El porcentaje de personal con contrato temporal en la Administración territorial de Aragón ha subido un 10% desde que el presidente Javier Lambán llegó al Gobierno en julio de 2015 y ya supone la mitad de toda la plantilla. Según los datos oficiales del Gobierno de Aragón, hay 8.300 personas trabajadoras más que hace siete años (de 50.925 se ha pasado a 59.224), pero, sin embargo, ahora hay 750 menos con contrato fijo.
El sindicato Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que estos números vuelven a evidenciar cómo “el cuatripartito de Lambán (PSOE-Podemos-CHA-PAR) no defiende un empleo público estable y de calidad y ha fracasado estrepitosamente en su compromiso de reducir al 8% las cifras de temporalidad a las que le obliga la Unión Europea y la legislación española, además de no estabilizar las plazas ocupadas por interinos en fraude, como exige la Ley 20/21”.
Estos datos se ponen de manifiesto en el último “Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Junio 2022”, publicado ahora por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, y comparándolos con los sucesivos de la misma publicación desde junio de 2015, justo antes de la toma de posesión de Lambán. Todas las cifras “evidencian la inoperancia del Gobierno de Aragón, y en particular del director general de Función Pública, Esteban del Ruste”, según el sindicato aragonés.
Los números del boletín en 2015 muestran que la DGA contaba en total con 50.925 empleados y empleadas entre funcionariado y personal laboral, de los que 30.580 (60%) tenían contrato fijo y 20.345 (40%) temporal. En 2022, los empleados y empleadas públicas alcanzan los 59.224, siendo 29.829 fijos (50,37%) y 29.395 temporales (49,63%). Así, no solo ha aumentado el porcentaje de temporalidad, sino que ha descendido el número absoluto de personas con contrato fijo.
Un crecimiento constante de la temporalidad
La comparativa año tras año muestra que el aumento de la temporalidad en la Administración territorial ha sido una tendencia constante durante las dos legislaturas de Javier Lambán. Solo en dos años se han registrado leves bajadas, totalmente eclipsadas por subidas mucho más fuertes, de hasta tres puntos entre 2015 y 2016.
En su primer mandato, de julio de 2015 a julio de 2019, los trabajadores y trabajadoras temporales subieron un 7,9% y en los tres primeros años de la actual legislatura, hasta donde llega la información oficial publicada, se ha sumado un 1,7% más, tras un ligero descenso en 2020. STEPA señala que con la evolución de los últimos meses, Aragón llegará a las próximas elecciones con más personal temporal que fijosen el Gobierno.
El número total de personas trabajadoras de la DGA ha aumentado todos los años, sin embargo, la cifra de contratos fijos que había en 2015, ya no se ha superado en ninguna ocasión.
Acto de protesta ante la sede de la DGA
Para denunciar la situación, STEPA celebrará un acto de protesta el viernes 23 en el edificio Pignatelli, sede principal del Ejecutivo, con el que se busca denunciar que “el director de función pública, Esteban del Ruste, y los sindicatos que han participado en las mesas de negociación (CCOO, UGT y CSIF) han fracasado totalmente con sus acuerdos mal llamados de estabilización, y que toda la política de personal ha conseguido llevar la temporalidad hasta el funcionariado, en contraposición a su obligación de estabilizar la plantilla”.
El sindicato considera que se ha desaprovechado una gran oportunidad para dar fijeza a su personal temporal más experimentado, eludiendo con artimañas de discutible legalidad la aplicación de la ley 20/21, por la cerrazón personal de Esteban del Ruste, “que en las Cortes de Aragón dijo que le repugnaba mentalmente su aplicación”. Pero también denuncia que el director general ha copiado el sistema de gestión de personal del Salud, el sector con mayor temporalidad, para el resto de la administración, provocando más inestabilidad, “al contrario de lo que ha defendido desde el inicio de su gestión”.
Fuente: Arainfo.org
América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.
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