January 15, 2021
De parte de ANRed
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La Comunidad Yokwespehen fue desalojada en plena pandemia. Un empresario fumigador los hostiga desde hace a帽os para que abandonen sus tierras. Sucedi贸 el 21 de octubre, posteriormente lograron reingresar a resistir en territorio, pero una nueva intimaci贸n de desalojo lleg贸 el 4 de diciembre. Mientras tanto el poder judicial salte帽o rechaz贸 la apelaci贸n, la nulidad de la orden de desalojo y les han vuelto a armar tres causas. El empresario alega que las tierras comunitarias se las compro a la iglesia Anglicana. En esa incertidumbre comenzaron el 2021. Por Corresponsal popular para ANRed.


Desalojo

A la espera de la nulidad aguardan hace ya tres largos meses, en donde antes estaban sus casas. Organizaciones sociales- la UTT, la Fundaci贸n Volviendo a casa, la APDH- y un abogado defensor acompa帽an a la Comunidad Yokwespehen por temor a una nueva represi贸n orquestada por el terrateniente fumigador que pretende esas tierras. Es que los usurpadores VIP pululan por todo el pa铆s, y desde hace d茅cadas atemorizan a los ind铆genas y campesinos pobres a punta de arma o violentando y acosando mujeres, all铆 donde es dif铆cil la llegada de los medios, y la justicia la manejan 鈥渓os que tienen plata鈥.

El desalojo estaba 鈥減revisto鈥 desde noviembre del a帽o pasado, y avisadas estaban las instituciones de las que depende que se cumpla el derecho ind铆gena (INAI, INADI, IPPIS, Secretar铆a de Asuntos Ind铆genas de Salta, etc.) tambi茅n sus correspondientes autoridades. Sin embargo, quienes no resultaron avisados fueron los miembros de la comunidad, que tampoco tuvieron traductor al momento del brutal desalojo que destroz贸 sus casas, y los dej贸 cual si fueran ocupas en sus propias tierras, favoreciendo a un ladr贸n con dinero que se maneja de t煤 a t煤 con el poder local.

鈥淒espojados鈥 es el nombre de la comunidad en espa帽ol. Parece que as铆 los quiere el poder judicial salte帽o que apa帽a el saqueo territorial. Pudieron pasar fin de a帽o en su lugar gracias a un amparo que present贸 en noviembre su abogado, Hern谩n Massietti. Pero en la incertidumbre de no saber qu茅 va a pasar si esa misma in-justicia que avala al empresario que usurp贸 su territorio decide fallar a favor de 茅l otra vez y dar paso as铆 a un nuevo desalojo. Ricardo Fern谩ndez es el nombre real de quien en otros registros figura como Jorge Panayotidis, nombre de su abuelo, un poderoso local. Desde hace d茅cadas esta familia viene tejiendo lazos con los jueces de ese departamento.

Reparto de tierras, violaci贸n de derechos y violencia de g茅nero

Mientras tanto son m谩s de 470 hect谩reas las que corren riesgo de perderse a manos de un privado y por irresponsabilidad de la in-justicia salte帽a. Estos empresarios terratenientes, 鈥渁parecen de un d铆a para otro con t铆tulos catastrales鈥. 驴C贸mo pueden tener t铆tulo catastral de un territorio que siempre fue de la misma comunidad, ya no por d茅cadas, sino por generaciones, por cientos de a帽os?

鈥淓n los 麓80 el romerismo se reparti贸 las tierras de las comunidades en reuniones de caf茅. Panayotidis 鈥渓e compr贸鈥 a la iglesia anglicana.鈥 Nos dice Seila 驴C贸mo el terrateniente le puede comprar a la iglesia anglicana algo que no es de la iglesia, si ellos lo que hac铆an en la zona era 鈥渁yudar鈥 o 鈥渆vangelizar鈥 a las comunidades en territorio de las comunidades? Nunca la iglesia anglicana le compr贸 las tierras a la comunidad, entonces, 驴porqu茅 vendi贸 como si fuera due帽a? Lo dif铆cil en estas situaciones es el d铆a a d铆a de la comunidad. Los usurpadores vienen con la polic铆a, o con gendarmer铆a, con amenazas y armas inclusive, es zona liberada para ellos.

Siembran el terror con complicidad del poder judicial y policial locales. Hacen que la comunidad quede a la buena de dios. De repente la gente se encuentra sin su sustento diario, porque resulta que dicho sustento tiene que ver con el lugar donde viven, son la caza y la pesca, por ejemplo. Ni j贸venes ni ni帽os pueden continuar con sus estudios, porque entre la comunidad y la ciudad m谩s cercana hay much铆simos kil贸metros, que muchas veces se hacen a pie, y en estas circunstancias suelen estar al acecho violentos que 鈥渢rabajan鈥 para los poderosos.

Como muestra de esto vale solamente la menci贸n de que el terrateniente Jorge Panayotidis ha amenazado a viva voz incluso con la violaci贸n a las mujeres de la comunidad. Esto mientras se encontraban todas reunidas una ma帽ana en los d铆as subsiguientes a la represi贸n.

Defensa

La comunidad fue noticia hace unos meses, en los d铆as subsiguientes al 21 de octubre, fecha en que se perpetr贸 el violento e ilegal desalojo. Sin embargo, estos meses siguieron los hostigamientos, que soportaron silenciosamente. Pac铆fica esperaba al costado de una ruta nacional -que casi nadie transita- a que se le restituyan sus tierras. Su abogado defensor escrib铆a en la nulidad de desalojo que present贸 d铆as despu茅s del brutal hecho: 鈥淎rt铆culo 101 Reintegro de inmuebles: la usurpaci贸n es un delito en el cual el bien jur铆dico protegido es la posesi贸n de un bien inmueble, no su escritura ni mucho menos la c茅dula parcelaria.鈥

No solo 鈥渘o se pod铆a desalojar en pandemia ni mucho menos una comunidad ind铆gena sino despu茅s de investigar a fondo la relaci贸n de los pobladores con su territorio (inciso 17 art铆culo 75 Constituci贸n Nacional y leyes 24.071 y 26.160).鈥 Adem谩s era y es insostenible defender al privado en base a un t铆tulo catastral porque cualquier poderoso local puede acceder a ellos ilegalmente, no as铆 las comunidades, que no obstante tener derechos ancestrales y propiedad comunitaria, muchas veces no tienen acceso a su propia documentaci贸n por cuestiones varias, entre ellas la del idioma.

Las defensas a las comunidades ind铆genas se tornan muy dif铆ciles cuando el principal organismo que debiera ocuparse de esta cuesti贸n no solo no acompa帽a a los abogados particulares, sino que cuando les toca intervenir, dilatan la situaci贸n, desmoralizan y no terminan de tomar cartas en el asunto. As铆 las cosas, todas las se帽ales son de complicidad o al menos de desidia, saltan a la vista.

Hern谩n es un abogado conocido en Salta por estar siempre a disposici贸n de las comunidades y por ser conocedor del derecho ind铆gena, hablamos con 茅l para que nos cuente la situaci贸n actual de la comunidad: 鈥淧or resistir a la injusticia de una causa le hicieron tres causas nuevas, la 煤ltima noticia es que les hicieron una causa federal por protestar en la ruta, en la Ruta 86 que no pasa nadie. El INAI, el IPPIS y la Secretar铆a de Derechos Humanos y todos sab铆an desde antes que la comunidad necesitaba un abogado, y nunca se lo dieron, es lo 煤nico que necesitaba. (鈥) La iban arrastrando hacia el desalojo, por los medios procesales, por los medios legales, por el juzgado, por el fiscal, por el Ministerio p煤blico, un abandono total y nunca les pusieron abogado. Ahora, para otras cosas s铆 hay. Hay defensores especiales, hay fiscal铆as especiales, y est谩 bien que haya, pero ac谩 no solamente eso, sino que no se preocupan de ponerles un abogado, ni de pagarme una m铆sera estampilla. La comunidad necesitaba un abogado y nunca se lo han dado, le han dado promesas cuando necesitaban un abogado.

Despu茅s del desalojo, hago el Habeas Corpus, los hermanos estaban dentro de la comunidad, buscando sus animales, por culpa de no haberles prevenido del desalojo, dentro de los horarios que est谩n fuera de la ley, lo he puesto como causal de nulidad. No quiero que se los reprima devuelta, con la orden anterior de desalojo. Me lo rechazaron al Habeas Corpus. Apelo al Habeas Corpus, ah铆 est谩 en la Corte Suprema de la Provincia de Salta, porque es la que resuelve las apelaciones sobre los Habeas Corpus. Tambi茅n pongo la nulidad. La nulidad es de ac谩 a la China, porque no se les respet贸 el idioma, porque no sab铆an 鈥搇a comunidad- nada de lo que estaba pasando, han tenido una defensa totalmente ineficaz 鈥 INAI, INADI, IPPIS, Secretar铆a de Asuntos Ind铆genas de Salta y el defensor oficial -.Estamos en la apelaci贸n con una de las causas. Tambi茅n me rechazaron la nulidad. Pero por suerte ya est谩n adentro resistiendo.

Cuando estaban desalojados ellos hab铆an hecho un corte de ruta. Que en realidad el corte de ruta es un delito de resultado, tiene que haber un auto que se queje para que haya una denuncia. Nadie transita la Ruta 86, y ninguno hizo denuncia. Se los denunci贸 tambi茅n por haber reingresado. Los denunci贸 el terrateniente Panayotidis por 鈥渉aber violado una resoluci贸n judicial鈥, que era la que los desalojaba, as铆 que por eso hay tres nuevas causas. Despu茅s de la verg眉enza pasada al menos en las noticias por desalojar a una comunidad en pandemia, y por desalojarlos en realidad, porque la Constituci贸n no permite desalojarlos, no hicieron m谩s ilegalidades con respecto a eso pero s铆 los est谩n castigando con las causas.

Me insisten 鈥 en que sea su abogado- y la verdad que s铆, yo no puedo viajar a Tartagal. No puedo porque no me dan los recursos propios, de llegar hasta all谩, pagarme la nafta hasta all谩. Acordate de que Ricardo Altabe muri贸 porque le agarr贸 una descompensaci贸n, y no ten铆a cr茅dito en su celular, adem谩s de haber estado defendiendo a 200 comunidades de all谩 del Chaco鈥 y no ten铆a cr茅dito en su celular. As铆 trabajamos las defensas ind铆genas. Hasta en lo m谩s m铆nimo 鈥揾ay problemas-.Sin una estampilla seg煤n el c贸digo de ac谩 de Salta, no me pueden hacer caso a ning煤n escrito ni a ning煤n pedido, una estampilla sale 1300 pesos y la tengo que poner en el primer escrito.

Entonces les digo Estampilla Penal Federal bien grande, matr铆cula tanto, m铆a, Colegio de abogados y le pongo el precio, resulta que en vez de Penal Federal le venden una solo Penal, Penal Provincial鈥 Entonces, qu茅 tenemos que hacer? Ten茅s que ir y que te devuelvan la plata, pero no te devuelven la plata, ten茅s que juntar devuelta la plata, y estamos hablando de una comunidad que se les est谩n muriendo los chicos de hambre.

Lo atienden mal 鈥 a Rodolfo Su谩rez, el presidente de la comunidad- de mala gana, ven que ah铆 dice 鈥淓stampilla Penal Federal 鈥 y le venden una Penal Provincial. No s茅 si lo hacen con todo el prop贸sito de causar da帽o pero s铆 lo hacen con cierta desidia y tal vez asco de tener que atender a un niyak que viene de trabajar.

Pero el problema es para nosotros, porque ahora no le podemos pedir nada al juez, porque no tenemos la estampilla, tenemos una estampilla pero no nos sirve, tenemos que cambiarla, pero no nos la quieren cambiar, necesitamos plata para comprar la estampilla que la ten铆amos pero no nos la quieren devolver鈥 Una semana hablando con el Presidente del Colegio de Abogados, que nos solucion贸 todo, pero despu茅s de una semana, y una semana de maltratos, por una estampilla, discriminaci贸n que no la tienen los ricos, que no la tiene Panayotidis.

Estampillas, abuso judicial y de las fuerzas represoras

Hablamos con Seila P茅rez, activista ind铆gena del pueblo guaran铆 de Tartagal, integrante de la APDH, quien acompa帽贸 a la Comunidad Yokwespehen estos meses: 鈥淓l d铆a 21 de diciembre Rodolfo Su谩rez, el presidente de la comunidad va a comprar una estampilla Penal Federal del Colegio de abogados delegaci贸n Tartagal. Y cuando va, la se帽ora le vende una estampilla solo Penal (鈥) Va ese mismo d铆a a la tarde a reclamarle, y estaba cerrado. Regresa al otro d铆a, a la ma帽ana, tuvo que venir del kil贸metro 20 que es bastante lejitos, otra vez al centro a hacer el reclamo de que esa estampilla no era鈥 y la se帽ora le dice que ah铆 no venden esa estampilla, que la venden en el Poder Judicial de ac谩 de Tartagal. No tuvo tiempo de ir porque estaba en el velatorio de su padrastro y se ten铆a que ocupar de hacer los tr谩mites por el caj贸n y dem谩s. Le hizo quedar la estampilla que no era la se帽ora que atiende, pero no le devuelve el dinero, le dijo que cuando ella pueda vender la estampilla que ah铆 reci茅n le van a devolver el dinero, as铆 que tampoco pudo ir al Poder Judicial si 茅l ya no tiene el dinero, porque imag铆nese, esos 1300 鈥損esos- deja de comprar muchas cosas, porque esto se dio en un contexto en donde cortaron la ruta, porque les llega una notificaci贸n de gendarmer铆a, y estaban cortando la ruta para que no los desalojen. Bueno, es parad贸jico lo que pasa ac谩 en Tartagal, por pedir justicia tienen que pasar estos malos momentos, p茅rdida de tiempo y de dinero. Fue otra vez para que le devuelvan el dinero, porque necesitan enviarle al abogado la estampilla, y le dijeron que no鈥 Cualquier cosa dicen que necesitan una nota de un abogado para que reci茅n puedan analizar ellos esa nota para reci茅n devolverle el dinero, eso es lo que ocurri贸 ac谩 con Rodolfo Su谩rez.鈥

Por la causa que tienen por el corte de ruta les llega una citaci贸n de gendarmer铆a, a Rodolfo Su谩rez, presidente de la Comunidad Yokwespehen, Erminda Esteros, su cacica, Jorge Altamarino, cacique de la Comunidad Loira 鈥 una comunidad que se solidariz贸 con Yokwespehen, que se encuentra a cinco kil贸metros de Tartagal- entre otres. El d铆a de la citaci贸n tuvieron que trasladarse hasta Or谩n, son muchos kil贸metros, mucho tiempo y mucho dinero que tuvieron que invertir entre todos los miembros de esta comunidad y colaboradores, siendo que tienen muchas necesidades materiales. Tanto es as铆, que la UTT, los d铆as inmediatos al desalojo organiz贸 un comedor que ayud贸 a los wich铆 varias semanas, hasta que lograron el reingreso. Cuando lograron reingresar, una de las abuelitas, Pola, que tiene pensi贸n, compr贸 unas chapas para hacer un tinglado donde se puedan reunir, ya que en la zona son terribles tanto los calores como los desmontes y necesitan resguardo del sol. La polic铆a les destroz贸 el tinglado y 鈥渓es confisc贸鈥 las chapas en medio de lo que fue un nuevo intento de desalojo ilegal.

La Ruta 86 casi no tiene tr谩nsito, excepto por 鈥淒esde el sur鈥, una empresa, 鈥渜ue tiene su base en medio de territorios ind铆genas y es la primera contaminadora de la zona con agrot贸xicos. No hay un hogar que no tenga bidones desocupados de agrot贸xicos, los tiran por cualquier lado, son altamente perjudiciales para la salud de las comunidades.鈥

Complicidad del INAI

Denegada la nulidad, la defensa apel贸 dos veces, ante la Corte Suprema de la Provincia de Salta. Mientras tanto, el INAI que en principio dijo acompa帽ar a la comunidad no apareci贸 m谩s, en su mayor铆a ni帽@s, ancian@s y mujeres que permanec铆an a la intemperie. Reci茅n m谩s de un mes despu茅s del desalojo, Juli谩n Fern谩ndez, el abogado del INAI, lleg贸 a prometer lo mismo de siempre, que pocas veces cumple 鈥搈enos en el norte salte帽o-: el relevamiento territorial, estuvo algunas horas y se fue. Con Magdalena Odarda nunca se pudieron comunicar ni la comunidad ni los organismos de derechos humanos intervinientes en el caso. Tampoco se supo nada de los t茅cnicos que debieran ocuparse del mencionado relevamiento del territorio de la comunidad. Hoy esperan a un costado de donde fueron destrozadas sus casas en violento e injustificado operativo policial a que les devuelvan lo que es suyo por derecho constitucional, internacional y ancestral, 470 hect谩reas. En esa espera recibieron a帽o nuevo.

Este a帽o tiene nueva fecha de vencimiento la 26160, que contempla la propiedad ind铆gena y comunitaria, y cuya pr贸rroga en septiembre de 2017 se promulg贸 por cuatro a帽os m谩s. Desde su sanci贸n, en 2006, poco se ha avanzado en la defensa del derecho de propiedad comunitaria de los pueblos originarios.





Fuente: Anred.org