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– 21/06/2021
La abogada de Juana
Ruiz alega que solo pudo reunirse con su cliente por primera vez 24
horas antes de la vista
Un tribunal militar
israelí en Cisjordania ha aplazado este miércoles el juicio recién
iniciado de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años,
hasta el 7 de julio. La decisión sobre el proceso de la trabajadora
humanitaria, que fue detenida el 13 de abril, se acordó después de
que su abogada, la letrada israelí Gabi Lasky, impugnara
un procedimiento que le ha impedido visitar por primera vez a su
cliente hasta la víspera del la vista, a pesar de que la
Fiscalía militar formuló la acusación de financiación de
terrorismo el pasado 6 de mayo.
Después de permanecer
detenida sin cargos durante cerca de un mes y de ser acusada
finalmente de pertenencia a una “organización ilegal” que desvió
fondos de la cooperación internacional a un grupo palestino
calificado como terrorista, Juana Ruiz había visto restringido su
derecho a la defensa, según advirtió su abogada, especializada en
la defensa de los denominados “casos de seguridad” en los
territorios palestinos. La letrada
Lasky tuvo acceso al sumario instruido por la justicia militar
sobre la base de investigaciones e interrogatorios efectuados por el
Shin Bet (servicio de inteligencia interno), pero hasta el último
momento no había podido compartir su contenido con la cooperante
española.
La primera vista ante el
tribunal
militar de Ofer (en Cisjordania, 20 kilómetros al norte de
Jerusalén) se desarrolló con brevedad ante la petición presentada
por la abogada, según precisaron fuentes diplomáticas informadas de
la asistencia consular española en el juicio a la trabajadora
humanitaria. Una fuente diplomática europea conocedora del caso
lamentó que el forzado aplazamiento vaya a prolongar la duración
del proceso y la permanencia en prisión de la ciudadana española,
sobre todo después de que la “justicia” militar denegara en mayo una
petición para que pudiera permanecer en libertad o bajo arresto
domiciliario a la espera de juicio.
Juana Ruiz está
internada actualmente en una cárcel del norte de Israel, donde ya no
se encuentra sometida a régimen de aislamiento en una celda,
situación que se prolongó cerca de un mes en un penal próximo a
Tel Aviv, y puede relacionarse con otros reclusos. Su situación ha
mejorado, aseguran las fuentes diplomáticas consultadas, después de
haber podido recibir pertenencias personales enviadas por su familia
por vía de la asistencia consular.
La abogada de la
cooperante ha señalado que los cargos que pesan en su contra guardan
relación con su trabajo desde hace décadas con la ONG palestina
Comités de Trabajo para la Salud (CTS), que Israel ha calificado
recientemente de “organización ilegal”. Fuerzas militares
irrumpieron en marzo en la sede central de esta asociación sanitaria
en Ramala, donde practicaron detenciones y se incautaron de archivos
y registros informáticos.
Afincada en Palestina
desde 1984, Juana Ruiz coordina en el seno de CTS la cooperación de
asociaciones y entidades españolas en materia de salud en
Cisjordania y la franja de Gaza. Está casada con un farmacéutico
palestino formado en España y vive en Beit Sahur, en la provincia de
Belén, donde fue arrestada en la madrugada del 13 de abril por una
veintena de soldados.
Interrogatorios del
Shin Bet
Como residente en
Cisjordania —territorio palestino ocupado por Israel desde 1967—,
ha sido sometida a la jurisdicción militar, que permite la detención
hasta 75 días sin necesidad de presentar cargos. Los investigadores
del Shin Bet sostienen que la trabajadora humanitaria española
—citada en la prensa hebrea como Juani Rashmawi, por su apellido de
casada— participó en una red para “introducir ilegalmente fondos
en los territorios palestinos” que fueron desviados hacia el Frente
Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado
terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude,
falsificación y engaño” a los donantes de países europeos.
Observadores jurídicos y
diplomáticos que han seguido de cerca su caso sostienen que no se
han respetado las garantías procesales mínimas, y que Israel
incumplió la Convención de Viena sobre asistencia consular, ya que
la detención de Juana Ruiz no fue comunicada desde el primer momento
a las autoridades españolas.
En un comunicado
difundido por la campaña de solidaridad con la cooperante,
organizaciones españolas que trabajan en la cooperación con
Palestina han denunciado que los cargos presentados contra Juana Ruiz
son “inconcebibles”. “La cooperación española es
extremadamente garantista”, sostienen, y está sometida a sucesivas
auditorías de control de gestión y presupuestarias. La Oficina del
Portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel no ha contestado a la
petición de EL PAÍS para conocer su versión sobre este caso.
Fuente: El
País
Fuente: Arrezafe.blogspot.com
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