October 18, 2021
De parte de Avispa Midia
169 puntos de vista


En una sesi贸n ordinaria que se llev贸 a cabo en l铆nea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modific贸 el c贸digo penal e increment贸 las penas por el delito de usurpaci贸n de 4 a 6 a帽os.

El delito de usurpaci贸n se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende 鈥渟e trate de bienes del Estado o destinados al servicio p煤blico como son el derecho de v铆a, carretera, calle, jard铆n, parque, 谩rea verde, paseo u otros lugares de uso o domino p煤blico o de cualquier otro bien ra铆z del Estado鈥, que se ve agravado cuando 鈥渃uando intervengan dos o m谩s personas鈥. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestaci贸n social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrar谩n el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se est谩 blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posici贸n donde la brutalidad ispo facta es 煤nicamente la antesala de una posible condena de c谩rcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadan铆a en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos ind铆genas, pueblos negros, activistas y v铆ctimas de delitos que encuentran en la manifestaci贸n su arma m谩s efectiva para defenderse no s贸lo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpaci贸n ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minor铆as y organizaciones civiles. En marzo de este a帽o, las lideresas de la Organizaci贸n Fraternal Negra Hondure帽a (OFRANEH), Marianela Mej铆a Sol贸rzano y Jennifer Mej铆a Sol贸rzano, fueron interceptadas por la polic铆a nacional acusadas del delito de usurpaci贸n, sin siquiera especificarles las caracter铆sticas de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el da帽o).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un d铆a antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que ten铆a como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Gar铆funa. Finalmente fue la difusi贸n internacional del caso lo que ayud贸 a la liberaci贸n de las mujeres.  

En tanto, el Consejo C铆vico de Organizaciones Populares e Ind铆genas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a trav茅s de su cuenta de Twitter que este hecho 鈥渆s una acci贸n para arremeter en contra de las luchas emblem谩ticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios鈥.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupaci贸n por los posibles actos de criminalizaci贸n que se orquestaran si esta reforma no es discutida 鈥渆n condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio p煤blico, instando a que se reconsideren estas normas鈥.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atenci贸n en lo que acontecer谩 en el pa铆s centroamericano en las pr贸ximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupci贸n se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a informaci贸n de casos de tal 铆ndole.




Fuente: Avispa.org