February 1, 2021
De parte de Avispa Midia
1,668 puntos de vista

Traducci贸n: Paula Jim茅nez Argumosa


A continuaci贸n, se presenta un conjunto de cinco art铆culos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarizaci贸n y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un an谩lisis que ser谩 publicado en cinco partes.

Lea aqu铆 la 1ra parte de este Especial 鈬 Entre palma, plomo y polic铆as: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo


Parte IV

Paramilitar en el Sector Energ茅tico

            La violencia paramilitar tambi茅n se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energ茅tico, particularmente en torno a la construcci贸n de represas hidroel茅ctricas. Uno de los casos emblem谩ticos es la resistencia ind铆gena a la represa hidroel茅ctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Ind铆gena y Popular de Honduras (COPINH) en la regi贸n de R铆o Blanco, en el departamento de Intibuc谩. 

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista ind铆gena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel C谩ceres Flores. En 2011, el COPINH comenz贸 a apoyar a las comunidades Lenca de R铆o Blanco que se opon铆an a la construcci贸n de la represa hidroel茅ctrica Agua Zarca en el r铆o Gualcarque. La empresa hondure帽a Desarrollos Energ茅ticos SA (DESA) hab铆a recibido financiaci贸n de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integraci贸n Econ贸mica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un t铆tulo de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

 El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondure帽a Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondure帽os, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el r铆o Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcci贸n cortar铆a el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigaci贸n de la Polic铆a Nacional Civil detuvieron a Garc铆a Mej铆a quien confes贸 que DESA lo hab铆a contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirm贸 que Berta C谩ceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mej铆a fue liberado cuatro d铆as despu茅s de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscal铆a y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Despu茅s de su liberaci贸n, Garc铆a Mej铆a comenz贸 a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

C谩ceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 a帽os de edad (GAIPE, 2017). Despu茅s de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de C谩ceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodr铆guez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano D铆az, oficial de inteligencia militar del 15掳 Batall贸n de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determin贸 que los tres estaban involucrados en la planificaci贸n del asesinato y la contrataci贸n de los sicarios que tambi茅n fueron declarados culpables de asesinato.

 El sicario principal, Henrry Javier Hern谩ndez, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la regi贸n del Bajo Agu谩n y estudi贸 con el mayor Mariano D铆az, tambi茅n condenado por el asesinato de C谩ceres. Antes de su arresto Hern谩ndez hab铆a trabajado para dos empresas de seguridad privada despu茅s de dejar el ej茅rcito, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporaci贸n Dinant en el Valle del Agu谩n.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de C谩ceres (BBC, 2018). Seg煤n uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, exist铆a una 鈥渆structura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidaci贸n鈥 para atacar al COPINH y a C谩ceres (citado por Malkin, 2017).

 A nivel comunitario, DESA colabor贸 鈥嬧媍on familias y personas que se beneficiaron econ贸micamente de la presencia de la empresa en R铆o Blanco y personas temidas por la poblaci贸n local por sus actividades delictivas y reputaci贸n de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostr贸 en extracciones telef贸nicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de C谩ceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de R铆o Blanco, Garc铆a Mej铆a, llam谩ndolo 鈥渓a mejor seguridad en el sitio de la represa鈥 (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de C谩ceres, los miembros del COPINH en R铆o Blanco han seguido enfrent谩ndose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareci贸 Elvin Sa煤l Madrid, miembro del COPINH de dieciocho a帽os. Al d铆a siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin Garc铆a Mej铆a. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay G贸mez, hijo del l铆der comunitario Mauro G贸mez (COPINH, 2019). Poco despu茅s del asesinato de Berta, Nelson Garc铆a, miembro del COPINH, recibi贸 un disparo de camino a su casa despu茅s de haber acompa帽ado a una comunidad en R铆o Chiquito en el departamento de Santa B谩rbara, que enfrentaba un desalojo violento. 

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia hab铆a desaparecido un d铆a antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposici贸n a la construcci贸n de la represa hidroel茅ctrica Aurora I en el municipio de San Jos茅, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volc谩n, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento ind铆gena MILPA que se opusieron a la construcci贸n de una represa hidroel茅ctrica en el r铆o Chinacla relatan c贸mo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: 鈥淓n el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la polic铆a nacional y 20 del ej茅rcito del batall贸n de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos ped铆an la droga, a un ni帽o m铆o le hicieron tres disparos tipos de 茅stos en punto de las cuatro de la ma帽ana鈥, Cuentan los miembros de MILPA.

Integrantes de organizaciones ind铆genas y negras de Honduras protestan frente al Congreso Nacional para repudiar la Ley N谩jera.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribe帽a del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades gar铆funas afro-ind铆genas. Muchos poseen t铆tulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondure帽o ha rechazado sistem谩ticamente los derechos territoriales ind铆genas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistem谩ticamente a los gar铆funas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development麓 a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecol贸gica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las pol铆ticas y planes de desarrollo tur铆stico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organizaci贸n Fraternal Negra Hondure帽a (OFRANEH). La organizaci贸n trabaja con las comunidades gar铆funas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperaci贸n de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido v铆ctima de innumerables 鈥渁menazas de muerte, criminalizaci贸n, persecuci贸n, acoso e intimidaci贸n鈥 durante sus a帽os de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno ind铆gena gar铆funa de Cristales y R铆o Negro (es decir, la Bah铆a de Trujillo) present贸 una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisici贸n ilegal de sus tierras y fue 鈥渁cusado de incautaci贸n y posesi贸n ilegal de territorios gar铆funas鈥 (Soto Garc铆a, 2016). 

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determin贸 que no hab铆a suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos ind铆genas y los gar铆funas cinco a帽os para presentar m谩s pruebas. Dos semanas despu茅s de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comit茅 de Defensa de la Tierra de Cristales y R铆o Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015). 

Despu茅s del ataque, Leiva inform贸 que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participaci贸n en la defensa de la tierra gar铆funa (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bah铆a de Trujillo, la polic铆a hondure帽a acompa帽ada de un grupo de sicarios quem贸 las casas de varias familias gar铆funas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que viv铆an estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompa帽ada de la criminalizaci贸n de l铆deres comunitarios gar铆funas que se oponen a los proyectos tur铆sticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estrat茅gicas de tr谩nsito para el tr谩fico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicaci贸n es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad gar铆funa son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tr谩fico de drogas.




Fuente: Avispa.org