Alpha Mikeliunas y Fran Ortega viven en la calle Floridablanca de Barcelona desde hace 11 años. Han pasado más de una década de conflictos con la propiedad y han sido víctimas de acoso inmobiliario. Este lunes serán juzgados en la Ciudad de la Justicia, acusados de amenazas y coacciones para protestar contra su desahucio, junto con el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera . La Fiscalía les pide tres años de prisión a cada uno y pocos días antes del juicio, atienden Nació Digital para valorar su caso.

«Justo cuando nos planteábamos marcharnos del piso en 2018, abrimos el buzón y nos encontramos una hoja informativa del Sindicato de Inquilinos», recuerda Mikeliunas. La familia Mas-Beya Fradera es la propietaria del edificio y no se había preocupado por mantener en condiciones el piso. «Las bajantes de las aguas residuales estaban estropeados, las tuberías tenían más plomo de lo permitido y había una plaga de termitas», explica.

Para Ortega, a partir de ese momento marcharse dejó de ser una alternativa, aunque el reto que encaraban era mayúsculo. «Desde el 2007 había aprobada la ley que permitía denunciar acoso inmobiliario, Pero el gran problema era tener pruebas. Gracias al Alpha, que es muy minuciosa, lo conseguimos «, afirma. La tarea de recopilación, sumada a la movilización con el sindicato, permitió avanzar.» El Ayuntamiento sacó del cajón las quejas que les habíamos hecho llegar «, recuerda Ortega. Seis vecinos más siguieron sus pasos , evitando así el proceso de desalojo progresivo del bloque.

Es en este contexto que, de la mano del sindicato, se movilizaron ante el Instituto de Belleza Francis , vinculado con la familia propietaria del bloque. Una protesta que ahora les puede suponer una condena a tres años de cárcel y que tanto los inquilinos como Palomera enmarcan en una voluntad de reprimir el movimiento por la vivienda.

«El Estado nos ataca porque quiere proteger a los dueños de la ciudad» , asegura Palomera. «Es un ataque por motivos políticos. Nosotros estamos limitando privilegios a los especuladores y esto hace que no puedan hacer y deshacer con la vivienda», valora el portavoz. Palomera sitúa los Mas-Beya Fradera en la categoría de «linajes» que controlan una parte sustancial del parque de pisos de la capital catalana. «Ven a los inquilinos como una extensión de su propiedad y si tú no aceptas lo que ellos dicen, te echan de casa y criminalizan tus acciones. Se creen por encima del bien y del mal», argumenta.

Mikeliunas y Ortega lamentan que la propiedad intente girar la tortilla. «Las víctimas de acoso somos nosotros» , dicen, insistiendo en la multa interpuesta por el Ayuntamiento a la familia titular de la finca. «La acusación y el juicio son una represalia más porque dejamos el piso», considera ella. «Si nos quitan el derecho a protesta, qué nos queda?», Se pregunta él.

La estrategia de defensa de los tres, coordinada por la abogada Anaïs Franquesa, pasa por insistir en el carácter pacífico de la protesta contra el desahucio. Insisten en que el informe policial hecho en su momento no señaló ningún incidente y aseguran que disponen de testigos presenciales de periodistas y diputados  al Parlamento que pueden corroborar que no hubo ningún acto violento. La juez, sin embargo, no ha admitido por ahora su comparecencia ante el tribunal.

¿Qué pasa cuando terminan los contratos?

Palomera califica la causa de «montaje» y pronostica un «efecto boomerang». «Iremos hasta el final y nuestra respuesta debe ser dejarle claro a la Fiscalía que no vamos a renunciar a luchar por nuestros derechos . Se quiere establecer un precedente para que el movimiento por la vivienda no pueda protestar para detener desahucios», asegura. La causa recuerda a la que terminó con la absolución de ocho activistas por el empleo de una oficina del BBVA en 2017, para quien la Fiscalía pedía dos años de prisión .

El caso de Mikeliunas y Ortega permite detectar una rendija de desprotección que sufren los inquilinos y que ni siquiera la regulación de precios ha podido subsanar. Ambos siempre han pagado el alquiler, incluso cuando se terminó formalmente el contrato, pero aún así la propiedad les comunicó que no les renovaba después de que protestaran. «Invertimos 8.000 euros en el piso para hacerlo habitable, y aún así nos pueden echar», lamenta Mikeliunas.

«El gran reto es equipararnos a países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, donde cuando se acaban los contratos se prioriza la función social de la vivienda y para echarte debe haber una justificación», dice Palomera. «Que alguien gane dinero con un piso me parece perfecto, pero lo que ya no veo tan bien es la codicia», concluye Ortega. Él, Mikeliunas y Palomera sentarán este lunes banquillo en un caso que puede ser un precedente en la represión del movimiento por la vivienda en Cataluña. El lunes el Sindicato de Inquilinos ha convocado un acto de apoyo a los tres acusados ​​en la Ciudad de la Justicia y el caso ya ha tenido eco internacional. «Es una represalia contra defensores de los derechos humanos», ha asegurado el exrelatora de la ONU en materia de vivienda, Leilaini Farha.

Imagen de portada: Fran Ortega, Alpha Mikeliunas y Jaime Palomera | Yvelisse Teixeira

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