July 7, 2021
De parte de Nodo50
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Izquierda Unida y el Partido Comunista de Espa帽a han registrado ante el Tribunal Constitucional, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, un recurso de amparo contra los sucesivos y reiterados rechazos del Tribunal Supremo a todas las actuaciones previas que han emprendido durante meses ante la Sala Penal del alto tribunal para que abriera una investigaci贸n formal al actual rey em茅rito, Juan Carlos de Borb贸n, y a otras personas que formaban parte de su entorno por presuntos delitos de corrupci贸n.

El argumentado recurso presentado consta de 100 p谩ginas. Sus autores consideran que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales, entre ellos a que 鈥渟e siga una investigaci贸n eficaz y efectiva por parte del 贸rgano judicial competente鈥, adem谩s de incurrir en una clara 鈥渄ejaci贸n de funciones鈥 frente a las sucesivas denuncias recibidas sobre los presuntos hechos delictivos cometidos por el ex jefe del Estado y personas allegadas, de cuyos detalles han informado tambi茅n durante a帽os los medios de comunicaci贸n.

Para PCE e IU, el Tribunal Supremo no ha respetado sus derechos, entre otras actuaciones, 鈥渃on su actitud renuente a iniciar cualquier acci贸n que pueda 鈥榤olestar鈥 al rey em茅rito鈥.

La querella inicial y las ampliaciones que presentaron estas formaciones solo dio pie a que el Supremo etiquetara la causa especial N潞 21092/2018. Sin embargo, nunca se sustanci贸 en investigaci贸n concreta alguna y solo sirvi贸 para que el alto tribunal acumulara bajo ese n煤mero los autos donde rechazaba todas las actuaciones solicitadas sobre Juan Carlos de Borb贸n, su amiga y empresaria comisionista Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein), el comisario de polic铆a jubilado y ahora excarcelado a la espera de juicio por otros casos Jos茅 Manuel Villarejo, as铆 como otras cinco personas del entorno del em茅rito.

IU, PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda detallaron durante meses los indicios sobre actuaciones irregulares que aparec铆an, algunos de ellos confirmados m谩s tarde incluso por la Fiscal铆a, y donde el anterior jefe del Estado ten铆a un claro protagonismo. Estas actividades presuntamente corruptas abarcan desde los pagos de la fundaci贸n Zagatka, al uso de tarjetas con fondos opacos, pasando por el cobro de comisiones por la adjudicaci贸n de la AVE a La Meca, las cuentas en Suiza y en para铆sos fiscales vinculadas a otras fundaciones, el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sangin茅s-Krause a trav茅s de un testaferro, hasta llegar a las, por el momento, dos regularizaciones fiscales ideadas por Juan Carlos de Borb贸n para no ser acusado por el fisco espa帽ol, formalizadas en diciembre de 2020 y en febrero de 2021.

Por todo ello, los querellados se repart铆an la imputaci贸n de hasta 13 supuestos delitos -siete referidos directamente al em茅rito-, entre ellos el de cohecho, contra la Hacienda P煤blica, administraci贸n desleal, fraude y exacciones ilegales, tr谩fico de influencias, constituci贸n de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelaci贸n de secretos, omisi贸n del deber de perseguir delitos o corrupci贸n entre particulares.

La respuesta de los/as magistrados/as de la Sala Penal del Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, fue archivar una tras otra las querellas presentadas y sus ampliaciones, adem谩s de rechazar el incidente de recusaci贸n presentado por los firmantes contra ellos/as. Una vez agotada as铆 la v铆a penal es por lo que PCE e IU recurren en amparo al Tribunal Constitucional, al objeto de que restituya todos sus derechos vulnerados.

El recurso de amparo recuerda que ambas formaciones se consideran 鈥減lenamente legitimadas鈥 para 鈥渆mprender acciones de 铆ndole penal en el ejercicio de la acusaci贸n popular鈥. Entienden que con su querella se ha puesto de manifiesto 鈥渓a existencia de pruebas e indicios de la presunta comisi贸n de diversos delitos de extrema gravedad en los que estar铆a involucrado el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borb贸n y Borb贸n, y otras personas y que afectar铆an a diversas instituciones del Estado, incluida la Hacienda P煤blica鈥.

El art铆culo 24 de la Constituci贸n establece que 鈥榯odas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg铆timos, sin que, en ning煤n caso, pueda producirse indefensi贸n. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusaci贸n formulada contra ellos, a un proceso p煤blico sin dilaciones indebidas y con todas las garant铆as, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra s铆 mismos, a no confesarse culpables y a la presunci贸n de inocencia鈥.

Izquierda Unida y PCE exponen al Constitucional que de todos los elementos probatorios o indiciarios que ha conocido la opini贸n p煤blica 鈥渟e desprende que concurren elementos que hacen pensar en la existencia de una concatenaci贸n de conductas altamente irregulares y reiteradas en el tiempo que siendo penalmente relevantes causan, a su vez, un grave descr茅dito al funcionamiento democr谩tico de nuestro pa铆s鈥.

Los autores del recurso consideran que 鈥渆ntre los principios que desde luego rigen鈥 para poder iniciar acciones penales en forma de querella criminal e intervenir como acusaci贸n popular se encuentran 鈥渓a salvaguarda de los intereses de la ciudadan铆a, la interdicci贸n de la arbitrariedad, la defensa del patrimonio y erario p煤blico, la lucha contra la corrupci贸n institucional y la erradicaci贸n de los espacios de impunidad penal鈥.

As铆, en la detallada explicaci贸n de los motivos de amparo ahondan en la vulneraci贸n por el Tribunal Supremo del derecho a la tutela judicial efectiva del art铆culo 24.1 y 24.2 de la Constituci贸n, al conculcarse su derecho a la misma 鈥渆n su vertiente a formular con todas las garant铆as la acci贸n popular, (y por ende, el del pueblo soberano a obtener de la Administraci贸n de Justicia una investigaci贸n eficaz y efectiva sobre las responsabilidades penales del anterior jefe de Estado y resto de personas querelladas) (鈥), y en su doble vertiente de obtener una resoluci贸n judicial motivada, razonada y razonable, as铆 como el de seguirse una investigaci贸n y procedimiento efectivos ante el 贸rgano judicial competente鈥.

Para IU y PCE, la lesi贸n por parte del Supremo de los derechos indicados puede apreciarse en sus autos de archivo de la querella y los escritos de ampliaci贸n interpuestos 鈥渄esechando el material probatorio ofrecido, so capa de un pretendido 鈥榗ar谩cter prospectivo鈥 de la acci贸n interpuesta, que lejos de constituir el simple reflejo de noticias de prensa carentes de veracidad, como en definitiva viene a arg眉irse (鈥) se apoyan en datos contrastables (n煤meros de cuentas bancarias, declaraciones de personas directamente relacionadas con los hechos que se publican, apoyadas en documentos tambi茅n publicados, y se apoyan, adem谩s, en investigaciones judiciales, extranjeras desde luego, y diligencias de prueba practicadas ante tales tribunales extranjeros, pero no por ello carentes de rigor鈥.

Insisten en que se han apoyado en actuaciones 鈥渄e la propia Fiscal铆a, habi茅ndose dado noticia en el presente escrito de al menos tres de ellas, que el Tribunal Supremo, con su actitud renuente a iniciar cualquier acci贸n que pueda 鈥榤olestar鈥 al rey em茅rito, pues parece que las conductas del resto de querellados ni siquiera merecen menci贸n, se niega a incorporar a la presente causa, con grave perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva, y en grave dejaci贸n de la funci贸n jurisdiccional que le encomiendan las leyes y la Constituci贸n鈥.

Exponen tambi茅n al Tribunal Constitucional que los hechos que oportunamente se pusieron en conocimiento de la Sala Segunda del Supremo 鈥渘o son simples 鈥榥oticias de prensa鈥 convertidas sin m谩s, 鈥榤utatis mutandis鈥, en causa criminal, como de forma displicente se argumenta sin mayor motivaci贸n, sino derivadas de declaraciones y/o revelaciones de personas que o bien ten铆an un conocimiento directo de hechos relacionadas con la trama de corrupci贸n que aqu铆 en definitiva se est谩 denunciando, de diligencias de investigaci贸n practicadas (es de suponer que con todas las garant铆as) por la Administraci贸n de Justicia de la Confederaci贸n Helv茅tica, y por la propia Fiscal铆a espa帽ola鈥.

鈥淟a 鈥notitia criminis鈥 viene avalada, adem谩s -se a帽ade en el recurso-, por materiales concretos y tangibles de los hechos que se denuncian: grabaciones audiovisuales, n煤meros de cuentas bancarias, nombres y apellidos de conocidos testaferros, escrituras de constituci贸n de sociedades opacas, o de fundaciones, cuentas existentes en para铆sos fiscales, movimientos de concretas cuentas bancarias identificadas con su n煤mero y los titulares-beneficiarios de las mismas, dise帽adas bajo las reglas de la ingenier铆a fiscal, indicando fechas y saldos concretos, entregas de alt铆simas cantidades de dinero a determinadas personas tambi茅n querelladas, cuyos motivos se ignoran pero que coinciden en un todo con los delictivos hechos narrados en la querella, avalados por gran cantidad de testigos y documentos, de momento solo obrantes en fotograf铆a, y no sobre la mesa del instructor que es donde deber铆an estar, tras haber sido requeridos sus tenedores para su aportaci贸n a autos鈥.

Sus autores competan esta idea indicando que todo lo anterior es as铆 鈥渁l igual que las declaraciones de los muchos testigos de los hechos denunciados, que ya deb铆an obrar transcritas en los autos, tras las pertinentes declaraciones indagatorias, si no fuera porque el hecho de haber hecho p煤blicas sus manifestaciones a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, para la Sala Segunda del Tribunal Supremo constituye un elemento de distorsi贸n que le lleva a la inaudita y muy inadmisible consideraci贸n de que 鈥榮e pretende convertir noticias en causas criminales鈥欌.

鈥淩esulta palmario que la simple alusi贸n de que lo publicado no tiene por qu茅 ser delito no resulta suficiente en un Estado de derecho que se quiere democr谩tico y transparente, toda vez que los autos de archivo cuestionados no realizan esfuerzo alguno para motivar las respuestas a las dudas planteadas por esta representaci贸n鈥, inciden.

Otro de los motivos del amparo solicitado radica en el derecho a un proceso con todas las garant铆as y a un juez imparcial 鈥渃uando el asunto que se somete a los magistrados de la justicia de nuestro pa铆s afecta a la investigaci贸n penal sobre el anterior rey de todos los espa帽oles y ex jefe del Estado鈥. Por ello muestran sus 鈥渄udas o sospechas sobre una posici贸n no imparcial a la hora de investigar hechos que afectan al anterior monarca por parte de los magistrados del Tribunal Supremo鈥.

Estos/as integrantes de la Sala Segunda fueron quienes 鈥渋nadmitieron el incidente de recusaci贸n planteado contra ellos mismos debido a las 鈥榚xpresiones denigrantes que se plasmaron contra esta acusaci贸n popular鈥 cuando rechazaron la ampliaci贸n de querella鈥.

IU y PCE, as铆 como el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, entienden tambi茅n que su recurso tiene la 鈥渆special trascendencia constitucional鈥 que exige la ley org谩nica que regula al Constitucional, ya que ven 鈥渘ecesario鈥 que por parte de este 鈥渟e asiente una doctrina en el 谩mbito de investigaci贸n de un delito sobre persona aforada por su condici贸n de miembro de la Casa Real y sobre la que pesan innumerables indicios de su participaci贸n en hechos de naturaleza evidentemente irregular y con transcendencia penal, m谩s aun cuando por parte de la Fiscal铆a se han abierto diferentes l铆neas de investigaci贸n y por contra la justicia penal, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hace dejaci贸n de sus funciones constitucionales y obvia entrar a valorar los hechos en tanto la Fiscal铆a no se pronuncia, lo que incide directamente en el derecho a la tutela judicial efectiva鈥.




Fuente: Mundoobrero.es