July 6, 2021
De parte de La Haine
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La Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras, ayer, dio lectura del fallo en la causa instruida contra David Castillo Mejía, a quien se le encontró culpable del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de personas se manifestaron en las afueras de la Corte Suprema de Honduras a la expectativa del fallo para Castillo, considerado uno de los autores intelectuales del crimen, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

El fallo fue notificado por el Tribunal de Sentencia “por unanimidad de votos” y la pena de prisión a la que será sentenciado se conocerá el próximo 3 de agosto.

Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue condenado como “coautor intelectual” del asesinato de la ambientalista de la comunidad lenca y puede enfrentar una pena de entre 20 y 25 años. Con la condena a uno de los autores intelectuales, aún falta juzgar al gerente de la empresa de la familia Atala Zablah, que la propia Cáceres denunció por corrupción.

Durante el juicio, la intervención y escuchas telefónicas fueron una de las piezas claves del Ministerio Público (MP) para demostrar la culpabilidad de Castillo en la muerte de la ambientalista. El Ministerio Público calificó como “un histórico fallo de culpabilidad de juicio oral y público” la sentencia dada a conocer.

A su vez, informó que “se reitera que la presente causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos”.

“De la prueba evacuada en el debate, durante dos meses, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo ordenó la muerte de Cáceres”, señaló el MP en un comunicado.

“Esto sería parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca”, estableció la Fiscalía.

En diciembre de 2019, un tribunal de Honduras condenó a cuatro de los ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 años por el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de prisión como coautores del crimen.

En 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), conformado para seguir el proceso por el asesinato de la activista, extendió a más directivos de la empresa la responsabilidad del asesinato. En su informe final, concluyó que “DESA, a través de sus directivos y socios, se estructuró como una organización que utilizó un revestimiento legal para conformar y fortalecer estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado y concibió como enemiga a toda expresión defensora del territorio, y generando condiciones para el rompimiento del tejido social”.

En sus conclusiones, el GAIPE subrayó que el “asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo”.

Conocida la sentencia, desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que lideraba Berta Cáceres, celebraron la sentencia. En sus redes sociales, expresaron que “esta es una victoria popular del pueblo hondureño. Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia”.

En tanto, Laura Zúñiga, una de las hijas de Cáceres, saludó la condena y recordó una frase de su madre: “Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”. Salvador Zúñiga, hijo de Berta, indicó que Castillo es el “primer responsable condenado por la sangre derramada en las tierras y ríos de los pueblos”. Y demandó que se juzgue a la familia Atala. Bertha Zúñiga, otra de las hijas de Cáceres, expresó en una rueda de prensa que el fallo judicial es “una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos”.

La condena significa que “las estructuras de poder no lograron, en este caso, corromper al sistema de justicia y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos”, indicó Zúñiga al leer un comunicado del COPINH.

El equipo de abogados de la familia de Cáceres había afirmado en un reciente comunicado que Castillo “participó en la planificación, coordinación, aseguramiento de ejecución y verificación del asesinato de Berta Cáceres”. Los abogados también reafirmaron su “compromiso para que todos los perpetradores del crimen contra Berta Cáceres sean procesados, juzgados y sancionados, para romper con la impunidad estructural que ha ensangrentado a la sociedad hondureña”.

Cáceres se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca que traería como consecuencia profundos daños al medioambiente, principalmente a la comunidad lenca. Cuando DESA obtuvo la concesión para construir la represa, en 2009, la comunidad lenca, que debió ser consultada según la ley, se opuso al proyecto desde el principio.

Al momento de su asesinato, Berta Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las reiteradas amenazas que había recibido.




Fuente: Lahaine.org