November 21, 2021
De parte de SAS Madrid
284 puntos de vista


M贸nica Aguirre afirma en el auto que Anticorrupci贸n basa sus indicios contra la expresidenta madrile帽a 煤nicamente en el cargo que ostentaba. La Fiscal铆a recurrir谩 la decisi贸n de la magistrada. 

La jueza M贸nica Aguirre de la Cuesta ha rechazado la petici贸n de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n de imputar a Esperanza Aguirre por malversaci贸n y prevaricaci贸n en la privatizaci贸n del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda con el argumento de que no se le puede atribuir responsabilidad penal a alguien “por el mero hecho de la posici贸n o cargo que una persona concreta ostente en la organizaci贸n, por muy alto que este sea”, de acuerdo a jurisprudencia que cita del Tribunal Supremo.

La magistrada Aguirre de la Cuesta rechaza igualmente imputar al entonces consejero de Sanidad, Juan Jes煤s G眉emes, y a la viceconsejera Ana S谩nchez Fern谩ndez, para quienes Anticorrupci贸n tambi茅n solicitaba la declaraci贸n como investigados. Aguirre de la Cuesta limita la eventual responsabilidad en la directora general hasta ahora investigada, Elena de Mingo, y acepta tomar declaraci贸n como imputado a Jes煤s Alejandro Vidart, quien fuera director general de Gesti贸n Econ贸mica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmac茅uticos. La Fiscal铆a Anticorrupci贸n recurrir谩 la decisi贸n de la jueza ante la Audiencia Provincial de Madrid, informan a elDiario.es fuentes fiscales.

Anticorrupci贸n puso el foco en noviembre de 2020 en una modificaci贸n del contrato de construcci贸n y explotaci贸n de este hospital que se hizo “prescindiendo del m谩s m铆nimo procedimiento administrativo” y que permiti贸 a la adjudicataria 鈥攗na UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease鈥 cobrar durante a帽os cantidades millonarias por servicios “nunca prestados”. En concreto, por 135 camas que no est谩n en servicio. Anticorrupci贸n calcula un “menoscabo a los caudales p煤blicos de la comunidad aut贸noma en una cantidad superior a los 10 millones de euros” y asegura no tener constancia de que se haya reestablecido el equilibrio econ贸mico del contrato. 

La jueza, en el auto en el que rechaza imputar a Aguirre, y al que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que de la declaraci贸n como investigada de Elena de Mingo no resulta que “la resoluci贸n sobre la reducci贸n del n煤mero de camas del hospital procediera directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”. Las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es interpretan de forma radicalmente distinta la declaraci贸n en sede judicial de De Mingo y concluyen que la directora general s铆 que apunta a G眉emes y a Aguirre.

En su argumentaci贸n, la jueza M贸nica Aguirre cita la reciente resoluci贸n del Tribunal Supremo rechazando la querella de Vox contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mar铆a G谩mez, por el cese del coronel Diego P茅rez de los Cobos, en la que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal resolvi贸 que no se le pod铆a atribuir a ambos la “autor铆a intelectual” de la destituci贸n cuando solo est谩 acreditado que quien la dispuso fue “la autoridad administrativa a la que correspond铆a la competencia para ello, sin que se tenga constancia alguna de la intervenci贸n del ministro en dicha decisi贸n, por m谩s que pudiera estar de acuerdo con ella”.

El otro auto de inadmisi贸n de una querella por parte del Supremo que cita la magistrada se refiere a la querella contra Pablo Iglesias, cuando formaba parte del Ejecutivo, y al resto de sus miembros, por la gesti贸n de la crisis del Covid. La “complejidad” de la estructura administrativa, dec铆a aquella resoluci贸n, “en ning煤n caso puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posici贸n o cargo que una persona concreta ostente en la organizaci贸n, por muy alto que sea”. “De hacerlo as铆 鈥揳帽ad铆a鈥 vulnerar铆amos de manera flagrante el principio de culpabilidad”.

El Hospital Puerta de Hierro, inaugurado en 2008, fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema p煤blico-privado. Este modelo consiste en que un conglomerado de empresas construye el edificio y, a cambio, recibe un canon por las obras y por encargarse de los servicios no sanitarios (limpieza, lavander铆a, mantenimiento…). Ese canon se calcula en funci贸n del n煤mero de camas y la ocupaci贸n. 

El contrato de concesi贸n para la construcci贸n y explotaci贸n de ese hospital se adjudic贸 el 18 de marzo de 2005 a la citada UTE. Tres a帽os despu茅s, el 28 de mayo de 2008 鈥攑oco antes de la inauguraci贸n, que tuvo lugar en septiembre de ese a帽o鈥 se modific贸 “eludiendo cualquier procedimiento administrativo” y 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales. Eso redujo las camas de hospitalizaci贸n inicialmente ofertadas por la concesionaria en base a las cuales se calcul贸 el canon pero sin que se realizara un reequilibrio econ贸mico que se ajustara a la nueva oferta. Es decir, sin recalcular la cantidad que la Comunidad de Madrid se comprometi贸 a pagar a la concesionaria.

Para la Fiscal铆a, la reducci贸n del n煤mero de camas hospitalarias se hizo al margen “del m谩s m铆nimo procedimiento administrativo”, lo que supone una “ilegalidad radical”. En su querella, Anticorrupci贸n explica adem谩s que el 煤nico “sustento habilitante justificativo” de dicho cambio fue una resoluci贸n que “no existi贸”, tal y como se ha comprobado a trav茅s de los requerimientos efectuados a la Consejer铆a de Sanidad. Se trata de una supuesta resoluci贸n del 5 de mayo de 2008 de la Direcci贸n General que estaba en manos de De Mingo “dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos”, que entonces era Esperanza Aguirre. 

Un dictamen de la Comisi贸n Jur铆dica Asesora, un 贸rgano consultivo de la Comunidad de Madrid, ya reflej贸 en 2017 que fue la Direcci贸n General de Infraestructuras “a requerimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid” la que “orden贸” que se adecuasen determinadas habitaciones de hospitalizaci贸n a uso individual.

En consecuencia, de 135 habitaciones equipadas como dobles se retir贸 la cama hospitalaria, la mesilla, el sill贸n de paciente, la silla de acompa帽ante y la cortina separadora; y se colocaron 135 sof谩s-cama. El hospital cuenta con 613 camas instaladas, seg煤n la 煤ltima memoria publicada, de 2018. Tras la publicaci贸n de ese dictamen, el Ejecutivo regional anunci贸 la apertura de un procedimiento sancionador contra la concesionaria por el que iba a reclamarle cuatro millones de euros por los servicios no prestados. elDiario.es pregunt贸 el pasado febrero a la Consejer铆a de Sanidad por la conclusi贸n de ese expediente y si la adjudicataria lleg贸 a devolver esa u otra cantidad pero no obtuvo respuesta.

Enlace relacionado ElDiario.es 19/11/2021.




Fuente: Sasmadrid.org