July 28, 2021
De parte de Nodo50
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Por XABIER MAKAZAGA (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

     Vuelven a juzgar a quienes durante d茅cadas han sufrido la tortura y todas sus consecuencias en lugar de juzgar a quienes se han servido miles de veces del tormento o han colaborado de las m谩s diversas maneras con sus ejecutores directos. Por ejemplo, mintiendo y haciendo falsas promesas a un prestigioso organismo internacional, el Comit茅 de Prevenci贸n de la Tortura, CPT, del Consejo de Europa.

     Hay contundentes pruebas documentales de que fue precisamente eso lo que hizo quien hasta hace poco era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco, Juan Lu铆s Ibarra Robles. Lo hizo en 1995, cuando era Director General en el Ministerio de Justicia e Interior y fue el encargado de redactar la respuesta del Gobierno espa帽ol al CPT que, desde su primera visita a Espa帽a en 1991, ven铆a solicitando a las autoridades espa帽olas que implementaran varias medidas preventivas en caso de detenciones incomunicadas.

    La m谩s sencilla de esas medidas era la de que se comunicara a un familiar del detenido incomunicado el lugar de custodia. Juan Lu铆s Ibarra no pod铆a explicar por qu茅 se negaban a decir d贸nde se encontraba el detenido y recurri贸 a la mentira pura y dura. Pretendi贸 que 芦es una pr谩ctica habitual la de informar a los familiares del hecho de la detenci贸n y el lugar donde se halla la persona detenida cuando 茅stos se dirigen a dependencias policiales禄. Algo que era radicalmente falso. Como otras afirmaciones que llevaban asimismo la firma de Ibarra.

    En aquella respuesta al CPT, Juan Lu铆s Ibarra prometi贸 que esa medida preventiva ser铆a aplicada 芦tan pronto como una detenci贸n incomunicada sea p煤blicamente conocida禄. Una promesa que, como tantas otras, las autoridades espa帽olas no cumplieron en absoluto, ya que durante d茅cadas siguieron sin hacer obligatorias ni esa sencilla medida ni otras igualmente demandadas tanto por el CPT como por otros prestigiosos organismos internacionales.

   Tambi茅n siguieron mintiendo con el mismo descaro de siempre a esos organismos, para justificar la incre铆ble negativa a hacer obligatorias unas medidas preventivas que no supon铆an riesgo alguno para las investigaciones policiales. Muy en especial, la de grabar con unas m铆nimas garant铆as todo lo que suced铆a durante las detenciones incomunicadas.

    Juan Lu铆s Ibarra Robles es un buen ejemplo de encubridor de la tortura situado en altas instancias del Estado, pero no deja de ser uno m谩s en un estado completamente carcomido por esa lacra. Uno de los miles de encubridores que han actuado siempre con la m谩s absoluta impunidad, como lo muestra el hecho de que ninguno de ellos ha sido nunca ni tan siquiera llamado a declarar, pese a haber cometido, seg煤n la legislaci贸n internacional, un crimen contra la humanidad.

     Ahora bien, pese a que la legislaci贸n internacional es muy clara a la hora de calificar la tortura y la complicidad con la misma como cr铆menes contra la humanidad, no lo es tanto, ni mucho menos, al abordar el espinoso tema de probar la tortura. V茅ase al respecto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, seg煤n la cual si un detenido resulta herido o lesionado mientras se encuentra en custodia policial, corresponde al Estado justificar esas heridas. En cambio, si no hay lesiones, la carga de la prueba recae sobre el torturado.

      Se trata de una jurisprudencia que prima la raz贸n de Estado y que no tiene en cuenta la realidad de la tortura que tan certeramente denuncia el Catedr谩tico Em茅rito de 脡tica de la Universidad de Deusto Xabier Etxeberria: si el torturador

    芦es inteligente como para no dejar huellas, si est谩 鈥渂ien protegido por el sistema鈥, nadie sabr谩 lo que ha hecho, nadie le pedir谩 cuentas, el torturado no tendr谩 a quien reclamar. Este secretismo, por un lado, garantiza la impunidad del torturador y, por otro, deja sumida a la v铆ctima en el mayor desamparo no s贸lo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparaci贸n debida por lo que se le ha hecho禄.

      Eso es exactamente lo que ha sucedido con la tortura en el Estado espa帽ol. Miles de personas no han podido probar lo que les han hecho porque, en la gran mayor铆a de los casos, la incomunicaci贸n ha impedido toda prueba. Es su palabra contra la de los funcionarios policiales y ya hemos visto lo que ha sucedido estas 煤ltimas d茅cadas con jueces, forenses, autoridades, funcionarios鈥

       A ning煤n juez se le ha ocurrido nunca preguntarse por qu茅 el mismo tipo de militantes que guardaba siempre un absoluto mutismo en dependencias policiales francesas lo contaba todo con pelos y se帽ales en las espa帽olas. Saben perfectamente que eso era as铆, porque los medias espa帽oles subrayaban una y otra vez el 鈥渕utismo habitual鈥 de los militantes de ETA detenidos en el estado franc茅s y al mismo tiempo no paraban de dar detalles sobre las 鈥渕anifestaciones espont谩neas鈥 de los detenidos en el espa帽ol. Sin embargo, prefer铆an ignorarlo, dar cr茅dito a esa infame mentira de los manuales de ETA para denunciar falsas torturas y condenar a miles de personas en base a esas 鈥渕anifestaciones espont谩neas鈥.

    Por eso llevo un mont贸n de a帽os proponiendo que se aborde un estudio bien f谩cil de realizar, un 鈥淎n谩lisis de la negaci贸n por parte del Estado de los actos de tortura鈥. Pido que se analicen las alegaciones de las autoridades al respecto y se confronte con lo que en realidad dicen los documentos de ETA, tanto los que aducen las autoridades como todos los dem谩s. Y actuaciones como las de Juan Lu铆s Ibarra y otros funcionarios al responder a organismos internacionales.

    Tambi茅n pido que se analice lo dicho por periodistas especializados en 鈥渇uentes antiterroristas鈥 y muy en especial todo lo sucedido en el caso Portu-Sarasola que es paradigm谩tico en cuanto a los m茅todos empleados por la Guardia Civil y las autoridades a la hora de negar la tortura.

    Ese estudio es bien sencillo de realizar. Apenas hacen falta medios. S贸lo voluntad pol铆tica, que por lo que veo no existe en absoluto.

(*) Xabier Makazaga, investigador del Terrorismo de Estado.




Fuente: Canarias-semanal.org