May 14, 2021
De parte de CNT C贸rdoba
282 puntos de vista


Breve evoluci贸n de la regulaci贸n del despido y la jubilaci贸n desde la transici贸n hasta nuestros d铆as.

La muerte del dictador Franco en 1975 implic贸 que la clase dirigente se planteara un “aggiornamiento” de las instituciones pol铆ticas hasta ese momento prevalecientes, con el fin de mejor colaborar con la salvaguarda de los intereses que el r茅gimen nacido del golpe de estado del 18 de julio hab铆a tutelado desde su origen. As铆, el heredero del dictador, el pr铆ncipe Juan Carlos, que en 1969 hab铆a jurado defender los Principios del Movimiento Nacional, quintaesencia de la ideolog铆a fascista, y una vez alcanzado el trono, bajo la estrecha vigilancia y consejo de los Estados Unidos, procuraba “prevenir una situaci贸n como la de Portugal”. En el pa铆s vecino, un grupo de militares izquierdistas llevaron a cabo un incruento golpe de estado en 1974 que hab铆a borrado del mapa la otra dictadura ib茅rica y donde las cosas amenazaban con salirse de madre y derivar hacia una rep煤blica socialista en plena Europa occidental.

 Y es que la presi贸n en las f谩bricas y en las calles de las grandes ciudades espa帽olas en contra del r茅gimen del 36 y a favor de la democracia estaba alcanzando niveles peligrosos y, lo que era peor, empezaba a carcomer incluso lo que era la columna vertebral del sistema, el ej茅rcito, en que se comenzaba a difundir una llamada Uni贸n Militar Democr谩tica, que observaba a los militares portugueses como espejo en que mirarse. Por eso, entre la clase dominante cundi贸 la idea de que si se pretend铆a conservar lo esencial (el capitalismo y el alineamiento de Espa帽a como un pe贸n m谩s de los Estados Unidos), era preciso cambiar lo secundario y perif茅rico (las formas en que esas metas deb铆an alcanzarse) y que, por tanto, la fachada del carcomido edificio dictatorial deb铆a someterse a una profunda remodelaci贸n.

 En el espec铆fico campo de las relaciones de trabajo, menos de cinco meses despu茅s de la muerte del dictador, esa enorme ebullici贸n de la clase trabajadora dio pie a que se dictara la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales (LRL, en lo sucesivo). Una ley que por lo avanzado de algunos de sus contenidos hoy resultar铆a un texto mod茅lico, particularmente en lo que se refiere a la protecci贸n de la estabilidad en el empleo.

 Ante la imposibilidad de hacer aqu铆 un seguimiento de todas y cada una de las cuestiones abordadas en las sucesivas reformas laborales, nos centraremos sobre todo en el capital asunto del despido, clave de b贸veda del derecho del trabajo, por cuanto la plena libertad empresarial para despedir equivale a que el resto de garant铆as que para el trabajador se contienen esta rama del derecho queden reducidas a cero y, viceversa, mientras m谩s pesadas sean para el empresario las consecuencias de un despido arbitrario y sin causa, m谩s firmemente se hallar谩 asegurada la posibilidad del trabajador de ejercer el resto de sus derechos, sin miedo a que ese ejercicio pueda dar lugar a que la contraparte patronal ponga fin al contrato unilateralmente. Tambi茅n nos referiremos al curso seguido por la normativa sobre jubilaci贸n y desempleo, as铆 como a la participaci贸n de los sindicatos oficiales, como contraparte necesaria, en ese relato de terror para los derechos de la clase trabajadora que son las Reformas Laborales desde el inicio de la democracia.

1. El Despido en la transici贸n

 Dec铆a el art铆culo 35.1 LRL que “Cuando en un procedimiento por despido, el Magistrado de Trabajo considere que no hay causa justa para el mismo, en la sentencia que as铆 lo declare condenar谩 a la empresa a la readmisi贸n del trabajador en las mismas condiciones que reg铆an antes de producirse aqu茅l, as铆 como al pago del importe del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisi贸n tenga lugar“. Y a帽ad铆a el 35.4 LRL que “La sentencia que imponga la readmisi贸n deber谩 ser cumplida por el empresario en sus propios t茅rminos, sin que pueda ser sustituida por indemnizaci贸n en met谩lico, salvo acuerdo voluntario de las partes o cuando el Magistrado, atendiendo a circunstancias excepcionales apreciadas en el juicio que impidan la normal convivencia laboral, resuelva dejar sin efecto la readmisi贸n mediante el se帽alamiento de una compensaci贸n econ贸mica. Dicha compensaci贸n no podr谩 ser en ning煤n caso inferior a seis meses de salario ni a dos mensualidades por a帽o de servicio“.

 Esto es, y como regla, el empresario deb铆a readmitir al trabajador y abonarle las cantidades dejadas de percibir desde la fecha del despido y hasta la readmisi贸n (eran los denominados salarios de tr谩mite), m谩xima protecci贸n contra el despido que puede ofrecer una norma.

 Como excepci贸n, si esa era la voluntad del trabajador o si la convivencia en el seno de la empresa pod铆a verse afectada a juicio del magistrado (caso de las peque帽as empresas que exig铆an el contacto cara a cara con una relaci贸n personal deteriorada por el incidente del despido), la readmisi贸n pod铆a sustituirse por una indemnizaci贸n de sesenta d铆as de salario por a帽o de servicio y con un m铆nimo de seis meses de salario.

 Advi茅rtase la concurrencia en caso de despido improcedente (es decir, sin causa o injustificado) de dos clases de posibles obligaciones a cargo del empresario: los ya aludidos salarios de tr谩mite (equivalentes a la cantidad dejada de percibir en el per铆odo que va del despido a la readmisi贸n) y la indemnizaci贸n, entonces excepcional y proporcional al tiempo de trabajo, por un importe de sesenta d铆as por a帽o trabajado con un m铆nimo de seis meses de salario.

 Este panorama legal no tardar铆a mucho en cambiar. En coincidencia con la legalizaci贸n de los partidos pol铆ticos y los sindicatos, y como si se tratara de un augurio de lo que estaba por venir, el art铆culo 37.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (DLRT, en adelante), tras repetir propagand铆sticamente la f贸rmula del art铆culo 35.1 LRL (“Cuando el despido sea improcedente, el trabajador tendr谩 derecho a ser readmitido por el empresario en las mismas condiciones que reg铆an antes de producirse aqu茅l, as铆 como al pago del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisi贸n tenga lugar“), vino sin embargo a a帽adir en el art铆culo 37.3: “Si el empresario no procediera a la readmisi贸n en debida forma, el Magistrado de Trabajo sustituir谩 la obligaci贸n de readmitir por el resarcimiento de perjuicios y declarar谩 extinguida la relaci贸n laboral; en tal caso, la indemnizaci贸n complementaria por salarios de tramitaci贸n alcanzar谩 hasta la fecha de tal extinci贸n“. Esto es, si con la LRL la readmisi贸n era obligatoria para el empresario como regla, con la DLRT, el empresario pasa a tener la facultad de sustituir esa readmisi贸n por una indemnizaci贸n. Respecto de la cuant铆a, como regla, la indemnizaci贸n m铆nima que habr谩 de fijar el magistrado es de sesenta d铆as de salario por a帽o trabajado (igual a la norma del LRL), pero seguidamente dispone el art铆culo 37.5 que “En los casos de empresas que ocupen menos de veinticinco trabajadores fijos, el Magistrado de Trabajo, a su prudente arbitrio, podr谩 rebajar el tope m铆nimo establecido en el p谩rrafo anterior en raz贸n a las circunstancias concurrentes“. Es decir, el DLRT abre ya la puerta a la posibilidad de que en las peque帽as empresas la indemnizaci贸n por despido improcedente (que repit谩moslo: se trata de un despido sin causa, arbitrario) sea inferior a la indemnizaci贸n de sesenta d铆as por a帽o trabajado.

 Por tanto, y mientras que en la fase previa, caracterizada por la lucha ilegal de la clase trabajadora, pero con un marcado contenido antisistema, potencialmente revolucionario, el despido improcedente daba lugar como regla a la readmisi贸n de la persona despedida con abono de los salarios dejados de percibir, en la nueva fase que se abre con la legalizaci贸n de partidos y sindicatos, la readmisi贸n obligatoria para el empresario desaparece y la indemnizaci贸n de sesenta d铆as por a帽o se rebaja en las empresas de menos de 25 trabajadores fijos, que son la gran mayor铆a.

2. El Estatuto de los Trabajadores de la “democracia”

 Aprobada la Constituci贸n en diciembre de 1978 y celebradas en marzo del 79 las primeras elecciones de la nueva era, se impuls贸 por el gobierno de UCD la aprobaci贸n del Estatuto de los Trabajadores (ET) que se preve铆a en el art铆culo 35.2 de la Constituci贸n, que finalmente ver铆a la luz el 10 de marzo de 1980. Conforme a su art铆culo 56.1, “Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco d铆as desde la notificaci贸n de la sentencia, podr谩 optar entre la readmisi贸n del trabajador o el abono de las siguientes percepciones econ贸micas, que deber谩n ser fijadas en aqu茅lla:

a) En todo caso, a una indemnizaci贸n, cifrada en cuarenta y cinco d铆as de salario por a帽o de servicio, prorrate谩ndose por meses los periodos de tiempo inferiores a un a帽o y hasta un m谩ximo de cuarenta y dos mensualidades.

b) A una cantidad Igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se notifique la sentencia”.

 Como puede verse, en tanto que la regulaci贸n de los salarios de tr谩mite sigue en esencia y con s贸lo peque帽os retoques con la misma regulaci贸n establecida por el DLRT en 1977, sin embargo la indemnizaci贸n se rebaja de 60 a 45 d铆as por a帽o trabajado, esto es, su importe se rebaja en un 25%, de tal manera que se aligeran las cargas del empresario que de una forma inmotivada decida despedir a un trabajador.

 No obstante, el ET conten铆a en su art铆culo 17.3 una norma que habr铆a de servir de fundamento para uno de los efectos m谩s perniciosos del nuevo r茅gimen laboral de la “democracia”: la proliferaci贸n de la contrataci贸n temporal sin causa, es decir, no ya para ocupar puestos de trabajo de duraci贸n limitada en el tiempo, por estar vinculados con una actividad de esa clase, sino incluso trabajos permanentes dentro de la actividad normal de la empresa. Seg煤n ese precepto, en la redacci贸n que pactaron UGT, CEOE y gobierno en el Acuerdo Econ贸mico y Social (AES), el “Gobierno podr谩 regular medidas de reserva, duraci贸n o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocaci贸n de trabajadores demandantes de empleo. Cuando se utilice la contrataci贸n temporal como medida de fomento al empleo la duraci贸n del contrato no podr谩 exceder de tres a帽os“.

 En desarrollo de esa habilitaci贸n legal a favor del gobierno, 茅ste dict贸 el Real decreto 1989/1984 (el RD 1989) que, so pretexto de incentivar el empleo, optaba por abrir las puertas a la contrataci贸n temporal para toda clase de nuevos contratos. As铆, con arreglo al art铆culo 1.1 del RD 1989, “las empresas podr谩n celebrar contratos de trabajo de duraci贸n determinada con trabajadores desempleados que figuren inscritos en la correspondiente Oficina de Empleo para la realizaci贸n de sus actividades, cualquiera que fuera la naturaleza de las mismas“.

 Si hasta el momento la legislaci贸n laboral hab铆a establecido una estricta correlaci贸n entre la actividad a desarrollar (permanente o temporal) y el tipo de contrato (indefinido o temporal) con el que hab铆a de ser contratada la persona llamada a desarrollar esa actividad, con la nueva regulaci贸n introducida por el PSOE, gracias a un pacto con patronal y UGT, cualquier nuevo contrato, fuera cual fuese la clase de actividad, pod铆a ser desempe帽ado por un trabajador temporal, con un contrato cuya duraci贸n era de seis meses y que se pod铆a prorrogar hasta los tres a帽os.

 El resultado de esa innovaci贸n legal fue devastador. Con una poblaci贸n trabajadora desempleada en m谩s de una quinta parte (21,1% seg煤n EPA) y la cuasi permanente espada de damocles de la no renovaci贸n del contrato de trabajo, el frenazo de la participaci贸n de los salarios en la renta nacional empez贸 ya entonces, en una imparable declinaci贸n que se extiende hasta hoy y, junto a ella, la de la afiliaci贸n sindical.

 3. 驴Qu茅 sucede con la seguridad social?

 En Espa帽a, hasta 1963 no se dicta la Ley de bases de la Seguridad Social, tratando de reunir en un solo texto legal la hasta entonces dispersa legislaci贸n, que cubr铆a con normas diferenciadas seg煤n colectivos de trabajadoras y contingencias protegidas.

Centr谩ndonos en el aseguramiento social de la vejez o jubilaci贸n, es preciso aludir a algunos conceptos necesarios para entender las posteriores explicaciones y que son determinantes de a qui茅n protege el derecho y con qu茅 intensidad.

            Entre esos conceptos, el primero es el de per铆odo de cotizaci贸n. Porque, desde los primeros seguros en la Alemania de los a帽os ochenta del siglo XIX, el tener derecho a las prestaciones de la seguridad social se condiciona a la previa aportaci贸n del trabajador y del empresario para el que presta servicios a una caja de seguros.

De esta manera, mientras m谩s largo sea el per铆odo de cotizaci贸n exigible para generar el derecho, menos trabajadoras ser谩n capaces de alcanzar ese per铆odo y m谩s trabajadoras se ver谩n imposibilitados al final de su vida laboral de alcanzar la pensi贸n de jubilaci贸n.

Por eso, aumentar el per铆odo exigible de cotizaci贸n es lo mismo que dejar sin pensi贸n a una parte de las trabajadoras: aquella que reunir铆a los requisitos menos exigentes, pero que ya no alcanza a reunir los nuevos per铆odos.

Adem谩s, hay que destacar que quienes tienen m谩s dificultades para alcanzar los m铆nimos de cotizaci贸n son justamente las trabajadoras de peores empleos y sueldos m谩s bajos, que no es que a lo largo de su vida trabajen menos d铆as, sino que con frecuencia a causa de su debilidad para negociar sus condiciones de trabajo, suelen verse obligados a trabajar sin dar de alta en la seguridad social y sin cotizar.

As铆, cuando se deja sin pensiones de jubilaci贸n a una parte de las trabajadoras que ya no alcanzan a reunir unos nuevos requisitos m谩s exigentes, es a esos trabajadoras a los que se excluye de la posibilidad de percibir la pensi贸n de vejez.

 Dato muy importante a la hora de considerar qu茅 nivel de protecci贸n ofrece el sistema es c贸mo se calcula la pensi贸n de jubilaci贸n. As铆, est谩 demostrado estad铆sticamente que por lo general, los mejores salarios en la vida laboral de una persona suelen ser los que percibe al final de su carrera profesional. Por eso, mientras m谩s corto sea el per铆odo que se tiene en cuenta y m谩s al final de esa vida laboral se encuentre, tanto mayor ser谩 la pensi贸n que perciba. Por eso, ampliar el per铆odo que se toma en consideraci贸n implica que la media resultante ser谩 m谩s baja.

Adem谩s, est谩 demostrado que los trabajadores de salarios m谩s altos -trabajadores de la industria o de la banca, empleados p煤blicos- tienen carreras profesionales m谩s dilatadas, con apenas huecos de inactividad, con lo cual, en la medida que se tienda a tener en cuenta para la fijaci贸n de la cuant铆a de la pensi贸n todo el per铆odo de la vida laboral del trabajador, estos trabajadores se ver谩n menos perjudicados, mientras que los de sectores tales como los servicios en general -hosteler铆a, comercio- o la agricultura ver谩n reducirse sus pensiones.

Hay que destacar c贸mo en su origen, el nacimiento del sistema de seguridad social pretend铆a jugar un papel de solidaridad y redistribuci贸n de la riqueza entre los distintos sectores existentes dentro de la clase trabajadora. como dec铆a la exposici贸n de motivos de la Ley de Bases de la seguridad Social de 1963, “la Ley concibe a 茅sta como una tarea nacional que impone sacrificios a los j贸venes respecto de los viejos; a los sanos, respecto de los enfermos; a los ocupados, respecto de los que se hallan en situaci贸n de desempleo; a los vivos, respecto de las familias de los fallecidos, a los que no tienen cargas familiares, respecto de los que las tienen; a los de actividades econ贸micas en auge y prosperidad, en fin, respecto de los sectores deprimidos“.

Por eso, cuando el sistema tiende a hacerse meramente contributivo y actuar a modo de un seguro privado, con prestaciones proporcionales a las aportaciones realizadas, esa solidaridad se pierde, de manera que las personas enfermas, desocupadas, quienes tienen cargas familiares o simplemente han prestado servicios en sectores econ贸micos en declive, se ver谩n o excluidos del propio sistema o con pensiones muy bajas.

Analicemos ya la evoluci贸n seguida por el sistema de la seguridad social en Espa帽a respecto de la protecci贸n de la vejez. La redacci贸n del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1974 establec铆a en su art铆culo 154.1 que “Tendr谩n derecho a la pensi贸n de jubilaci贸n los trabajadores por cuenta ajena que (…) re煤nan las siguientes condiciones:

 a) Haber cumplido sesenta y cinco a帽os de edad.

 b) Tener cubierto un per铆odo m铆nimo de cotizaci贸n de diez a帽os”.

 No obstante, debe tenerse en cuenta que, hasta la reforma de las pensiones en 2007, en realidad, como las pagas extraordinarias cotizaban aparte, 365 d铆as trabajados eran en realidad 425 d铆as cotizados (es decir, por cada seis d铆as de trabajo se cotizaban siete).

 Pues bien, si en 1984 el gobierno de Felipe Gonz谩lez lanz贸 un terrible golpe contra las bases del derecho del trabajo y contra la clase trabajadora misma al convertir en potencialmente temporales todos los contratos a partir de 1984, al a帽o siguiente el ataque lo fue en materia de seguridad social.

 As铆, el n煤mero 1 del art铆culo segundo de la ley 26/1985 dispuso que “El periodo m铆nimo de cotizaci贸n exigible para causar derecho a pensi贸n de jubilaci贸n ser谩 de quince a帽os“, esto es, se elev贸 en un 50% el per铆odo m铆nimo de cotizaci贸n necesario para generar el derecho a la jubilaci贸n, lo que excluy贸 sin duda a cientos de miles -m谩s bien millones- de personas trabajadoras del acceso a esta pensi贸n; trabajadoras que por dem谩s, eran los de carrera profesional m谩s corta, es decir, las m谩s pobres.

 La justificaci贸n que entonces se esgrimi贸 es la misma que vienen arguyendo los neoliberales desde aquellos lejanos tiempos hasta hoy. As铆, se dice en la exposici贸n de motivos de la ley 26/1985: “Desde los a帽os iniciales de la crisis econ贸mica ha sido constante y generalizada la opini贸n de que la Seguridad Social est谩 necesitada de profundas reformas, punto sobre el que, puede afirmarse, existe hoy una pr谩ctica unanimidad por parte de las fuerzas sociales y pol铆ticas mas representativas. Pero el ya muy largo proceso indicado ha hecho que los desequilibrios producidos en el sistema est茅n actuando negativamente sobre la econom铆a y el empleo y poniendo en peligro el propio 茅xito de la reforma que se est谩 abordando, en orden a garantizar su viabilidad y particularmente el mantenimiento del nivel y necesaria actualizaci贸n de las pensiones”.

 Esto es y en resumen, viene a mantenerse la existencia de una crisis econ贸mica que hace insoportable el peso del sistema de protecci贸n social y se dice que la 煤nica causa que gu铆a el actuar del legislador es “garantizar su viabilidad“, para lo cual no se ve una mejor soluci贸n que lanzar un grave ataque sobre los derechos de las personas mayores.

 Hay que destacar c贸mo otro de los objetivos que ya se mencionan en esa exposici贸n de motivos de la ley 26/1985 y que ser谩 una constante a lo largo de las sucesivas reformas es el del “reforzamiento del car谩cter (…) contributivo y proporcional de las pensiones“. Dicho en plata: se renuncia a que el sistema de la seguridad social se convierta en una forma de redistribuci贸n de la renta, de manera que tenga lugar un trasvase de rentas desde los trabajadores de cuello blanco de altos salarios hacia las trabajadoras de menores ingresos.

 Ese objetivo se habr谩 de conseguir en las sucesivas reformas haciendo que, cada vez m谩s, la aportaci贸n al sistema guarde la mayor proporcionalidad posible con lo que se obtiene de 茅l, objetivo que se logra sobre todo ampliando el per铆odo a considerar para el c谩lculo de la base de cotizaci贸n. De esta forma, las trabajadoras de ingresos m谩s altos, que son tambi茅n los de carrera profesional m谩s dilatada, ver谩n aumentar sus pensiones mientras que los dem谩s ver谩n c贸mo estas disminuyen.

4. El desempleo

 Por lo que a la protecci贸n por desempleo respecta, la ley 62/1961 dispuso la existencia de una prestaci贸n en favor de quienes “hayan estado afiliados al Seguro durante un periodo m铆nimo de seis meses, dentro de los dieciocho anteriores” y por una duraci贸n de seis meses.

Por su parte, el art铆culo 176.2 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1974 estableci贸 que la inicial duraci贸n de la prestaci贸n por seis meses “ser谩 prorrogable hasta doce meses, como m谩ximo, si subsisten las circunstancias que determinaron la concesi贸n inicial“.

 La primera regulaci贸n de la materia durante la etapa democr谩tica se llev贸 a cabo en virtud de la Ley 51/1980, seg煤n cuyo art铆culo 19 “La prestaci贸n por desempleo estar谩 en funci贸n de los periodos de ocupaci贸n cotizada en los 煤ltimos cuatro a帽os anteriores a la situaci贸n legal de desempleo“, viniendo seguidamente una escala en que se causa el derecho con seis meses cotizados y por una duraci贸n de tres meses, con tres meses m谩s por cada seis de cotizaci贸n, hasta alcanzar los 18.

 Esto es, el per铆odo m铆nimo para generar el derecho es de seis meses y por 48 meses de cotizaci贸n pueden obtenerse hasta 18 de prestaci贸n.

 Adem谩s, el art铆culo 25 de la ley 51/1980 crea el subsidio por desempleo para las personas desempleadas que agoten una prestaci贸n y tengan responsabilidades familiares y para los emigrantes retornados, con una duraci贸n de seis meses e importe que se calcula como un porcentaje del salario m铆nimo y no de aquel por el que se haya cotizado, esto es, que como regla es de cuant铆a inferior a la prestaci贸n.

 Pues bien, dentro de la ofensiva general contra los derechos de las trabajadoras que caracteriz贸 el gobierno de Felipe Gonz谩lez, se dict贸 la ley 22/1992 seg煤n la que para causar derecho a la prestaci贸n por desempleo se multiplicaba por dos el per铆odo de cotizaci贸n m铆nimo, que pasaba de seis meses a un a帽o (siempre que la cotizaci贸n hubiera tenido lugar en los 煤ltimos seis a帽os), con dos meses m谩s de prestaci贸n por cada per铆odo de seis meses suplementario que se hubiera cotizado. Por tanto, no es s贸lo que se endurecieran las condiciones para el acceso, sino que, generado el derecho, si previamente cada seis meses de trabajo generaban tres de prestaci贸n, desde la ley 22/1992, cada seis meses a帽adidos de cotizaci贸n s贸lo generan dos de prestaci贸n.

 5. La reforma del ministro-delincuente Jos茅 Antonio Gri帽谩n

 Como reconoce la exposici贸n de motivos de la Ley 11/1994, “la reforma que ahora se presenta afecta, con mayor o menor intensidad, a la mayor parte de las instituciones reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, tanto las relacionadas con el acceso del trabajador al empleo, o ingreso al trabajo, con el desarrollo de la relaci贸n laboral durante su transcurso y con los procedimientos y garant铆as de la extinci贸n del contrato, como las relativas a la negociaci贸n, contenido y eficacia de los convenios colectivos”.

 Por citar las novedades m谩s relevantes que esa ley introduce, y en lo que se refiere al acceso del trabajador al empleo, se permite la aparici贸n de las empresas de trabajo temporal y de las agencias privadas de colocaci贸n, llamadas a intermediar entre demandantes de empleo y empleadores, de suerte que desaparece el monopolio de los servicios p煤blicos de empleo en esa tarea de intermediaci贸n.

 Por otra parte, y para las trabajadoras no cualificadas, el per铆odo legal de prueba pasa de quince d铆as a dos meses, durante los cuales el empresario puede poner fin a la relaci贸n de trabajo sin justificaci贸n de ning煤n tipo. Se facilita igualmente la movilidad funcional del trabajador, al que se pueden encomendar tareas distintas de las pactadas inicialmente; la movilidad geogr谩fica, facilitando su desplazamiento a localidad distinta o su traslado definitivo; se ampl铆an los poderes empresariales para la ordenaci贸n de la jornada de trabajo y para la variaci贸n del horario, etc.

 En cuanto al despido ilegal, sin causa o injustificado, que en los a帽os setenta ten铆a una misma y 煤nica consecuencia jur铆dica fuera cual fuera su causa (readmisi贸n del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir), a ra铆z de que a partir de que el DLRT estableciera en 1977 la posibilidad de que la readmisi贸n fuera sustituida por una indemnizaci贸n, fue abri茅ndose paso a nivel jurisprudencial (en particular a partir de la constituci贸n), la figura del despido nulo, que segu铆a implicando la obligaci贸n de readmitir a la persona despedida y de abonarle los salarios dejados de percibir, es decir, daba pie a una consecuencia jur铆dica para el trabajador m谩s ventajosa que la que dimanaba del simple despido improcedente en que (record茅moslo una vez m谩s), al empresario le cab铆a deshacerse del trabajador abonando una indemnizaci贸n.

 La posibilidad de la existencia de un despido nulo con obligaci贸n de readmisi贸n para el empresario y m谩xima protecci贸n del trabajador se circunscribi贸 a lo largo de los a帽os ochenta a los supuestos de despido por vulneraci贸n de derechos fundamentales (sobre todo, reacciones empresariales frente al ejercicio de la libertad sindical o de la tutela judicial efectiva) y a dos supuestos muy frecuentes: falta de los requisitos formales en la carta de despido (el despido se hab铆a de llevar a cabo por escrito en el que se hiciera constar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendr谩 efecto), precepto que a pesar de su aparente sencillez daba lugar a numerosas nulidades, en particular porque los hechos no eran descritos por el empresario con la suficiente claridad como para que el trabajador pudiera defenderse; adem谩s era nulo “el despido de un trabajador que tenga suspendido un contrato de trabajo“, salvo l贸gicamente que fuera procedente. En este caso, el supuesto m谩s t铆pico de nulidad era el de un trabajador que fuera despedido mientras estuviera en incapacidad transitoria.

 Pues bien, la reforma laboral de Gri帽谩n limit贸 los supuestos de nulidad 煤nicamente al supuesto de que el despido se hiciera en vulneraci贸n de los derechos fundamentales de la persona trabajadora (en ese caso era imposible la improcedencia porque desde primeros de los ochenta el Tribunal Constitucional hab铆a declarado que el despido era nulo). Por eso, desde entonces, y hasta hoy, al empresario se le consiente legalmente que la carta de despido pueda incluso omitir los hechos que se le imputan al trabajador para poner fin a su relaci贸n de trabajo, bastando, si es que el empresario est谩 dispuesto a abonar la indemnizaci贸n, con que manifieste su voluntad de extinguir el contrato.

 Adem谩s, desde entonces, se instal贸 “la moda” de despedir a cualquier trabajador que sufra una enfermedad que le incapacite temporalmente, con tal de que el empresario abone la indemnizaci贸n correspondiente al despido improcedente.

6. Los sindicatos del poder se aprestan a santificar las reformas

 El Real Decreto-ley 8/1997 (el RDL 8/1997) dec铆a en su exposici贸n de motivos que “el d铆a 9 de mayo de 1996, las Organizaciones sindicales y empresariales m谩s representativas en el 谩mbito estatal consideraron urgente e inaplazable … abrir un debate y reflexi贸n acerca de en qu茅 medida la recuperaci贸n econ贸mica pudiera verse acompa帽ada de una mejora del funcionamiento del mercado de trabajo que permita responder conjuntamente a los graves problemas del paro, la precariedad y la alta rotaci贸n del empleo“. “En comunicaci贸n conjunta dirigida al Gobierno por dichas Organizaciones empresariales y sindicales se da cuenta de que, entre otros, se ha alcanzado un Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo“. Se帽alan en dicha comunicaci贸n que el citado Acuerdo interconfederal afecta a normas vigentes, que son las que precisamente se modifican por virtud del citado RDL atendiendo a la recomendaci贸n conjunta de CCOO, UGT y la CEOE.

 Pues bien, para los desempleados que fueran “J贸venes desde dieciocho hasta veintinueve a帽os de edad, ambos inclusive”, o “Parados de larga duraci贸n, que lleven, al menos, un a帽o inscritos como demandantes de empleo”, o “Mayores de cuarenta y cinco a帽os de edad”, o “Minusv谩lidos” o que tuvieran un contrato temporal en vigor, se preve铆a en la Disposici贸n adicional primera del RDL un denominado “Contrato para el fomento de la contrataci贸n indefinida” que en su n煤mero 4 establec铆a que “Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinci贸n sea declarada improcedente, … ser谩 de treinta y tres d铆as de salario por a帽o de servicio, prorrate谩ndose por meses los per铆odos de tiempo inferior a un a帽o”.

Esto es, el nuevo contrato era aplicable a toda la poblaci贸n trabajadora, salvo la comprendida entre 30 y 45 a帽os, aunque tambi茅n se aplicaba a 茅sta si era parada de larga duraci贸n, discapacitada o ten铆a un contrato temporal, con lo que en realidad la posibilidad de aplicaci贸n del nuevo tipo de contrato era casi universal.

 Como puede verse, la principal innovaci贸n del contrato resid铆a en que, si el empresario desped铆a por causas objetivas y 茅stas eran declaradas inexistentes, la improcedencia daba lugar en tal caso a una indemnizaci贸n que se rebajaba de los 45 a los 33 d铆as por a帽o trabajado.

 As铆, con el aval de CCOO y UGT, hac铆a su entrada en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol la reducci贸n en la cuant铆a de la indemnizaci贸n; que en 1976 daba lugar a la readmisi贸n obligatoria para el empresario; que desde 1977 a 1980 hab铆a sido de 60 d铆as por a帽o trabajado; que en 1980 se fij贸 en 45 d铆as por a帽o con el placet de UGT, que dio su apoyo a la redacci贸n originaria del ET que la consagraba y que en 1997 se rebajaba de nuevo a 33 d铆as por a帽o. Desde entonces, en los nuevos contratos celebrados al amparo del RDL 8/1997, bastaba alegar la concurrencia de una causa objetiva de despido para poder deshacerse de un trabajador, aunque esa causa no se probara judicialmente.

 Simult谩neamente, y fruto de ese mismo acuerdo de las organizaciones “sindicales”, se aprob贸 el Real Decreto-ley 9/1997, que supon铆a una lluvia de millones para los empresarios en forma de incentivos a la contrataci贸n mediante la reducci贸n en la cuota a pagar a la Seguridad Social, que supon铆a una rebaja que iba del 40 al 60%, seg煤n el colectivo, durante los dos a帽os siguientes a la celebraci贸n del contrato.

7.  El idilio de los sindicatos oficiales con Aznar

Siguiendo con el aut茅ntico idilio de las organizaciones “sindicales” pr贸ximas al poder con el gobierno de Aznar, que gobernaba desde 1996, se aprob贸 tambi茅n en ese a帽o la ley 24/1997, cuya exposici贸n de motivos confiesa paladinamente que una de las finalidades que se abordan mediante esa reforma es “La introducci贸n de mayores elementos de contribuci贸n y proporcionalidad en el acceso y determinaci贸n de la cuant铆a de las pensiones de jubilaci贸n, a fin de que (…) quienes hayan realizado unas cotizaciones semejantes obtengan tambi茅n un nivel de prestaciones similar“.

 Para el logro de ese objetivo se procede a la “ampliaci贸n del per铆odo de determinaci贸n de la base reguladora de la pensi贸n de jubilaci贸n, situando ese per铆odo, tras un proceso gradual de aplicaci贸n, en los 煤ltimos quince a帽os de cotizaci贸n, en vez de los ocho previstos en la actual normativa“, as铆 como a la “acentuaci贸n de la proporcionalidad de los a帽os de cotizaci贸n acreditados por el interesado, en orden a su aplicaci贸n a la base reguladora de la pensi贸n de jubilaci贸n para el c谩lculo de su cuant铆a, de tal manera que, manteniendo el derecho a la percepci贸n del 100 por 100 con treinta y cinco a帽os de cotizaci贸n, a los veinticinco a帽os se alcanza el 80 por 100 y con el per铆odo m铆nimo exigible para acceder a esta pensi贸n contributiva, el 50 por 100 de su base reguladora“.

 Hay que destacar que esos pactos fueron fruto del consenso tanto pol铆tico como sindical. As铆, UGT y CCOO dieron su placet a esta reforma, como se reconoce en la exposici贸n de motivos. Y quiz谩 una de las razones sea la ganancia que para esos sindicatos se deriva de que “en el acuerdo se refuerza el valor del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social“, uno m谩s de la infinidad de consejos en que se da bien retribuido asiento a esos sindicatos, que pasan as铆 a obtener informaci贸n privilegiada, lo que les permite jugar con ventaja respecto de los dem谩s sindicatos en las empresas.

 Su firma adem谩s es s铆ntoma de que la afiliaci贸n sindical -sobre todo la suya- es cada vez m谩s cosa de trabajadores bien pagados, de manera que las decisiones se adoptan en funci贸n de los intereses de esa 茅lite del trabajo, a la que esas reformas benefician, por m谩s que el mundo del precariado se vea perjudicado sensiblemente con esa tendencia a la proporcionalidad entre aportaciones y prestaciones.

8. El tr谩gico d煤o Aznar-Fidalgo

El idilio con el gobierno del PP se prolong贸 en el caso de CCOO durante toda la vigencia de la secretar铆a general de Jos茅 Mar铆a Fidalgo y a primeros de siglo dar铆a pie todav铆a a un nuevo pacto, ahora sin la participaci贸n de UGT, fruto del cual ser铆a el Real Decreto Ley 16/2001, cuyos objetivos declarados -ver exposici贸n de motivos- eran “propiciar una permanencia en la actividad del trabajador” e “incentivar el no acceso a la jubilaci贸n en edades anticipadas鈥.

 Estas medidas, que parecen inocuas, aspiraban a lograr un retraso en la edad de jubilaci贸n y, al mismo tiempo, ampliar la oferta de mano de obra disponible, con el consiguiente abaratamiento de los salarios.

 Sea como fuere, el car谩cter de defensa de los intereses de los trabajadores cualificados por parte de los sindicatos mayoritarios -en esta ocasi贸n s贸lo CCOO- se pone de relieve por el hecho de que el objetivo de propiciar una permanencia en la actividad del trabajador s贸lo puede entenderse respecto de los “trabajadores de cuello blanco“. El obrero que ha trabajado desde su infancia en labores duras -agrarias, construcci贸n- no aspira a trabajar despu茅s de los 65 a帽os y resulta castigado por la penalizaci贸n que en ese Real Decreto Ley se realiza de los que procuran jubilarse anticipadamente.

9. El PSOE atraca de nuevo (y con 茅l, la UGT)

Nuevamente, en 2007, el gobierno -ahora del PSOE- pacta con CCOO y UGT una trascendental reforma de las pensiones, que pas贸 totalmente desapercibida y por la cual, seg煤n expresa la exposici贸n de motivos, “se intensifica la contributividad del sistema, avanzando en una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones obtenidas” y “se progresa en el camino ya iniciado de favorecer la prolongaci贸n voluntaria de la vida laboral m谩s all谩 de la edad legal de jubilaci贸n“. Esto es, en esa reforma, vienen a compendiarse los dos objetivos que ya se hab铆an pretendido con los pactos de 1997 y 2001, a los cuales esta vez la UGT presta su consentimiento, quiz谩 porque en esta ocasi贸n el ataque a los derechos de las personas trabajadoras era perpetrado por los suyos.

 La medida estrella de ese golpe a los intereses de precarios y trabajadores mal pagados fue lo que de forma un tanto inocente se desliza en la exposici贸n de motivos del siguiente modo: 鈥Por lo que se refiere a la jubilaci贸n, y con el fin de incrementar la correlaci贸n entre cotizaciones y prestaciones, se establece que, para acreditar el per铆odo m铆nimo de cotizaci贸n actualmente exigido para acceder al derecho a la pensi贸n, se computar谩n 煤nicamente los d铆as efectivos de cotizaci贸n y no los correspondientes a las pagas extraordinarias“.

 Para comprender tan inocentes palabras hay que saber que (record茅moslo), hasta entonces, cotizando aparte las pagas extras, en realidad, cada trabajador cotizaba por un d铆a real de prestaci贸n de servicios no un d铆a sino un d铆a m谩s un sexto, lo que quiere decir que por cada a帽o trabajado se cotizaba en realidad 425 d铆as.

 As铆, los quince a帽os necesarios hasta entonces para generar derecho a la jubilaci贸n no eran tales sino algo m谩s de doce (4.700 d铆as).

 A partir de esa ley, cada d铆a trabajado pasaba a ser un d铆a cotizado y los doce y algo a帽os que en realidad se requer铆an para generar derecho a la jubilaci贸n pasaban a ser quince a帽os reales (5.475 d铆as). Esto es, mediante esta en apariencia inocente f贸rmula se alargaba el per铆odo m铆nimo de trabajo para acceder a esta pensi贸n en 775 d铆as, es decir, se ten铆a que trabajar ahora m谩s de dos a帽os adicionales para alcanzar el derecho.

 CCOO, que organiz贸 una huelga general el 20 de junio de 1985 para protestar contra la medida del gobierno de Felipe Gonz谩lez de ampliar de diez a quince a帽os el per铆odo m铆nimo de cotizaci贸n -recordemos que en aquellos tiempos, ni los diez a帽os eran reales ni los quince tampoco, porque 365 d铆as trabajados eran 425 de cotizaci贸n-, ahora se convert铆a en copart铆cipe de la decisi贸n, en una muestra m谩s de la lenta e inexorable degeneraci贸n de las organizaciones sindicales mayoritarias.

 Con todo, para los bien pagados “trabajadores de cuello blanco” con carreras profesionales prolongadas la medida implicaba un aumento en el c谩lculo de sus bases de cotizaci贸n, que sub铆an, al incluirse en las mismas el prorrateo de las pagas extras, mientras que se imped铆a el acceso a la jubilaci贸n de las trabajadoras con carreras profesionales m谩s cortas. En tal sentido, se puede decir que CCOO y UGT actuaban de manera plenamente coherente, defendiendo a una afiliaci贸n centrada cada vez m谩s en el funcionariado, la banca y sectores similares, pero dejando en la estacada al precariado, la mujer y dem谩s sectores del mundo del trabajo con mayores dificultades para el acceso a la jubilaci贸n.

10. La jubilaci贸n a los 67 a帽os

 Pero el entreguismo a los intereses del poder econ贸mico y del sector privilegiado de los trabajadores de PSOE, UGT y CCOO no iba a quedar ah铆. As铆, fruto del pacto entre esas organizaciones vio la luz la ley 27/2011, compendio y suma de todas las reformas en contra de las trabajadoras. Una vez m谩s, su exposici贸n de motivos es clara como el d铆a acerca de sus fines:

 – “Reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relaci贸n m谩s adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir”.

 – Respecto de los trabajadores de m谩s de 50 a帽os, se procura “favorecer su mantenimiento en el mercado de trabajo“, con “la prolongaci贸n de la vida activa y la desincentivaci贸n de la jubilaci贸n anticipada“.

 – Se “modifica el r茅gimen jur铆dico de los complementos a m铆nimos de las pensiones contributivas, de manera que, en ning煤n caso, el importe de tales complementos sea superior a la cuant铆a de las pensiones de jubilaci贸n“.

 T茅ngase presente que, algunas pensiones de trabajadoras mal pagados ser铆an tan rid铆culas de aplicarse estrictamente la ley, que 茅sta ha optado por establecer un denominado “complemento a m铆nimos” que permite que 茅stas pensiones en ning煤n caso, sumados ese complemento y la pensi贸n propiamente dicha, pueda estar por debajo de una cifra que se considera suficiente para vivir con dignidad. Pues bien, lo que la ley viene a establecer aqu铆 es justamente una reducci贸n en determinados supuestos de ese complemento, perjudicando as铆 a las trabajadoras con unas pensiones m谩s bajas, prop贸sito perfectamente congruente con el confesado de hacer proporcional la aportaci贸n al sistema y la cuant铆a de la pensi贸n, que es la meta que las sucesivas reformas pactadas entre sindicatos mayoritarios y gobiernos han manifestado querer alcanzar desde hace ya m谩s de veinte a帽os a trav茅s de sucesivos acuerdos.

– La ley prev茅 “los 67 a帽os como edad de acceso a la jubilaci贸n, al tiempo que mantiene la misma en 65 a帽os para quienes hayan cotizado 38 a帽os y seis meses“. Una vez m谩s, a los “trabajadores de cuello blanco”, con carreras profesionales largas, se les respetan sus derechos, de modo que pueden seguir jubil谩ndose a los 65 a帽os, pero la inmensa mayor铆a del resto de las trabajadoras ver谩n c贸mo progresivamente, en un proceso que concluye en 2027, se aumenta cada a帽o un mes su edad de jubilaci贸n.

11. El despido, que ya era libre, 隆ahora mucho m谩s barato!

 Nada m谩s llegar al gobierno en 2012, el gobierno del PP dict贸 el Real Decreto-ley 3/2012, que daba nueva redacci贸n al art铆culo 56.1 ET, que pasaba a decir: “Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario … podr谩 optar entre la readmisi贸n del trabajador o el abono de una indemnizaci贸n equivalente a treinta y tres d铆as de salario por a帽o de servicio, prorrate谩ndose por meses los per铆odos de tiempo inferiores a un a帽o“. Es decir, en caso de despido improcedente (ilegal, sin causa), desaparecen los salarios de tr谩mite y la indemnizaci贸n de 33 d铆as por a帽o de servicio que hab铆an pactado CCOO y UGT en 1997 pasa a ser ya norma universal.

Como hemos ido viendo, el despido improcedente ha pasado, de dar lugar a la readmisi贸n obligatoria de la persona despedida en 1976, con abono de los salarios dejados de percibir, a una indemnizaci贸n de los salarios dejados de percibir m谩s una indemnizaci贸n de 60 d铆as por a帽o trabajado en 1977, hasta llegar en 2012 a la desaparici贸n de los salarios de tr谩mite y la indemnizaci贸n de 33 d铆as por a帽o que rige hoy.

12. Ancianos trabajando hasta la muerte y j贸venes que no trabajar谩n en su vida

Por fin, en esta larga y -por ahora- 煤ltima medida legislativa tendente a recortar los derechos de los pensionistas, el RDL 5/2013 sigui贸 haci茅ndose eco de esa m煤sica que llevamos ya oyendo desde hace m谩s de treinta a帽os, que nos llama a m谩s y m谩s recortes, como 煤nica f贸rmula capaz de salvar a un sistema de seguridad social que, para ser salvado, amenaza con quedar reducido a la nada.

As铆, nos dice que “Las bajas tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida exigen la adaptaci贸n de estos sistemas para asegurar su viabilidad en el largo plazo y mantener unas pensiones adecuadas para el bienestar de los ciudadanos de m谩s edad. Espa帽a no es una excepci贸n, y el sistema de Seguridad Social debe hacerse cargo del pago de un n煤mero creciente de pensiones de jubilaci贸n, por un importe medio que es superior a las que sustituyen, y que deben abonarse en un periodo cada vez m谩s largo, gracias a los progresos en la esperanza de vida“. 鈥El incremento de la edad de jubilaci贸n, la prolongaci贸n de la vida activa y el incremento de la participaci贸n en el mercado de trabajo de los trabajadores de m谩s edad suponen elementos b谩sicos para la adecuaci贸n y sostenibilidad de las pensiones. Para ello, es recomendable vincular la edad de jubilaci贸n a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilaci贸n anticipada y a otras v铆as de salida temprana del mercado laboral y favorecer la prolongaci贸n de la vida laboral”. “Por un lado, es necesario conceder una mayor relevancia a la carrera de cotizaci贸n del trabajador para favorecer la aproximaci贸n de la edad real de jubilaci贸n a la edad legal de acceso a la jubilaci贸n. Por otro, la jubilaci贸n anticipada deber铆a reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotizaci贸n. Finalmente, debe facilitarse la coexistencia de salario y pensi贸n”. “Se permite as铆 que aquellos trabajadores que han accedido a la jubilaci贸n al alcanzar la edad legal, y que cuentan con largas carreras de cotizaci贸n, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 50% de la pensi贸n, con unas obligaciones de cotizaci贸n social limitadas”.

Es decir, nada nuevo, fiel continuidad en unas tendencias a la proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones, alargamiento del per铆odo preciso para la adquisici贸n del derecho o, en su caso, para la adquisici贸n de unos derechos equivalentes, incentivaci贸n de la continuidad en el mercado de trabajo y persistente merma de los derechos de los precarios, los de profesiones peor pagadas y m谩s feminizadas, todo ello realizado con el consentimiento expreso o pasivo de unos “sindicatos” alimentados artificialmente por el poder y que han abandonado definitivamente la defensa de los intereses de la clase trabajadora.

 En definitiva, si al iniciarse la transici贸n eran necesarios menos de nueve a帽os para generar el derecho a la pensi贸n de jubilaci贸n (se cotizaban diez a帽os, pero incluyendo aparte pagas extra), ahora son precisos 15 y, adem谩s, se ha elevado a 67 a帽os la edad de jubilaci贸n, mientras que su importe se ha vuelto m谩s proporcional a la aportaci贸n (en beneficio de trabajadores mejor pagados y perjuicio de los de peores salarios), pero bajando en cualquier caso y para todos la cuant铆a, al alargar el per铆odo tomado en consideraci贸n para el c谩lculo del importe, dado que, mientras mayor sea el per铆odo que se tome para realizar el promedio, m谩s bajo ser谩 茅ste.

13. A modo de conclusi贸n

Resulta parad贸jico que a lo largo de estos 煤ltimos cuarenta a帽os de democracia parlamentaria el camino de los derechos laborales haya sido la historia de sucesivas p茅rdidas y recortes, m谩s all谩 de la fase econ贸mica atravesada en cada momento. Un per铆odo marcado por la 鈥渃ompetitividad鈥, el desarrollo de la econom铆a financiera y transnacional en el que todos los 鈥渁justes鈥 se han realizado en detrimento de las condiciones laborales, de los salarios, de las prestaciones sociales, de la edad de acceso a la jubilaci贸n y de las pensiones.

De forma paralela tambi茅n, se han ido sucediendo diferentes reconversiones industriales y las privatizaciones de empresas y servicios p煤blicos, con la consecuente p茅rdida de ingresos p煤blicos y de puestos de trabajo dignos; la temporalidad masiva  y el fraude permitido en los contrataci贸n; la generalizaci贸n de la subcontrataci贸n como forma de empleo barato; la desregulaci贸n de la inmensa mayor铆a de normas laborales; la aparici贸n de las pensiones privadas, s贸rdida 鈥渟oluci贸n鈥 a un sistema de pensiones calificado de 鈥渋nsostenible鈥; una enorme reducci贸n de impuestos para los m谩s ricos y el traslado de esa carga impositiva a los impuestos indirectos que se pagan sin tener en cuenta los ingresos; una brutal reducci贸n de las cotizaciones sociales, pieza fundamental de la que se nutren las prestaciones sociales, todo ello auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, am茅n de un sinf铆n de estudios, dict谩menes y recomendaciones de bancos y multinacionales, patrocinadores y sin duda los m谩s beneficiados de todo este gran robo de recursos y de salarios.

Una historia de p茅rdidas que ha ido paralela a la desmovilizaci贸n laboral y social en su conjunto, gracias en parte a la impagable labor de los sindicatos oficiales, que supieron ver bien pronto que su supervivencia econ贸mica y su posici贸n como interlocutores 煤nicos de los trabajadores estaba ligada a la aceptaci贸n del capitalismo, a la comprensi贸n neoliberal del estado y del futuro de la sociedad. Es imposible entender la progresiva facilidad con la que se han ido implantando estas reformas sin la colaboraci贸n de las dos grandes corporaciones sindicales. De la huelga y la manifestaci贸n, los dirigentes sindicales pasaron a los consejos de administraci贸n. De las calles y las f谩bricas a convertirse en instituciones, manteniendo su poder en base a una falsa representatividad otorgada por el estado y no por los trabajadores. Esa podr铆a ser la historia -y el epitafio- del sindicalismo de concertaci贸n.

Este conjunto de factores ha hecho posible que las rentas del trabajo se hayan reducido en casi un 20% en los 煤ltimos cuarenta a帽os, despu茅s de que el salario real haya crecido menos que la productividad de forma sostenida durante las cuatro 煤ltimas d茅cadas en Espa帽a. En la pr谩ctica, esto se traduce en que cada a帽o, m谩s de 60.000 millones de euros que deber铆an estar en manos de las trabajadoras, terminan en manos de empresas y accionistas.

En resumen, una guerra contra la vida, el bienestar y los derechos de los trabajadores y trabajadoras que discurre junto a la historia de la democracia bajo otros muchos nombres, eufemismos altisonantes, enga帽os y mentiras de m煤ltiples personajes de todo el espectro pol铆tico, sindical y patronal, cuya finalidad ha sido construir un relato que nos ha hecho olvidar de d贸nde venimos y como hemos llegado hasta aqu铆. Una guerra que la clase trabajadora sigue perdiendo porque ni siquiera sabe que existe; y que seguiremos perdiendo hasta que trabajadoras y trabajadores comprendamos que no podemos luchar contra expolio desde nuestras diferentes procedencias, situaciones e ideolog铆as, sino agrupados bajo la bandera de la clase obrera en lucha por sus derechos. No importa qui茅n gobierne, a qui茅n se vote o que preferencias tenga cada cual; es nuestra condici贸n de trabajadoras la que debe unirnos para enfrentarnos al enemigo que tenemos enfrente: el capitalismo.




Fuente: Cordoba.cnt.es