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La Inspección de Trabajo aflora 5,8 millones en salarios mensuales impagados a empleadas del hogar


April 7, 2021
De parte de CGT Pais Valencia I Murcia
304 puntos de vista



Se trata de la primera fase de una campaña para garantizar que las trabajadoras domésticas cobran al menos el salario mínimo, por la que 25.366 hogares han regularizado lo que pagaban a sus empleadas tras el toque de atención de la Inspecció

Más de 5,8 millones de euros en salarios impagados a trabajadoras del hogar. Es lo que la Inspección de Trabajo ha aflorado hasta el momento en una campaña para vigilar las condiciones salariales de este colectivo, en su mayoría compuesto por mujeres y muy precarizado. En concreto, la iniciativa busca garantizar que las empleadas no cobran por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), el sueldo mínimo garantizado por ley. Hasta el 25 de marzo, en una fase todavía inicial de la campaña que se basa en regularizaciones “voluntarias”, los salarios mensuales de los casos analizados se han incrementado en “5.800.570 euros” en total, explican a elDiario.es en el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio comunicó el pasado 1 de febrero que la Inspección de Trabajo había desplegado una campaña para evitar el pago por debajo del SMI a las trabajadoras del hogar y de cuidados. La iniciativa consistió en el envío de cartas informativas a 47.749 hogares empleadores en los que la autoridad laboral había detectado indicios de incumplimiento, con el emplazamiento a que regularizaran los salarios de sus trabajadoras.

La Inspección dio de plazo a los hogares hasta el 31 de marzo para que declarasen “el salario real actual desde el 1 de enero de 2021” de sus trabajadoras, que recordaba que no podía “ser inferior al SMI vigente”. Es decir, a los 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros mensuales en 12 pagas) por contratos a jornada completa. Si el 31 de marzo no habían regularizado su situación, la Inspección pasaría a una segunda fase: el inicio de “actuaciones inspectoras de comprobación por parte de la ITSS”.

Según los últimos datos de la campaña, hasta el 25 de marzo, “se han regularizado 25.366 casos de los 47.749 empleadores contactados”, responden en el Ministerio de Trabajo. Es decir, que a falta de completarse la primera fase de iniciativa de regularización “voluntaria”, ya ha habido regularizaciones de salarios en el “53,12%” de los hogares contactados, subrayan desde Trabajo.

¿En qué se traducen esas más de 25.300 regularizaciones? Muy mayoritariamente, en el aumento del sueldo de esas trabajadoras. “Solo el 4,7% de los casos ha bajado el salario”, apuntan en el Ministerio. “Hasta el 25 de marzo el incremento observado en los salarios mensuales de los casos enviados alcanza los 5.800.570 euros” en total, explican desde el Ministerio. Más de 5,8 millones de euros que las empleadas no recibían y que han aflorado a raíz de la acción de la Inspección de Trabajo.

Posibles sanciones en la segunda fase de la campaña

Cuando se complete la primera etapa de la campaña, la Inspección iniciará la segunda fase, que consistirá en comprobaciones de las condiciones laborales de las empleadas de los hogares que no han respondido a la misiva de la autoridad laboral. Este procedimiento “puede conllevar sanciones”, recuerda la Inspección.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) considera una infracción grave “establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo”, lo que puede conllevar multas de 626 a 6.250 euros, afirma Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS).

Ercoreca añade que “se considera que es impago si hay un retraso o incumplimiento superior a tres meses”, de tal manera que la infracción es considerada muy grave (artículo 8.1 de la LISOS), que puede ser sancionada con multas que van de los “6.251 a 187.515 euros” según la gravedad de los casos.

La vulnerabilidad de no tener derecho al paro

Por el Día de las Trabajadoras del Hogar, el 30 de marzo, varios colectivos de trabajadoras exigieron de nuevo al Gobierno y en concreto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que les reconozcan por fin el acceso a la protección por desempleo. El empleo del hogar es el único en nuestro país que no genera derecho a ninguna prestación por desempleo y el único en el que se puede despedir sin alegar causa alguna, entre otras particularidades que convierten esta profesión en una de las más precarias.

Con la pandemia, la situación de estas trabajadoras ha empeorado mucho. “El impacto ha sido brutal. Tenemos compañeras a pie de calle, pidiendo en los bancos de alimentos, porque realmente no nos están dando soluciones”, advirtió el pasado miércoles Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar de la asociación Territorio Doméstico. Debido a la crisis por el coronavirus, el Ejecutivo aprobó por primera vez un subsidio de desempleo extraordinario para empleadas del hogar, del que “se presentaron unas 56.000 solicitudes, de las que se reconocieron y pagaron un 80%, cerca de 44.000”, explican en el Ministerio de Trabajo.

Las asociaciones de empleadas domésticas valoran el subsidio, inédito, pero recuerdan que se trató de un parche temporal y critican que no se haya prorrogado pese a que la crisis por la pandemia continúa. Las trabajadoras del hogar reclaman un derecho al desempleo de manera permanente, que las equipare al resto de empleados y les dé seguridad. Es un compromiso del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que plasmó en su acuerdo de coalición la intención de ratificar el Convenio número 189 de la OIT, que equipara los derechos de este colectivo de empleadas respecto al conjunto de trabajadores.

Yolanda Díaz ha reafirmado públicamente en varias ocasiones su voluntad de ratificar el convenio, pero el Ministerio todavía no da una fecha concreta para ello. “Este es un proceso largo y complejo y ahora se está en una fase inicial de informes y trabajo previo”, apuntan en Trabajo. Después de muchas promesas incumplidas en el pasado de los gobiernos precedentes, las empleadas del hogar no se fían y piden hechos. “Solo hace falta voluntad política, ¿cuánto más tenemos que esperar?”, criticó Pimentel. “Una sociedad que permite que más 600.000 mujeres estén en estas condiciones no es una sociedad que deba estar orgullosa”, sostuvo Pilar Gil, ex trabajadora del hogar y pensionista.




Fuente: Cgtpv.org
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