May 15, 2021
De parte de Indymedia Argentina
165 puntos de vista


Declaraci贸n de AAL frente al fallo 鈥淕CBA c/ Estado Nacional 鈥 PEN s/ Acci贸n Declarativa de Inconstitucionalidad鈥.

Desde esta Asociaci贸n observamos con preocupaci贸n el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n Nro. 567/2021 鈥淕CBA c/ Estado Nacional 鈥 PEN s/ Acci贸n Declarativa de Inconstitucionalidad鈥.

En plena pandemia mundial declarada por la OMS, con una emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Poder Ejecutivo y sancionada por ley del Congreso de la Naci贸n, y con m谩s de 65.000 muertos en la Argentina, el gobierno nacional decidi贸 mediante el DNU N掳 241/2021 dar prioridad a la problem谩tica sanitaria y establecer medidas generales de prevenci贸n. Entre ellas (art. 2) dispuso sobre los territorios comprendidos en el AMBA -territorio que incluye dos jurisdicciones- y que encarna una unidad epidemiol贸gica, la suspensi贸n temporal de clases presenciales por el per铆odo comprendido entre el 19 y el 30 de abril de 2021.

En este escenario, el gobierno local de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, desobedeci贸 la decisi贸n de la autoridad nacional, incumpliendo lo ordenado por el Dr. Guillermo Scheibler 鈥 titular a cargo del Juzgado N掳13 de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad 鈥 quien orden贸 que no se computasen las inasistencias a alumnos/as ni se realizaran descuentos a docentes que no concurriesen a trabajar, optando por acatar exclusivamente el fallo de la Sala IV de la C谩mara  de dicho fuero, la que frente a una presentaci贸n efectuada por la Fundaci贸n Centro de Estudios en Pol铆ticas Publicas, dispuso la suspensi贸n del art. 2 p谩rrafo 3ro. del DNU 241/21, ordenando al Gobierno de la Ciudad que garantice la continuidad de las clases presenciales.

En este contexto, la Ciudad decide ocurrir ante la Corte Suprema cuestionando la constitucionalidad del DNU precitado. As铆 pues, so pretexto del deber de garantizar el derecho a la educaci贸n, que conllevar铆a la necesidad de la presencialidad escolar, y entendiendo que el DNU cuestionado quebranta la autonom铆a de la Ciudad, la Corte convalid贸 la inconstitucionalidad del art 2 DNU 241/ 2021 mediante su fallo de fecha 04 de mayo de 2021.

Desde esta Asociaci贸n cuestionamos la decisi贸n de la Corte, por cuanto no centr贸 la discusi贸n en la salud de los trabajadores docentes, sino en la importancia de la educaci贸n presencial y en la autonom铆a de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el m谩ximo tribunal desconoci贸 que en caso de epidemia, o como sucede actualmente, en pandemia, que afecta a m谩s de una provincia, el poder de polic铆a sanitaria corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, echando por tierra toda construcci贸n jurisprudencial constitucional en la materia (鈥淎sociaci贸n Benghalensis y otros c/ Estado Nacional 鈥 Ministerio de Salud de la Naci贸n s/ Amparo ley 16.986鈥 A 186 XXXIV 1/6/2000).

Sin entrar a ponderar el estatus jur铆dico de la Ciudad Aut贸noma, el que amerita un mayor debate que excede el marco del presente documento, consideramos imprescindible se帽alar lo que la Corte omiti贸 tratar, el derecho a la salud y a la vida de todas las personas y habitantes de nuestra naci贸n, as铆 como el derecho a condiciones y a un medio ambiente de trabajo digno y seguro para los/as docentes de la Ciudad Aut贸noma. Conforme a nuestros prop贸sitos fundacionales, y a pesar de cualquier resistencia, es nuestro deber afianzar los principios del Derecho del Trabajo, bregando por la implementaci贸n efectiva de los derechos constitucionales y elevar los est谩ndares internacionales alcanzados en materia de derechos humanos. La Constituci贸n Nacional reconoce el derecho a la salud y la vida, respecto de los cuales los dem谩s derechos individuales resultan interdependientes y secundarios, dado que es evidente que no puede haber educaci贸n sin vida humana.

El Derecho a la Salud en estricta relaci贸n con el Derecho a la Vida est谩 consagrado en el art铆culo 14 bis y 42 de la Constituci贸n Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarqu铆a constitucional (art铆culo 75, inc. 22 de la Constituci贸n Nacional), entre ellos, el art铆culo 12 inc. c) del PIDESC; inc. 1 de los art铆culos 4 y 5 de la Convenci贸n sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jos茅 de Costa Rica, e inc. 1 del art铆culo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos.

En id茅ntico sentido, nuestra Carta Magna expresamente garantiza el derecho de las personas a trabajar, y a hacerlo en condiciones dignas y equitativas de labor (Art. 14 y 14 bis), ambos, consagrados en el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los que se encuentran en lo m谩s alto del ordenamiento jur铆dico constitucional argentino conforme Art. 75  Inc. 22, tal como lo ha dicho la propia Corte en numerosos precedentes (芦Vizzoti禄, Fallos: 327:3677, 3689 y 3690, y 芦Aquino禄, Fallos: 327:3753, 3770 y 3797, 鈥淭orrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro鈥 CSJN T. 205. XLIV Recurso de Hecho). Claro est谩 que el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona a educarse, por lo que en el caso se dispuso que tal derecho se ejerza en forma virtual por un plazo determinado (15 d铆as), excepto cuando puede constituirse en una causa de da帽os a terceros (Art 19 CN), siempre que ello no signifique una afectaci贸n esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundizaci贸n irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educaci贸n.

Del fallo surge claramente que no hubo una restricci贸n o limitaci贸n al derecho a la educaci贸n de quienes concurren a los establecimientos educativos en la CABA, sino la utilizaci贸n de una modalidad menos riesgosa tanto para la poblaci贸n educativa y sus familias, como para quienes trabajan en dicho sistema educativo (docentes y auxiliares).

Es de destacar que tambi茅n se desprende del fallo un requerimiento irrazonable impuesto por el GCBA 鈥 y ratificado por el tribunal 鈥 a los/as docentes y auxiliares de la educaci贸n de la Ciudad, quienes se ven obligados a concurrir a sus trabajos, a diferencia de lo que ocurre con la gran mayor铆a de las actividades, incluida la judicial, que prestan tareas en forma remota, siendo colocadas/os en situaci贸n de mayor exposici贸n al agente de riesgo, sin ning煤n tipo de medidas que garanticen en forma real las condiciones de higiene y seguridad en las escuelas necesarias para evitar los contagios.

En este sentido, la resoluci贸n de la Corte, contradiciendo los derechos enunciados m谩s arriba, velozmente y sin sustento cient铆fico resuelve sobre la inconstitucionalidad del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, cuya oportunidad, m茅rito y conveniencia estaban justificados en la necesidad de contener de la propagaci贸n del virus y preservar la salud de la poblaci贸n en su conjunto, dejando de lado a quienes son sujeto de preferente tutela, las personas trabajadoras de la educaci贸n y las infancias.

CONSEJO DIRECTIVO

ASOCIACION DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS.




Fuente: Argentina.indymedia.org