September 11, 2022
De parte de Indymedia Argentina
178 puntos de vista

El abogado constitucionalista reflexiona acerca de los discursos de odio tras el atentado contra la vida de Cristina Fern谩ndez de Kirchner.

Por Miguel Julio Rodr铆guez Villafa帽e *

El contexto de desencuentros en la sociedad argentina, obliga a prestar mucha atenci贸n a los discursos de odio en general y particularmente, los que fueron direccionados, espec铆ficamente, contra la vicepresidenta de la Naci贸n Cristina Fern谩ndez. Muchos personajes de la pol铆tica y del periodismo, los consintieron y hasta los fomentaron, por acci贸n y omisi贸n. Cabe aclarar que aqu铆 no hablo de las discrepancias propias de la pol铆tica, sino el planteo de muerte, no encapsulado y frontalmente expresado contra ella.

En un acto en frente del Obelisco, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, el 9 de julio de este a帽o, organizado por la oposici贸n, al canto de 鈥淎rgentina sin Cristina鈥 y con el benepl谩cito de los participantes, se exhib铆a una guillotina que, en su parte superior, ten铆a un cartel que indicaba: 鈥淭odos: Presos, muertos o exiliados鈥.

El 22 de julio tambi茅n de este a帽o, un grupo de manifestantes se juntaron ante la sede del Instituto Patria, en la CABA, donde tiene una oficina la ex-presidenta. All铆, arrojaron basura, patearon las puertas y treparon a las ventanas de la sede del Instituto. Mientras tanto, un hombre que encabezaba el grupo, con un meg谩fono y tono enardecido dec铆a, que 鈥渋r铆a a buscar a Cristina con ametralladora鈥 y agregaba, 鈥淐ristina, ahora te toca la horca, es el 煤nico camino para deshacernos de vos鈥. Todo ello ante efectivos de la Polic铆a de la Ciudad que observaban, sin intervenir.

Por su parte, el diputado nacional por Neuqu茅n Francisco S谩nchez del partido PRO, el 22 de agosto del corriente a帽o, pidi贸 la pena de muerte para la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez, aun sabiendo que, con jerarqu铆a constitucional, el Protocolo a la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos establece, que est谩 prohibida la pena de muerte鈥, en Argentina, (art. 1).

A su vez, Rom谩n Guti茅rrez, concejal de Juntos por el Cambio de Pergamino, el 30 de agosto de 2022, en su cuenta de Twitter public贸, refiri茅ndose a la Vicepresidenta que 鈥渉ay que fusilarla鈥. Todo ello en protagonismos medi谩ticos de qui茅n la mata primero, aunque sea simb贸licamente, en un verdadero odio serial como virus contagioso sin l铆mites. Ella ven铆a de sufrir en marzo, ataques a pedradas de su despacho en el Senado.

Asimismo, las amenazas de muerte ya ten铆an antecedentes, en el a帽o 2021, se colgaron bolsas mortuorias, una con la cara de ella, frente a la Casa Rosada.

Una cosa es la discrepancia que se tenga hacia una persona y otra es la invitaci贸n p煤blica a la muerte concreta a dicha persona. Por supuesto, que de esa manera se invita al magnicidio, en una verdadera autor铆a mediata o indirecta del crimen.

El jueves primero de septiembre, Fernando Sabag Montiel gatill贸 un arma, en perfectas condiciones operativas, cargada con cinco balas, a pocos cent铆metros del rostro de la Vicepresidenta que, por impericia del atacante, no funcion贸. 脡ste ten铆a muchos s铆mbolos nazis tatuados como la 鈥淐ruz de Hierro鈥, (condecoraci贸n alemana que lleva la cruz esv谩stica en su centro); el 鈥渟ol negro鈥 (asociado a la filosof铆a nazista) y el 鈥渕artillo de Thor鈥 (s铆mbolo adoptado por agrupaciones neonazis).

El intento de homicidio conmocion贸 al pa铆s y lo investiga la jueza federal Mar铆a Eugenia Capuchetti. El mismo fue condenado en茅rgicamente a nivel internacional, aunque en el pa铆s desde la presidenta del Pro Patricia Bullrich y otros sectores pol铆ticos afines y cierto periodismo, no se pronunciaron, con la contundencia que hay que tener en contra del discurso de odio y, por el contrario, buscan negar la realidad del hecho o lo relativizan.

Hay que recordar que apenas amanec铆a el presente per铆odo democr谩tico, en marzo de 1984, se sancion贸 la ley por la que se aprob贸 la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San Jos茅 de Costa Rica) que establece, en el art铆culo 13, que 鈥淓star谩 prohibida por la ley鈥 incitaciones a la violencia o cualquier otra acci贸n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ning煤n motivo鈥︹. Pacto 茅ste, que la reforma constitucional de 1994 le dio jerarqu铆a constitucional (art. 75 inc.22).

En el mismo a帽o 1984, se sancion贸 la Ley de Defensa de la Democracia 23.077.

Posteriormente, la Ley 23.592/88 dispuso, que 鈥渟er谩n reprimidos con prisi贸n de un mes a tres a帽os los que鈥 por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecuci贸n o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de sus鈥 ideas pol铆ticas鈥, (art. 3). Delitos estos 煤ltimos llamados cr铆menes de odio (hate crime), denominaci贸n surgida en Estados Unidos, en 1985. En funci贸n de lo cual, no est谩 permitido que se fomente o propicie el rechazo, desprecio, odio y/o discriminaci贸n, que lleva a la intenci贸n de causar da帽os graves o muerte a las v铆ctimas de esa actitud de animosidad patol贸gica.

Adem谩s, el art铆culo 209 del C贸digo Penal dispone, que 鈥淓l que p煤blicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o instituci贸n, ser谩 reprimido, por la sola instigaci贸n, con prisi贸n de dos a seis a帽os, seg煤n la gravedad del delito y las dem谩s circunstancias establecidas en el art铆culo 41鈥.

Por su parte, el actual Procurador General de la Naci贸n Interino Eduardo Casal jefe de los fiscales, no ha dictado una resoluci贸n expresa reiterando la Resoluci贸n 319, adoptada 1992 por el Ministerio de Justicia, antes de la reforma constitucional de 1994 y del dictado de la Ley 27.148 Org谩nica del Ministerio P煤blico Fiscal. Por ella se daba instrucci贸n a los fiscales que 鈥渁nte el accionar de grupos que reivindican ideolog铆as totalitarias que pretenden recrear el ideario y metodolog铆a del nazismo y sus s铆mbolos鈥 resulta necesario que los 贸rganos p煤blicos tomen decisiones que impliquen un manifiesto y expreso repudio al accionar de dichos grupos antidemocr谩ticos, instrumentando las medidas legales correspondientes que constituyan actos de discriminaci贸n y ataques a la Democracia鈥. Y dicha resoluci贸n agregaba, que 鈥渆n tal sentido el Parlamento ha puesto a disposici贸n los instrumentos legales pertinentes, a trav茅s de las Leyes 23.592 y 23.077鈥.

Tambi茅n, la ley 26.522/09 de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisual establece, en el art铆culo 70, que 鈥淟a programaci贸n de los servicios previstos en esta ley deber谩 evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en鈥 las opiniones pol铆ticas o de cualquier otra 铆ndole鈥︹.

La violaci贸n de esta disposici贸n tiene la sanci贸n de multa que 鈥渟e calculan sobre la facturaci贸n de publicidad鈥, (Resoluci贸n 661/2014 de la AFSCA).

No se ha visto todav铆a, que los responsables pertinentes ante las diversas situaciones, en todos los 谩mbitos de competencia, hayan adoptado, con la firmeza y prontitud necesaria, las medidas correspondientes en las tem谩ticas referidas. Es urgente que act煤en y no se transformen en c贸mplices mediatos de cr铆menes inaceptables.

Por Miguel Julio Rodr铆guez Villafa帽e es abogado constitucionalista cordob茅s, ex juez federal de C贸rdoba y periodista de opini贸n.


Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/09/10/invitaban-publicamente-al-magnicidio/




Fuente: Argentina.indymedia.org