December 21, 2020
De parte de Indymedia Argentina
448 puntos de vista

Recopilaci贸n de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2020.

En este enlace pod茅s descargar el informe y listados completos del Archivo 2020 de Casos de Personas Asesinadas por el estado.

Situaci贸n Represiva Nacional:
1) Las necesidades del pueblo son esenciales, 隆la represi贸n no!
2) Una agenda antirrepresiva urgente

Recopilaci贸n de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado:
1) 驴Por qu茅 hacemos el archivo?
2) 驴C贸mo hacemos el archivo?
3) Las conclusiones


Situaci贸n Represiva Nacional

Las necesidades del pueblo son esenciales, 隆la represi贸n no!

Hace un a帽o, tras las elecciones y el cambio de gobierno, iniciamos una etapa con cambios, pero tambi茅n con continuidades. La alianza Frente de Todos, con su heterog茅nea amplitud, asumi贸 la gesti贸n del gobierno nacional y de la mayor铆a de las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, pero el macrismo continu贸 gobernando la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, Jujuy y Corrientes, adem谩s de algunas intendencias claves en la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Bah铆a Blanca y La Plata, m谩s varias del conurbano, como Lan煤s, Vicente L贸pez y Tres de Febrero.

El d铆a que asumi贸 la presidencia, Alberto Fern谩ndez dijo ante la Asamblea Legislativa 鈥Debemos escapar al gatillo f谩cil y a la l贸gica de la muerte por la espalda鈥, expresi贸n que entendimos como reivindicaci贸n a la lucha consecuente, por d茅cadas, de las familias de las v铆ctimas de la represi贸n estatal, que por primera vez en la historia argentina era reconocida por un jefe de estado y por gran parte de su base social. El caudal considerable de apoyo social que acompa帽贸 al gobierno al momento de su inauguraci贸n abr铆a el camino a tomar medidas favorables en este sentido. Por eso, desde el minuto cero, incluso antes de la asunci贸n del mando, exigimos al nuevo gobierno algunas medidas urgentes e imprescindibles para terminar con la doctrina Chocobar, para frenar la militarizaci贸n de los barrios y calles, las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo f谩cil y la criminalizaci贸n de la protesta y el conflicto social, todas luchas compartidas a lo largo de la pesadilla macrista con buena parte de su base.

Ven铆amos de cuatro a帽os de presidencia de Mauricio Macri con su alianza Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, que nos dej贸 la m谩s grave crisis econ贸mico-social de las 煤ltimas d茅cadas, y una profunda transformaci贸n de la pol铆tica represiva en el pa铆s, llevada a niveles nunca antes vistos desde el fin de la dictadura c铆vico-militar-eclesi谩stica. Fue un gobierno que, al tiempo que reivindicaba el terrorismo de estado de la dictadura, decret贸 la pena de muerte a punta de reglamentaria, con protocolos de actuaci贸n de las fuerzas que generaron un verdadero estado de excepci贸n; r茅cord absoluto de muertes de personas por fusilamientos de gatillo f谩cil; operativos contra la protesta social con un despliegue b茅lico cada vez m谩s marcado; presas y presos pol铆ticos, y centenares de nuevas causas con imputaciones grav铆simas contra manifestantes; un aparato de seguridad recargado, con el hostigamiento y persecuci贸n constante a trabajadores, j贸venes, migrantes, disidencias sexuales y de g茅nero y a quienes sobreviven con tareas precarias en la v铆a p煤blica, y un sistema penal especializado en criminalizar pobres, con c谩rceles con una superpoblaci贸n como nunca se vio en Argentina, mientras beneficiaron a genocidas y represores de la democracia con libertades o arrestos domiciliarios.

Fue una gesti贸n que instal贸 un verdadero estado de excepci贸n, con suspensi贸n de derechos y garant铆as, con el objetivo de imponer el m谩s f茅rreo disciplinamiento y control social para tratar de cumplir su objetivo de fondo, que no era otro que la profunda transformaci贸n de la relaci贸n capital-trabajo en nuestro pa铆s.

El pueblo trabajador no se mantuvo inm贸vil frente al avasallamiento de sus derechos, conquistados a lo largo de d茅cadas de luchas populares, y sali贸 a las calles a enfrentar el ajuste y tambi茅n la creciente represi贸n. En un marco de unidad de acci贸n indispensable frente al gobierno de la derecha m谩s reaccionaria, protagonizamos jornadas multitudinarias contra el avance de esas reformas estructurales, como las de diciembre de 2017, que, aunque no alcanzaron para evitar la previsional, frenaron la laboral. A la vez, fueron imponentes las manifestaciones en todo el pa铆s que repudiaron el intento del 2脳1 a los genocidas, la domiciliaria a paradigmas del terrorismo de estado como Etchecolatz, la desaparici贸n forzada y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y la imposici贸n de la Doctrina Chocobar, con su inmediata consecuencia del record absoluto de asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad en democracia.

Fue entonces que construimos nuestra Agenda Antirrepresiva, que propone una serie de medidas urgentes con capacidad para reducir significativamente la letalidad cotidiana del accionar de las fuerzas de seguridad. Un pliego de exigencias y reivindicaciones inmediatas que, finalmente, se enlaza a una perspectiva social de cuestionamiento y transformaci贸n al sistema actual.

Asumida la nueva gesti贸n, a su pedido, presentamos la Agenda a la nueva ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, que a menos de 15 d铆as de asumir cumpli贸 con cinco de ellas, referidas a los protocolos de actuaci贸n de las fuerzas de seguridad federales impuestos por su antecesora, Patricia Bullrich:

  • Derogaci贸n de la Resoluci贸n 956/2018 que habilitaba el uso del arma reglamentaria de las FFSS federales en cualquier circunstancia.
  • Derogaci贸n de la Resoluci贸n 845/2019 que sistematizaba y masificaba la intercepci贸n y detenci贸n de personas 鈥減ara identificar鈥 en las estaciones de trenes (Programa 鈥淥fensores de Trenes鈥).
  • Derogaci贸n de la Resoluci贸n 598/2019 que cre贸 el 鈥淪ervicio C铆vico Voluntario en Valores鈥 a cargo de GNA, para adoctrinar y militarizar a la juventud.
  • Derogaci贸n de la Resoluci贸n 395/2019 que aprob贸 el uso de las picanas Taser.
  • Revocaci贸n de la Resoluci贸n 932/2019 que cre贸 el 鈥淐entro de Formaci贸n de Gendarmes鈥 en la Unidad Tur铆stica Chapadmalal.

Poco despu茅s, el mismo ministerio prohibi贸 el uso del arma reglamentaria a los miembros de la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria fuera del horario y lugar de servicio, y derog贸 un sexto protocolo, el destinado a la detenci贸n de personas LGBTTIQ+.

En todos esos casos, consideramos esas medidas como un avance progresivo, sin dejar de marcar que, tomadas de forma parcial y aislada, sin acometer el conjunto, no producir铆an cambios significativos, como lo prob贸 en el curso de 2020 la constante de innumerables situaciones de violencia represiva, con las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro y Francisco Javier Cruz en la provincia de Buenos aires, y de Luis Armando Espinoza en Tucum谩n como extremos, lo que remite a la urgencia y necesidad de la Agenda en su conjunto.

A la vez, debimos se帽alar decisiones del gobierno que contradec铆an, en los hechos, aquel incipiente camino auspicioso, como la designaci贸n del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales tras la primera reuni贸n Berni-Frederic o la resoluci贸n nacional que puso en manos de las fuerzas federales la implementaci贸n del ciberpatrullaje.

Ya en febrero, defendimos -no sin marcar sus limitaciones- el proyecto de ley antinegacionismo anunciado por el presidente a su regreso de la gira europea. Pero apenas 10 d铆as despu茅s, en lugar del env铆o del proyecto, Fern谩ndez llam贸 a 鈥渄ar vuelta la p谩gina鈥 con las FFAA, lo que necesariamente debimos repudiar.

Entrado el mes de marzo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el pa铆s, medida sin dudas correcta desde el punto de vista sanitario frente a la irrupci贸n de la pandemia, pero que no fue acompa帽ada por medidas de car谩cter social y asistencia suficientes para garantizar su cumplimiento por la totalidad de la poblaci贸n. Las asignaciones de emergencia como el IFE o la continuidad de la AUH no llegaron a asegurar un ingreso universal que permitiera sobrevivir en la emergencia al 40% de la poblaci贸n m谩s precarizada y vulnerada, ni garantizaron las medidas de protecci贸n correspondientes. Empeor贸 el escenario que las fuerzas de seguridad fueran designadas como responsables de la implementaci贸n del aislamiento, con control de la circulaci贸n en las calles.

El gobierno, que asumi贸 con la promesa de gobernar a favor de los que menos tienen, y contaba con el suficiente consenso para acometer medidas importantes en ese sentido, a poco de andar inclin贸 la balanza en defensa de los que m谩s tienen. La formulaci贸n de un capitalismo en el que todos ganen no existi贸 -ni existir谩- y, en plena crisis econ贸mica mundial, sostener los privilegios de los due帽os de todo implica que los pobres sean cada vez m谩s y m谩s pobres. El mensaje al FMI de 鈥渘o vamos a pagar a costa del pueblo鈥, termin贸 con la adopci贸n de las recetas ortodoxas de siempre que someten a los pa铆ses a la m谩s cruel dependencia. Lejos de suspender el pago de la deuda externa, y mucho m谩s de investigar su car谩cter il铆cito e ileg铆timo, como fue el reclamo de muchas organizaciones populares e incluso simpatizantes del Frente de Todos, el gobierno hizo un acuerdo que implicar谩 mucho sacrificio para el pueblo.

Como cada vez que el FMI ha dirigido la econom铆a de pa铆ses a los que contribuy贸 a destruir (los ejemplos de Ecuador y Grecia est谩n al alcance de la mano) las recetas 鈥渆stabilizadoras鈥 resultan en un c煤mulo de medidas antipopulares que, en nuestro caso, ya se han puesto en marcha. El no pago del IFE 4 y el descongelamiento de las tarifas por servicios esenciales, el cambio de actualizaci贸n en haberes jubilatorios, la baja de varios productos de primera necesidad del sistema de precios cuidados, anuncian un verano por dem谩s caliente.

Los cr茅ditos de Facilidades Extendidas (EFF) a los que aspira el gobierno, implican necesariamente someterse a ajustes estructurales en tres materias de profundo impacto social y de especial repercusi贸n en amplias franjas de la poblaci贸n: las jubilaciones y pensiones (cuyos 铆ndices de actualizaci贸n ya cambiaron en detrimento del poder adquisitivo), el r茅gimen de trabajo (la reforma laboral tan reclamada por los empresarios y legitimada por la burocracia sindical de la CGT) y la estructura tributaria (en la que el car谩cter regresivo se impone y el aporte extraordinario a las grandes fortunas se dilata).

El gobierno pretende que habr谩 un rebrote en la actividad econ贸mica y con 茅l un ascenso de la recaudaci贸n que permitir谩 sostener el d茅ficit fiscal. Pero si el rebrote no es tal, o es escaso, el estancamiento ser谩 algo m谩s que una posibilidad. En un pa铆s que tiene al 45% de su poblaci贸n en la pobreza (m谩s de seis de cada diez ni帽os y ni帽as ya lo son) el panorama no es el mejor.

El gobierno tambi茅n propone, como salida a la crisis, la continuidad y profundizaci贸n del extractivismo, con la expansi贸n del agronegocio, la instalaci贸n de mega-granjas porcinas, la gesti贸n de los hidrocarburos y la megaminer铆a, todo de la mano de empresas trasnacionales. Un modelo que implica la producci贸n y exportaci贸n de bienes primarios con escaso valor agregado y que, con el atractivo del ingreso de divisas y de inversiones especulativas extranjeras, esconde la reprimarizaci贸n de la econom铆a caracter铆stica de la regi贸n, que viene de la mano de la militarizaci贸n de los territorios, la represi贸n y la criminalizaci贸n a quienes luchan por la defensa de los bienes comunes y el medio ambiente y resisten las pol铆ticas de saqueo y contaminaci贸n.

Las perspectivas de tensi贸n social se incrementan con la profundizaci贸n de la crisis econ贸mica y el desempleo. Y con ellas, las que contienen respuestas represivas que 鈥揷omo se ha demostrado a lo largo de la cuarentena- han crecido exponencialmente con m谩s recursos y facultades a las fuerzas represivas.

Como hemos mencionado, las medidas sociales adoptadas durante el ASPO se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobr贸 relevancia y el resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicaci贸n de tormentos y muertes en comisar铆as, seguido por un importante n煤mero de fusilamientos de gatillo f谩cil en las calles. Nuestro Archivo registra un n煤mero preocupante de casos, m谩s a煤n si tenemos en cuenta que la disminuci贸n notoria de la circulaci贸n de personas debi贸 haber generado una mengua importante. En las barriadas, a la ya fuerte presencia policial y de otras fuerzas de seguridad, se sum贸 la facultad del control de circulaci贸n con lo que la arbitrariedad y violencia policial se reflejaron en centenares de situaciones que hemos ido denunciando en nuestros reportes.

Tampoco hubo respuesta oficial alguna frente a la muy alarmante situaci贸n en los lugares de encierro, particularmente las c谩rceles. En cuanto se plante贸 la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la poblaci贸n carcelaria en riesgo, para paliar la enorme sobrepoblaci贸n, la presi贸n de sectores reaccionarios bloque贸 esas medidas, que fueron respondidas con la represi贸n a los reclamos por las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de su libertad, sin los privilegios de los que gozan represores, genocidas y otros 鈥減resos VIP鈥.

Las protestas que se sucedieron a lo largo y ancho del pa铆s desde la primera semana de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio y siguen hasta hoy, se originaron por la falta de respuestas a esos reclamos b谩sicos, como la provisi贸n de insumos para comer, higienizarse y desinfectar los pabellones, y por la ausencia de todo cuidado por parte de los carceleros, que, en cambio, cumplieron al pie de la letra la orden de reprimir.

Seg煤n los datos que hemos podido recopilar, desde que inici贸 el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el 20 de marzo de este a帽o, hemos dado con la inconcebible realidad de que m谩s de 250 personas murieron en lugares de detenci贸n, una quinta parte de ellas a causa del virus COVID-19. Durante la represi贸n a los reclamos y protesta, cinco personas murieron en las c谩rceles de Santa Fe, y en las provincias de Corrientes, Florencio Varela y Jujuy, cuatro j贸venes fueron fusilados por miembros del servicio penitenciario con balas de plomo.

En ese escenario nacional 鈥揹el que la provincia de Buenos Aires acapara m谩s de la mitad, igual que lo hace con el conjunto de la poblaci贸n- claramente la respuesta no puede ser m谩s represi贸n, ni tampoco la construcci贸n de m谩s c谩rceles, que lejos de 鈥渞esolver鈥 la superpoblaci贸n se llenar谩n de nuevas personas presas en iguales condiciones a las actuales. As铆 lo demuestran experiencias anteriores, como la pol铆tica de construcci贸n de nuevas c谩rceles llevada adelante en la provincia de Buenos Aires entre los a帽os 2004 y 2007, que sum贸 una decena de nuevas unidades, entre las que est谩n las que mayores conflictos presentan hoy, como las de San Mart铆n y Florencio Varela.

Del mismo modo se advirti贸 la falta de soluciones concretas y suficientes para mujeres en situaci贸n de violencia machista y para el colectivo LGTTBIQ+, muy en particular la comunidad travesti-trans, seriamente afectada por la precarizaci贸n de sus formas de subsistencia que se agravaron en el contexto de la pandemia y que es hostigada constantemente por las fuerzas represivas que, en la pr谩ctica, violan sistem谩ticamente la ley de identidad de g茅nero.

Con el caso de Guernica como mayor exponente, numerosas ocupaciones de tierras fiscales o abandonadas por sus due帽os en todo el pa铆s, llevadas adelante por familias que perdieron sus viviendas en la pandemia o que arrastran hace d茅cadas el d茅ficit enorme que afecta a m谩s de dos millones de personas, han sido desalojadas de manera violenta por el aparato represivo estatal. En el caso de Guernica qued贸 expuesta la responsabilidad pol铆tica del gobierno, que paralelamente a la decisi贸n de reprimir intent贸 culpabilizar a las organizaciones populares que acompa帽aban a las familias de la falta de acuerdo, cuando la propuesta del estado era totalmente insuficiente para resolver el problema de vivienda.

En franca contradicci贸n con sus medidas iniciales, promediando la cuarentena, el gobierno nacional habilit贸 el uso de pistolas Taser para grupos especiales de las fuerzas federales y dio carta blanca a distritos como la ciudad y la provincia de Buenos Aires para su uso, al amparo de la autonom铆a de las provincias. A ello se suma el Plan de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires, con una partida presupuestaria de 38 mil millones de pesos que ya comenzaron a llover sobre los municipios, como Quilmes y Lomas de Zamora, bajo la forma de construcci贸n de nuevas c谩rceles y adquisici贸n de patrulleros y otros pertrechos, adem谩s de financiar el reclutamiento de otros 10.000 efectivos policiales que se suman a los 96.000 ya existentes. En una palabra, contrariamente al reclamo de sectores de la oposici贸n y del mismo Frente de Todos sobre estas realidades, se concedi贸 m谩s presupuesto para aumentar el poder de fuego de las polic铆as.

Frente a los acuerdos paritarios baj铆simos de la mayor铆a de lxs trabajadorxs, en particular de la salud y la educaci贸n, que enfrentan la pandemia en un contexto de h铆per explotaci贸n, se otorgaron aumentos salariales y un festival de suplementos y premios a las fuerzas provinciales y federales, en particular a la de la provincia de Buenos Aires, que protagoniz贸 un reclamo extorsivo con amotinamiento, sin sanci贸n alguna para sus protagonistas. Mientras tanto, se han reprimido en distintos lugares del pa铆s, con resultado de heridxs y detenciones, movilizaciones de trabajadorxs, DDHH y otros sectores del campo popular, as铆 como las organizaciones populares que aportan soluciones concretas a las necesidades insatisfechas, sin que el cambio de ASPO a DISPO en la zona metropolitana muestre se帽ales de modificaciones sustanciales en esta pol铆tica.

Una agenda antirrepresiva urgente

Ya hace bastante tiempo CORREPI decidi贸 arriesgarse a un salto de calidad en su intervenci贸n p煤blica, para pasar de s贸lo denunciar la represi贸n y definirla como pol铆tica de estado a elaborar una agenda de medidas de coyuntura, que, aunque naturalmente nunca van a lograr la eliminaci贸n de un rasgo propio de cualquier gobierno en el marco del sistema capitalista, pueden reducir significativamente su letalidad cotidiana.

Nuestra agenda antirrepresiva urgente remite a temas tan sensibles hist贸ricamente como portaci贸n del arma reglamentaria fuera de servicio, facultades para detener personas arbitrariamente, uso indiscriminado y masivo de la prisi贸n preventiva -salvo cuando son represores-, defensa t茅cnica institucional de miembros de las fuerzas imputados en causas penales, dificultad del acceso a las causas de las familias de las v铆ctimas, mantenimiento en servicio de los funcionarios imputados, entre otras.

Se trata de medidas que no requieren la previa transformaci贸n profunda del sistema social 鈥撁簄ica v铆a para terminar de cuajo con las pr谩cticas represivas como pol铆tica de estado-, sino que podr铆a tomar, aqu铆 y ahora, cualquier gobierno que quisiera realmente poner un m铆nimo freno a las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detenci贸n, el gatillo f谩cil, las desapariciones, los femicidios de uniforme, la represi贸n a trabajadorxs organizadxs y a conflictos de tierra y vivienda.

En algunos casos se trata de reclamos que se remontan casi al origen de nuestra institucionalidad, en otros de medidas de muy reciente data. Incluso hay algunos puntos que tienen el aval del sistema regional de DDHH, como la exigencia de la derogaci贸n del sistema de detenciones arbitrarias, ordenado al Estado Argentino por la Corte IDH en la sentencia del Caso Bulacio en septiembre de 2003, que sigue incumplida en ese tramo.

Por ejemplo, si se universalizara a todas las fuerzas de seguridad la prohibici贸n de portar el arma reglamentaria fuera de servicio, como ya rige para la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria, se reducir铆a un 50% el gatillo f谩cil, ya que la mitad de los fusilamientos en la v铆a p煤blica son protagonizados por funcionarios de franco con su arma reglamentaria. Si se derogaran las normas que habilitan a las fuerzas a detener personas arbitrariamente y se eliminaran las pr谩cticas no normadas como las razzias, tal como lo ordena el fallo Bulacio, caer铆an a la mitad las muertes en comisar铆as. M谩s del 50% de las personas que mueren bajo custodia policial no estaban detenidas por orden judicial, sino que eran 鈥渄emoradas鈥 por averiguaci贸n de antecedentes, 鈥渃ontraventores鈥 por faltas o contravenciones o arrestadas en razzias u otros procedimientos masivos sin intervenci贸n previa judicial. 脡sas son solamente dos de la veintena de medidas propuestas, cuyo cumplimiento seguimos exigiendo.

A punto de cerrar este a帽o 2020 de tan graves consecuencias para la totalidad del pueblo trabajador, en Argentina y en el mundo, vemos que, a pesar de aquellas palabras del presidente Fern谩ndez cuando llam贸 a terminar con el gatillo f谩cil y la l贸gica del disparo por la espalda, y de esas primeras medidas auspiciosas del ministerio nacional con la derogaci贸n de seis de los Protocolos Bullrich, vivimos hoy una realidad que, aunque no alcanza 鈥損or ahora- la situaci贸n de excepci贸n sin precedentes que nos impuso el macrismo, no es nada alentadora y se agrava cada d铆a que pasa. Como sostenemos hace m谩s de 30 a帽os, la pol铆tica represiva no es un fin en s铆 mismo, sino la herramienta para imponer el control social y el disciplinamiento cuando el consenso no alcanza.Por eso, hoy presentamos la actualizaci贸n 2020 del Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal y el informe de la situaci贸n represiva nacional, y exigimos el cumplimiento de la agenda antirrepresiva urgente, bajo la consigna: Las necesidades del pueblo son esenciales, 隆la represi贸n no!

Recopilaci贸n de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado

1. 驴Por qu茅 hacemos el Archivo?

En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem 鈥渆xplic贸鈥 a los medios por qu茅 crec铆an las denuncias p煤blicas por fusilamientos policiales: 鈥淗ay periodistas de pluma f谩cil鈥, dijo.

En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Polic铆a Federal, comisario Adri谩n Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agreg贸 una frase en la que reson贸 la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: 鈥溌緿贸nde est谩n los nombres?鈥.

Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurr铆a c贸mo, hasta que Delia Garcilazo, mam谩 de Rodolfo 鈥淔ito鈥 R铆os, torturado hasta morir en la c谩rcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reuni贸n: 鈥淗agamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el pa铆s, desde que termin贸 la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo鈥.

Promediaba el a帽o, no ten铆amos acceso a internet ni correo electr贸nico, y s贸lo dos militantes de CORREPI ten铆an computadora. Delia organiz贸 un equipo de tres compa帽eras, que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los casos de los familiares organizados en CORREPI y siguieron con los contactos del interior del pa铆s. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron periodistas que, como Enrique Sdrech y Carlos Rodr铆guez, pusieron a nuestra disposici贸n sus propios archivos de 鈥渃asos policiales鈥 para rastrear fusilamientos por gatillo f谩cil, muertes en c谩rceles y comisar铆as y desapariciones desde fin de 1983.

Cerca de fin de a帽o, presentamos el Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos, en Plaza de Mayo. Mientras transcurr铆a la radio abierta, una delegaci贸n de los familiares cruz贸 la calle Balcarce y entreg贸 una copia en la mesa de entradas del ministerio del Interior, indicando que le tra铆an al ministro Corach la lista de los nombres que hab铆a pedido.

La repercusi贸n que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendr铆a contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo m谩s invisibilizado y naturalizado de la represi贸n, nos motiv贸 a sostener sistem谩ticamente la actualizaci贸n del Archivo, y a reiterar cada a帽o su presentaci贸n p煤blica.

El Archivo sigui贸 creciendo, fuimos perfeccionando las t茅cnicas de b煤squeda y las herramientas de an谩lisis de los datos, y la actividad evolucion贸 hacia el Informe Anual de la Situaci贸n Represiva, incorporando a su contenido todas las formas de represi贸n, no s贸lo las que transcurren en los barrios sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora. Casi un cuarto de siglo despu茅s, aquella lista a mano en el cuadernito de Delia es una base de datos con miles de registros, al que aportan sistem谩ticamente organizaciones compa帽eras y contactos desde distintos lugares del pa铆s. El acto de su presentaci贸n anual se convirti贸 en una instancia de s铆ntesis de las luchas antirrepresivas en todo el pa铆s, que convoca la presencia de organizaciones y compa帽eros y compa帽eras de todos los sectores, y permite, m谩s all谩 de los vaivenes del 鈥渋nter茅s鈥 de la prensa hegem贸nica, seg煤n los vientos que corran, visibilizar masivamente lo m谩s silenciado e invisibilizado de la pol铆tica represiva de los sucesivos gobiernos.

Este Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estad铆stico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada a帽o los mecanismos de b煤squeda y procesamiento de datos, la creciente invisibilizaci贸n de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales m谩s vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que s贸lo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicaci贸n a nuestro alcance. Se percibe, as铆, la diferente calidad de informaci贸n de que disponemos en las regiones donde hay activa militancia antirrepresiva. Por eso, convocamos a toda persona que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la informaci贸n que falta.

Es imposible calcular la 鈥渃ifra negra鈥 del gatillo f谩cil y de las muertes en c谩rceles y comisar铆as o por la tortura. Solo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, adem谩s de los casos ocurridos en el a帽o en curso, otros de a帽os anteriores, comprobando, en la pr谩ctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. En particular, resulta dif铆cil acceder a los datos de las personas que mueren en c谩rceles, de las que, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares, solo conocemos informes oficiales como los de la Procuraci贸n Penitenciaria de la Naci贸n, para el sistema federal, o los de la Comisi贸n Provincial por la Memoria o el Comit茅 de Prevenci贸n de la Tortura para la provincia de Buenos Aires. Esas muertes, que totalizan centenares al a帽o, solo son conocidas en esos pocos distritos, y al a帽o siguiente de producidas, lo que demora su incorporaci贸n al Archivo.

En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gr谩ficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represi贸n estatal sea sumamente 煤til y permita acceder a una realidad que padecemos a diario pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confecci贸n del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organizaci贸n y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposici贸n de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el d铆a a d铆a represivo en nuestro pa铆s.

Quiz谩s la prueba m谩s contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares hayan sido los esfuerzos de varios gobiernos nacionales y provinciales a lo largo de estos a帽os para intentar desacreditarla. El m谩s sistem谩tico fue el protagonizado por la ministra de Seguridad Nacional de Cambiemos 鈥揾oy Juntos por el Cambio- Patricia Bullrich, que culmin贸 con el pat茅tico contra-informe titulado 鈥淢inisterio de Seguridad vs. CORREPI鈥, presentado con gran pompa y circunstancia el 30 de septiembre de 2019, que no pudo desmentir un solo dato.

Por el contrario, termin贸, a su pesar, confirmando la precisi贸n de los datos contenidos en este Archivo y hasta complet贸 algunos registros en los que nocont谩bamos con el nombre o grado del victimario, o ignor谩bamos la resoluci贸n judicial. No pudo se帽alar un solo caso como falso. En su cuenta m谩gica para bajar los n煤meros, descart贸 las muertes bajo custodia, los femicidios y otras modalidades; limit贸 su cuenta a tres fuerzas federales (PFA, PNA y GNA), y excluy贸 los casos considerados 鈥渓eg铆tima defensa鈥 por 鈥渟us fuentes鈥, a las que tuvo a bien enumerar para que no quedaran dudas: las fuerzas, el ministerio y la justicia.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualizaci贸n y de su presentaci贸n p煤blica cada a帽o, es aportar al an谩lisis de la situaci贸n que vive nuestro pa铆s, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represi贸n cotidiana como pol铆tica de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represi贸n es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotaci贸n.

2. 驴C贸mo hacemos el Archivo?

Las pautas que utilizamos para la construcci贸n del Archivo son las siguientes:

1. Incluimos todo caso que implique la aplicaci贸n de una pol铆tica represiva estatal, as铆 como la utilizaci贸n de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la v铆ctima.

2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: polic铆a federal,
polic铆as provinciales, polic铆a de la Ciudad, gendarmer铆a, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas
.

3. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y solo lo que responde a la aplicaci贸n de esas pol铆ticas estatales. El Archivo no es un conteo de 鈥渃iviles muertos鈥 en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de 鈥渓amentables accidentes鈥, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intr铆nseca de los gobiernos de reprimir.

4. A los fines estad铆sticos, desagregamos las modalidades en: gatillo f谩cil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicaci贸n de tormentos, e incluyen, tambi茅n, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represi贸n a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para 鈥渞esolver鈥 un conflicto interno o familiar, en palabras de Rodolfo Walsh, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayor铆a de las desapariciones). Tambi茅n desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones forzadas y de femicidios, femicidios relacionados y trans-travesticidios.

5. Cerramos la b煤squeda de datos entre fines de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del a帽o siguiente.

6. Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las b谩sicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las v铆ctimas; el chequeo sistem谩tico de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compa帽eros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten informaci贸n ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de inter茅s

3. Las conclusiones

Los datos registrados, con una acumulaci贸n de m谩s de dos d茅cadas, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la informaci贸n recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que se帽alamos como responsables de las pol铆ticas que llevan a la represi贸n en su respectiva etapa.

Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fr铆os n煤meros son parte de la lucha organizada contra la represi贸n que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo as茅ptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos s贸lo confirma, a帽o a a帽o, la necesidad de profundizar, en todo el pa铆s, la aplicaci贸n pr谩ctica de nuestra consigna fundacional: 隆CONTRA LA REPRESI脫N, ORGANIZACI脫N Y LUCHA!

Primer a帽o de la gesti贸n del Frente de Todos:

Rupturas y continuidades con la marca de la pandemia

Este a帽o 2020, 鈥渆l a帽o de la pandemia鈥, toda nuestra cotidianeidad cambi贸 brutalmente a partir de 20 de marzo. La cuarentena decretada ese d铆a en todo el pa铆s, a trav茅s del DNU 297/2020, sus sucesivas pr贸rrogas y modificaciones, cambi贸 sustancialmente la din谩mica social, y la construcci贸n de este Archivo no fue ajena a las dificultades que enfrentamos en toda nuestra vida diaria.

El confinamiento, la restricci贸n del uso del transporte p煤blico y la profunda crisis econ贸mico-social, que carg贸 su peor parte sobre quienes ya eran m谩s vulnerables, tambi茅n dificultaron el acceso a la informaci贸n y su chequeo. Sirva como ejemplo que, particularmente en el AMBA, a煤n hoy, a mediados de noviembre, no podemos acceder presencialmente, salvo muy puntuales excepciones, a los expedientes judiciales, tarea que tenemos limitada, como tantas otras cosas de nuestra vida, a la virtualidad inform谩tica. Del mismo modo se viene dificultando el contacto directo con las familias afectadas, que s贸lo ahora, a partir de la transici贸n hacia el DISPO nos permite conocer sin la intermediaci贸n de una pantalla, y siempre con los m谩ximos cuidados preventivos. Esa realidad repercuti贸 de manera importante en la recopilaci贸n y an谩lisis de los datos, que este a帽o sabemos que son m谩s incompletos que de costumbre.

Algunas medidas iniciales tomadas por la nueva gesti贸n, en particular en relaci贸n a las fuerzas de seguridad federales, permit铆an imaginar un descenso del alt铆simo voltaje represivo de la gesti贸n anterior, signada por el record absoluto de muertes a manos del estado desde 1983. En el mismo sentido, al inicio del aislamiento, supusimos que habr铆a un descenso marcado de las muertes por fusilamientos de gatillo f谩cil en las calles, por cierto no por falta de balas policiales, sino por la escasez de blancos, dada la marcada disminuci贸n de la circulaci贸n de personas.

Hoy, los datos marcan la insuficiencia de aquella presunci贸n. Aun con menos personas en las calles, y sin varios de los protocolos Bullrich, el gatillo f谩cil no desapareci贸. No menos importante, el nivel de impunidad garantizada oficialmente a sus autores no se modific贸 de manera significativa. Se
produjeron tres desapariciones forzadas de personas, luego encontradas muertas, con responsabilidad policial, durante la cuarentena. Paralelamente, otra de las consecuencias m谩s gravosas de la pandemia en relaci贸n a la cuesti贸n represiva fue el incremento notable de muertes en lugares de detenci贸n. Como veremos en los apartados espec铆ficos, mucho m谩s de la mitad de las personas asesinadas este a帽o por el aparato represivo estatal, estaban presas en c谩rceles, comisar铆as u otros lugares de encierro.

En esta 25陋 actualizaci贸n, incorporamos 496 casos al Archivo, totalizando 7.587 hasta mediados de noviembre de 2020, contra 7.091 que ten铆amos registrados hace un a帽o.

De esos 496 casos nuevos, 411 ocurrieron entre el 10 de diciembre de 2019 y el 19/11/2020, es decir, bajo la gesti贸n de gobierno de Alberto Fern谩ndez y Cristina Fern谩ndez de Kirchner.

De ese total de 411 casos, 348 ocurrieron despu茅s del inicio de la cuarentena y 63 entre el 10/12/2019 y el 19/3/2020.

Confirmando la permanente provisionalidad de la informaci贸n del Archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, adem谩s de los 411 ocurridos despu茅s del 10/12/2019, incorporamos 61 casos de 2019; 8 de 2018, 4 de 2017 y uno de 2000, 2005, 2008, 2012, 2013 y 2015, respectivamente. Cabe se帽alar, respecto de las muertes en lugares de detenci贸n informadas por organismos oficiales, que en muchos casos no registran la fecha exacta, por lo que no podemos discriminar las posteriores al cambio de gesti贸n. En consecuencia, aun con la certeza de que al menos una docena tienen que haber ocurrido en el mes de diciembre, hist贸ricamente el de m谩s muertes bajo custodia, s贸lo se atribuyen a la actual gesti贸n los casos con fecha cierta despu茅s del 10/12/2019.

La tabla y gr谩fico anteriores muestran la cantidad de casos registrados en esta actualizaci贸n para cada a帽o. Adem谩s de advertir que la informaci贸n disponible de los a帽os 80 es poca e incompleta (los registros 鈥渟in datos鈥 son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los a帽os de crisis (1989/91, 2000/2001, 2009/10, 2013 y, sobre todo, 2016/2019). Los a帽os 2018 y 2019, con 497 y 480 casos respectivamente, muestran el r茅cord absoluto
de muertes a manos del aparato represivo estatal bajo el reinado de la Doctrina Chocobar.

El a帽o 2020, muestra un retorno, por ahora, a valores similares a 2014, aunque hay que tener en cuenta que falta registrar la mitad de noviembre y todo diciembre.

CASOS ACUMULADOS POR ARCHIVO
Ao Suma
1996 262
1997 382
1998 471
1999 635
2000 833
2001 1.008
2002 1.292
2003 1.508
2004 1.694
2005 1.888
2006 2.114
2007 2.334
2008 2.557
2009 2.826
2010 3.093
2011 3.393
2012 3.773
2013 4.011
2014 4.278
2015 4.644
2016 4.960
2017 5.462
2018 6.535
2019 7.091
2020 7.587

La tabla anterior muestra la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualizaci贸n anual, desde la primera presentaci贸n en 1996, hasta esta vig茅simo quinta, en 2020.

El impacto de las medidas en pandemia

El inicio de la gesti贸n de gobierno encabezada por Alberto Fern谩ndez y Cristina Fern谩ndez de Kirchner estuvo signada, en materia de pol铆tica represiva, por el discurso inaugural del presidente, que llam贸 a 鈥渆scapar al gatillo f谩cil y a la l贸gica de la muerte por la espalda鈥, claramente en un sentido distinto al que padecimos durante la administraci贸n de Mauricio Macri, seguido por algunas medidas auspiciosas del Ministerio de Seguridad de la Naci贸n, como la derogaci贸n de varios de los protocolos de actuaci贸n para las fuerzas de seguridad. A la par, debimos se帽alar otras decisiones del gobierno que contradec铆an, en los hechos, aquel camino, como la designaci贸n del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales tras la primera reuni贸n Berni-Frederic o la resoluci贸n nacional que puso en manos de las fuerzas federales la implementaci贸n del ciberpatrullaje.

El escenario comenz贸 a cambiar a partir de la pandemia de COVID-19, el dictado del DNU 297/2020 y sus ampliaciones y actualizaciones. Las medidas sociales adoptadas durante el ASPO se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobr贸 relevancia. El resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicaci贸n de tormentos y muertes en comisar铆as, seguido por un importante n煤mero de fusilamientos de gatillo f谩cil en las calles.

Del total de 411 casos registrados desde el 10/12/2019 al 19/11/2020, en el lapso anterior a la pandemia, casi el 30% del tiempo de gesti贸n, se produjeron poco m谩s del 15% de las muertes. En cambio, en el per铆odo posterior al 20 de marzo, que representa poco m谩s del 70% del total de d铆as de gobierno, se concentra casi el 85% de los casos.

Casos % D铆as %
Antes de la pandemia 63 15,33% 100 29,07%
En pandemia 348 84,67% 244 70,93%
Total Gesti贸n Fern谩ndez 411 100% 344 100%

Intervenci贸n de las distintas fuerzas

Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las polic铆as provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 46,63% de los casos, seguidas de lejos por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 38,54%, y, mucho m谩s lejos a煤n, la polic铆a federal (8,01%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas.

En cambio, este a帽o, en funci贸n de las medidas de gobierno tomadas antes y despu茅s de la irrupci贸n de la pandemia, el mapa de intervenci贸n de las distintas fuerzas de seguridad tiene diferencias marcadas con lo que era hasta ahora tendencia general.

En la siguiente tabla y su gr谩fico se advierte que no se registran, desde el 10 de diciembre de 2019, casos de responsabilidad de dos fuerzas federales, Prefectura Naval Argentina y Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria. Del mismo modo, la incidencia de la Polic铆a Federal baj贸 de un 8% hist贸rico a poco m谩s del 5% y Gendarmer铆a Nacional baj贸 de un promedio total de 1,44% a la mitad, 0,73%. Tambi茅n disminuyeron los casos de integrantes de agencias de seguridad privada. Tambi茅n la incidencia de las polic铆as provinciales vari贸 de casi el 47% a un no menos preocupante 29,20%. Por el contrario, los servicios penitenciarios, federal y provinciales, se alzan con un impactante 57,66%, cuando no llegan al 40% en el acumulado total.

La primera y muy evidente conclusi贸n, como se ratifica en el gr谩fico que sigue sobre modalidades, es que durante 2020 鈥搈uy especialmente durante la pandemia- hubo un crecimiento exponencial de muertes bajo custodia, especialmente en c谩rceles provinciales y federales. De hecho, es la primera vez en d茅cadas que debemos contabilizar cuatro muertes en unidades penitenciarias causadas por disparos de arma de fuego de integrantes
del servicio contra personas presas desarmadas. Federico Rey en Florencio Varela, Jos茅 Candia en Corrientes, Marcelo Montenegro y Dardo Yapura en Jujuy fueron fusilados en la represi贸n a los reclamos y protestas por la falta de respuesta oficial a la cr铆tica situaci贸n en las c谩rceles. La tasa de mortalidad por contagios de COVID-19 en los penales casi triplica la extra muros, adem谩s de contabilizarse una elevada cantidad de otras muertes en contexto de protestas (seis s贸lo en Santa Fe), as铆 como por incendios, ahorcamientos y enfermedades no asistidas.

La ausencia de casos atribuibles a la PSA se explica a partir de la prohibici贸n a los miembros de esa fuerza federal de portar el arma reglamentaria fuera de servicio, y es un buen ejemplo 鈥搒in perjuicio de la baja incidencia de esa fuerza, la menos numerosa del pa铆s- de c贸mo se podr铆a reducir esa pr谩ctica a la mitad si la misma decisi贸n se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que m谩s de la mitad de los fusilamientos en la v铆a p煤blica son cometidos por funcionarios de franco, pero que usan el arma reglamentaria. En el mismo sentido debe interpretarse la disminuci贸n relativa de casos de PFA y GNA, despojadas de los protocolos de actuaci贸n que les brindaban un bill de inmunidad en la gesti贸n anterior.

La causa de la disminuci贸n de casos de la PFA es obvia, a partir de que la mayor parte de sus integrantes, desde enero de 2017, revistan en la Polic铆a de la Ciudad. Justamente no escapa a la lectura que esta fuerza, inaugurada con gran pompa y circunstancia como la 鈥減olic铆a de la modernidad鈥 con la fusi贸n de la extinta Polic铆a Metropolitana y la totalidad de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Polic铆a Federal, ha multiplicado por cuatro su incidencia. De un ya preocupante 1,20% del total en el total de casos, en este a帽o la 鈥渘ueva polic铆a鈥 acapara un impactante 5,35%, a la par de la PFA residual.

脡ste es el mapa de la incidencia de las distintas fuerzas desde el 10/12/2019:

Fuerzas en gesti贸n Fern谩ndez Casos %
Servicio Penitenciario 237 57,66%
Polic铆as Provinciales 120 29,20%
Polic铆a Federal Argentina 22 5,35%
Polic铆a de la Ciudad 22 5,35%
Otras Fuerzas 6 1,46%
Gendarmer铆a Nacional Argentina 3 0,73%
Seguridad privada 1 0,24%
TOTAL 411 100%

Primera causa de muerte a manos del estado:

Estar en un calabozo

Este es el mapa de modalidades represivas sobre el total de casos registrados en el Archivo, que muestra la incidencia de las dos modalidades m谩s frecuentes de la represi贸n orientada al control social: las muertes de personas detenidas (50%) y los fusilamientos de gatillo f谩cil (36%).

Sin embargo, las decisiones oficiales tomadas durante la pandemia que abarca casi todo este a帽o lo modifican sustancialmente, con gran preeminencia de las muertes en lugares de detenci贸n, que suben a m谩s del 66%, lo que hace reducir la incidencia de gatillo f谩cil a un 25%.

La suma de esas dos principales modalidades directamente dirigidas al control social es impactante:

Estar en un calabozo o caminar por la calle sin pinta de ser 鈥渁lguien鈥 fue la causa del 91,24% de las muertes a manos del aparato represivo estatal en el 煤ltimo a帽o.

Modalidades en gesti贸n Fern谩ndez Casos %
Muerte en c谩rcel, comisar铆a o bajo custodia 272 66,18%
Gatillo f谩cil 103 25,06%
Muerte intrafuerza o intrafamiliar 17 4,14%
Otras circunstancias* 12 2,92%
Causa fraguada o consecuencia de otros delitos 7 1,70%
Total 411 100%
*Incluye cuatro desapariciones forzadas.

En la categor铆a de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen c谩rceles, comisar铆as y todo otro lugar de detenci贸n (incluso patrulleros) confluyen los cl谩sicos 鈥渟uicidios鈥, que encubren, en una enorme proporci贸n, la muerte por aplicaci贸n de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tard铆amente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados 鈥渃oches-bomba鈥 (sicarios). Tambi茅n se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causar铆an la muerte con una m铆nima atenci贸n m茅dica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.). En este a帽o en particular, informes oficiales denuncian, al mes de octubre, 53 muertes por COVID-19.

Es indudable que el aumento espectacular de la poblaci贸n carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros, m谩xime frente a la pandemia. Como se desarrolla m谩s extensivamente en la nota editorial, de 34.000 personas presas antes de la crisis de 2001, en 15 a帽os llegamos a 75.000. Luego, en los duros a帽os del manodurismo puntivista del tr铆o Macri-Bullrich-Ritondo, esa cifra super贸 los 100.000. A ese total hay que sumar otras 20.000 personas presas en comisar铆as, alcaid铆as e institutos.

El 60% del total son j贸venxs de 18 a 30 a帽os de edad. M谩s de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisi贸n preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas est谩n acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas de robo, hurto, etc.) o por infracci贸n a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores sin violencia.

La provincia de Buenos Aires registra el mayor 铆ndice de superpoblaci贸n, con casi el 112% de su capacidad desbordada. Con cerca de 20.000 efectivos, el servicio penitenciario bonaerense encabeza la dotaci贸n de penitenciarios a cargo de las c谩rceles, seguido del federal, que re煤ne a 10.000 en las mismas funciones.

No pueden sorprender ni el hacinamiento, ni la falta de higiene o de alimentos, la falta comunicaci贸n con sus familias, ni los levantamientos en reclamo de condiciones dignas. Por eso no sorprendieron tampoco los reclamos que se desataron en c谩rceles de todo el pa铆s como consecuencia de la explosi贸n pand茅mica. Cinco muertos en las c谩rceles de Coronda y Las Flores, Santa Fe; uno en la Unidad 1 de Corriente, otro en el complejo Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires y dos en Gorriti, Jujuy, como directa consecuencia de la represi贸n, a los que hay que las muertes m谩s como resultado de la falta de atenci贸n m茅dica, los cl谩sicos 鈥渟uicidios鈥 inexplicables y los homicidios, tantas veces ordenados o promovidos por el propio servicio para librarse de 鈥渕olestias鈥 dan la pauta de la gravedad de la situaci贸n.

Respecto de las muertes en comisar铆as, es necesario remarcar que la mayor铆a corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguaci贸n de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta a煤n m谩s incomprensible el argumento de la 鈥渃risis depresiva鈥, como dicen los partes policiales para justificar los 鈥渟uicidios鈥, pues son personas que en horas recuperar铆an la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: 鈥淐omo todo el mundo sabe, la melancol铆a que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los j贸venes d茅biles de esp铆ritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la
gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados鈥.

En los 煤ltimos 10 meses, registramos 34 muertes en comisar铆as y dos en lugares de alojamiento de ni帽os y ni帽as (Pablo Nogu茅s y Almafuerte). Algunos casos, como el de Florencia Magal铆 Morales en la comisar铆a de Santa Rosa del Conlara, cobraron alguna visibilidad, pero la regla es el silencio.

Respecto de las desapariciones forzadas, que totalizan 203 desde diciembre de 1983, la mayor铆a de personas que fueron vistas por 煤ltima vez en una comisar铆a, o cuando eran detenidas, este a帽o se produjeron cuatro: Carlos 鈥淏ocacha鈥 Orellano el 23 de febrero en Rosario, Facundo Astudillo Castro, cerca de Bah铆a Blanca, el 30 de abril, y Francisco Javier Cruz en Florencio Varela, y Luis Armando Espinoza en Tucum谩n, desaparecidos el 15 de marzo y el 15 de mayo respectivamente. En los cuatro casos, sus cuerpos fueron encontrados semanas o meses despu茅s, en circunstancias que confirman la intervenci贸n policial en la desaparici贸n y asesinato.

Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para 鈥渉acer estad铆stica鈥 y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participaci贸n policial en delitos comunes, vendiendo informaci贸n, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organizaci贸n de robos tipo comando, tr谩fico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de 鈥渙peraciones de prensa鈥 para ganar prestigio desbaratando los il铆citos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de m谩s de una fuerza en los territorios.

Edad de las v铆ctimas

Disciplinar desde la cuna

Hay un 19% del total sin datos suficientes, especialmente debido a la falta de informaci贸n accesible sobre la edad de personas muertas en prisi贸n, aunque los propios informes oficiales, como el de la PROCUVIN, se帽alan que son personas de menos de 30 a帽os en su mayor铆a. Aun as铆, resulta que m谩s de la mitad de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la v铆ctima es de la franja menor de 25 a帽os. El 40% del total corresponde a personas de 25 a帽os o menos.

El dato confirma que la selectividad de la represi贸n apunta a la edad, adem谩s de la clase. As铆 como son excepcionales los fusilamientos callejeros de j贸venes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o en el lugar 鈥渆quivocado鈥, es tambi茅n poco frecuente que sean personas mayores las destinatarias de las pol铆ticas represivas que sirven para implementar el control social. Este a帽o, sin embargo, es alta la proporci贸n de personas mayores muertas en el 谩mbito carcelario, por COVID-19 u otras enfermedades relacionadas.

Los rangos de edad que muestra el gr谩fico anterior, con absoluta preeminencia de las v铆ctimas j贸venes, son un claro indicador de ese contenido de control social de la represi贸n: el 39% corresponde al segmento de 15 a 25 a帽os, y si se suman los menores de 15 y los de 26 a 35 a帽os se llega al 64%.

En cambio, las personas de 36 a 45 a帽os, y los mayores de 45, apenas suman de conjunto el 12%.

Es necesario reiterar que el 24% sin datos precisos de edad corresponde abrumadoramente a las muertes en prisi贸n, de los que es muy dif铆cil conseguir informaci贸n. La Procuraci贸n Penitenciaria Nacional publica la cantidad y causa de las muertes en c谩rceles federales, pero no suele proporcionar la edad y nombre de las v铆ctimas. A la inversa, la Comisi贸n Provincial por la Memoria publica listado de nombres, sin indicar en qu茅 unidad murieron, ni su edad o fecha de la muerte. A veces logramos identificar alguno o alguna por noticias period铆sticas, por contacto con familiares o amigos o por denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman 鈥渕enores adultos鈥. Teniendo en cuenta la composici贸n etaria de la poblaci贸n carcelaria, es altamente probable que la mayor铆a de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 a帽os.

Distribuci贸n por territorio

De Ushuaia a La Quiaca

Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemon铆a absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 53,58% del total, seguida de lejos por Santa Fe, C贸rdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestra este gr谩fico.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene m谩s de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 4.065 casos de una con los 309 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen m谩s clara que permita comparar distritos con tanta desproporci贸n poblacional, debemos calcular la incidencia de la represi贸n estatal en relaci贸n a la cantidad de habitantes:

Al obtener un 铆ndice por mill贸n de habitantes conforme los datos del 煤ltimo Censo, vemos que la represi贸n se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con m铆nimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente informaci贸n confiable.

La provincia de Buenos Aires contin煤a primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, y un segundo pelot贸n compacto, La Pampa, R铆o Negro, CABA, Santiago del Estero y C贸rdoba.

Ni una menos

Femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayor铆a de los asesinatos de gatillo f谩cil, con su fuerte componente de control social, correspond铆a a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y ni帽as. El n煤mero de mujeres muertas en lugares de detenci贸n es sensiblemente menor que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la poblaci贸n carcelaria y de comisar铆as en relaci贸n al g茅nero.

Sin embargo, tambi茅n advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de v铆ctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de g茅nero nos llev贸 a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simult谩neamente, encuadraran en otras modalidades seg煤n la forma de la muerte.

En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detenci贸n, pero tambi茅n en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. As铆, aunque sabemos que son m谩s, s贸lo parecen registradas como tales 8 casos de femineidades travesti-trans, de los cuales la mitad son trans-travesticidios cometidos
por miembros de las FFSS
.

En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el 铆ndice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 389 femicidios sobre un total de 671 v铆ctimas mujeres.

Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

Registramos, adem谩s, 46 femicidios relacionados, es decir, hijos u otros familiares o personas cercanas a la v铆ctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen ni帽os y ni帽as como v铆ctimas.

Este gr谩fico compara la proporci贸n de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme. Sobre 352 muertes de mujeres en casos intrafuerza o intrafamiliar, 343 fueron femicidios, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de g茅nero como factor determinante en las dem谩s modalidades:

En algunos casos, que han crecido en estos 煤ltimos a帽os, es la mujer, perteneciente a una fuerza de seguridad, la que mata a su pareja, hombre o mujer, o a sus familiares, incluso hijos e hijas.

El notable el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los 煤ltimos a帽os, nos llev贸 a comparar nuestros datos con las estad铆sticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2020, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de g茅nero es a la vez v铆ctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Ello da cuenta de c贸mo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.

Una muerte cada 20 horas

Al t茅rmino de 2019, cuando presentamos el balance final del per铆odo de gobierno de Mauricio Macri, destac谩bamos que, por primera vez desde 1983, una gesti贸n hab铆a superado la marca de una muerte diaria a manos del aparato estatal. Hoy, con la inclusi贸n de registros de 2019 ocurridos o conocidos despu茅s de esa publicaci贸n, se ratifica que la administraci贸n Cambiemos fue la m谩s letal, con un promedio de 1,31 muertes por d铆a. Dicho de otra forma, una muerte cada 18,34 horas.

Con el gr谩fico que sigue se advierte que la gesti贸n iniciada en diciembre de 2019 muestra un leve descenso, con 1,19 muertes por d铆a 鈥搖na cada 20,09 horas-.

Es razonable presumir que uno de los factores que permitieron que, en apenas un a帽o, las muertes a manos del estado retrocedieran de una cada 18 horas a una cada 20, radique en la menor letalidad comprobada en estos meses de las fuerzas federales. Como se se帽ala en el apartado correspondiente, no se registraron en este per铆odo casos de responsabilidad de Prefectura Naval Argentina y Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria, y s贸lo tres de Gendarmer铆a Nacional. En el caso de la Polic铆a Federal, el descenso de su intervenci贸n proporcional ya se hab铆a notado a partir de la transferencia del personal de comisar铆as a la Polic铆a de la Ciudad en enero de 2017, pero en los restantes casos no se puede obviar el efecto positivo que pudieron tener las reformas normativas de la actual gesti贸n, concretamente la derogaci贸n de la Res. 956/2018 que habilitaba en disparo por la espalda a personas desarmadas, as铆 como, en el caso de la PSA, la prohibici贸n de portar el arma reglamentaria fuera de servicio. No es menor reparar en que, aunque no faltaron en el a帽o las represiones a situaciones de protesta y conflicto social, con multiplicidad de detenciones y de personas heridas, no se produjeron muertes en esas circunstancias.

En el mismo sentido, es posible relacionar el incremento de muertes en lugares de detenci贸n, que es el dato m谩s destacable, por su profundizaci贸n, en 2020, con las decisiones pol铆ticas tomadas por los gobiernos nacional y provinciales frente a la cr铆tica situaci贸n carcelaria durante la pandemia, as铆 como la promoci贸n de facultades para detener personas arbitrariamente. Finalmente, la subsistencia del gatillo f谩cil, que debi贸 tener un descenso muy superior ante la marcada disminuci贸n de la presencia de personas en la v铆a p煤blica, es directamente atribuible a la ampliaci贸n de facultades que, a contrapelo de aquellas decisiones relacionadas con las fuerzas federales, se dio a las provinciales y de la ciudad en el marco de la emergencia sanitaria.

Este dato emp铆rico ratifica la indudable pertinencia y utilidad de las medidas que promovemos como parte de la Agenda Antirrepresiva urgente, que permitir铆an mejorar sensiblemente la protecci贸n de la vida y la integridad f铆sica de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.

Por eso, cerramos este informe con la actualizaci贸n de esa Agenda, que no requiere la previa transformaci贸n profunda del sistema social 鈥撁簄ica v铆a para terminar de cuajo con las pr谩cticas represivas como pol铆tica de estado-, sino que puede tomar, aqu铆 y ahora, cualquier gobierno con la decisi贸n pol铆tica de poner un m铆nimo freno a las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detenci贸n, el gatillo f谩cil y las desapariciones forzadas.

Las muertes en la represi贸n a la protesta

Desde 1983, se registran 91 muertes en la represi贸n a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinadxs, de lxs cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fern谩ndez, con 20, y Alfons铆n, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. Menem, Duhalde y N茅stor Kirchner empatan con dos casos cada uno, superados Mauricio Macri, que sum贸 a la desaparici贸n y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en R铆o Negro, ambos en el marco de la represi贸n descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperaci贸n de su territorio, el fusilamiento del ni帽o Ismael Ram铆rez en S谩enz Pe帽a, Chaco, en la represi贸n a un piquete de desocupados, y a Rodolfo 鈥淩onald鈥 Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza.

Agenda antirrepresiva urgente

Detenciones arbitrarias:

  • Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que orden贸 la derogaci贸n de todas las facultades normadas y la eliminaci贸n de todas las pr谩cticas no normadas de las FFSS federales y locales para detener personas fuera de las hip贸tesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
  • Cese inmediato del permanente y sistem谩tico hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la v铆a
    p煤blica, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

Legislaci贸n y justicia:

  • Derogaci贸n de las reformas regresivas que se llevaron adelante en los 煤ltimos a帽os en toda la legislaci贸n represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al C贸digo Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
  • Retiro inmediato del proyecto de reforma del C贸digo Penal elaborado por la comisi贸n presidida por el juez Borinsky, revisado y presentado por el Poder Ejecutivo en marzo de 2019 en el Senado, que incrementa la criminalizaci贸n de la pobreza y la protesta, consagra la impunidad de los
    represores y universaliza la prisi贸n preventiva.
  • Derogaci贸n del Decreto 489/2019 que cre贸 el RePet (Registro P煤blico de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
  • Anulaci贸n del DNU 70/2017 que habilita la deportaci贸n expr茅s de migrantes.
  • Derogaci贸n de la Resoluci贸n n潞 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuaci贸n para que las fuerzas de seguridad hagan 鈥渢areas de prevenci贸n鈥 (espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales p煤blicas.
  • Gratuidad para el acceso a la justicia de v铆ctimas y familiares de v铆ctimas de hechos represivos.
  • Aplicaci贸n estricta de las medidas internas de suspensi贸n del servicio de funcionarios de las fuerzas implicados en causas penales por hechos
    represivos.

Actuaci贸n de las fuerzas:

  • Eliminaci贸n de los protocolos de l贸gica b茅lica para la actuaci贸n de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
  • Prohibici贸n de la portaci贸n y uso del arma reglamentaria fuera de servicio.
  • Prohibici贸n de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha.
  • Eliminaci贸n de los 鈥淐omandos Unificados鈥 para la intervenci贸n conjunta de fuerzas federales y locales en las provincias y la Ciudad.
  • Prohibici贸n de la asunci贸n de la defensa t茅cnica de miembros de seguridad acusados por hechos represivos por los cuerpos profesionales de los
    ministerios de Seguridad nacional, provinciales y de CABA.
  • Fin de la reestructuraci贸n de comisar铆as y alcaid铆as de la Polic铆a de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las
    organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensor铆a Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detenci贸n y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
  • Cese de la militarizaci贸n de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo f谩cil.

Cuestiones presupuestarias:

    • Derogaci贸n del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires que destin贸 $38.000 millones de pesos para fortalecer el poder de fuego de la bonaerense.
    • Retiro del 鈥淧lan de Infraestructura Penitenciaria鈥 presentado a la Legislatura Bonaerense por el ministro de Justicia Julio Alak y el gobernador Axel Kiciloff para la construcci贸n de m谩s c谩rceles.
    • Redirecci贸n de las partidas destinadas a esos planes y programas para mejorar las condiciones de habitabilidad en los lugares de detenci贸n.

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Antirrepresivo2020 CORREPI

Fuente: http://www.correpi.org/2020/archivo-2020-las-necesidades-del-pueblo-son-esenciales-la-represion-no/#titulo1




Fuente: Argentina.indymedia.org