February 25, 2021
De parte de Indymedia Argentina
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La Ayudant铆a Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional de La Matanza requiri贸 la elevaci贸n a juicio de la causa que investiga las torturas cometidas entre septiembre de 2019 y enero del 2020 contra 28 mujeres y trans detenidas en la comisar铆a 3ra de La Tablada. Hay 14 polic铆as acusados de ser coautores y/o participes secundarios de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual; otros seis funcionarios fueron imputados por encubrimiento. A pesar de reconocer la sistematicidad de estas pr谩cticas y el da帽o infligido, la fiscal铆a no imput贸 por torturas como s铆 reclama la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a 17 de las v铆ctimas y fue aceptada como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura. La causa que tiene poco m谩s de un a帽o de instrucci贸n se inici贸 por una denuncia de la CPM tras realizar una inspecci贸n en la comisar铆a.

El 21 de enero del a帽o pasado, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) 鈥攅n car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura鈥 realiz贸 una inspecci贸n sorpresiva en la comisar铆a 3ra de La Tablada en donde se constat贸 no s贸lo las inhumanas condiciones materiales de detenci贸n sino que, a partir del testimonio de las mujeres y trans detenidas, se conocieron las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraban desde hac铆a meses y de manera sistem谩tica en la dependencia policial. La Defensor铆a general ante el Tribunal de Casaci贸n provincial hab铆a comunicado el hecho al organismo, en el que tambi茅n hab铆an intervenido defensores oficiales del departamento judicial La Matanza.

A un a帽o y un mes de aquella denuncia, la Ayudant铆a Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional 鈥攁 cargo de Julia Panzoni y Fernando L贸pez 鈥 cerr贸 la etapa de instrucci贸n porque consider贸 que hab铆a pruebas para sostener la materialidad il铆cita y la participaci贸n de los imputados, y pidi贸 la elevaci贸n a juicio de la causa. Requerimiento que deber谩 resolver ahora la jueza de garant铆as Mari Castillo.

Catorce polic铆as est谩n acusados de ser coautores y/o participes secundarios de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual contra, al menos, 28 mujeres. Otros seis funcionarios policiales fueron imputados por encubrimiento. Mientras que para otra oficial de polic铆a, investigada por estos hechos, pidi贸 el sobreseimiento porque se comprob贸 que no prestaba servicios en la dependencia.

鈥淧ara la CPM se trata de una causa muy importante por la gravedad del hecho, por la multiplicidad de v铆ctimas, por el car谩cter sexual de los delitos que se investigan y tambi茅n por la naturalizaci贸n y ocultamiento de estas pr谩cticas. Y, particularmente, porque esta causa expone el cruce entre dos temas de enorme trascendencia jur铆dica: la cuesti贸n de g茅nero y la violencia institucional, en este caso policial鈥, valoraron desde el programa de Litigio Estrat茅gico de la CPM.

Actualmente, la CPM patrocina a 17 de las mujeres v铆ctimas y en septiembre pasado fue aceptada por la C谩mara de apelaci贸n y garant铆as en lo penal de La Matanza como particular damnificado institucional en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura.

En la requisitoria de elevaci贸n a juicio, la fiscal铆a destac贸 la coherencia y veracidad de los testimonios de las v铆ctimas, la declaraci贸n de los integrantes del Comit茅 Contra la Tortura de la CPM que realizaron la inspecci贸n y, finalmente, valor贸 los informes presentados por el Centro de Asistencia a la V铆ctima del departamento judicial y por el programa de salud mental de la CPM. En los dos casos, las y los profesionales remarcaron que estos hechos de torturas y abuso sexual infligieron un grave da帽o f铆sico y emocional, con consecuencias que persist铆an varios meses despu茅s al momento de las entrevistas. Seg煤n las conclusiones de los informes, las mujeres presentaban sentimientos de angustia, sumisi贸n y humillaci贸n.

鈥淓s importante haber llegado a esta instancia de la causa y a la espera del juicio, que ser谩 tambi茅n el espacio para reponer algunas de las cuestiones que surgen de la instrucci贸n: por un lado, la falta de perspectiva de g茅nero en el accionar policial y, por otro lado, volver a discutir la calificaci贸n del delito. Por realizarse en el encierro, de manera sistem谩tica y durante un periodo de tiempo prolongado, por tratarse de pr谩cticas generalizadas de varios polic铆as y sobre la casi totalidad de las detenidas, y por el da帽o tanto f铆sico como ps铆quico que produjeron, no tenemos dudas que se trata de delitos de torturas y que as铆 deben ser juzgados鈥, agreg贸 la directora de Litigio Estrat茅gico Margarita Jarque.

Severidades que son torturas

La fiscal铆a reconoci贸 que estas pr谩cticas, ocurridas de manera sistem谩tica entre septiembre de 2019 y enero del 2020, impon铆an un castigo moral y humillante por la condici贸n de mujeres y trans de las v铆ctimas y que los funcionarios y funcionarias policiales actuaron con poder de hecho y ejerciendo abuso funcional sobre las personas detenidas, que se encontraban en estado de indefensi贸n.

De acuerdo a las pruebas de la investigaci贸n judicial, en su imputaci贸n, la fiscal铆a reconstruy贸 tres hechos o momentos en los que ocurrieron estas violaciones a los derechos humanos. El primero de ellos, y en donde se advierte una clara sistematicidad en la aplicaci贸n de torturas, ocurre entre el 22 de septiembre del a帽o pasado y el 21 de enero: los y las polic铆as Lionel G贸mez, Valeria Su谩rez, Javier Gonz谩lez, 脕ngel Reales, Lara de las Nieves Taramazzo y Silvia Solari ejercieron distintos hechos de violencia contra, al menos, 23 mujeres detenidas.

Adem谩s de atentar contra la integridad f铆sica de las mujeres, las somet铆an a sanciones y castigos abusivos: aislamiento extremos hasta de cuatro d铆as, impedimento de comunicaci贸n con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atenci贸n m茅dica, adem谩s de obligarlas a orinar en botellas pl谩sticas y defecar en bolsas de nylon.

La instrucci贸n judicial remarca, entre las mujeres v铆ctimas, el ensa帽amiento particular de los polic铆as con una de las v铆ctimas por su condici贸n de trans: en una oportunidad, el oficial Hern谩n Garz贸n la incit贸 a realizar actitudes indignas frente un detenido; en otra, la oficial Yanina Vargas la oblig贸 a limpiar con su manos, y sin guantes, las heces, orinas y v贸mitos de otros dos j贸venes que estaban detenidos.

En el requerimiento de elevaci贸n a juicio, adem谩s de remarcar la perspectiva de g茅nero en el ejercicio de estas violencias, de destacar el enorme estado de vulnerabilidad que en se encontraban las v铆ctimas, la fiscal铆a tambi茅n reconoci贸 que estas pr谩cticas ocurr铆an en un contexto de graves condiciones materiales y sanitarias de detenci贸n que representan por s铆 misma la aplicaci贸n de tormentos.

Desde el 2016, la comisar铆a 3ra de La Tablada estaba incluida en las medidas cautelares de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo el Estado provincial nunca cumpli贸 con lo dispuesto por el organismo internacional y la dependencia sigui贸 alojando personas detenidas.

Un d铆a despu茅s de la inspecci贸n realizada por el Comit茅 Contra la Tortura de la CPM y tras la presentaci贸n de un habeas corpus, el juez de garant铆as Agust铆n Gossn constat贸 las graves condiciones de detenci贸n: sobrepoblaci贸n, falta de agua para hidratarse o higienizarse, falta de ventilaci贸n y luz natural, poca cantidad de colchones y en mal estado, h煤medos, sucios y llenos de chinches. En ese mismo momento, orden贸 la clausura preventiva. L贸pez y Panzoni citan precisamente este fallo de Gossn en su escrito.

Los hechos de abuso sexual

En las entrevistas con la CPM, las mujeres detenidas en la comisar铆a 3ra de La Tablada reconocieron que los agravamientos se agudizaron desde la asunci贸n del subcomisario Leonel G贸mez, hasta llegar a los abusos sexuales perpetrados el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020. Durante el primer hecho se alojaban 14 detenidas en el lugar, durante el segundo 15, y 4 de ellas estuvieron presentes en ambos.

Seg煤n la reconstrucci贸n que realiz贸 la fiscal铆a, el primero de esos hechos ocurri贸 entre las 17 y las 20 horas del pasado 19 de diciembre. En el marco de una requisa, las oficiales Maida Ruiz y Silvina Su谩rez 鈥攋unto a G贸mez, Gonz谩lez, Reales y el oficial Cristian Aliaga鈥 abusaron sexualmente a, al menos, a ocho detenidas: de a una a la vez, las hicieron pasar a una celda y las sometieron a vejaciones: las hicieron desnudarse, realizar infames posturas y luego las abusaron sexualmente.

El 煤ltimo de los hechos denunciados, ocurri贸 el 5 de enero durante una requisa policial masiva a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). En esa oportunidad, la sargento Johana Romero del GAD junto al oficial de servicio en la dependencia policial Ariel Pasquale 鈥搚 bajo supervisi贸n del comisario Leandro Maidan鈥 impusieron vejaciones a diez detenidas, a quienes encerraron en un ba帽o de 铆nfimas dimensiones y las obligaron a desnudarse, hostig谩ndolas y golpe谩ndola con los palos para realicen variados ejercicios f铆sicos hasta la extenuaci贸n. Al mismo tiempo que las insultaban con comentarios denigrantes, machistas y racistas.

Todo esto ocurr铆a ante la mirada de los integrantes del GAD Franco Hinojosa, Gustavo Olivetti, 脕ngel Cardozo, Ezequiel Gallo, Federico Ben铆tez y Alexander Jim茅nez, y de las polic铆as Valeria Su谩rez y Silvia Solari.

Sobre estos hechos, la fiscal铆a remarc贸 la extensa jurisprudencia nacional e internacional que protege los derechos a la integridad personal y dignidad de las personas detenidas y, muy particularmente, de las mujeres. Los est谩ndares fijados por la CIDH y por la Convenci贸n contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas establecen que no puede haber personal masculino durante las requisas personales y estas no deben aplicarse de manera indiscriminada, no deben resultar vejatorias y deben ser realizadas por medios t茅cnicos que eviten el contacto f铆sico, es decir que los registros intrusivos vaginales y anales est谩n prohibidos por ley.

Sin embargo, las requisas se realizaron sin respetar ninguno de estos principios. Durante la instrucci贸n, no pudo comprobarse la necesidad ni razonabilidad de las 贸rdenes de requisa. Y por otro lado, la fiscal铆a remarc贸 que en la dependencia exist铆an medios t茅cnicos para evitar los registros corporales invasivos y que, sin embargo, los y las funcionarias policiales no los utilizaron. Esta decisi贸n devela la intencionalidad que verdaderamente persiguieron: abusar y humillar para torturar.


Fuente: https://www.andaragencia.org/la-fiscalia-pidio-elevar-a-juicio-la-causa-por-torturas-y-abuso-sexual-en-la-comisaria-de-la-tablada/




Fuente: Argentina.indymedia.org