December 2, 2021
De parte de Valladolor
169 puntos de vista


 

La excusa de la pandemia para reforzar el control social

 

Después de casi dos años desde que comenzó la pandemia Covid-19, y desde que la práctica totalidad de los Estados capitalistas desarrollados impusieron durísimas restricciones a las libertades civiles reconocidas como derechos en sus constituciones, el curso seguido por la pandemia en su parte estrictamente sanitaria parece cada vez más desligado del curso seguido por la parte política y social, es decir, precisamente por toda una serie de medidas represivas que se mantiene contra todo criterio médico porque poco o nada tienen que ver con un problema de salubridad público.

Por ejemplo, según la prensa burguesa norteamericana (New York Times del 13 de julio de este año) China piensa mantener las medidas de control vecinal (patrullas para policiales), de limitación de movimientos y de vigilancia a todos los niveles (implantación de cámaras con softwares de reconocimiento facial en la calle, etc.) pese a que la pandemia prácticamente no tiene incidencia ya en el país. Puede pensarse que se trata de un caso típico de un país no democrático, pero podemos ver otros ejemplos mucho más cercanos. Italia ha formalizado la obligación de vacunarse de todos los ciudadanos del país so pena de no poder asistir al trabajo y, por lo tanto, ser despedidos. Alemania pretende aprobar leyes de vacunación obligatoria a partir de febrero del próximo año… España o Francia, por solo citar algunos ejemplos, han impuesto ya en parte de sus regiones el pasaporte Covid, es decir, un documento que limita los movimientos de la población dentro del territorio nacional y restringe derechos de parte de la población. 

¿Qué sentido tienen estas medidas represivas? 

Todo depende del punto de vista: La extrema derecha clama cínicamente contra la supresión de libertades que suponen y se nos vende a una oposisión conspiranoica como la única posible… Por su parte, desde determinados ámbitos de la extrema izquierda se habla de la introducción de medidas de corte anti democrático para dominar a la población (una parte de la extrema izquierda, pues otra buena parte de ella se ha colocado detrás de las medidas represivas
justificándolas en nombre de la solidaridad nacional). 

Por supuesto, los diferentes Estados las justifican en nombre de un criterio de salud pública que se coloca por encima incluso del ordenamiento constitucional del país (caso ejemplar es el español, donde el Tribunal Constitucional ha llegado a decir que las medidas de confinamiento atentan contra los derechos constitucionales de la población).

Lo cierto es que la lógica de estas medidas poco o nada tiene que ver con la pandemia o con el control de la expansión del virus, fundamentalmente porque ninguna de las medidas de control social impuestas tiene sentido en términos sanitarios. El control médico, cuya fase terminó en el momento en que apareció la vacuna y todos los Estados apostaron por esta como única vía para acabar con el riesgo sanitario, ha corrido parejo con la capacidad de las diferentes burguesías para hacerse cargo del coste de la salud de la población: donde los Estados han contado con recursos suficientes para paralizar la actividad productiva, siempre hasta cierto punto, remunerando tanto a los empresarios como a los trabajadores, se ha hecho; y la incidencia del virus ha sido baja en términos de letalidad. Donde no era posible, la incidencia ha sido alta y ha dejado un reguero de muertos perfectamente evitables, sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población. Esa es la diferencia entre los 406 muertos por cada millón de habitantes en Alemania durante 2020 y los 1.147,27 en España para el mismo periodo. 

Queda, por lo tanto, una utilidad estrictamente represiva de las medidas de control social. Pero ¿qué sentido tiene la represión en este contexto, cuando la clase proletaria de todos los países ha mostrado su absoluta incapacidad -temporalmente- para resistir a las durísimas medidas económicas que se han tomado en su contra?

Para entenderlo, se atiende a dos posiciones enfrentadas entre sí acerca de la naturaleza del Estado y del carácter represivo de este:
La primera afirma que ante fenómenos de crisis social como el que hemos vivido, el incremento de la competencia entre potencias imperialistas a nivel internacional, entre facciones de la burguesía dentro de las fronteras de un país o entre clases sociales en este mismo ámbito, tiende a debilitar la fuerza de la clase dominante burguesa, debilidad que se transmite a sus aparatos represivos y coercitivos, el primero de los cuales es el ejército, y que lentamente los va minando hasta que pierden fuerza, abriéndose en ese momento la posibilidad de una lucha de alcance revolucionario contra la cual las medidas represivas, aunque aumenten en número e intensidad, no pueden hacer nada porque la fuerza de la clase burguesa ya va declinando. Este tipo de tesis las comparten grupos como Cencellada o Barbaria, que entienden el flujo de la lucha de clase como una contraposición entre la curva descendente de la burguesía y la curva ascendente del proletariado.

La segunda posición afirma que ante los fenómenos de crisis social, se produce una concentración de las fuerzas burguesas, una eliminación temporal de los factores de dispersión que pueden pesar sobre estas y un progresivo reforzamiento de las fuerzas represivas, por lo tanto del Estado y sus herramientas de control social.

La primera posición es incorrecta porque confunde el hecho, cierto, de que la competencia entre burguesías nacionales debilita el orden social con que esta debilidad se proyecte inmediatamente como debilidad de las fuerzas represivas del Estado, de la burguesía y del propio Estado.
La segunda posición es correcta porque para la burguesía sólo hay un camino, el de mantener su poder contra la clase proletaria, incrementando las medidas coercitivas y reforzando todos los mecanismos de control social, sean estos pacíficos o violentos. 

¿Qué ha traído la pandemia? 

Una fortísima crisis social en la cual el precario orden internacional, que ya estaba bastante debilitado desde la crisis de 2008 – 2012, ha sufrido una convulsión muy intensa. Esto ha obligado a cada burguesía nacional a dos cosas: la primera ha sido tomar partido en términos internacionales en la perspectiva de un enfrentamiento bélico entre potencias imperialistas que cada vez está más cercano. Ejemplos de esto son las tensiones militares entre China y Estados Unidos en el Pacífico, la configuración de un ejército europeo ajeno a la OTAN para 2023, etc. La segunda ha sido reforzar el control social interno con vistas a imponer durísimas medidas anti obreras dentro del propio país. 

Este control interno, como siempre, marcha por dos lados. El primero, el juego de los llamados “agentes sociales” que ponen en marcha sus fuerzas “democráticas” para forzar a los proletarios a aceptar todas las exigencias de la burguesía. El segundo, consiste en la amplia variedad de medidas represivas, tanto a nivel legal como técnico. En este sentido, la implantación de restricciones a la movilidad interna, de fronteras dentro de un mismo país, etc., tiene una importancia de primer orden: se da cabida jurídica a un poder discrecional para el Estado que le permitiría activar o desactivar, dentro de los necesarios formalismos legales, el nivel de represión que necesite en cada momento. En España tuvimos un caso clarísimo: en septiembre de este año los delegados de la fábrica de Airbus en Puerto Real, que pretendían viajar a Getafe para exponer su caso ante los trabajadores de la filial local, fueron detenidos por la policía y se les impidió viajar en nombre de las restricciones sanitarias, es decir, con la justificación legal de la restricción de movimientos que a día de hoy impera de hecho en todo el país. Estas medidas, que como vemos tienen una aplicación concreta muy clara, se mantienen más o menos “dormidas” hasta que llega el momento de despertarlas.

En general, se tiende a un incremento del poder despótico del Estado, al aumento de la batería de medidas represivas con las que cuenta, a la legalización por la vía de “emergencia” de medidas que habitualmente están fuera de las constituciones democráticas. Y todo esto porque estas medidas son necesarias para garantizar la movilización social que se avecina: son imprescindibles para reprimir cualquier tipo de respuesta proletaria y para garantizar legalmente el derecho burgués a movilizar a los proletarios en defensa de los “intereses nacionales” tenga esto el sentido de una movilización de tipo bélica o “social”, como ya ha previsto el gobierno de PSOE-UP ante futuras crisis (así, en el periódico El País del 2 de julio de este año se anunciaba cómo el gobierno ha cambiado la legislación de emergencia nacional para que, en caso de crisis económica, todos los ciudadanos puedan ser movilizados en defensa del interés nacional, lo que quiera que signifique esto…).

Las medidas represivas que se han implantado con el Coronavirus muestran que el Estado es cada vez más fuerte, que anula en la medida de lo posible los límites democráticos que en tiempos de bonanza se puede permitir respetar, que la tendencia es a la hiper inflación de sus fuerzas represivas. Y es necesario tener en cuenta que no va a haber una marcha atrás en este recorrido: no se va a volver nunca a la situación pre pandemia, no se van a deponer las armas represivas ni se va a desmantelar lo que la legislación de emergencia ha impuesto. 

Igual que la tendencia del capitalismo es a enfrentar entre sí a las diferentes clases burguesas nacionales y al proletariado contra la burguesía, esta tendencia lleva a que, en el momento previo al enfrentamiento, el poder del Estado, órgano de combate de la burguesía, alcance su mayor potencia. Todas las medidas de control social, por lo tanto, van en un sentido ascendente y dirigidas, siempre, contra la clase proletaria.




Fuente: Valladolorentodaspartes.blogspot.com