July 21, 2021
De parte de ANRed
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La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) presenta su informe anual 2021 sobre lugares de encierro, pol铆ticas de seguridad, ni帽ez y salud mental de la provincia de Buenos Aires. Se trata del 15掳 informe anual. Lo hace en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura designado formalmente. Se trata de un a帽o marcado por la pandemia que evidenci贸 a煤n m谩s la crisis humanitaria del sistema penal luego de cuatro a帽os de crecimiento sostenido de la poblaci贸n detenida. La actual gesti贸n de gobierno reconoci贸 y asumi贸 en los primeros meses la tarea de descomprimir un sistema penitenciario con elevados 铆ndices de sobrepoblaci贸n y hacinamiento. Una posici贸n positiva que logr贸 un leve descenso de la poblaci贸n en c谩rceles rompiendo la tendencia creciente de la 煤ltima d茅cada. Estas iniciativas no tuvieron su correlato en las decisiones del Poder Judicial ni en las pol铆ticas del Ministerio de Seguridad: a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisar铆as tuvieron la sobrepoblaci贸n m谩s alta de los 煤ltimos 15 a帽os. Por Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM)


Como cada a帽o, el informe anual de la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) presenta un extenso diagn贸stico del sistema penal en la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que el organismo puso siempre a disposici贸n de los tres poderes del Estado como un aporte al dise帽o, modificaci贸n e implementaci贸n de una pol铆tica criminal, de seguridad, penitenciaria, de ni帽ez y salud mental que garantice y respete los derechos humanos. Este es el primero que se presenta luego de la designaci贸n formal de la CPM como Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, y est谩 enmarcado en el contexto excepcional impuesto por la pandemia por COVID-19.

El gobierno de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires profundiz贸 la tendencia de los 煤ltimos 20 a帽os: reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la poblaci贸n detenida. El nuevo gobierno asumi贸 transitando una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas. Reconociendo la profunda crisis del sistema de encierro provincial y con el compromiso de transformarlo, convoc贸 a una Mesa Interinstitucional de di谩logo entre los tres poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CPM. Esta iniciativa fue un importante mensaje pol铆tico que se desactiv贸 luego de iniciada la pandemia.

Los discursos e intenciones del Ministerio de Justicia, los avances importantes en salud mental y otros 铆ndices alentadores como la leve ca铆da interanual de personas detenidas, y el descenso de j贸venes y mujeres en el encierro, no encontraron su correlato en el poder judicial que continu贸 reacio a los cambios, convirti茅ndose en el sost茅n de esta pol铆tica de sobre encarcelamiento. La excepci贸n fue el fallo del Juez de Casaci贸n V铆ctor Violini, que r谩pidamente fue revocado por la Suprema Corte. Por su parte, la gesti贸n del ministro de seguridad Sergio Berni, consolid贸 las mismas pol铆ticas punitivistas de sus antecesores.

En un contexto atravesado por la pandemia, la habilitaci贸n de los tel茅fonos celulares fue una valiosa iniciativa: ante la suspensi贸n de las visitas, garantiz贸 a las personas detenidas el acceso a su derecho a la comunicaci贸n y al v铆nculo familiar. Tambi茅n se constituy贸 en una herramienta para visibilizar y documentar casos de torturas, malos tratos y nula atenci贸n m茅dica.

La angustia y desesperaci贸n de las personas detenidas demand贸 una mayor intervenci贸n de la CPM que lanz贸 el programa Punto Denuncia Torturas, junto a ocho organizaciones de familiares y ex detenidos/as de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa novedosa permiti贸 fortalecer la capacidad de recepci贸n de denuncias y la intervenci贸n frente a las violaciones a los derechos humanos en lugares de encierro.

De este modo, durante el 2020 los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas, realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos; casi la mitad de estas denuncias, m谩s de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial.  Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la poblaci贸n encarcelada.

A partir de estas comunicaciones, se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. Tambi茅n se presentaron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atenci贸n m茅dica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represi贸n, casos sospechosos o positivos de Covid-19.

Adem谩s, durante el 2020 la CPM continu贸 realizando inspecciones a c谩rceles, comisar铆as, alcaid铆as y centros de detenci贸n de j贸venes, la mayor铆a de car谩cter urgente frente a los conflictos que se presentaron. Durante las protestas producidas los d铆as 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre, los equipos de la CPM se constituyeron en todas ellas, realizando un seguimiento de las v铆ctimas de la represi贸n los d铆as posteriores.

El informe sobre este 煤ltimo hecho habla de la magnitud de lo ocurrido: m谩s de 1.500 personas padecieron represi贸n extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que est谩 expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las c谩rceles 48 de San Mart铆n y 31 de Florencio Varela.

Antes de la represi贸n, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya hab铆a mostrado su accionar criminal provocando y fogoneando la protesta, incitando a los detenidos a subirse a los techos, sosteniendo las escaleras para que lo hagan o abriendo las puertas de los patios sin custodia.

Tambi茅n cabe recordar que durante esos hechos falleci贸 Joel Rom谩n Carretero por una 芦lesi贸n sufrida por la ca铆da desde uno de los techos禄 en la UP 46 de San Mart铆n. En la represi贸n de abril en Florencio Varela, Federico Rey fue asesinado por penitenciarios que dispararon con bala de plomo, a pesar de estar prohibido su uso en el interior de las c谩rceles.

La reiteraci贸n de las recetas punitivistas en la cartera de seguridad

En las pol铆ticas de seguridad de la Provincia se intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducci贸n civil de las polic铆as y unificaci贸n de las jefaturas, profundizaci贸n del esquema de saturaci贸n policial como mecanismo de gesti贸n territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisar铆as. A diferencia de otras 谩reas de la actual gesti贸n, el Ministerio de Seguridad insisti贸 en una receta que ya tiene 20 a帽os y un fracaso reiterado: el punitivismo como 煤nica respuesta a los problemas de seguridad.

Como el mismo gobierno reconoci贸, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pas贸 a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas m谩s. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputaci贸n de un delito y s贸lo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dict贸 prisi贸n preventiva o fueron condenadas.

Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculaci贸n con la comisi贸n de delitos. Esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturaci贸n de las comisar铆as como lugares de detenci贸n.

Sobre el primero de los puntos, s贸lo la CPM registr贸 durante el a帽o 400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Si bien los 123 casos registrados en el 2020 marcan un descenso interanual, 21 menos que en 2019, es relevante incorporar al an谩lisis la disminuci贸n de las denuncias de il铆citos; elemento que debe considerarse porque la mayor铆a de las muertes producidas por polic铆as se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son v铆ctimas de robo. Los casos de gatillo f谩cil, que terminaron en la muerte de Lucas Ver贸n, Ulises Rial y Ezequiel Corbal谩n, son una muestra de pr谩cticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparici贸n y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuaci贸n policial, no investigada por la justicia federal.

Sobre las violaciones a los derechos humanos en comisar铆as, el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanz贸 en noviembre el record de los 煤ltimos 15 a帽os: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas. El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implic贸 una sobrepoblaci贸n del 295%, casi 80 puntos m谩s que el a帽o anterior. En ese contexto cr铆tico, 18 personas murieron en comisar铆as bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad continu贸 incumpliendo con las 贸rdenes judiciales de clausurar comisar铆as, incluso con una resoluci贸n del propio Tribunal de Casaci贸n provincial y tambi茅n con lo dispuesto por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos que otorg贸 medidas cautelares sobre 21 dependencias.

A diciembre de 2020, se informaron 304 comisar铆as ocupadas, de las cuales 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas ya sea por inhabilitaci贸n ministerial o clausura judicial. Sin embargo, en esta condici贸n alojaban al 36% del total de personas detenidas.

Finalmente, no s贸lo el Ministerio continu贸 incumpliendo 贸rdenes de clausura, sino que tambi茅n demostr贸 su desd茅n con las instancias de di谩logo y se ausent贸 sistem谩ticamente de las mesas de trabajo convocadas por el gobierno en el marco de las medidas cautelares en tr谩mite ante la CIDH.

Algunos indicios alentadores que deben consolidarse

A nivel provincial el n煤mero de personas detenidas se mantuvo estable, pasando de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas (-1%). Como puede observarse, no existi贸 ninguna liberaci贸n masiva de personas. No obstante, la variaci贸n interanual fue negativa por primera vez en 13 a帽os. Y como se dijo, luego de cuatro a帽os en donde el crecimiento de las personas detenidas fue exponencial, a un promedio interanual del 9%.

Sin embargo, este leve descenso tambi茅n debe analizarse considerando que la cantidad de delitos disminuy贸 en la provincia de Buenos Aires, conforme fuera anunciado conjuntamente por el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand y el ministro de Seguridad Sergio Berni en septiembre de 2020. Es decir, si bien el delito disminuy贸 de manera considerable no hubo un correlato similar en la disminuci贸n de personas detenidas.

Con todo esto, la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes (mayores de 18 a帽os) baj贸 de 415 a 399, equiparando el registro de 2018. Si bien 2020 interrumpi贸 la tendencia ascendente iniciada en 2014, la tasa de encarcelamiento actual es 55% m谩s alta que hace diez a帽os.

La sobrepoblaci贸n del sistema carcelario descendi贸 de 118% en 2019 a 106 % en 2020. Esto significa que todav铆a la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie hist贸rica, 2020 rompi贸 una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014.

Por otro lado, la pandemia evidenci贸 la crisis sanitaria en el encierro y reforz贸 un reclamo ya hist贸rico de la CPM: el pase de Salud Penitenciaria a la 贸rbita del Ministerio de Salud para integrarse a las pol铆ticas sanitarias provinciales. Durante el 2020 murieron 178 personas en c谩rceles y alcaid铆as de la provincia de Buenos Aires; 30 m谩s que el a帽o anterior. Esto es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos d铆as. De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19; 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayor铆a cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida.

Las pol铆ticas de encierro durante el 2020 tambi茅n muestran el descenso de la cantidad de mujeres, travestis, trans y j贸venes en prisi贸n, datos alentadores porque hablamos de poblaciones particularmente vulnerables.

Al finalizar el a帽o, hab铆a 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB, esto es un 10,5% menos que el a帽o anterior. Particularmente notorio fue el descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 a帽os: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del a帽o anterior.

Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020.

Con respecto al fuero de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de j贸venes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Ni帽ez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del a帽o pasado, un dato positivo que redujo el hist贸rico problema de hacinamiento. Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos j贸venes por falta de pol铆ticas adecuadas de prevenci贸n de los suicidios. Uno de ellos hab铆a sido v铆ctima de torturas el d铆a anterior.

Hay otro dato poco alentador: s贸lo 245 de los 753 ni帽os, ni帽as y j贸venes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo alg煤n contacto previo con el Sistema de Promoci贸n y Protecci贸n de Derechos de ni帽os, ni帽as y j贸venes. Es decir, el Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneraci贸n de derechos.

El otro dato preocupante que se sostiene en el tiempo tiene que ver con los j贸venes inimputables de 15 a帽os o menos que ingresan al sistema de encierro; durante el 2020, fueron un 12% del total.

Por 煤ltimo, una menci贸n especial merecen las pol铆ticas de salud mental que presentaron notables avances en la elaboraci贸n y presentaci贸n de los planes de readecuaci贸n de los manicomios p煤blicos para cumplir con la ley de salud mental, y tambi茅n en las acciones tendientes a fortalecer los dispositivos de externaci贸n. Como consecuencia, bajaron la cantidad de personas encerradas en manicomios p煤blicos y la cantidad de fallecimientos en estos 谩mbitos. A 10 a帽os de la sanci贸n de la ley, esa deuda comienza a saldarse.

En esa l铆nea, urge ahora consolidar la fiscalizaci贸n y control de las comunidades terap茅uticas; a diferencia del sector p煤blico, las muertes se incrementaron en las instituciones privadas. Tambi茅n es necesario intervenir las unidades carcelarias 34 y 45 que alojan a personas con padecimiento mental, lugares que no siguen una l贸gica tratamental sino securitaria sin cumplirse con la ley de salud mental.

La CPM presenta este informe, el Sistema de la crueldad XV, como una herramienta para la transformaci贸n profunda de la pol铆tica criminal en la provincia que promueva y consolide el paradigma de los derechos humanos como garant铆a fundamental de la democracia.





Fuente: Anred.org