular” de la política estadounidense en América Latina. Eso a pesar de la
deriva derechista de Colombia bajo el presidente Iván Duque (2018 al
presente), un protegido de Álvaro Uribe, que ha tomado medidas para
debilitar el acuerdo de paz de 2016 con las FARC.
Según
grupos de derechos humanos, durante los tres primeros trimestres de
2020 se produjeron 68 masacres por parte del ejército colombiano, la
mayoría de ellas contra antiguos comandantes de las FARC y líderes
regionales afrocolombianos.
La
importancia estratégica de Colombia se ve acentuada por la presencia
de siete bases estadounidenses y la crisis política en la vecina
Venezuela, donde Biden ha reconocido el régimen del renegado
derechista Juan Guaidó y ha calificado a su presidente Maduro como
“un dictador puro y duro”.
Este
lenguaje pone en evidencia que Biden continuará con las operaciones
de cambio de régimen basadas en una fuerte relación bilateral con
Colombia, a pesar de su terrible historial de derechos humanos.
Notas:
[1]
Joe Biden, Promises to Keep (New York: Random House, 2008),
248.
[2]
Evan Osnos, Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now
(New York: Scribner, 2020), 42.
[3]
John Washington, “We Need to Reverse the Damage Trump Has Done in
Latin America. Biden’s Plans Don’t Cut It,” The Intercept,
April 18, 2020,
https://theintercept.com/2020/04/18/trump-latinamerica-foreign-policy-joe-biden/
[4]
Joseph R. Biden, Jr., “A Plan for Central America,” The New
York Times, January 29, 2015.`
[5]
Washington, “We Need to Reverse the Damage Trump Has Done in Latin
America.”
[6]
Douglas Stokes, Terrorizing Colombia: America’s Other War
(London: Zed Books, 2005), 90.
[7]
John Lindsey Poland, Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and
Community Activism (Durham, NC: Duke University Press, 2018), 89,
93; Peter Dale Scott, Drugs, Oil and War: The United States in
Afghanistan, Colombia and Indochina (New York: Rowman &
Littlefield, 2003), 73; Noam Chomsky, Rogue States: The Rule of
Force in World Affairs (Boston: South End Press, 2000), 80.
Originally, Plan Colombia was meant to complement economic aid from
the European Union (EU), but amidst pressure from Colombian human
rights groups and NGOs, the EU pulled back because it disapproved of
the U.S. military approach.
[8]
Max Blumenthal, “Joe Biden Fueled the Latin American Migration
Crisis”, Consortium News, July
31,
2019,
https://consortiumnews.com/2019/07/31/how-joe-biden-fueled-the-latin-american-migrationcrisis/
[9]
Quoted in Branko Marcetic, Yesterday’s Man: The Case Against Joe
Biden (London: Verso, 2020), 18.
[10]
Marcetic, Yesterday’s Man, 74, 75. Many Democrats at that
time were advocating for stronger measures to combat the
international drug traffic, in part to offset the addiction of
American soldiers in Vietnam. See Jeremy Kuzmarov, The Myth of the
Addicted Army: Vietnam and the Modern War on Drugs (Amherst, MA:
University of Massachusetts Press, 2009).
[11]
Marcetic, Yesterday’s Man, 67.
[12]
Chris Calton, “How a Young Joe Biden Became the Architect of the
Government’s Asset Forfeiture Program”, Foundation for
Economic Education, March 9, 2019,
https://fee.org/articles/howa-young-joe-biden-became-the-architect-of-the-governments-asset-forfeiture-program/;
Nicholas Fandos, “Joe Biden’s Role in ’90s Crime Law Could
Haunt Any Presidential Bill”, The New York Times, August 21,
2015,
https://www.nytimes.com/2015/08/22/us/politics/joe-bidens-role-in-90s-crimelaw-could-haunt-any-presidential-bid.html
[13]
Jack Delaney, “Jim Crow Joe: Biden’s Record on Race”,
Counterpunch, December 6, 2020.
[14]
Marcetic, Yesterday’s Man, 75.
[15]
Marcetic, Yesterday’s Man, 76.
[16]
Joseph R. Biden, Jr. “Aid to ‘Plan Colombia’: The Time for U.S.
Assistance Is Now,” A Report to
the
Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, by Joseph R. Biden, Jr.,
106th Congress, May 2000
(Washington,
D.C.: U.S. Government Printing Office, 2002). Available
at:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-106SPRT64135/pdf/CPRT-106SPRT64135.pdf.
[17]
Biden, “Aid to ‘Plan Colombia.””
[18]
Report of the Western Hemisphere Drug Policy Commission, December
2020,
https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/a/5/a51ee680-e339-4a1b-933f-b15e535fa103/AA2A3440265DDE42367A79D4BCBC9AA1.whdpc-final-report-2020-11.30.pdf
[19]
See Robin Kirk, More Terrible Than Death: Drugs, Violence and
America’s War in Colombia (New York: Public Affairs, 2004).
[20]
Scott, Drugs, Oil and War, 74. Castano’s brother, Fidel,
with whom he formed his death squad, amassed a fortune as a drug
dealer in league with Pablo Escobar. Mark Cook, “U.S. Intervention
in Colombia and Ecuador,” CovertAction Quarterly, Spring-Summer
2000, 28.
[21]
“Who Killed Jaime Garzón? Document Points to Military/Paramilitary
Nexus in Murder of Popular Colombian Comedian,” September 29, 2011,
The National Security Archive, George Washington University,
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB360/index.htm
[22]
Erin Rosa, “Fumigation of Coca Crops Still a Booming Business in
Colombia,” The Narco News Bulletin, November 2, 2010,
https://www.narconews.com/Issue67/article4249.html
[23]
Winifred Tate, “No Peace For Colombia,” North American Congress
on Latin America, February 24, 2016,
https://nacla.org/news/2016/02/24/no-peace-colombia.
In 2019, a new record of 212,000 hectares of coca were cultivated in
Colombia.
[24]
David Rogers, “Antidrug Plan Passes a Test in the Senate,” The
Wall Street Journal, June 22, 2000, A6. Senator Gorton (R-WA)
promoted an amendment to slash the Plan Colombia package from $934
million to $200 million. A copy of Biden’s speech is available
here: http://ciponline.org/colombia/062110.htm
[25]
Mark Cook, “U.S. Intervention in Colombia and Ecuador,”
CovertAction Quarterly, Spring-Summer 2000, 28; Stokes, Terrorizing
Colombia, 92; Adrian Alsema, “Colombia’s Former President Admits
Having Flown on Jeffrey Epstein’s Lolita Jet,’” Colombia
Reports, August 14, 2019,
https://colombiareports.com/colombias-former-president-on-jeffrey-epsteins-lolita-jet-flightlogbook/.
[26]
Mark Cook, “The ‘Salvador Boys,’” Covert Action Quarterly,
Fall-Winter 1999, 18, 19.
[27]
See Greg Grandin, Empire’s Workshop: The U.S., Central America,
and the Rise of the New Imperialism (New York: Metropolitan
Books, 2005). A Truth Commission found that Salvadoran government
forces were responsible for 93 percent of atrocities in El Salvador’s
civil war.
[28]
Marcetic, Yesterday’s Man, 139.
[29]
Scott, Drugs, Oil and War, 99.
[30]
Cornelius Friesendorf, US Foreign Policy and the War on Drugs:
Displacing the Cocaine and Heroin Industry (New York: Routledge,
2007), 132, 134; William Neuman, “Colombia May Halt an Anti-Drug
Program”, The New York Times, May 15, 2015; Gary Leach,
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(Boston: Beacon Press, 2009), 78.
[31]
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[32]
Hugh O’Shaughnessy, “Colombia: Chemical Spraying of Coca
Poisoning Villages,” The London
Observer,
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[33]
Poland, Plan Colombia, 53; Biden, “‘Aid to Plan
Colombia..’
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Hugh O’Shaughnessy, “Colombia: Chemical Spraying of Coca
Poisoning Villages.” The London Observer, June 17, 2001.
[35]
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[36]
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[37]
https://www.opensecrets.org/industries/indus.php?Ind=D
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September 24, 2000, https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-
2000-09-24-0009240025-story.html
[39]
Poland, Plan Colombia, 58, 59; Tony Koran, “Gore’s Big Oil
Connection: An ‘Occident’ of Birth?” Time, September 25,
2000. Occidental CEO Ray Irani spent two nights in the Lincoln
bedroom after giving a $100,000 donation. Occidental expected a
payoff from the granting of exploration rights to a newly discovered
oil field called Boqueron which was expected to yield more than 300
million barrels. Enron had given a huge amount of money to the
Democratic Party additionally.
[40]
On Hammer, see Steve Weinberg, Armand Hammer: The Untold Story
(New York: Random
House,
1990).
[41]
www.opensecrets.org
[42]
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Terror: U.S. Imperialism and Class Struggle in Colombia (New York:
Monthly Review Press, 2011), 11.
Fuente: Arrezafe.blogspot.com
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