May 15, 2022
De parte de SAS Madrid
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A diferencia de la baja por incapacidad común, que se otorga por una baja médica por enfermedad común desde el cuarto día y la empresa la abona hasta la jornada décimo quinta —luego lo asume el INS o la Mutua—, el coste económico será asumido desde el primer día por la Seguridad Social.

Las personas con reglas incapacitantes dejarán por fin de acudir dopadas, o dobladas, a su lugar de trabajo. El borrador de la ley del aborto que maneja el Ministerio de Igualdad pretende blindar la salud menstrual, reconociendo las bajas laborales por menstruaciones muy dolorosas. Las afectadas representan un porcentaje muy pequeño, y con patologías asociadas como la endometriosis, pero hasta ahora cada mes deben hacer malabares para justificarse en su lugar de trabajo. 

El borrador del ministerio que dirige Irene Montero saltó el miércoles al debate público tras una filtración en prensa. La vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, declaró que “no podemos poner otra vez el foco de atención sobre las mujeres a la hora de que podamos ser discriminadas en nuestra contratación o dentro de nuestra carrera laboral. Estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos esa baja por tener la regla es poner otra vez el foco sobre nosotras”. Desde el ala socialista y en la misma tónica, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró que “el Gobierno no tomará ninguna medida que estigmatice a las mujeres”.

Tanto Comisiones Obreras como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoyaron las bajas menstruales. “El mercado laboral no es neutro”, advirtió Díaz, quien celebró que incorpore la perspectiva de género. Esta tarde, mediante otra filtración a los medios, Igualdad ha asegurado que esas bajas serán asumidas por la Seguridad Social desde el primer día, tras una reunión de los subsecretarios de Igualdad y Seguridad Social. 

Las bajas laborales por menstruación incapacitante, como cualquier otra baja, la deberá otorgar un médico. Pero a diferencia de la baja por incapacidad común, que se otorga por una baja médica por enfermedad común desde el cuarto día de baja y la empresa la abona hasta la jornada décimo quinta —luego lo asume el INS o la Mutua—, el coste económico será asumido desde el primer día por la Seguridad Social. Quizá ante esta situación, la administración, la sanidad y la ciencia se esfuercen más por atender e investigar las patologías asociadas a reglas muy dolorosas, un campo históricamente olvidado.

La primera iniciativa del Estado para incorporar la salud menstrual al lugar de trabajo se dio el pasado año en el Ayuntamiento de Girona. El sindicato la Intersindical impulsó en la mesa de negociación una propuesta para que las trabajadoras municipales dispusieran de hasta ocho horas al mes para no ir al trabajo si se sienten indispuestas, horas que pueden distribuir en una jornada o repartirlas en más de un día. Pero en este caso, el permiso menstrual no se tramita como una baja y las horas deben recuperase antes de tres meses. Desde que quedó aprobado el 14 de junio de 2021 hasta hoy, ocho trabajadoras se han acogido a él.

En Castelló de la Plana ninguna mujer lo ha solicitado desde que se implantara el pasado mes de septiembre, ha indicado hoy la concejala de personal en el Ayuntamiento de Castelló, Mónica Barabás, en Onda Cero. También se aprobó en la localidad vecina de Burriana. En el País Vasco se estaba estudiando, a instancias de una propuesta de Elkarrekin Podemos-Izquierda Unida fechada el 3 de junio.

Sin permiso familiar

La conocida como ley del aborto que ha elaborado Igualdad contiene una serie de medidas que van mucho más allá de los permisos menstruales. Uno de los más importantes es la intención de garantizar el derecho al aborto en el sistema público. El borrador pretende forzar a que haya al menos un hospital que garantice el derecho en cada capital de provincia, en vez de que las mujeres se vean obligadas a acudir a centros privados. Para ello, Igualdad propone un registro de objetores de conciencia que deberán serlo tanto en los hospitales públicos como en los privados. Aunque el cambio que más se ha rebatido desde posturas ideológicas conservadoras ha sido que la ley garantizará el derecho al aborto a partir de los 16 años, sin que sea necesario el permiso materno, paterno o de los tutores a cargo de la menor. 

Asimismo, la norma ahonda en la práctica ilegal de la gestación subrogada, prohibiendo la publicidad de las agencias que ofrecen mujeres para gestar a bebés a cambio de dinero. Incluye sanciones a los medios de comunicación que difundan este tipo de anuncios e incluso la potestad de los tribunales españoles para perseguir a las parejas que recurran a estas agencias en países extranjeros.

En cuanto al embarazo, la ley estima un permiso remunerado antes del parto desde la semana 36 y propone la eliminación del IVA para los artículos de higiene menstrual. 

El borrador de 50 páginas llegará el próximo martes al Consejo de Ministros, donde a buen seguro habrá modificaciones.

Enlace relacionado ElSalto.com 13/05/2022.




Fuente: Sasmadrid.org