November 22, 2021
De parte de Avispa Midia
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Por Juan Calles y Paolina Albani. Editado por H茅ctor Silva / Prensa Comunitaria

En portada: Hombres vestidos de civil utilizaron maquinaria pesada para destruir viviendas de la comunidad Chinebal. Imagen por Prensa Comunitaria.

M谩s de 90 familias de 鈥淧alestina鈥, una comunidad Q鈥檈qchi鈥 ubicada dentro de la finca Chabiland, en Chinebal, al sur de El Estor, Izabal, se quedaron a la intemperie  y perdieron todas sus pertenencias en cuesti贸n de horas. El 16 de noviembre, pasado al mediod铆a, un grupo de hombres vestidos de civiles prendi贸 fuego a las casas de la aldea. A pocos metros de distancia, los polic铆as observaron impasibles el bailoteo de las llamas y el humo, mientras otros desalojaron a las pocas personas que no se hab铆an refugiado en las monta帽as. El Gobierno aprovech贸 el estado de sitio impuesto en el municipio a finales de octubre y utiliz贸 toda la fuerza de la polic铆a en contra de una comunidad indefensa para 鈥渓iberar鈥 el terreno y entregarlo a la empresa de palma africana NaturAceites.

Todo empieza a las 8:00 de la ma帽ana del mismo d铆a. Los pobladores de Palestina, que forman parte de la comunidad San Pablo I, fueron alertados por la vecina Chinebal de la presencia de la polic铆a. La gente sab铆a muy bien que la llegada de las fuerzas de seguridad solo pod铆a significar un intento de desalojo. No era el primero, sino el onceavo en los 煤ltimos dos a帽os. Apenas un mes antes hab铆a habido otro intento.

La polic铆a no entr贸 de inmediato a Palestina, sino que permaneci贸 varias horas en Chinebal para organizarse. Eran las 12:10 horas cuando ingresaron a la finca Chabiland, donde est谩 la comunidad, m谩s de cien patrullas, 12 camionetas y 931 polic铆as, de acuerdo al testimonio de los comunitarios y de Astrid Franco, de la Procuradur铆a de Derechos Humanos (PDH) de Izabal, en declaraciones a ConCriterio. El vocero de la Polic铆a Nacional Civil, Jorge Aguilar, dijo que fueron 500 agentes.

La presencia policial fue exagerada y 煤nicamente fue posible por el estado de sitio que el Ejecutivo decret贸 en octubre pasado. Esto ha provocado que las calles est茅n inundadas de personas uniformadas y armadas. El 6 de octubre hab铆a sido el 煤ltimo intento de desalojo, esa vez tambi茅n llegaron cientos de polic铆as.

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La orden de desalojo fue firmada por el juez An铆bal Arteaga del juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal, la cual indicaba que la diligencia se realizar铆a de 10:00 a 11:30 de la ma帽ana.

Foto de archivo, intento de desalojo de la comunidad Chineval en el 2021. Aj Ral Choch.

Los habitantes de Palestina, unas 500 personas, se negaron a dejar su hogar; alegaron que las autoridades estaban incumpliendo los protocolos legales. Adem谩s, aseguraron a la polic铆a, al Ministerio P煤blico (MP) y al juez de ejecuci贸n que el terreno les pertenec铆a y que esperaron durante varios a帽os la visita de la ahora clausurada Secretar铆a de Asuntos Agrarios de la Presidencia para aclarar de qui茅n es la propiedad. Pero esos funcionarios nunca llegaron.

Las autoridades no los escucharon; les advirtieron que ten铆an una hora para desalojar voluntariamente, de lo contrario, dijeron, utilizar铆an la fuerza. Los comunitarios se negaron una vez m谩s. La polic铆a procedi贸 a empujar a la gente, sobre todo a  las mujeres y a los ni帽os. Luego les lanz贸 bombas lacrim贸genas. Mientras esto ocurr铆a, varios trabajadores de NaturAceites observaban todo de cerca. NaturAceites es la compa帽铆a propietaria de los cultivos de palma aceitera que rodean a la comunidad Palestina y ocupan grandes porciones de tierra al sur y oeste del Lago de Izabal y El Estor.

Las bombas lograron su cometido: dispersar a la gente. Empleados de la compa帽铆a aceitera aprovecharon el momento para tomar posesi贸n de las tierras.

Minutos m谩s tarde, las casas empezaron a arder y en varios rincones de la comunidad hombres vestidos de civiles con camisas azules, usaron maquinar铆a pesada para destruir las viviendas. Las casas que fueron destruidas por las m谩quinas luego fueron pasadas por el fuego. Donde hab铆a casas, ahora 煤nicamente quedan cenizas.

Fotograma: video Prensa Comunitaria

La polic铆a observ贸 los hechos sin hacer nada para evitarlos. Mediante un comunicado oficial, dado en la Ciudad de Guatemala, afirman que el desalojo fue pac铆fico y que se privilegi贸 el di谩logo. Enfatizan en que ha habido manipulaci贸n medi谩tica sobre el mismo, adem谩s de negar su participaci贸n en el incendio de las casas. En los videos solamente se les ve cerca de las casas que arden.

Pobladores de Chinebal informaron que, d铆as antes, soldados del Ej茅rcito patrullaban y controlaban a la comunidad; despu茅s del desalojo, un grupo de polic铆as contin煤a en lugar, interrogando e identificando a personas que se acercan a observar los escombros que quedaron luego del desalojo.

De esta tr谩gica escena de violencia solo se salvaron dos terceras partes de la comunidad de San Pablo I. Sus casas quedaron intactas y los pobladores lograron evitar el desalojo al mostrar documentos firmados por el Instituto Nacional de Transformaci贸n Agraria (INTA) que los respaldan. Ellos podr谩n permanecer en sus hogares, pero deber谩n de integrar una mesa de di谩logo que coordinar谩 la Gobernaci贸n Departamental, liderada por H茅ctor Alarc贸n, para llegar a acuerdos con NaturAceites, que sigue insistiendo en recuperar las tierras.

Detenciones y criminalizaci贸n, el preludio al operativo del desalojo

Elementos del Ej茅rcito patrullaban la zona sur de El Estor antes del desalojo, lo que provoc贸 temor en los comunitarios. Las familias que residen en Chinebal son hijos y nietos de personas v铆ctimas de la represi贸n gubernamental durante el conflicto armado interno, por lo que la presencia militar ha sido motivo de preocupaci贸n.

El 10 de noviembre, elementos de la fuerza naval y fuerzas especiales kaibiles capturaron a Oswaldo Rey Chub Caal cuando trabajaba  en su criadero de peces.

La orden en contra de Chub fue firmada por el juez Edgar An铆bal Arteaga L贸pez, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal, sindicado por los delitos de usurpaci贸n agravada y resistencia.

Seg煤n el relato de testigos que observaron la forma en que fue detenido Chub Caal, los militares actuaron de manera violenta e intimidatoria. Adem谩s, llegaron acompa帽ados por tres personas civiles con la polic铆a.

鈥淟legaron al lugar dos camiones del Ej茅rcito llenos de soldados. Cuatro carros pick-ups del Ej茅rcito, uno particular que era de la empresa NaturAceites鈥, expres贸 una de las personas que se encontraba trabajando en el terreno. El testigo no quiso decir su nombre por temor a represalias.

El Bufete para los Pueblos Ind铆genas, que acompa帽a legalmente a Chub Caal, inform贸 a trav茅s de la abogada Wendy L贸pez que luego de su primera declaraci贸n fue ligado a proceso y se le dict贸 prisi贸n preventiva.

El bufete asegura que el comunitario est谩 siendo criminalizado por la empresa de monocultivo NaturAceites, representada por el abogado Cristian Henry Ayau, que se constituy贸 como querellante adhesivo en la causa en contra de Oswaldo Rey Chub Caal.

S铆 hubo delito en el incendio de las casas

En los videos publicados del desalojo se puede observar a personas civiles que llegan al lugar en veh铆culos particulares, con camisas celestes. Ellos son quienes incendian las casas de los comunitarios, mientras la polic铆a observa la acci贸n. En otras escenas se observa a hombres con el mismo color de camisa, conversando con los polic铆as.

Para la abogada Wendy L贸pez, este hecho constituye delito, pues no se observaron est谩ndares internacionales en materia de desalojos, a los que el Estado de Guatemala est谩 suscrito.

鈥淗ay preeminencia de los derechos colectivos. Durante los desalojos se deben garantizar los derechos a la vivienda, a la alimentaci贸n, buscar el di谩logo y no ejercer violencia, ni destrucci贸n de viviendas; en este desalojo se hizo todo lo contrario鈥, observ贸 Wendy L贸pez.

Astrid Franco, de la PDH de Izabal se limit贸 a informar que en el lugar hab铆a 931 agentes de la polic铆a. Ella no pudo establecer qui茅nes eran las personas que iniciaron el fuego y dijo que la PDH reiter贸 a las autoridades que deb铆an de verificar que este tipo de acciones no se realizaran. Lo que dijo la PDH, sin embargo, no detuvo los hechos violentos.

鈥淪e est谩 usando el estado de sitio como una manera de darle una lecci贸n a las comunidades que est谩n en contra de la miner铆a, de las hidroel茅ctricas, y en contra la explotaci贸n de la palma africana. Es una ola de terror como mecanismo de presi贸n. Esto violenta el Convenio 169 de OIT y el art铆culo 63 de la Constituci贸n Pol铆tica, pues utiliza el Estado toda su fuerza en contra de una poblaci贸n indefensa que lo 煤nico que reclama es su derecho a la tierra鈥, manifest贸 el diputado Edgar Batres de la bancada Winaq.

Batres, junto a otros diputados de las bancadas Winaq, Semilla y URNG-Ma铆z, visit贸  El Estor hace una semana para revisar las condiciones en que se ejecutaba el estado de sitio impuesto por el Ejecutivo para favorecer a la minera de n铆quel que opera ilegalmente en el lugar.

Al d铆a siguiente del desalojo en Chinebal, los diputados dieron una conferencia de prensa en la que denunciaron el uso excesivo de la fuerza durante el estado de sitio y que, de la misma forma, pudo haber sido aplicada en contra de los pobladores de Palestina.

鈥淪i bien es cierto el estado de sitio est谩 vigente, la desproporci贸n del uso de la fuerza por la polic铆a no justifica el incendio de comunidades鈥, agreg贸 Batres.

Los dem谩s diputados que integraron la comisi贸n fueron consultados, pero no respondieron las llamadas de Prensa Comunitaria.

鈥淪e siguieron los protocolos y el debido respeto a los Derechos Humanos de las personas. Hubo un grupo de personas que con machetes y garrotes con clavos amenaz贸 a los participantes. A pesar de la tensi贸n, se mantuvo el orden鈥, asegur贸 la polic铆a en el comunicado.

El Ejecutivo instaur贸 el estado de sitio en el municipio para 鈥渄evolver la calma鈥 a la comunidad, pero desde antes la polic铆a despej贸 el camino a los camiones de la minera de n铆quel. Durante el estado de sitio, el Gobierno ha evitado los bloqueos y se ha encargado de perseguir y vigilar a las personas que participaron en la manifestaci贸n pac铆fica que detuvo la operaci贸n de la empresa durante 20 d铆as. Todo apunta a que la presencia de la polic铆a y del Ej茅rcito podr铆a ser prolongada un mes m谩s, seg煤n declaraciones del Gobierno.

Una antigua disputa por el territorio

La gente que hoy vive en San Pablo I, es descendiente de familias que migraron de Alta Verapaz hacia Izabal en la d茅cada de los 60 y tuvieron que huir a las monta帽as despu茅s de la masacre de Panz贸s en 1978. Solo regresaron cuando el Ej茅rcito y la Guerrilla comenzaron los acercamientos para la Firma de la Paz.

Durante el tiempo que se ausentaron de las tierras, los finqueros habr铆an decidido convertir la zona en potreros para el ganado y, posteriormente, empezaron a sembrar palma africana para la producci贸n de aceites vegetales. Es as铆 que Findesa, la finca ganadera, pasa a llamarse NaturAceites.

鈥淟a empresa de aceite, en 2005, hizo modificaci贸n de todas sus fincas. Ten铆a propiedad de regadas e hizo unificaci贸n, pero dentro de ellas hab铆a tierras nacionales que eran ocupadas por las comunidades ind铆genas. Desde entonces el t铆tulo -de propiedad de NaturAceites鈥 se utiliza para poder despojarlos de su tierra. Dentro de su propiedad aparece la finca 493, donde est谩n las comunidades. Esas tierras son del Estado鈥, asegur贸 Robin Sicaj谩 de la Defensor铆a Q鈥檈qchi麓.

Sicaj谩 conmin贸 al Gobierno para que realice un estudio profundo de las tierras, sobre todo aquellas que fueron despojadas a las comunidades durante el conflicto armado interno.

A su vez, conden贸 la forma arbitraria en la que se efectu贸 el desalojo y se帽al贸 que no es lo mismo que una mudanza, por lo que las familias que all铆 viv铆an lo perdieron todo.

鈥淣o son champas con nylon. No es una invasi贸n. Hasta cancha de futbol tienen, es una comunidad bien establecida en su lugar鈥, refiri贸 Sicaj谩.

驴Por qu茅 es importante Chinebal para NaturAceites?

La expansi贸n de la industria de la palma aceitera en Guatemala se ha casi duplicado en la 煤ltima d茅cada, provocando conflictos agrarios entre empresas y comunidades. Y Chinebal no es la 煤nica afectada.

El mercado global del aceite de palma est谩 dominado por Indonesia y Malasia, que juntas producen m谩s del 80% de la oferta mundial. Sin embargo, Guatemala ocupa el segundo lugar en Am茅rica Latina tras Colombia y es el sexto exportador mundial.

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El a帽o pasado, Guatemala produjo unas 880,000 toneladas de aceite de palma crudo. Se exporta m谩s o menos el 80 por ciento, principalmente a M茅xico y a otros pa铆ses centroamericanos y europeos. El aceite de palma y sus ingredientes derivados se encuentran com煤nmente en alimentos, cosm茅ticos, y productos de limpieza.

NaturAceites, una de las principales empresas de aceite de palma en Guatemala, reclama la propiedad de la tierra que ocupa parte de la comunidad Chinebal, en ella sembraron palma africana, pero habitantes Q鈥檈qchi鈥 aseguran que son tierras ancestrales.

Esta situaci贸n provoc贸 un conflicto de tierras que ya dura varios a帽os, en los que l铆deres comunitarios han enfrentado 贸rdenes de captura por usurpaci贸n y otros delitos. Adem谩s de la muerte de Jos茅 Cham谩n, el 31 de octubre de 2021 durante un desalojo.

En ese momento, hab铆a 300 polic铆as presentes, quienes lanzaron gases lacrim贸genos y dispararon sus armas de fuego en contra de la comunidad.

Adem谩s de la impunidad en la que qued贸 el asesinato de Cham谩n, existen varias denuncias de comunitarios que aseguran que los trabajadores de NaturAceites los hostigan constantemente y les acusan de usurpar las tierras de Palestina en Chinebal, propiedad de Juan Maegli quien arrienda dicha finca a la empresa palmera.

Maegli, quien fue presidente de Cementos Progreso, particip贸 en el partido Movimiento de Liberaci贸n Nacional (MLN) y se le vincula como financista de la campa帽a contrainsurgente de 1970 y 1980, asegur贸 que las tierras le pertenecen a la finca Chabiland, quien reclama 11 caballer铆as y 35 manzanas de territorio.

鈥淎 nuestro parecer, este es el retorno a la pol铆tica de tierra arrasada. Vemos que hay un nivel de sa帽a y desprecio hacia las comunidades ind铆genas鈥, dice la diputada Sonia Guti茅rrez Raguay. Un sentir que comparten otros diputados y defensores de derechos humanos.




Fuente: Avispa.org