April 4, 2021
De parte de Oiradilos
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El balance del Ingreso Mínimo Vital es desalentador. Según los datos oficiales del Ministerio de Seguridad Social, se han recibido más de 1.150.000 solicitudes, de las que a fecha de marzo de 2021, tan solo hay aprobadas 210.000 prestaciones, mientras que se han rechazado más de 600.000 y 62.000 están en proceso de subsanación. Diez meses después de anunciarse esta ayuda, el número de solicitudes aprobadas no supera el 20% del total.

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Esta ayuda para personas con graves dificultades económicas, se puso en marcha en el mes de mayo de 2020 y una vez que se han tramitado ya el 75% de las solicitudes recibidas, el resultado no es el previsto. Ni para los afectados ni para el propio gobierno.

En su informe, la Seguridad Social explica que “la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio)”. Además, “un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia”. Para intentar resolver este último requisito, en el mes de enero se llevó a cabo una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital (ONG, administraciones públicas y entidades sociales) pudieran realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.

Aunque se encuentre la forma de poder acreditar ante la administración la existencia de una unidad de convivencia, el problema de fondo que impide que el ingreso mínimo vital llegue a más destinatarios es el que tiene que ver con los límites de ingresos y patrimonio que se han establecido en la normativa. De las 600.000 solicitudes que se han rechazado, muchas corresponden a personas y familias que se encuentran realmente en este momento en situación de necesidad. Se han visto arrastradas por la crisis, pero incumplen los requisitos económicos al tomarse como referencia sus ingresos del año anterior. Sin embargo, en opinión de expertos y trabajadores sociales, existe otro problema grave: muchas personas vulnerables ni tan siquiera han podido solicitar la ayuda. El proceso administrativo es complejo y en muchos casos requiere apoyo y asesoramiento personalizado para el que no hay recursos suficientes.

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En el preámbulo del Real Decreto-ley 20/2020, la norma que regula la ayuda del Ingreso Mínimo Vital, el gobierno justificaba, en el mes de mayo de 2020, la necesidad urgente de poner en marcha esta ayuda. Y lo hacía, con buenos argumentos:

“El impacto económico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 está ejerciendo sobre las personas en situación de vulnerabilidad, y el riesgo de cronificación y aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con carácter inmediato, ponen de manifiesto la concurrencia de los motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar la norma reguladora del ingreso mínimo vital.” RDL 20/2020, 29 de mayo de 2020

El propio ministro, José Luis Escrivá, en junio de 2020 confirmaba en nota oficial las previsiones de su ministerio: “831.000 hogares podrían solicitar el Ingreso Mínimo Vital en toda España”, con lo que esta ayuda llegaría a más de “2,3 millones de personas”. Sin embargo, ninguna de las previsiones oficiales se ha cumplido. Nueve meses después, esta ayuda urgente alcanza únicamente a 210.000 familias, con 565.000 miembros. El Gobierno tan solo ha logrado la cuarta parte del objetivo que había previsto.

El error no está en el diagnóstico, porque la pobreza severa existe y es real en España, según todos los informes de servicios sociales y organizaciones no gubernamentales. Ha fallado el diseño de los requisitos legales y sobre todo, el procedimiento de tramitación.

Fuente: Oscar de las Heras (Lo entiendo)

Autor: fargov

Interesado en temas sociales y más concretamente en la solidaridad, el apoyo mutuo, los derechos humanos y todo aquello que represente una mejora para la sociedad.




Fuente: Oiradilos.wordpress.com