Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2023.
La dictadora peruana recibió a la hija del dictador Fujimori y lideresa del partido Fuerza Popular, que tiene la bancada más numerosa en el Congreso unicameral.
Foto: Télam
Boluarte, recibió este miércoles a la líder de una de las mayores fuerzas opositoras de derecha, Keiko Fujimori, en el comienzo del diálogo con representantes de partidos políticos en busca de una solución a la crisis que atraviesa el país, informó la prensa local.
Fue una reunión “amplia, larga y sincera” en la que se analizó la situación y se comprobó la “coincidencia” en que “la única salida a la crisis es adelantar las elecciones generales para este 2023”, afirmó Fujimori tras el encuentro. Obviamente, la hija del asesino de lesa humanidad Fujimori, quiere apurar la convocatoria a elecciones porque está segura -fraude mediante- de obtener la victoria. De alli, que es veraz la idea que tienen muchos luchadores populares, que elecciones en este marco son una trampa para que los políticos corruptos y cómplices en los crímenes contra el pueblo se atornillen en sus cargos.
De la conversación con Fujimori participaron, además, el jefe del gabinete, Alberto Otárola; la canciller, Ana Gervasi, y el secretario general y el vocero del partido de Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.
Keiko Fujimori dirige el partido Fuerza Popular (FP), que tiene la bancada más numerosa en el Congreso unicameral, con 24 legisladores sobre 130 bancas totales. Ella perdió las elecciones ajustadamente en segunda vuelta las tres últimas elecciones presidenciales, en 2011, 2016 y 2021, y ratificó que no tiene pensado postularse nuevamente, como ya lo había dicho en varias ocasiones en los últimos meses.
“En un adelanto de elecciones yo no voy a ser candidata presidencial; lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida; hago una invocación a los partidos políticos para adelantar las elecciones”, declaró.
Antes de encontrarse con Fujimori, Boluarte -también junto a Otárola y Gervasi- recibió a dos dirigentes del partido conservador Somos Perú, que tiene seis congresistas y cuya presidenta, Patricia Li, participó de la conversación de manera remota.
Uno de esos dirigentes, el legislador José Jerí, afirmó luego de la reunión que Somos Perú seguirá “apostando” a que las elecciones generales se celebren “lo más pronto posible” porque “es la salida más adecuada”, según la agencia de noticias Andina.
El adelanto a 2023 o 2024 de los comicios previstos para 2026 es uno de los reclamos de la mayoría de la opinión pública y de los manifestantes que realizan protestas cotidianas desde el 7 de diciembre pasado, junto a la renuncia de Boluarte.
Sin embargo, el Congreso desechó en las últimas semanas más de media docena de iniciativas destinadas a anticipar las elecciones.
Jerí dijo además que la jefa del Estado les aseguró que no piensa renunciar, por lo que le pidieron que “gobierne y desarrolle acciones como convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), a fin de articular acciones y combatir la inseguridad”.
Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
En esas protestas murieron, segun la versión oficial, 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.298 personas (entre ellas, 333 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde. Otra versión muy distinta se maneja en el ámbito de las organizaciones populares, que sostienen que los asesinados ya pasan del centenar.
En ese contexto, el gobierno anunció el martes que Boluarte “convocó a los líderes de los partidos políticos para abordar la crisis política y social que atraviesa el país, así como la situación de Perú en el contexto internacional, con la finalidad de propiciar un espacio de diálogo y consenso”.
Fuente: Resumenlatinoamericano.org
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América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.
