May 19, 2021
De parte de CNT Sevilla
222 puntos de vista


En Andaluc铆a, los Juzgados de lo Social est谩n colapsados. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situaci贸n de los se帽alamientos en C贸rdoba, Almer铆a o Sevilla. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024 贸 2025 no extra帽an ya a nadie familiarizado con la jurisdicci贸n social.

La principal causa es la gesti贸n pol铆tica. A ning煤n ministro de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. El actual ministro no es ninguna excepci贸n. Todos sus predecesores y 茅l mismo lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces de empeorar la gesti贸n del anterior y as铆 hemos llegado a una situaci贸n de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc.
Las reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la p茅rdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. La 煤ltima manifestaci贸n de este fen贸meno lo encontramos con los se帽alamientos de demandas a a帽os vista. Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social establece plazos de d铆as, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez m谩s infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y a帽os. La justicia tard铆a nunca puede ser justicia. Y menos a煤n en lo Social.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no est茅n adaptados a las nuevas tecnolog铆as y que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio p煤blico.

A finales de 2020 no se ha podido celebrar un juicio en la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a, donde se abordaba la violaci贸n del derecho Fundamental a la Huelga por parte de la Junta de Andaluc铆a, por falta de medios telem谩ticos (ordenador, software y conexi贸n). Finalmente se celebr贸 en marzo 2021 y la sentencia ha puesto en vilo este Derecho Fundamental, al ponerse de perfil el tribunal sin sancionar a la Junta y remitir a una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo que declaraba nulos y abusivos unos servicios m铆nimos en la huelga general del 8M pero que no conlleva que la clase pol铆tica pueda seguir conculcando el derecho Fundamental a la huelga mediante un decreto de servicios m铆nimos ilegales que no le van a suponer ning煤n coste ni econ贸mico, ni social, ni responsabilidad pol铆tica alguna porque los tribunales as铆 lo han decidido. Hay una voluntad pol铆tica deliberada por denigrar la justicia como servicio p煤blico. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatizaci贸n. Degradar lo p煤blico para a continuaci贸n que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operaci贸n.

Observamos c贸mo surgen en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediaci贸n y f贸rmulas alternativas 鈥揵ajo el amparo de la 鈥渃olaboraci贸n p煤blico-privada鈥- para resoluci贸n de conflictos. El mejor exponente de esto en Andaluc铆a resulta ser el SERCLA, donde la invasi贸n de competencias -antes p煤blicas- es la t贸nica dominante de los 煤ltimos a帽os junto a la financiaci贸n de sus organizaciones integrantes, esto es, los agentes sociales de la oficialidad: CEA, UGT y CC.OO.

Los se帽alamientos a a帽os vista obligan de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales, que dejan ser 煤tiles y no surten efecto. As铆 se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita a煤n m谩s la posici贸n de l@s trabajador@s.

Con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiaci贸n para quienes optan por incumplir la ley. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un desprop贸sito sobre el que la patronal (la m谩s incumplidora) mantiene un indisimulado silencio, ya que este mecanismo perverso juega a su favor.
Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:

鈥  Aumento del n煤mero de Juzgados de lo Social en toda Andaluc铆a
鈥  Implantar Juzgados de lo Social de Ejecuci贸n (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
鈥  Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificaci贸n por correo certificado, despu茅s v铆a SCACE y por 煤ltimo la publicaci贸n en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de m谩s de un a帽o si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.

Tambi茅n queremos denunciar las problem谩ticas que nos encontramos en los juzgados cuando tratamos de tutelar el derecho a la vivienda, regulado en el art铆culo 47 de la Constituci贸n.

Los juzgados sistem谩ticamente incumplen la normativa contenida en los Tratados Internacionales que hemos suscrito como Estado. Con frecuencia nos encontramos ante procesos judiciales en los que no se garantizan los derechos de los menores y su protecci贸n jur铆dica. Son muchos los procedimientos en los que magistrados y jueces decretan el lanzamiento de familias econ贸micamente vulnerables sin haber ponderado otras opciones menos gravosas y sin garant铆as de alternativas habitacionales para los menores de edad, las hijas e hijos de la clase trabajadora.

A lo anterior se unen las reticencias en la aplicaci贸n de figuras jur铆dicas amparadas por el Derecho, como el estado de necesidad como causa eximente de la responsabilidad criminal. La aplicaci贸n de esta figura, tras la acreditaci贸n de los requisitos exigidos legalmente, permitir铆a eximir de responsabilidad criminal a las familias obreras que ocupan viviendas vac铆as en manos de entidades bancarias o de otros grandes tenedores, al no dejarle el Estado ninguna otra opci贸n para satisfacer su necesidad permanente de acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. L@s trabajador@s ya nos hemos cansado de ver c贸mo los poderes p煤blicos incumplen el mandato constitucional de remover los obst谩culos que impiden la igualdad efectiva entre la ciudadan铆a (art铆culo 9.2 de la Constituci贸n).

En los juzgados es necesario:
鈥 Implementar protocolos espec铆ficos en los procesos de desahucios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y que llevaran a estos a actuar de manera uniforme. Protocolos que deber铆an contemplar, en los casos en los que no hubiera alternativa habitacional, medidas como: suspensi贸n del lanzamiento, solicitud a los servicios sociales de su intervenci贸n de manera activa para la soluci贸n del problema entre otras.
鈥 Relacionado con esto, los jueces deber铆an suspender los desahucios de familias con menores a su cargo para garantizar los derechos de vivienda, intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio etc., siendo esta una medida que podr铆a llevarse a cabo si en los juzgados se tuviera en cuenta la doctrina de los tribunales internacionales que con frecuencia es ignorada, en muchos casos a sabiendas.

Por todo esto, la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad hace un llamamiento al pueblo andaluz para iniciar un debate en torno a este angustioso problema de la clase trabajadora, con objeto de preparar una movilizaci贸n general que pueda ser el comienzo de una lucha colectiva por la reconquista de los derechos laborales y sociales perdidos y para avanzar en justicia social.
Andaluc铆a 21 de abril de 2021

隆EL 20 de mayo se nos va a escuchar en los juzgados!
Marchas de la Dignidad 鈥 Andaluc铆a

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Fuente: Sevilla.cnt.es