La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido este viernes al Gobierno central que se expulse a los monjes benedictinos que llevan viviendo “ilegalmente” durante cuatro años en las instalaciones del Valle de los Caídos.
Para respaldar esta petición, la asociación, a través de un comunicado enviado al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha indicado que con la actual legislación, en su Disposición Adicional Octava, cualquier convenio con el Estado por tiempo indefinido que no haya sido prorrogado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley quedará extinguido a los cuatro años, y en este caso, detallan que se cumplieron el pasado 2 de octubre de 2020.
En este sentido, han explicado que al no haber renovado el Estado este acuerdo, los monjes benedictinos que han vivido y gestionado durante estos años las instalaciones del Valle de los Caídos se encuentran “ilegalmente en este lugar”.
Por ello, han demandado al Gobierno “en su deber de velar por la legalidad”, que obligue a los monjes a abandonar el recinto y dejar de ejercer “cualquier control sobre el mismo”.
La creación del convenio y proceso histórico
El 29 de mayo de 1958 se firmó en Madrid el convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, donde se estableció que un grupo de benedictinos procedentes del Monasterio de Silos se instalaría en el Valle de Cuelgamuros, y que el convenio tendrá una duración indefinida que se mantendría mientras los monjes cumplieran los compromisos que figuran en el mismo.
El convenio, según ha trasladado la asociación, “nunca” ha sido modificado, aunque sí lo hizo la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que desde 1982 pasó a depender de Patrimonio Nacional y en la actualidad depende del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática.
Posteriormente, el 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece una nueva regulación de los convenios, donde en su Disposición Adicional Octava se prorroga de forma automática los convenios indefinidos y se da un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para que sean renovados o quedarán extinguidos el 2 de octubre de 2020.
Así, al no haber sido renovados este Convenio por el Estado, los interesados piden que los monjes benedictinos sean expulsados de las instalaciones del Valle de los Caídos.
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Fuente: Infolibre.es
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América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.
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