February 6, 2021
De parte de SAS Madrid
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Más de 2.400 presos están en cuarentena en sus celdas y casi todos los centros están cerrando sus puertas a entradas y salidas. Los sindicatos hablan de caos y de servicios médicos desbordados. Las organización de derechos humanos piden una excarcelación masiva.

El 20 de marzo se conocía la noticia: una mujer de 78 años se convertía en la primera víctima mortal del covid-19 en las prisiones españolas. Su nombre no ha trascendido hasta ahora ni sus razones para terminar en una celda de la cárcel de Estremera, en Madrid. Poco se habla de lo que ocurre dentro de las prisiones y, si se hace, casi nunca desde el punto de vista de las personas recluidas. 

La ciudadanía ha normalizado que los presos son “personas sin derechos”, que por el hecho de haber perdido su libertad han perdido también su “humanidad”, dice a El Salto Francisco Fernández Caparrós, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

En esa misma cárcel del sureste de la Comunidad de Madrid, diez meses después, un brote de coronavirus sacudía la vida del penal: el 2 de febrero, Comisiones Obreras (CC OO) alertaba que la situación se hallaba fuera de control, con más de un millar de presos “sin médicos” y un centenar de internos aislados en cuarentena en sus propias celdas. La misma situación de alarma se vive en otros centros penitenciarios. La mayoría de ellos ha vuelto a las restricciones de la primera ola de la pandemia.

En aquella primera ola y en los meses que la siguieron, las peores previsiones no se cumplieron. La “bomba de relojería” de la que hablaban las asociaciones de derechos humanos no llegó a estallar y los contagios se mantuvieron por debajo de la media española. Sin embargo, los datos de incidencia del virus se han desbocado desde enero. Sindicatos de trabajadores de prisiones y organizaciones de defensa de las personas presas piden que se vuelva la mirada hacia lo que está ocurriendo dentro de los muros de las prisiones y que se tomen medidas urgentes para evitar el desastre, aunque no coinciden necesariamente en las soluciones.

Desde marzo hasta diciembre de 2020, se habían producido 783 contagios, 40 ingresos hospitalarios y tres muertes entre la población interna, una incidencia 2,2 veces menor y una tasa de mortalidad 17 veces menor que fuera de las cárceles, según los datos de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, en las últimas semanas los nuevos casos se han disparado con brotes de coronavirus en casi todos los centros penitenciarios del Estado español. Muchos de ellos han cerrado sus puertas a cualquier tipo de entrada o salida.

La cifras hablan de una aceleración en la expansión del virus en las cárceles: desde el 1 de enero de 2021, se han producido 707 contagios de internos por coronavirus, casi tanto como en el resto de la pandemia y solo en la última semana de enero se documentaron 359 nuevos positivos. Febrero comenzó con 2.484 presos en cuarentena.

La peor situación se está viviendo en la cárcel de Picassent (Valencia), donde hay 133 internos y 16 trabajadores positivos, y 473 en cuarentena sobre una población de 1.900. Desde el sindicato de funcionarios CSIF señalan que la situación es especialmente delicada en los centros de Teruel, Palencia, Murcia, Lleida, León, Asturias, Cádiz, Granada o Sevilla.  

El penal de Teruel es otro de los más afectados. El 23 de enero se detectó un brote y en menos de una semana el 70% de sus 186 reclusos estaba contagiado, según la Delegación de Gobierno de Aragón. Los trabajadores de la cárcel, a través de la Sección Sindical de Acaip-UGT, hablaban de “caos”, de falta de “instrucciones claras” y de un “desbordamiento” provocado por el “ninguneo” al que han sido sometidos “desde tiempos inmemorables”.

En el Centro Penitenciario de Villena (Alicante) casi todos los módulos están cerrados y el 60% de los internos está en cuarentena. A finales de enero, el penal se blindaba y se cerraba a cualquier entrada o salida no esencial. Al igual que el resto de presos aislados deben pasar las 24 horas del día en sus celdas. 

El 2 de febrero, Instituciones Penitenciarias emitía una directiva en la que recomendaba “blindar las prisiones” y prohibir cualquier contacto no “indispensable” con el exterior. Los límites del actual estado de alarma y la disparidad entre los jueces sobre si esta norma permite el recorte de libertades fundamentales ha llevado a Instituciones Penitenciarias a dejar en manos de cada centro la decisión de restringir los derechos de los internos. 

Entre las recomendaciones incluidas en la circular distribuida a las 71 cárceles dependientes del Ministerio del Interior se incluía la suspensión de todas las comunicaciones orales e íntimas, el fin de los permisos de salida y de la entrada de profesionales externos, de personas de entidades colaboradoras, ONG, docentes y monitores de empresas externas. 

El sindicato Acaip-UGT, mayoritario entre el personal penitenciario, describía una situación alarmante en la última semana de enero: “En los centros es incesante el número de positivos que se van presentando, tanto entre la población reclusa como entre los empleados. Prácticamente todos los centros tienen módulos confinados por la presencia de positivos de covid”.

Según la delegación de CC OO en Instituciones Penitenciarias, el coronavirus está “descontrolado” en varias prisiones. La culpa, denuncian desde este sindicato, es del Ministerio del Interior, ya que “la política preventiva de Instituciones Penitenciarias siempre va por detrás de los contagios”. Una situación agravada, según denuncian, por la falta de personal sanitario, las plazas sin cubrir y la “sobrecarga de trabajo”. 

“No estamos preparados”

El propio propósito de la prisión —“mantener encerradas a las personas”, dice a El Salto Fernández Caparrós—, hace que las medidas de prevención del covid sean difíciles de cumplir. Un entorno “propenso a la aglomeración” y con graves problemas de ventilación que facilita la transmisión y la expansión del virus se suma a una de las poblaciones carcelarias más envejecidas de Europa —el 20% tiene más de 50 años y el 2,5% más de 65, según el Consejo de Europa— y una prevalencia de enfermedades mayor que en el resto de la sociedad.

Dentro de prisión, explica el portavoz del área de cárceles de la APDHA, los casos de enfermedades relacionadas con la salud mental, de hepatitis C, de VIH o incluso de tuberculosis, entre una larga lista de dolencias que tienen más incidencia en las cárceles, hace que se eleve el riesgo para la población reclusa. En un comunicado de finales de enero, el sindicato CSIF recordaba que en los centros penitenciarios “conviven personas con sistemas inmunitarios muy debilitados, con mayor riesgo de enfermar gravemente por el virus”. Además, dicen desde este sindicato de funcionarios, “los centros son espacios cerrados donde las personas viven en condiciones de proximidad por periodos prolongados de tiempo, favoreciendo la infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas. Por tanto, el riesgo de contagio en nuestro ámbito es más alto que el de la población general”.

El nuevo brote de coronavirus en las prisiones no ha tardado en chocar con la precariedad de la asistencia sanitaria en estos centros, arrastrada desde hace años, según denuncian todos los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos. 

“La sanidad penitenciaria se encuentra en uno de sus peores momentos, los centros no cuentan con personal facultativo suficiente, han quedado muchas plazas sin cubrir en las dos últimas promociones del Cuerpo de Enfermeros y esa merma es trasladable al personal laboral sanitario. No estamos preparados para una presión como la que origina el covid-19 y asistimos con auténtica preocupación e incluso ansiedad al estado de la red pública de sanidad de todas las comunidades autónomas”, dicen desde Acaip-UGT. Hasta hace una semana, denuncian desde este sindicato, no se garantizaban mascarillas para cada una de las jornadas de trabajo. 

“La falta de médicos y de personal de enfermería y auxiliares es otra pandemia más en las prisiones españolas. Las draconianas condiciones de trabajo que padece el personal sanitario en Instituciones penitenciarias tienen graves consecuencias sobre la salud de este personal al que se le obliga a cubrir todos los déficits de personal durante 24 horas, generándoles una elevada sobrecarga laboral y con unas condiciones laborales que no respetan la Ley”, dicen desde CC OO en un comunicado. Desde el inicio de la pandemia, 1.564 trabajadores de prisiones se han contagiado y cinco de ellos han muerto, según el Ministerio del Interior.

“Por la pandemia hay un déficit sanitario en todo el país, pero en prisión el déficit es endémico”, dice Silvia Fernández García, secretaria general de CC OO en Instituciones Penitenciarias. Según explica esta sindicalista a El Salto, las competencias sanitarias de los centros penitenciarios no están transferidas a las comunidades autónomas y dependen directamente del Ministerio del Interior. Las diferencias retributivas con respecto a los servicios autonómicos de salud hace que muchas plazas se queden sin cubrir. Todo esto unido, señala, a una deficiente gestión del Ministerio del Interior, que “lleva muchos años precarizando estos servicios y no contratando a todo el personal necesario”. Jornadas interminables, guardias que cobran la mitad de una hora ordinaria y una sobrecarga permanente ya era el panorama de la atención sanitaria en las prisiones antes de que explotara el coronavirus en las prisiones.

Fernández García señala la responsabilidad del Gobierno: “No se acuerdan de las prisiones, estamos condicionados porque no nos llegan suficientes EPIs, no llegan las pruebas PCR que necesitamos, porque no se compran. Vamos por detrás”.

La falta de medios se une a la complejidad inherente de una atención sanitaria de una cárcel, en la que realizar el seguimiento de una enfermedad en los servicios especializados o acudir a un hospital para realizar cualquier tipo de prueba, relata Fernández Caparrós, requiere de la coordinación entre el servicio autonómico de salud y la prisión, que debe asegurar un número de agentes para que hagan el traslado. “En estas condiciones, controlar la incidencia del covid-19 se hace aún más difícil”, dice.

Doble castigo

El 4 de febrero el director de la cárcel de Palma recogía la recomendación de Instituciones Penitenciarias y “blindaba” la prisión, a pesar de que es una de las pocas que no cuenta con ningún interno contagiado. Los vis a vis, al igual que en la mayoría de las cárceles españolas, ya estaban suspendidos. Ahora también lo estarán las comunicaciones por locutorio. El centro penitenciario también ha anulado al menos durante dos semanas las actividades docentes, los permisos de salida y la entrada de personal voluntario, de ONG y colaboradores externos. 

La misma escena se reproduce en decenas de cárceles. Según cuenta la dirigente de CC OO a El Salto, aunque la directiva de Instituciones Penitenciarias solo incluye recomendaciones, la mayoría de las cárceles están cerrando sus instalaciones y volviendo a una situación análoga al confinamiento de la primera ola.

Paz Francés es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Navarra y activista por los derechos de las personas presas. Cuenta a El Salto en conversación telefónica que la excepcionalidad iniciada con el primer Estado de alarma nunca se fue del todo y hay cárceles que llevan meses cerradas. Este nuevo brote en las prisiones ha ampliado y profundizado unas restricciones que suponen un enorme golpe para las personas privadas de libertad. 

Los permisos de salida, las visitas de familiares y la entrada de personal ajeno a las prisiones, todos derechos recogidos en la leyes penitenciarias, han vuelto a ser suspendidos en buena parte de los centros y colocado a los 50.000 internos de las cárceles españolas en una situación desesperada, difícil de entender para los ciudadanos libres: “Puede que haya personas que banalicen lo que significa esto. Dirán que fuera tampoco pueden ir al gimnasio, pero es que fuera puedes hacer otras tantas cosas. Dentro, o tienes eso o no tienes nada. Te arrebatan realmente las poquísimas cosas que tienes, que a nivel de equilibrio personal te pueden sostener”, dice Francés.

Muchas de las personas presas, especialmente aquellas que están en prisión preventiva a la espera de juicio, relata esta abogada, llevan años esperando un permiso de salida. Otras los disfrutan de forma periódica. Para todas ellas, estas salidas significan “poder ver con libertad más allá de cuatro paredes, de ese pedazo de techo, de ese pedazo de cielo, de ese pedazo de pared, de ese pedazo de suelo, y relacionarse libremente con sus iguales”. La suspensión de estos permisos que “preparan a la persona para salir en libertad”, supone un “trastorno enorme”. Y no solo se están suspendiendo los permisos ordinarios, cuenta, sino también los extraordinarios, aquellos que permiten, por ejemplo, asistir al funeral de un familiar y obligan a pasar el duelo en prisión.

Igual de esperadas que las salidas al exterior son las visitas de familiares y seres queridos, indica Francés: “Hay muchas personas presas que pasan toda la semana esperando a que llegue el día de visita. Entre medias se escriben cartas, hablan por teléfono, pero ese momento íntimo de conexión con lo que representa tu identidad, tu vida fuera de prisión y que es tan importante para el autoconcepto de uno mismo y de una misma, se pierde por las restricciones. Significa que pierdes literalmente todo el contacto con lo que hay fuera”.

La otra vía de escape, que permite a tantos internos estructurar sus vidas en prisión y se convierte en un pilar fundamental del proceso de reinserción, son las actividades realizadas por personas ajenas al centro, que son prácticamente todas, según cuenta Francés. Estas actividades también se están viendo restringidas cuando no suspendidas por completo por la política restrictiva alentada por el Ministerio del Interior. Desde una clase complementaria de inglés a un taller de teatro, pasando por la actividad docente y diversas actividades deportivas, el hecho de cerrar las cárceles al personal externo y a las ONG arrebata a los internos otra de esas “poquísimas cosas que tienen y que les pueden sostener”. 

Desde el inicio de la pandemia y especialmente en los últimos meses, explican desde la APDHA, uno de los elementos que más se han visto afectados han sido los programas de tratamiento, todas aquellas actividades programadas “con el propósito de resocializar” a las personas privadas de libertad. Con la pandemia, casi todos esos programas se han visto suspendidos, “sin que en su lugar se plantee algún tipo de contramedida o compensación en un contexto de endurecimiento general de la vida en prisión por las medidas de aislamiento y confinamiento”.

El aumento de casos de enfermedades mentales y de depresión en toda la sociedad tiene un reflejo aumentado dentro de las cárceles: “La mayor parte de las personas presas, cerca de un 60%, tienen cuadros depresivos. ¿Cómo puede afectar no salir de permiso, no tener visitas, no tener actividades, a personas que ya están muy debilitadas?”, se pregunta Paz Francés. 

Y esta situación, que afecta ya a una buena parte de la población carcelaria, no es nada en comparación con lo que experimentan las miles de personas presas que se ven obligadas a pasar las cuarentenas, generalmente de diez días, en los escasos metros cuadrados de sus celdas. Al igual que fuera de la prisión, los aislamientos afectan a las personas presas con PCR positivo y a sus contactos estrechos, algo que en los penales significa muchas veces haber compartido comedor, baño o incluso módulo con una persona contagiada, cuenta Francés. Los presos que vuelven a prisión después de un permiso o una salida también tienen que guardar los diez días de confinamiento en sus celdas. En algunos casos, los aislamientos en celda de personas con positivo se pueden prolongar mucho más de dos semanas si persisten los síntomas. 

Fernández Caparrós, de la APDHA, califica de “castigo” el aislamiento forzado en la propia celda: “Un aislamiento dentro del aislamiento que ya supone la vida en prisión está contemplado en la normativa penitenciaria como el régimen más duro, el más cruel de todos”. En el caso de los presos aislados, las comunicaciones se complican aún más ya que no pueden hacer uso de los locutorios comunes y dependen de las medidas que cada centro ponga a su disposición. En previsión de estos casos, al principio de la pandemia, Instituciones Penitenciarias repartió 205 móviles entre todos los internos, una “medida irrisoria”, dice Paz Francés. Especialmente si se la compara con la incautación diaria de siete teléfonos clandestinos de la que hace gala el Ministerio del Interior.

La solución, excarcelación

“Si lo que realmente nos preocupa es la propagación de la covid-19 sobre todo en un entorno que es difícilmente controlable en términos epidemiológicos, ya que son espacios de aglomeración de personas, la mejor medida de prevención es vaciarlo todo lo posible”, dice Fernández Caparrós.

La excarcelación, empezando con la población de riesgo, mayores y con enfermedades graves, no tardó en convertirse en el principal reclamo no solo de las organizaciones de derechos humanos sino también del Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud.

En abril de 2020, estas dos entidades lanzaron dos informes donde recomendaban garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, reforzar las plantillas médicas y activar los mecanismos de excarcelación previstos en la legislación. 

La opción de vaciar las prisiones para contener el virus ya ha sido probada en diversos países. En julio de 2020, Turquía ya había liberado al 35% de su población carcelaria; Francia, al 14,4%; Italia, al 9,4%. España se situó en ese mes en el octavo lugar de Europa, y solo gracias a Catalunya, la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias penitenciarias, que liberó al 17% de los internos, tres veces más que el resto del Estado. Solo así España ha conseguido colocarse por encima de la media europea con un 7,4% de personas presas liberadas.

Para Paz Francés, la excarcelación impulsada por Interior ha sido “absolutamente insuficiente”. Frente a la demanda de los organismos internacionales de excarcelar a las personas de más de 60 años, con o sin patologías previas, y aquellas que tuvieran un estado de salud deteriorada, independientemente de su situación carcelaria, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska ha limitado las medidas a las personas que se encuentran en el tercer grado penitenciario. 

“No es casual que la primera persona que murió por covid en las cárceles españolas fuese una mujer de 78 años que estaba en prisión preventiva por tráfico de drogas, esta mujer tendría que haber estado fuera de las cárceles”, dice esta activista y profesora de Derecho Penal. El Gobierno ha preferido ignorar otras herramientas del derecho penitenciario, explica Francés, que permiten sacar de la cárcel a las personas más vulnerables frente al virus. 

Entre estas posibilidades que recoge el derecho penal se encuentra la revisión de las condenas para que las personas de riesgo accedan a un tercer grado, revisar la situación de los presos en prisión preventiva y optar por otras medidas cautelares, la libertad condicional o la libertad condicional anticipada o, incluso, la suspensión de pena por razones humanitarias. “Nuestro ordenamiento jurídico nos permite ir mucho más allá para evitar que haya gente que muera de covid en las prisiones por ser especialmente vulnerables. Esto no se ha puesto en el centro. Si se creían realmente la situación de excepcionalidad sanitaria para toda la población, esta debería ser extrapolable a las personas presas”, dice.

La administración central del Estado ha optado más bien —según denunciaron 20 organizaciones sociales y derechos humanos, entre las que se encuentran Salhaketa, Irídia, Red Jurídica, CNT Catalunya, Etxerat o Rights International Spain— por medidas restrictivas, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda.

Todo esto tiene que ver, señala Fernández Caparros, con que España tenga “uno de los sistema penales más duros de todo el continente y que haya mucha más gente dentro de la que debería estar”, sobre todos aquellos condenados por menudeo de drogas o pequeños delitos contra la propiedad. “Una de las mejores medidas de salud pública que se podrían adoptar es sacar a toda aquella gente que se encuentre en una situación especialmente vulnerable de dentro”, resume.

Para este portavoz de la APDHA, la sociedad prefiere no mirar hacia las cárceles y este olvido es consciente: “Las personas que están en prisión, por el hecho de estar en prisión, son consideradas ciudadanos de segunda, tercera, cuarta categoría. En muchas ocasiones, al abrigo de un discurso punitivista que en las últimas décadas ha ido calando con más fuerza en la sociedad, se ha ido asentando la idea de que las personas privadas de libertad no tienen derechos, quien es condenada por cometer un delito no solo es condenada a perder durante un tiempo su libertad de movimiento sino su humanidad misma”.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 06/02/2021.




Fuente: Sasmadrid.org