March 6, 2021
De parte de SAS Madrid
222 puntos de vista


Raquel Romero, consejera de Igualdad, Participaci贸n y Agenda 2030 de La Rioja, se comprometi贸 el 1 de marzo a garantizar que las riojanas puedan abortar de forma voluntaria sin tener que desplazarse a otra comunidad aut贸noma, una propuesta que tres d铆as despu茅s quedaba en agua de borrajas con el rechazo a la propuesta en el pleno del mi茅rcoles 4 de marzo.

Romero se pronunciaba as铆 tras la denuncia en el reportaje 鈥Prohibido abortar en La Rioja, publicado por Pikara Magazine, donde se explicaba quelas riojanas son derivadas a otras comunidades aut贸nomas debido a que todo el personal de ginecolog铆a de La Rioja ha firmado la objeci贸n de conciencia a la interrupci贸n voluntaria del embarazo, lo que provoca retrasos de al menos dos semanas en un proceso en el que los plazos son clave.

Pero La Rioja no es la 煤nica comunidad aut贸noma que deniega esta prestaci贸n sanitaria en la Sanidad P煤blica pese a que esta prestaci贸n queda recogida en la Ley Org谩nica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupci贸n voluntaria del embarazo, que indica que la protecci贸n del derecho al aborto se har谩 鈥渕ediante la actualizaci贸n de las pol铆ticas p煤blicas y la incorporaci贸n de nuevos servicios de atenci贸n de la salud sexual y reproductiva鈥. De hecho, hasta ocho provincias no han practicado abortos en 30 a帽os como recoge esta investigaci贸n de Newtral.

La ley que regula el derecho al aborto en el Estado espa帽ol dice muy claramente que nace con el objetivo de proteger a las mujeres tal y como reclaman Naciones Unidas: 鈥淟os Estados Partes adoptar谩n todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci贸n contra la mujer en la esfera de la atenci贸n m茅dica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atenci贸n m茅dica, incluidos los que se refieren a la planificaci贸n familiar鈥. La actual Ley Org谩nica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupci贸n voluntaria del embarazo dice que esta protecci贸n de los derechos se har谩 鈥渕ediante la actualizaci贸n de las pol铆ticas p煤blicas y la incorporaci贸n de nuevos servicios de atenci贸n de la salud sexual y reproductiva鈥.

鈥淐ada vez que rascamos en un sitio, sacamos m谩s problemas鈥. Podr铆a ser un buen resumen de lo que ocurre en Espa帽a con la ley del aborto, ya que sobre el papel parece clara y garantista pero en la pr谩ctica surgen m谩s y m谩s barreras que ponen en duda que se respete el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo. En concreto, estas palabras son de Silvia Aldavert, coordinadora de la Associaci贸 de Drets Sexuals i Reproductius. Esta entidad trabaja desde hace 1982 en Barcelona haciendo hincapi茅 en la prevenci贸n y fomentando la educaci贸n sexual. Pese a que su 谩mbito es el catal谩n, realizan estudios a nivel estatal para saber c贸mo se accede y en qu茅 condiciones a los mecanismos para elegir continuar o no con un embarazo. Precisamente en su 煤ltimo estudio se resaltan que las principales carencias no es el texto como tal, sino su aplicaci贸n sobre el territorio.

Pongamos el caso de una mujer, de 23 a帽os, que trabaja a tiempo parcial y vive con sus padres en La Palma. Se queda embarazada y decide que, por su situaci贸n actual, no quiere continuar con su embarazo. Lo detecta a las siete semanas. 驴Qu茅 hace? 驴Qu茅 pasos hay que dar? 鈥淟a informaci贸n es la primera barrera porque ni siquiera sabemos qu茅 dice la ley, a d贸nde recurrir o incluso si es gratuito鈥, explica Silvia Aldavert, con la experiencia de ver de diariamente a mujeres y chicas en esta misma situaci贸n. Si lo primero que hace esta mujer del caso figurado es buscar en internet, las posibilidades son muy altas de que los primeros resultados sean de asociaciones contrarias al derecho a decidir. Esto se debe, en parte, al vac铆o que deja la informaci贸n institucional, inexistente en muchas comunidades.

Saltar de isla en isla

Por suerte, son muchas las mujeres que toman la decisi贸n de ir a los centros de planificaci贸n si existen en su localidad o al m茅dico de cabecera, como un servicio sanitario m谩s que es. Esta problem谩tica terminar铆a ah铆, pero nuestra protagonista canaria tiene en su contra la insularidad. 鈥淐anarias 鈥攃ontin煤a Aldavert鈥 es una de las comunidades con m谩s barreras porque no todas las islas tienen cl铆nicas y las mujeres deben saltar de isla a isla鈥. A esto, a帽ade, hay que sumarle que las mujeres aqu铆 est谩n obligadas a tener varias citas antes de empezar el circuito para someterse a una interrupci贸n voluntaria del embarazo (IVE). Un circuito muy menguado, ya que solo en dos islas (Tenerife y Gran Canaria) se puede elegir el m茅todo por el cual se realiza la intervenci贸n. 鈥淐omo en todas las prestaciones sanitarias, hay que respetar a la paciente y ofrecer todas las t茅cnicas disponibles鈥, explica la doctora Francisca Garc铆a, presidenta de ACAI (Asociaci贸n de Cl铆nicas Acreditadas para la interrupci贸n del embarazo), que a帽ade que 鈥渟i no hacemos eso, estamos considerando las IVE como una prestaci贸n de segunda clase鈥.

En el caso planteado m谩s arriba, someterse a un aborto inducido con medicamentos no es una opci贸n. Vive con sus padres porque su econom铆a no es suficiente para independizarse y la relaci贸n no es buena. Tomarse la llamada 鈥榩astilla abortiva鈥 supone tener que estar en casa en el expulsivo y no cuenta ni con la tranquilidad ni con los cuidados que una paciente debe tener. El aborto instrumental en su caso, por las circunstancias sociales m谩s que m茅dicas, ser铆a el apropiado. De hecho, no es raro que el 78% de las mujeres preguntadas por ACAI en este estudio prefirieran el aborto instrumental al medicalizado. Adem谩s de estar en todo momento acompa帽adas, en una cl铆nica, es mucho m谩s resolutivo que el farmacol贸gico, que en ocasiones debe repetirse e incluso finalizar con es instrumental. 鈥淟as mujeres 鈥攁punta Aldavert鈥 debemos tener el derecho a elegir. Hay muchas situaciones donde no se pueden tener las condiciones necesarias, como ser铆a el caso de una chica tutelada o una v铆ctimas de violencia machista鈥.

Otro dato que evidencia que la situaci贸n de nuestra protagonista canaria no es at铆pica son los tiempos. El reloj avanza y se sabe que el 70% de las IVE se hacen antes de llegar a la octava semana de gestaci贸n. Eso le gustar铆a tambi茅n a nuestra protagonista y por eso, por la rapidez, la inmensa mayor铆a de los embarazos sin complicaciones que se quieren interrumpir se hacen en los centros privados de manera extrahospitalaria 鈥攅l 85,6% de los producidos en 2019 y el 91% desde 2010鈥. Ambos datos son del ministerio de Sanidad, que m谩s all谩 de ofrecer estas estad铆sticas de manera anual, no hace m谩s valoraci贸n de la ley y de su implementaci贸n.

鈥淧odemos decir que, en muchos sentidos, es una buena ley. Casi 100.000 mujeres abortan en condiciones de calidad, pero est谩 claro que hay que seguir avanzando desarrollando la ley de 2010鈥, comenta la doctora Garc铆a. Desde su asociaci贸n, ACAI, reclaman en esa lucha por seguir teniendo calidad de la prestaci贸n y que no se tomen 鈥渁tajos鈥 en este sentido. La presidenta de la asociaci贸n de cl铆nicas se refiere al atajo que supondr铆a la imposici贸n del aborto farmacol贸gico o incluso telem谩tico, lo que de entrada podr铆a interpretarse como la soluci贸n al problema de que la inexistencia de centros que hagan intervenciones 鈥攃omo ocurre en Ceuta y Melilla鈥 o la rutina de que existan comunidades que deriven a otras a las mujeres a abortar a otras 鈥攜a sea por la objeci贸n de conciencia de los m茅dicos o la falta de infraestructura鈥

鈥淧arece que lo 煤ltimo que est谩 proponiendo Sanidad es una forma f谩cil de solucionar estos problemas sin molestar a los m茅dicos鈥, opinan desde la Associaci贸 de Drets Sexuals i Reproductius. 鈥淪on salidas r谩pidas que no garantizan la calidad y le hacemos un flaco favor a las mujeres y a sus derechos鈥, coinciden desde ACAI. El resultado: depende de la suerte que tenga cada mujer al residir en una u otra comunidad, as铆 ser谩 respetado su derecho.

Abortar sola o irse a Madrid

En el caso de Galiza, la infraestructura sanitaria fuerte no es el problema. S铆 lo es la falta de inter茅s en aplicar la ley. Pongamos otro caso: una mujer de 41 a帽os con un hijo ya a su cargo que decide no continuar con el embarazo no deseado. Entre sus razones, el riesgo de que algo no vaya bien, adem谩s de no estar planificado. Acude al SERGAS (Servizo Galego de Sa煤de), donde las opciones son muy limitadas. En 2017, si eras de Lugo, no ten铆as ni siquiera acceso al aborto farmacol贸gico, pero solo se tomaron medidas cuando un caso puso de relieve las consecuencias de esta carencias sobre la salud de las mujeres. En 2016, una mujer fue derivada a Madrid: recorri贸 500 kil贸metros en su propio coche con 32 semanas de embarazao al necesitar intervenci贸n por un feto inviable. Las complicaciones m茅dicas de todo el proceso hicieron que tuvieran que extraerle el 煤tero y no pudiera tener hijos biol贸gicos nunca m谩s. Despu茅s de esto, laXunta decidi贸 que las lucenses ten铆an que contar con alg煤n recurso para abortar y no ser derivadas a Coru帽a o Madrid.

Con mejor desenlace pero id茅ntico patr贸n vivi贸 hace unos a帽os una pareja de A Coru帽a. 鈥淎 los cinco meses de embarazo 鈥攃uenta de forma an贸nima la pareja de la mujer鈥 encontraron una grave cardiopat铆a al beb茅 y nos pintaron la situaci贸n muy mal, con muy poca calidad de vida y una esperanza de vida corta鈥. Recuperados del shock inicial, acudieron a la red p煤blica y se encontraron 鈥攊gual que en el caso de Lugo鈥 con la barrera de la objeci贸n de conciencia del personal m茅dico y de enfermer铆a. 鈥淣os propusieron hacerlo en casa. Que se tomara la medicaci贸n y al cabo de 48 horas, cuando se hubiera puesto de parto, ir al hospital鈥, comenta, en referencia al expulsivo.

El miedo a ponerse con contracciones en casa, con el feto ya fallecido o a que la atenci贸n en el hospital dependiera de la suerte de qui茅n toque que te atienda, hicieron que esta pareja aceptase la otra alternativa: ir a Madrid. 鈥淓n esa situaci贸n tienes que coger el coche, marcharte, adem谩s de que solo te pagan los gastos de la persona que va a abortar, sin infraestructura ni log铆stica ninguna鈥, denuncia este hombre. Su pareja fue ingresada en una cl铆nica privada autorizada para estas intervenciones al d铆a siguiente de llegar a Madrid. 鈥淓st谩s asistido, con ginec贸logos y enfermeros que te atienden durante todo el proceso鈥, resalta.

El caso de la luguesa o la coru帽esa apunta hacia dos barreras concretas: la objeci贸n de conciencia y el aborto en los embarazos avanzados. En el primer caso, las activistas por los derechos de las mujeres recuerdan que es una obligaci贸n de la administraci贸n de Sanidad tener recogidos los objetores y ofrecer una estructura de servicio que garantice ese servicio siempre. Y tambi茅n dentro del sistema p煤blico. 鈥淟a objeci贸n de conciencia debe regularse de una manera m谩s estricta鈥, comenta la presidenta de ACAI, que incide en el aumento de ataques que las cl铆nicas sufren y denuncia que los derechos de las mujeres son de 鈥渟egundo nivel鈥 frente a los que las instigan. 鈥淐贸mo se puede autorizar esas concentraciones a escasos metros de la puerta de las cl铆nicas, poniendo los derechos de la mujer por debajo. No entendemos que este gobierno, cuyos partidos lo llevaban las zonas de seguridad en sus programas, no sean capaces de garantizar esta prestaci贸n sanitaria con la intimidad de la paciente鈥. 鈥淪iempre pierden las mismas, las mujeres鈥, lamenta Garc铆a.

En el caso de los embarazos de m谩s de 22 semanas, el problema surge de la redacci贸n de la ley. Mientras que normativa dice que un comit茅 en cada comunidad aut贸noma confirmar谩 el diagn贸stico que hace legal el aborto, en la pr谩ctica significa que ese comit茅 decida si la mujer puede o no abortar. Adem谩s, se帽alan las plataformas en defensa de los derechos reproductivos, la opacidad sobre qui茅n constituye esos comit茅s y sus criterios es muy grande. De nuevo, la falta de informaci贸n tambi茅n juega en contra de la mujer: mientras que se podr铆a asistir al comit茅 de otra comunidad si hemos recibido la negativa de uno, muchas acaban o llevando a t茅rmino el embarazo con todo lo que supone o abortando en el extranjero. 鈥淭uvimos el caso de una mujer que adem谩s era m茅dica y le acompa帽amos para poder contrarrestar los argumentos del comit茅. Todo esto con una situaci贸n tremendamente dif铆cil, con un embarazo deseado pero no viable y en una situaci贸n temporal l铆mite鈥, recuerda Silvia Aldavert.

Menores de edad y mujeres sin la tarjeta sanitaria

Hay colectivos para los que el derecho a decidir est谩 a煤n m谩s mermado. Es el caso de las chicas de 16 y 17 a帽os y de las mujeres sin tarjeta sanitaria. 鈥淐uando salen casos 鈥攅xplican desde la Associaci贸 de Drets Sexuals i Reproductius鈥 de chicas o chicos que tiran al beb茅 al r铆o, sabemos que son casos en los que se pidi贸 abortar y no lograron la autorizaci贸n鈥. Situaciones l铆mite que se explican por la situaci贸n de desarraigo, de desestructuraci贸n familiar, donde la religi贸n no permite que su decisi贸n se respete, hogares donde hay violencia o es el propio agresor quien tiene que dar el consentimiento para que la mujer pueda abortar. 鈥淪abemos que estas chicas que si no pueden acceder a esta autorizaci贸n por multiples motivos, acceden a abortos clandestinos. Es vox populi y quien dice que no, miente. Estamos poniendo en riesgo sus vidas鈥, concluye Aldavert.

Esta normativa 鈥攊ntroducida en 2015鈥, por la que las menores deben tener un consentimiento expreso y presencial de los tutores es una anomal铆a dentro de la Ley de Autonom铆a del Paciente, ya que las personas de 16 y 17 a帽os pueden decidir si quieren o no recibir quimioterapia, someterse a una intervenci贸n, parir de una manera u otra pero no pueden decidir por s铆 mismas si abortan o participan en ensayos cl铆nicos. 鈥淓st谩 claro que la moral y el control al cuerpo de las mujeres es evidente鈥, apunta Aldavert y coincide con la presidenta de ACAI en que 鈥渄ebe cambiarse la parte de la ley referida a las menores鈥. Y esa es la promesa del actual Ministerio de Igualdad, modificar la ley. 鈥淯na gran diversidad de normas legales establecen que a esa edad las mujeres pueden tomar decisiones de manera responsable y aut贸noma, y no hay motivos basados en la salud y las evidencias para que no puedan ejercer ese derecho鈥, replican desde la Federaci贸n de Planificaci贸n Familiar Estatal.

El tercer caso que nos encontramos es el de una mujer reci茅n llegada a Espa帽a, con una situaci贸n administrativa a煤n irregular que reside en Almer铆a. Para Alicia Bosch, de M茅dicos del Mundo, es un caso muy familiar, que atendi贸 hace poco. 鈥淭rabajamos con personas migrantes y adem谩s con v铆ctimas de trata. En concreto en Almer铆a tenemos mucha suerte porque la sanidad es realmente universal鈥, explica. Desde la ONG solo tuvieron que poner en marcha la red de apoyo que tienen entre trabajadores sociales y la Atenci贸n Primaria para que un m茅dico de cabecera la atendiera y derivara sin coste a una cl铆nica autorizada que cuenta hasta con . Pero se trata de un panorama que incluso dentro de la misma comunidad aut贸noma no es as铆. 鈥淣o s茅 explicar por qu茅 lo que ocurre en Almer铆a no ocurre en Sevilla o M谩laga, por ejemplo鈥, responde Pablo Iglesias, t茅cnico de Incidencia Pol铆tica de M茅dicos del Mundo.

Desde REDER鈥攔ed a la que pertenece M茅dicos del Mundo junto con otros colectivos que defienden la sanidad universal鈥 denuncian que desde el cambio en la ley de Sanidad de 2012 muchas personas se quedan fuera de la cobertura tan solo por la interpretaci贸n que algunos pol铆ticos hacen de la ley. Algo que deja en especial vulnerabilidad a las mujeres migrantes con un embarazo no deseado o de riesgo. 鈥淓n 2003 cuando se aprueba la ley que regula el sistema nacional de salud ya se reconoc铆a que en todo caso se debe atender la situaciones m谩s vulnerables, como es las mujeres embarazadas, las urgencias y los menores de edad independientemente de su situaci贸n administrativas鈥, comenta y explica que con la reforma del PP qued贸 redactada de una manera confusa los criterios para acogerse a este mandato. 鈥淎ntes bastaba con estar un d铆a empadronado para tener la tarjeta sanitaria, ahora no est谩 determinado鈥. Por eso algunas comunidades como Madrid destacan por tener peor acceso y otras como Asturias como mejor, ya que se negaron desde un principio a la exclusi贸n sanitaria.

En el caso de las mujeres migrantes en situaci贸n irregular estar embarazada y querer ponerle t茅rmino es un situaci贸n contrarreloj. Si en la comunidad en la que viven les piden un m铆nimo de tres meses de residencia comprobable para poder tener la tarjeta y entrar en el itinerario para abortar, muchas veces es directamente imposible. 鈥淟es deja sin posibilidades鈥, admite Iglesias, que explica que desde REDER, desde agosto de 2018, se han contabilizado 112 casos de denegaci贸n del IVE solo por su situaci贸n administrativa. Una negaci贸n que muchas veces sucede por la falta de formaci贸n o informaci贸n de los trabajadores de la atenci贸n primaria. Por eso, desde M茅dicos del Mundo y otras instituciones piden que en el actual anteproyecto de ley que regular谩 la Sanidad incluya que el derecho a la atenci贸n sanitaria no se vincule a un tiempo si no a una permanencia efectiva. 鈥淪olo que se demuestres que vive aqu铆, que no es turista y que se deje claro que las situaciones de especial vulnerabilidad tengan acceso inmediato a las prestaciones sanitarias鈥, concreta.

La radiograf铆a de la ley, una garant铆a de calidad

Adem谩s de subsanar todas estas problem谩ticas en la aplicaci贸n de la ley, los movimientos feministas y de derechos sexuales inciden en que desde Sanidad hagan una radiograf铆a de c贸mo est谩 funcionando la normativa. Hasta ahora solo se tienen las estad铆sticas, pero no recoje problem谩ticas, abortos clandestinos, en el extranjero o embarazos a t茅rmino sin opci贸n para la madre. En la educaci贸n sexual, la prevenci贸n o el acceso a medidas contraconceptivas tampoco Espa帽a destaca. Desde Pocas comunidades hacen un trabajo en este sentido, tienen disponible online informaci贸n rigorosa que ayude a las mujeres y sigue existiendo un oscurantismo d prestigio profesional que hace que cada vez sean menos el personal m茅dico o enfermero que se forma para los IVE. Una vez m谩s, desde la ONU, en concreto la plataforma CEDAW, recuerdan que no respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y ni帽as es violencia machista.

鈥淨ue el Estado espa帽ol tenga una de las leyes m谩s progresista y que tenga un acceso m谩s seguro y de calidad del mundo 鈥攎enos mortalidad y menos morbilidad鈥 es gracias a todos los movimientos feministas que desde los 70 hasta hoy han luchado por ello鈥, comentan desde la Associaci贸 | Drets Sexuals i Reproductius y recuerdan que ante cualquier intento de recortar los derechos de las mujeres, estas se movilizan. Solo hay que recordar la campa帽a 鈥楴osotras decidimos鈥 o Tren de la Libertad que evit贸 uno de los mayores retrocesos que pudo darse en 2014 con el ministro Ruiz-Gallard贸n. 鈥淓l derecho al aborto 鈥攆inaliza Silvia Aldavert鈥 es uno de sus objetivos primero porque saben que la soberan铆a de los cuerpos de las mujeres es el pilar para derribar el sistema patriarcal鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDario.com 05/03/2021.




Fuente: Sasmadrid.org