February 21, 2022
De parte de SAS Madrid
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La contratación temporal se ha convertido en España en una de las principales vías fraudulentas de precarización del empleo: casi la décima parte de los puestos cubiertos con contratos eventuales encubrían una situación irregular el año pasado en España, según indica el cruce de los datos de la Inspección de Trabajo con los de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La Inspección activó el año pasado dos planes de choque “para regularizar contratos temporales irregulares, mediante su transformación en indefinidos”, en una iniciativa extendida “a todos los sectores de actividad”, explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, y otra específica sobre la contratación de empleadas del hogar.

La operativa consistió, en todos los casos, en enviar a los empresarios y a los contratadores de los hogares cartas en las que se les advertía de la detección de presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores temporales, ya fuera por el tipo de puestos o por la concatenación de contratos, y se ofrecía un plazo para, en caso de admitirlo, transformarlos en indefinidos.

En el primero de los dos planes generales, activado en febrero, salieron cartas que afectaban a 168.819 trabajadores de 79.284 empresas, con el resultado de la transformación de 118.994 contratos en 54.382 compañías tras detectar “irregularidades debido a la superación de los periodos máximos autorizados legal o convencionalmente”, según indica el Gobierno en su respuesta a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia.

Las otras dos campañas concluyeron con la detección y transformación en indefinidos de otros 251.415 contratos temporales fraudulentos, lo que sitúa la cifra final en 370.409 contratos.

Ese registro equivale, según los datos de las memorias de la Inspección, al volumen de fraude aflorado en los dos años previos a la pandemia (2018 y 2019), cuando los resultados del servicio en materia de contratación temporal irregular se dispararon, y prácticamente igualan los de todo el periodo en el que dirigió ese ministerio Fátima Báñez en los gobiernos de Mariano Rajoy, con 345.903 contratos convertidos entre 2012 y 2017, a los que habría que añadir una parte de los 193.946 de 2018.

Hay, al menos, otra equivalencia llamativa: esos 370.409 contratos eventuales fraudulentos transformados en fijos suponen el 8,88% de los 4,16 millones de empleos ocupados por trabajadores temporales en España, uno de cada once según los datos de la EPA en media trimestral, porcentaje al que habría que añadir las conversiones derivadas de las actuaciones ordinarias de la Inspección.

“El balance de conversiones de contratos temporales fraudulentos en fijos ha sido histórico”, destaca Heredia, que recuerda cómo “en enero del presente año se han firmado 240.000 contratos indefinidos, un 92,1% más que el mismo mes del año anterior. Y uno de los grandes objetivos que pretende la reforma laboral aprobada en diciembre es combatir la temporalidad en nuestro país”.

“Es bueno recordar que entre 2012 y 2017 hubo un descenso de 71.000 inspecciones, y que eso representó una reducción del 13%”, anota el senador, que sostiene que ese recorte “permitió que algunos empresarios aprovecharan la situación para explotar laboralmente a sus trabajadores, se dispararon las horas extraordinarias que no se pagaban y también los accidentes laborales. Ahora se ha aumentado un 43% las inspecciones, lo que está permitiendo combatir de forma notable la precariedad laboral”.

El balance de contratación de enero, con 238.672 contratos indefinidos que supusieron “el 15% del total y lejos del 9,1% de la media durante la vigencia de la reforma laboral (2012-2020)” y que arrojaron “el mejor” registro de ese mes en la serie histórica, según informa el Ministerio de Trabajo, parece apuntar un cambio de tendencia coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva normativa en un mercado laboral en el que, según la EPA, más de medio millón de trabajadores (525.600) llevaban más de un año en el mismo puesto de trabajo encadenando contratos eventuales.

El refuerzo pendiente de la Inspección

Sin embargo, nada asegura que las nuevas normas laborales vayan a arraigar por sí solas en un país con los volúmenes y niveles de fraude en el empleo que se dan en España, algo que ha llevado a dirigentes sindicales como Pepe Álvarez, de UGT, a reclamar el refuerzo de la Inspección, una medida que el Ministerio de Trabajo acordó con los representantes de la plantilla en julio pero que sigue sin llevarse a cabo, lo que ha provocado el malestar de los inspectores, que preparan movilizaciones.

“Si no hay una inspección de trabajo fuerte va a ser muy difícil que se pueda cumplir” la nueva normativa laboral, señaló Álvarez en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Con “una Inspección de trabajo potente, capaz de garantizar que se cumple la ley, yo creo que en un plazo muy breve de tiempo en nuestro país bajaríamos 5 o 10 puntos la media de contratación temporal. Esto sería un cambio revolucionario”, añadió.

Coincide con Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores, que advierte que “la reforma laboral se va a quedar el papel mojado si no se refuerza la Inspección” y que reclama el despliegue del plan de refuerzo. “Cuando firmas algo crees que se va a cumplir”, anota.

Las nuevas normas de contratación laboral

Los 370.409 contratos eventuales fraudulentos transformados en indefinidos arrojan una media de 200 por empleado si se dividen entre los 858 inspectores y 994 subinspectores que integran la plantilla del servicio.

“El contrato temporal tiene que estar justificado por una necesidad“, explica Ercoreca, que señala como las dos causas principales de fraude la cobertura con ellos de necesidades de mano de obra que no son ocasionales sino permanentes y el encadenamiento de contratos por encima de los límites temporales definidos.

“El contrato temporal tiene que estar justificado por una necesidad”, explica Ercoreca

A partir de ahora, pueden darse tres situaciones: los contratos firmados antes del 1 de enero se rigen por las normas de 2012, que permiten que un empleado ocupe un puesto como eventual un máximo de dos años durante un periodo de tres; los formalizados entre el 1 de enero y el 30 de marzo, en los que se puede aplicar la normativa derogada con un máximo de seis meses de duración, lo que limita la vigencia de esos acuerdos al 30 de septiembre como mucho, y los firmados a partir del 1 de abril, cuando ya únicamente regirá la reforma convalidada hace unos días por el Congreso, con la que desaparece el modelo de obra y servicio, se potencia el del fijo discontinuo y los de necesidades de la producción y de sustitución no podrán superar los seis meses en el primer caso, salvo que el convenio del ramo los amplíe a doce, ni los 18 en un periodo de 24 en el segundo.

Enlace relacionado Publico.es (21/02/2022).




Fuente: Sasmadrid.org