November 10, 2021
De parte de SAS Madrid
97 puntos de vista

Sobre la posible reversi贸n de las privatizaciones sanitarias

Equidad sanitaria: “Ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, econ贸micas, demogr谩ficas o geogr谩ficas”.

En los 煤ltimos d铆as, vuelve el debate sobre la reversi贸n de las privatizaciones sanitarias en torno a la ley de universalidad, equidad y cohesi贸n sanitaria. Una nueva oportunidad para consolidar el sistema de salud en un sentido amplio como derecho universal y como modelo de gesti贸n, sobre todo despu茅s de la experiencia dram谩tica de la pandemia, que no solo nos ha mostrado la necesidad del desarrollo de la Ley General de Salud P煤blica pr谩cticamente paralizada desde su aprobaci贸n en 2011, y tambi茅n el fortalecimiento del car谩cter comunitario de la atenci贸n primaria y de la salud mental, hace tiempo parte de la gesti贸n propia de las comunidades aut贸nomas, sino de garantizar la accesibilidad, la equidad y la cohesi贸n del sistema sanitario en su conjunto, especialmente para con los empobrecidos y vulnerables, como dice la propia denominaci贸n del proyecto de ley.

Porque no todo estaba cerrado tan solo con la derogaci贸n del real decreto 16/2012, denominado de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, cuando en realidad el gobierno del PP de entonces no trataba solo de extender los copagos y de excluir colectivos de la atenci贸n del sistema sanitario, sino que sobre todo, algo que no deber铆a continuar pasando desapercibido, consisti贸 en el intento m谩s serio de revertir el modelo del sistema sanitario p煤blico, que hab铆a comenzado en los a帽os ochenta del siglo XX con la Ley General de Sanidad y su desarrollo posterior como derecho ciudadano, todo ello con objeto de retrotraernos al antiguo sistema de seguro ligado al empleo, de atenci贸n meramente reparadora y circunscrito al titular y a sus beneficiarios.

Por eso, no ha bastado con revertir los copagos farmac茅uticos, ni tampoco con hacer ahora lo mismo con los que a煤n restan, con ser importante, aunque algunos de ellos ni siquiera hayan podido ser puestos en pr谩ctica debido a la resistencia social y pol铆tica que provoc贸 entonces el real decreto, como son los relativos a las pr贸tesis para las personas con discapacidad as铆 como otros copagos como el diet茅tico o el del transporte sanitario, despu茅s de haber eliminado tambi茅n en una primera reforma la discriminaci贸n y la ruptura del car谩cter universal del sistema, con la exclusi贸n sanitaria de la atenci贸n primaria para los inmigrantes en situaci贸n irregular. Cosa que contradec铆a uno de los principales objetivos de la organizaci贸n mundial de la salud. La cobertura sanitaria universal es una de las metas que se fijaron los pa铆ses que adoptaron los ODS en 2015. Sin embargo, si bien se ha integrado al colectivo excluido de la atenci贸n primaria, no se aprovech贸 entonces para reconocer expl铆citamente el car谩cter de derecho de ciudadan铆a del Sistema Nacional de Salud. De hecho, recientemente el Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideraci贸n de la proposici贸n de ley del parlamento asturiano que propon铆a el reconocimiento legal del car谩cter universal de la sanidad p煤blica, con la excusa de que bastaba con la derogaci贸n del real decreto de sostenibilidad del gobierno Rajoy.

Es imprescindible, pues, aprovechar esta nueva oportunidad que nos da el proyecto de ley de equidad para hacerlo y para a su vez acotar los modelos de gesti贸n sanitaria al 谩mbito de la gesti贸n p煤blica, al objeto de impedir lo que ha sido la puerta de entrada de las privatizaciones desde la ley 15/97 de diversos modelos de gesti贸n sanitaria y de las normas subsiguientes, como es la gesti贸n privada y privatizada de centros sanitarios e incluso de 谩reas sanitarias enteras de nuestro sistema p煤blico, como ha ocurrido en particular en las CCAA gobernadas por las derechas como Catalu帽a, Madrid o el Pa铆s Valenciano, pero no exclusivamente, porque los experimentos con la sanidad p煤blica ven铆an de lejos, por ejemplo con la f贸rmula de las fundaciones sanitarias.

Con la llegada de nuevos gobiernos de las izquierdas en alg煤n caso, como Valencia, pero tambi茅n en otras CCAA, se ha llevado a cabo con 茅xito la reversi贸n de estos modelos de gesti贸n privados de centros sanitarios, hospitales y 谩reas de salud, para as铆 integrarlos en el modelo general del sistema de salud. Los afectados, esgrimiendo sus derechos, los han recurrido y los tribunales de justicia han avalado finalmente estos procesos de reversi贸n al sector p煤blico. Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Equidad considera la gesti贸n p煤blica como “f贸rmula preferente” para los servicios sanitarios, pero no excluye de ellos la gesti贸n privada. Con ello, el PSOE incumple sus compromisos de derogaci贸n de la ley sobre modelos de gesti贸n, adquiridos despu茅s del error de haber respaldado en su momento la ley 15/97.

No se tratar铆a de suprimir colaboraci贸n p煤blico-privada alguna, como algunos argumentan, sino de poner fin a lo que podr铆amos denominar un puro y simple parasitismo de la sanidad p煤blica por parte del sector privado, y no solo en su adjudicaci贸n inicial, sino por la posterior selecci贸n de riesgos y en la sistem谩tica revisi贸n al alza de los contratos, que han terminado convirtiendo en rehenes a las consejer铆as de sanidad del gobierno de turno de las Comunidades Aut贸nomas con gesti贸n privada. Algo que nunca se hubiera permitido en el llamado libre mercado de las empresas privadas en relaci贸n con sus competidores. Por otra parte, tampoco nada en el marco jur铆dico europeo en materia de contratos p煤blicos impide que el legislador de un Estado miembro mantenga la gesti贸n p煤blica directa de la sanidad. Muy por el contrario, las directivas de servicios, despu茅s de un largo debate, han excluido de la competencia a los servicios fundamentales como el sanitario.

En este sentido, tampoco deber铆a eludirse la necesidad de aplicar la disposici贸n adicional de la Ley General de Sanidad, en la que se declara a extinguir el r茅gimen de las mutuas sanitarias para funcionarios p煤blicos, tambi茅n financiadas p煤blicamente en competencia interna con el sistema sanitario p煤blico. Con ello, se mantiene a una parte de la clase media al margen del sistema sanitario p煤blico y en particular de la atenci贸n primaria, y con ello se consolida una debilidad estructural que ya no nos podemos permitir. Por otra parte, ninguna de estas iniciativas contradice el actual reparto de competencias que atribuye a la administraci贸n central la competencia sobre las bases y coordinaci贸n general de la sanidad.

En definitiva, el debate de fondo es si para hacer frente a la crisis sanitaria y a las consecuencias de la pandemia, que ha golpeado en los puntos d茅biles de nuestro sistema sanitario, basta tan solo con derogar los contenidos regresivos del real decreto de sostenibilidad 16/2012, aprobado en el marco de los recortes de la crisis financiera, o si el objetivo de recuperar el modelo sanitario como derecho ciudadano y de modernizarlo a la altura de los tiempos, requiere de nuevas iniciativas legales que no solo reconozcan definitivamente su car谩cter universal, sino que consoliden el modelo p煤blico de gesti贸n, derogando la ley 15/97 y las normas conexas para recuperar la coherencia con el modelo de la Ley General de Sanidad. Nadie entre los defensores de la sanidad p煤blica como derecho, entender铆a un nuevo aplazamiento.

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Gaspar Llamazares es fundador de Act煤a.

Enlace relacionado InfoLibre.es (09/11/2021).




Fuente: Sasmadrid.org