March 18, 2023
De parte de Nodo50
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En los últimos meses estamos asistiendo a una cadena de convocatorias de huelgas por parte del Sindicato Médico en la Atención Primaria en casi todas las Comunidades Autónomas. El deterioro de las condiciones laborales del personal médico (y del resto de las categorías) ha alcanzado limites difícilmente soportables para poder desempeñar con una mínima seguridad el trabajo asistencial.

El Sindicato Médico está perfectamente en su derecho de reclamar mejoras laborales que, de conseguirse realmente, podrían repercutir positivamente en los pacientes. Las reivindicaciones van desde “por la dignidad de la profesión”, hasta el “establecimiento de topes” en el número de pacientes pasando por un genérico reclamo de “revertir la situación que atraviesa la Sanidad Pública”. Pero conviene realizar una serie de puntualizaciones:

  • Privatización y deterioro de las condiciones laborales son dos caras de la misma moneda. El deterioro de las condiciones laborales es resultado del proceso de privatización puesto en marcha hace ya dos décadas, mediante leyes de ámbito estatal -que las comunidades autónomas luego aplican-, que se ha extendido como una mancha de aceite por todo el Estado.
  • Dentro del plan, perfectamente diseñado para desmantelar la sanidad pública, un elemento fundamental es el maltrato del personal sanitario para empujarles hacia los centros privados, o hacia la emigración. La patronal privada, en perfecta sintonía con la Administración Pública, está creciendo, abriendo continuamente pequeños hospitales privados en aquellas localidades en las que “se abren las posibilidades de negocio” por el deterioro de la pública. La fórmula es malévola: con nuestros impuestos formamos profesionales (entre 250.000-300.000 euros por médico), para luego ofrecérselos gratis a los centros privados.
  • El Sindicato Médico no se ha pronunciado nunca contra las leyes privatizadoras que han permitido llegar a esta situación. Ni contra la Ley 15/97, ni contra los conciertos privados (artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad). Con la disculpa de mantener una postura “apolítica”, defiende la “colaboración público-privada”, modelo que está permitiendo el trasvase de miles de millones de euros de los presupuestos públicos a los centros sanitarios privados, en lugar de dedicarlos a garantizar plantillas y condiciones laborales dignas en la sanidad pública.
  • El Sindicato Médico siempre ha guardado silencio ante las denuncias que hemos realizado, respecto a los incentivos perversos que se distribuyen entre los médicos de los hospitales privatizados, a cambio de reducir el gasto, que ponen en riesgo la propia seguridad de los pacientes.
  • El Sindicato Médico guarda silencio ante el brutal incremento de los seguros privados debido al deterioro de la sanidad pública. Siempre ha defendido que se elimine el complemento que premiaba a aquellos médicos que solo trabajan en la pública para extenderlo -con otro nombre- a los que trabajan en la privada al mismo tiempo. ¿Alguien se puede imaginar que un ingeniero de la Volkswagen trabaje por las tardes en la Toyota? Solo ellos. Es más, en Madrid, con casi ya un 40 % de la población con una póliza privada, huyendo del hundimiento del SERMAS, el propio Sindicato Médico AMYTS promociona entre sus afiliados los seguros privados.
  • Tras las convocatorias, que ocupan todos los días los medios de información de masas, hemos asistido a una desconvocatoria, a la carrera de las movilizaciones y las huelgas (Catalunya, Aragón, Murcia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Andalucía, Baleares, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, etc.), en cuanto la Administración pone el talonario encima de la mesa y pacta el pago de apetitosas horas extras que ya querrían otros sectores (entre 40-80 €/hora), sin que se firme ningún incremento de plantillas, ni la mejora real de las condiciones laborales. Sólo se establecen topes de pacientes durante la jornada ordinaria (unos 35 en medicina general, 24 en pediatría), generando bolsas de pacientes que serán atendidos en otros turnos por profesionales voluntarios. Se falla en el diagnóstico, por lo que el tratamiento no puede ser correcto. Se pospone el problema y se evita enfrentarlo, lo que cronifica la enfermedad y provoca que ésta avance.
  • El resto de sindicatos del sector, que durante las últimas décadas han apoyado también, con su silencio e inacción, las políticas de destrucción del Sistema Nacional de Salud, continúan con su papel de “anestesistas”, evitando movilizar al resto de categorías, tan afectadas por el deterioro como los médicos, a la espera de recoger las migajas que sobren tras los corporativos acuerdos médicos.
  • En el caso de Madrid, el Sindicato Médico (Amyts) mantiene la convocatoria de huelga de Atención Primaria desde hace 3 meses, pero en realidad no hay apenas seguimiento. Amyts reclama 42 millones de euros para repartir entre los médicos, cantidad que no servirá para curar la enfermedad, sólo la cronificará, dado que ninguna de las medidas que piden incide en las causas del problema. En este mes de marzo, ha convocado también huelga para los médicos de hospital, con reivindicaciones también puramente económicas, guardando silencio respecto al trasvase continuo de fondos a los hospitales privatizados, que es el verdadero cáncer que corroe al Servicio Madrileño de Salud.

Si no se blinda el sistema sanitario y se rescata lo privatizado, frenando la hemorragia financiera que suponen los hospitales y servicios privatizados, no habrá recursos para solucionar los problemas laborales, la “falta” de médicos, y el propio futuro del sistema sanitario.

La solución pasa en primer lugar por situar la defensa de la salud colectiva, en primer lugar. Y eso implica cambiar radicalmente las prioridades del sistema en la actualidad, establecidas por el complejo médico-industrial. Solo así podría refundarse un sistema sanitario con gestión democrática, al margen de intereses privados, con una Atención Primaria fuerte que no solo garantice la atención sanitaria, sino que actúe también contra los determinantes sociales y económicos de la enfermedad.




Fuente: Casestatal.org