March 22, 2021
De parte de Nodo50
205 puntos de vista



El pasado 2 de marzo los medios de prensa registraron informaci贸n del Ministerio de Defensa sobre la realizaci贸n el d铆a anterior de un bombardeo en Calamar, Guaviare, contra una zona de campamento de la principal disidencia al acuerdo de paz de las FARC, bajo el supuesto de que all铆 estaba su comandante Gentil Duarte, de forma que murieron 10 personas y tres fueron capturadas. Denuncias de familias de la regi贸n advierten que podr铆an haber muerto en el hecho varias personas menores de edad de la zona. Medicina Legal confirm贸 inicialmente de la muerte de una menor[1]. El hecho en s铆 desat贸 un debate ante el gobierno y las FFAA tanto por tratarse de un nuevo bombardeo oficial que ocasiona la muerte inaceptable de personas menores como por los equivocados y desconsiderados t茅rminos de la justificaci贸n del hecho por parte del ministro de defensa

El 9 de marzo Hollman Morris denunci贸 por el Tercer Canal que en el bombardeo habr铆an muerto varios menores de edad, de forma que report贸 una lista de 14 personas 鈥揹e ellas 11 menores de edad- con datos en terreno de familias de la zona que revelaron su desaparici贸n y expresaron el temor de podr铆an haber sido reclutadas por el grupo de Gentil Duarte y perecer en este ataque militar. De las personas muertas no se hab铆an establecido identidades y edades, pero por la b煤squeda de las familias se revel贸 que al menos entre ellas hab铆a una menor de edad.

Tambi茅n Morris inform贸 sobre tres personas heridas en los hechos que estaban hospitalizadas y se buscaba informaci贸n sobre ellas y afirm贸 mencionando nombres que ser铆an al menos tres menores los muertos en el bombardeo: 鈥淟os cuerpos de los ni帽os Jonathan S谩nchez Zambrano de 15 a帽os, Sebasti谩n Andr茅s Var贸n Rojas de 16 a帽os, Dana Lizet Montilla con 16 a帽os, muertos en bombardeo se encuentran en la morgue de Villavicencio鈥.


Independiente el n煤mero exacto de muertos y heridos, se evidencia que las bajas no fueron solo contra combatientes efectivos de este grupo armado organizado ilegal, sino que hay evidencias de afectaci贸n con la muerte tambi茅n de personas menores de edad reclutadas por 茅ste grupo. Esto pone de presente dos asuntos graves desde la 贸ptica humanitaria, el reclutamiento por esta disidencia de menores de edad y el que las FFAA no tomaron las medidas exigidas de prevenci贸n para obrar en consecuencia. Es decir, para que el tipo de ataque realizado contra esta estructura armada ilegal no afectara a las ni帽as y ni帽os reclutados que como los define el derecho internacional e interno en la actualidad, se trata de personas victimizadas.

Sin embargo, el ministro de defensa Diego Molano en sus declaraciones a varios medios de comunicaci贸n: 鈥淓st谩n haciendo una afirmaci贸n de que hab铆a 12 ni帽os. Lo que ten铆amos eran m谩quinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas. Aqu铆 lo que tenemos son ni帽os que hacen parte de una estructura de guerra, capaz de cometer atentados鈥漑2]. Afirmaci贸n evidentemente contraria al presupuesto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) referido, con el agravante de justificar el ataque que no previ贸 reconocer y no afectar a personas civiles menores de edad presentes en el grupo, sino que antes bien las revictimiz贸 al se帽alarlas en tales t茅rminos como enemigas militares, terroristas e incluso implicadas en la planificaci贸n de la actuaci贸n del grupo.

Agreg贸 que la acci贸n era leg铆tima y que respond铆a a los est谩ndares del DIH. Y declar贸 tambi茅n en contrario a la obligaci贸n estatal vigente en el derecho internacional e interno que 鈥渆l Estado no puede responder por los que son reclutados y usados en actos terroristas鈥. Esto porque el Estado no solo puede, sino que debe responder por la vida, integridad, seguridad y libertad de las ni帽as y ni帽os reclutados por los distintos grupos armados ilegales y precaver tambi茅n las medidas del caso para que no exista tampoco reclutamiento ni utilizaci贸n de menores de edad por parte de la Fuerza P煤blica y de los organismos de seguridad estatales.

Adem谩s, como muchos lo han puesto de presente, est谩 equivocada y reprobable posici贸n del Gobierno Nacional, a trav茅s de su Ministro de Defensa, se relaciona con una ir贸nica situaci贸n que la agrava, la de que el mismo ministro Molano anteriormente fue director del ICBF. Es decir, el funcionario estatal y gubernamental con el principal cargo existente relacionado directamente con la obligaci贸n de velar por la protecci贸n y la atenci贸n de las ni帽as, ni帽os y adolescentes.


Este grave e injustificado desacierto del ministro de defensa, explica los duros como adecuados y acertados t茅rminos de un reciente editorial de El Espectador: 鈥淟as palabras empleadas por Molano muestran una concepci贸n cruel, maniquea, facilista y francamente angustiante de la realidad colombiana. 驴C贸mo no sentir verg眉enza cuando se utilizan las mismas t谩cticas de los reg铆menes autoritarios para deshumanizar al enemigo?鈥漑3]

Complementa afirmando que el ministro hizo violencia simb贸lica al desnaturalizar la condici贸n humana del 鈥渙tro鈥, negarle cualquier dignidad y justificar la acci贸n de destrucci贸n mortal, a t铆tulo de ser el enemigo a destruir. Y con justeza le critica tambi茅n el desconocer las causas socioecon贸micas, del conflicto y la violencia que llevan al reclutamiento y la utilizaci贸n de ni帽as y ni帽os por grupos armados que se oponen de manera violenta al pacto de paz de su anterior organizaci贸n insurgente.

Otro elemento pol茅mico, adem谩s dram谩tico para el caso, fue la referencia ir贸nica del ministro: 鈥淣o hab铆a nadie aprendiendo para el ICFES鈥. Dando lugar a su se帽alamiento que la presencia all铆 de menores estaba necesariamente ligada a un supuesto designio 鈥渢errorista鈥. Sin embargo, por el contrario, los testimonios revelan que la mayor铆a de los menores reclutados ilegalmente estaban estudiando y que en el caso de Danna Lizeth Montilla, ni帽a de 16 muerta en el bombardeo, le hab铆a escribi贸 a su maestro del colegio que aspiraba a poder terminar sus estudios a distancia, manifestando que algo al momento se lo imped铆a. Habia sido reclutada.

V铆ctor Currea en un art铆culo sobre esta situaci贸n con validez advierte que este ataque puede responder a un 鈥渙bjetivo militar l铆cito鈥, pero que su consideraci贸n no debe circunscribirse solo a los preceptos humanitarios sino a otras consideraciones del orden pol铆tico y social[4]. Por supuesto, l铆cito el ataque contra el grupo disidente, pero il铆cito, reprobable e injustificable el que se haya extendido el ataque contra las ni帽as y los ni帽os que estaban en el lugar, sobre lo cual parece no haber existido por las declaraciones gubernamentales una pol铆tica de reconocerlos en calidad de v铆ctimas y por tanto de proceder en consecuencia con su protecci贸n debida.

En lo referido al derecho humanitario, en sus declaraciones el ministro de marras utiliz贸 otra afirmaci贸n claramente contraria al DIH cuando afirm贸: 鈥淓l Derecho Internacional Humanitario (IDH) no determina edades para que se puedan desarrollar operaciones militares, lo que establece es que cuando se encuentra un campamento terrorista como este para desarrollar operaciones, estas son leg铆timas鈥漑5]. Es evidente esta adicional tambi茅n grave equivocaci贸n del ministro. El DIH en su Protocolo II establece no atacar ni帽os ni ni帽as, menores de 15 a帽os, exigencia que desde 1989 el Protocolo Facultativo de la Convenci贸n de los Derechos del Ni帽o, extendi贸 a la protecci贸n de los menores de 18 a帽os. Ambas disposiciones ley interna vigente. Esta protecci贸n es una de las ineludibles en todos los ataques militares de las FFAA. Si se ataca un campamento de cualquier grupo irregular en el desarrollo de hostilidades, debe preverse y actuar en correspondencia con tal obligaci贸n ineludible.


Por su parte, sobre esta situaci贸n Rodrigo Uprimny record贸 que el reclutamiento de personas menores de edad es una violaci贸n al DIH y constituye un crimen de guerra, por el cual sus autores deben responder. Precis贸 que solo puede ser considerado objetivo de guerra una persona en calidad de combatiente cuando participa directamente en combates o en formas propias de las hostilidades de guerra. De manera que en otras circunstancias, aunque est茅 reclutada, para el caso siendo menores de edad se considera ser de manera forzada, por lo cual se ha establecido su condici贸n de 鈥渧铆ctima y de poblaci贸n civil protegida鈥漑6].

El principio de precauci贸n exig铆a previa verificaci贸n para que el plan del operativo que configur贸 este ataque militar no afectara a poblaci贸n civil y, con ello, la actuaci贸n previa de inteligencia debi贸 prever la presencia de menores de edad en poder del grupo armado irregular perseguido. Grave es que se haya desconocido esta situaci贸n y no se haya actuado en correspondencia. Duda deja la eficacia del plan, cuando revelan las propias declaraciones oficiales que se cre铆a que estaba presente en el campamento Gentil Duarte, que no lo estaba, a la vez que se ignor贸 la presencia de menores o se omiti贸 la actuaci贸n en correspondencia.

En este sentido, la omisi贸n del deber de respeto regulado por el derecho humanitario es una falta grave que se contempla en su normativa. Al respecto, el Protocolo I, Art铆culo 86, vigente en el pa铆s por la Ley 12 de 1992, exige determinadas actuaciones que no pueden omitirse, o eludirse, para lograr evitar que ocurran infracciones al DIH. Seg煤n los comentarios de doctrina oficial del CICR al respecto: 鈥渓a responsabilidad de una violaci贸n por omisi贸n s贸lo puede establecerse si la persona concernida se ha abstenido de actuar cuando ten铆a el deber de hacerlo鈥漑7]. Explica que implica un no hacer cuando se ten铆a la obligaci贸n jur铆dica de hacer.


Por su parte, el principio de proporcionalidad del DIH exige que los ataques deben estar en correspondencia con relaci贸n al objetivo militar concreto, de forma que l铆citamente est谩 destinado a afectar, destruir o neutralizar, la ventaja militar contraria contenida en 茅l, pero de forma que no solo se establece para la protecci贸n de personas y bienes civiles y de otras protecciones especiales establecidas por el DIH, sino tambi茅n en protecci贸n de los propios combatientes del bando contrario. El tema est谩 en la normativa y lo ha explicado la doctrina como lo refiere el reconocido jurista Jean Pictek:

鈥淟as partes en conflicto no causar谩n a su adversario males desproporcionados con respecto al objetivo de guerra, que es destruir o debilitar el potencial militar del enemigo鈥漑8].

Sin embargo, esta no parece ser la actuaci贸n de las FFAA con estos bombardeos, m谩s a煤n desde su asesoramiento por un programa de la CIA a partir de 2006. El blanco de ataque, ya ha sucedido, supera de lejos las ventajas militares contrarias, destruye de forma total vidas humanas, el terreno y el medio ambiente presente. No se hace previendo la distinci贸n entre combatientes y no combatientes en el 谩rea afectada ni ateni茅ndose al principio de inmunidad de la poblaci贸n civil, el cual, aunque no lo crea el gobierno y su ministro y sus principales mandos y asesores militares, s铆 protege a las ni帽as y ni帽os en poder del grupo armado ilegal atacado.

Publicado en Revista Sur




Fuente: Prensarural.org